En las últimas horas, el fiscal general ante la Cámara Federal de San Martín, Carlos Cearras, apeló la resolución que había enviado la causa al Juzgado Federal de Campana, a cargo de , y solicitó que el expediente regrese al fuero Penal Económico, donde había intervenido inicialmente el juez .
El eje del conflicto
El planteo del fiscal Cearras se apoya en que la ubicación geográfica del inmueble no debería ser el factor determinante para definir la competencia en una causa por presunto lavado de dinero. Según argumentó, este tipo de delitos trascienden el territorio inmediato y deben analizarse a partir del delito precedente y del “centro de maniobras” investigado.
La controversia se desató luego de que, el pasado 20 de enero, la Cámara Federal de San Martín, con el voto del juez , resolviera que la causa debía tramitar en la provincia de Buenos Aires, al considerar que los bienes investigados —la mansión valuada en unos 17 millones de dólares y una colección de vehículos de lujo— se encuentran en Pilar.
El rol de los presuntos testaferros
El conflicto de competencia se originó tras un pedido de la defensa de Luciano Nicolás Pantano, señalado como presunto testaferro junto a su madre Ana Conte, para que el caso quedara bajo la órbita del juzgado de Campana. González Charvay aceptó el planteo y solicitó la inhibición de Aguinsky, quien rechazó la solicitud y sostuvo que el expediente debía continuar en el fuero Penal Económico.
El magistrado porteño fundamentó su postura en que el delito precedente al lavado sería una presunta administración fraudulenta en perjuicio de la AFA, cuya sede histórica se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remarcó la especialización de su juzgado para investigar delitos complejos contra el orden financiero.
En la misma línea se pronunciaron los fiscales Claudio Navas Rial (Penal Económico) y Sebastián Bringas (Campana), quienes también consideraron que la causa debía permanecer en CABA.
La decisión cuestionada y el nuevo recurso
La resolución de la Cámara de San Martín, ahora apelada, puso el acento en que las maniobras patrimoniales se habrían materializado en Pilar, donde además del inmueble existen automóviles de colección, motos de alta gama, un haras con caballos de carrera, una pista de entrenamiento equino y un helipuerto.
Otro elemento valorado por el tribunal fue que la AFA inscribió un cambio de domicilio en Pilar en noviembre del año pasado. No obstante, Cearras también cuestionó el procedimiento utilizado para resolver la contienda, al sostener que, según el Código Procesal Penal, la disputa debió ser dirimida por la Cámara en lo Penal Económico, como tribunal superior del juez que intervino primero.
Qué puede pasar ahora
La Cámara Federal de San Martín deberá definir si admite el recurso y lo eleva a la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país. En caso de rechazo, el fiscal general aún podría presentar una queja directa ante Casación para intentar revertir la asignación del juzgado.
Mientras tanto, la investigación avanza. En una de las últimas medidas, dispuestas por González Charvay, efectivos de la realizaron procedimientos en el aeropuerto de San Fernando, donde requisaron el hangar de la empresa Flyzar e incautaron documentación vinculada a órdenes de vuelo y registros de pasajeros de helicópteros que habrían aterrizado en la propiedad de Villa Rosa.
En ese marco, los pilotos declararon ante el juez Aguinsky que no conocen al presidente de la AFA, , y justificaron los vuelos como simples “entrenamientos”, una explicación que genera serias dudas en la Justicia debido al elevado costo operativo de ese tipo de aeronaves.
La causa busca determinar si sociedades comerciales fueron utilizadas como pantalla para adquirir los bienes y si el dinero provino de maniobras defraudatorias contra la casa madre del fútbol argentino, una definición que, por ahora, sigue atada a la puja por el juzgado que finalmente quedará a cargo del expediente.
