En un duro informe difundido este sábado, donde analizan la situación social 2017-2022, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA subrayó un aspecto que en estos días se discute mucho pero se cuantifica poco: en cuánto aumentarían las personas en situación de pobreza en conglomerados urbanos, de suspenderse los planes sociales del Estado y sin una generación de empleo genuino mediante. Según apuntan, el 35% de personas bajo la línea de pobreza informado por el organismo crecería al 50%.
El reporte, que en 150 páginas recorre la “Radiografía de la pobreza en Argentina: privaciones sociales y desigualdades estructurales”, da cuenta de la olla a presión en la que no tan lentamente se cuece buena parte de la sociedad local, publicó Clarín.
Mientras el ODSA-UCA medía en octubre del año pasado un 35% de personas “pobres no indigentes” y 8,1% de “indigentes”, en un escenario (ficticio) sin asistencia social (esto es: ni AUH, ni pensiones no contributivas o plan alguno) esa proporción cambiaría.
Según informan, el 35% pasaría a ser 50% (pobreza) y el 8,1% (indigencia) superaría la duplicación, llegando casi al 20% del total de la población analizada (19,6%, en concreto).
El debate por los planes
El trabajo fue presentado frente a un grupo de periodistas, en conjunto con autoridades de Cáritas Argentina (en sintonía con la colecta anual solidaria de esa institución y, acaso, como un llamado de atención a la escena política con aire pre electoral).
Se incluyeron seis dimensiones de análisis, una más importante que la otra: indigencia y pobreza por ingresos, cobertura de los programas sociales, alimentación, vivienda, servicios y empleo, y seguridad social.
Ahora bien, el rubro en el que no se logró «atajar» la emergencia social para nada es la alimentación. Según el reporte, el 23,3% de la población urbana padece inseguridad alimentaria. En la prepandemia (2019), esa cifra era 22,5%. En 2018, el 20,4%. Y en 2017, el 15,8%.
Dicho de otro modo, casi un cuarto de la población urbana padece inseguridad alimentaria: 13,9% corresponde a la versión “inseguridad moderada” y 9,4% a “inseguridad alimentaria severa”.
La brecha al interior de la propia clase baja es notable. Se divide en «integrada» y «marginal», según la ocupación, fuente de ingresos y nivel de protección social del sostén familiar.
Mientras en el segmento social “bajo integrado” padece inseguridad alimentaria severa el 7,6% de las personas, en la clase baja marginal esa cifra llega al 25,5%.
Covid, pobreza y la recuperación que no llega
Siguiendo con los contrastes, el ODSA consigna variables que, en cambio, progresan, como el acceso a servicios básicos: agua potable, energía o cloacas (en línea con lo que informó hace poco el INDEC, en un mini informe del Censo 2022).
Y marcan también que muchos hogares con severos déficits antes de la pandemia que por el Covid empeoraron su situación, si bien iniciaron un proceso de recuperación, parecen haberse estancado, al punto de no poder alcanzar, de nuevo, el escalón que ocupaban en 2019.
Un ejemplo lo ofrece la propia tasa de pobreza, mirada, ahora, por estrato socio-ocupacional. Ninguno de los grupos consignados recuperó la situación que tenía hace cuatro años.
La tasa de pobreza de la población con el rótulo “bajo marginal” estaba, en octubre de 2022, en 70,5%. En 2019 había sido 65,5%.
Y la del “bajo integrado”, según el informe, era 51,7%, pero en 2019 había sido del 50,6%.
