Se volvió a abrir el agujero negro del dasnevismo

El caso de las ‘resoluciones mellizas’ tendría una salida inesperada, por decreto, declararían nulo todo lo actuado en una causa donde el fiscal tiene plazo hasta agosto para establecer las imputaciones. Ayer se esperaba su…

jueves 19/06/2014 - 10:00
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El caso de las ‘resoluciones mellizas’ tendría una salida inesperada, por decreto, declararían nulo todo lo actuado en una causa donde el fiscal tiene plazo hasta agosto para establecer las imputaciones. Ayer se esperaba su publicación en el boletín oficial, pero no estaba la firma del Gobernador en el decreto vinculado al resonante caso.

Con el argumento de recuperar el daño patrimonial causado al Estado, se pretende iniciar un proceso contencioso administrativo ante el Superior Tribunal de Justicia para declarar nulo lo actuado con dichas resoluciones. Mediante las mismas se eximía de obligaciones a pagar a las empresas adjudicatarias de ciertas áreas petroleras. Hay dudas sobre cuál sería el destino de la causa judicial que involucra a ex funcionarios y empresarios.

Hasta agosto tiene tiempo la fiscalía de Rawson para resolver si imputa al ex secretario de Hidrocarburos durante la anterior gestión, Luis Tarrío, quien fue denunciado por “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y malversación de caudales públicos”.

Es por la causa de las “resoluciones mellizas” por las que se compensó a empresas adjudicatarias de áreas petroleras del pago del canon de explotación, que ascendía a los 6 millones de pesos, siendo que esas resoluciones no se publicaron en el boletín oficial y se les añadió la denominación “bis” dado que los números originales pertencían a otras resoluciones, recordó hoy el diario El Chubut.

Por lo tanto, Tarrío sería a quien se apunta principalmente por su accionar en la gestión de Mario Das Neves, pero también se investiga a empresarios locales y de otra provincia. Las áreas petroleras adjudicadas eran Pampa Salamca Norte, Confluencia y San Bernardo, Sierra Cuadrada, Río Senguer y Buen Pasto.

La UTE que resultó beneficiada con aquella eximición estaba integrada por las empresas Kilwer e Investiment, y la fiscal Silvia Pereira que entiende en la causa, debe determinar quiénes integraban esas firmas adjudicatarias de las áreas petroleras. Se plantearon vinculaciones al grupo mendocino Vila_Manzano, pero también a un fuerte grupo económico del Valle aquí en la provincia, de fluída relación con personalidades de este Gobierno y del anterior.

A la firma

Con el decreto que estaba presto a la firma del gobernador Buzzi se daría inicio a una acción de tipo contencioso administrativo ante la Corte provincial, declarando la nulidad de las resoluciones mellizas. Luego vendría el reclamo por daños y perjuicios recuperando el Estado el dinero que no cobró por la eximición del canon.

“En consecuencia, corresponde que el Ejecutivo declare que las resoluciones 9/09 y 10/09 bis son lesivas para el interés público, debiendo el fiscal de Estado de la provincia impugnar ambos actos administrativos, por ante la jurisdicción contencioso administrativa”, dice el texto del decreto que no se publicó ayer en el boletín oficial porque no llevaba la firma del gobernador.

Las empresas habían comprometido inversiones por unos 70 millones de pesos y sólo destinaron 15 millones, y no está claro hacia quién se dirigirá el reclamo, si a los funcionarios intervinientes o las firmas adjudicatarias. Por otra parte, podría implicar que funcionarios y empresarios deban afrontar el pago de lo no efectivizado en su momento, pero quedarían aliviados en su situación judicial.

La causa PAE

Las mismas áreas petroleras incluídas en la causa de las “resoluciones mellizas”, tienen también su vinculación con el caso PAE y los supuestos beneficios otorgados para su renovación contractual en 2007. Esas áreas de muy baja posibilidad productiva, pertenecieron a la empresa de exploración Barranca Sur y luego pasaron al grupo de empresas Vila-Manzano con su socio chubutense.

Después, Pae pagó 47 millones de dólares por un yacimiento muerto en el que hizo un solo pozo en el que puso u$s 3,0 millones y después las devolvieron a la provincia porque no había nada. Según afirmaron en su momento algunos observadores de la operación, ese pase de manos de áreas petroleras sería parte de la autodenuncia realizada en su momento por la British Petroleum (socia de Pae) en la Bolsa de Valores de EEUU.

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