El Tribunal Oral Federal 7 completó el jueves la lectura de la acusación contra Cristina Kirchner y el resto de los imputados por asociación ilícita en la denominada “causa Cuadernos”. Hoy el juicio se reanuda con la lectura de la acusación del tramo conocido como “La Camarita”.
En este expediente se investiga la cartelización de obras públicas en la Cámara Argentina de Empresas Viales durante los gobiernos kirchneristas.
El tribunal integrado por Enrique Mendez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli debió reacomodar el calendario de audiencias luego de que el esquema original se alterara por un intento de recusación presentado por la defensa del exministro de Planificación, Julio De Vido, el cuál fue finalmente rechazado la semana pasada.
El nuevo cronograma establece que durante las jornadas del 9, 11, 16 y 18 de diciembre se dará lectura a los capítulos clave de la acusación del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Fabiana León y su equipo. Esos días se abordarán los capítulos referidos a “El inicio de la causa”, “Los hechos”, los descargos de los imputados y, un punto central para el proceso: “Los acuerdos de colaboración” y “La valoración de la prueba”.
En estas fechas también se leerá la contestación de la vista relacionada con la causa por la cartelización de la obra pública civil.
Finalmente, antes de la feria judicial, el 23 de diciembre será el turno de escuchar los requerimientos de la Fiscalía Federal N°4 respecto a los expedientes conexos conocidos como “Trenes” y “Corredores Viales”, donde se investigan maniobras ilícitas específicas en la concesión de peajes y transporte ferroviario.
La acusación sostiene que la expresidenta y funcionarios de su gobierno llevaron adelante “un plan integral en el cual implementaron una logística ceñida a la recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte, entre otros/ entregaban a modo de contraprestación, a cambio de beneficios que le eran otorgados a las compañías que representaban”.
“El sistema de recaudación ilegal contó con, cuanto menos, dos canales independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí. En el primero eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios. Este subgrupo tenía contacto personal con quienes hacían los aportes, y estaba conformado al menos por Roberto Baratta, Subsecretario de Coordinación y Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; Nelson Lazarte, Secretario privado de Roberto Baratta; Hernán Diego Del Río, Secretario de José María Olazagasti y, éste último, que a su vez era Secretario privado de Julio Miguel De Vido”, añadió al respecto el fiscal Stornelli cuando solicitó la elevación a juicio de la causa.
En cuanto a la responsabilidad de los empresarios, el fiscal aseguró que “el segundo grupo, por su parte, estaba integrado al menos por Carlos Guillermo Enrique Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, y Ernesto Clarens, quien se encargaba, principalmente, de los asuntos financieros, y por José Francisco López”.
La investigación asegura que “el dinero era entregado alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo Nacional o sus secretarios privados en Uruguay 1306 y Juncal 1411, CABA –domicilio particular de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández-, en la Residencia Presidencial de Olivosy/o en la Casa de Gobierno; parte de este dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos”.
Sobre la responsabilidad de la expresidenta, la fiscalía insistió que quedó reflejada en “las anotaciones de Oscar Bernardo Centeno y las declaraciones de los imputados colaboradores Ernesto Clarens y Claudio Uberti, siendo quien ejerció la jefatura de la organización y la única con capacidad efectiva de decidir cómo y qué hacer con los pagos realizados por los empresarios”.
