El presidente del bloque de la UCR, Roberto Risso, denunció que hay multinacionales canadienses que están detrás del interés por explotar uranio en Chubut, luego de descubrir que en el Golfo San Jorge está la mayor reserva de ese mineral en todo el país.
El legislador provincial cuestionó al ministro de Ambiente, Marcelo Jones, por promover la actividad cuando debería ser el órgano de control, y dijo que sus antecedentes indican que formó parte del equipo del área de Hidrocarburos que promovió el marco regulatorio.
Al hacer uso de la palabra en la Hora de Preferencia, Risso manifestó que “puede haber lobbystas que promuevan la actividad contaminante, lo que no puede haber por parte del Estado, es promoción de parte de quienes deben controlar la actividad, esto es tener el zorro en el gallinero”.
Cuestionó que “esto nos deja sin posibilidad de control, nos deja sin esperanzas, no puede el organismo de control decir que forma parte de la matriz económica de la provincia un recurso estratégico como el uranio, como lo dijo el nuevo ministro que no conozco y acaba de asumir”.
Preguntó en ese sentido, “quién es el nuevo ministro que lo primero que hizo cuando le pusieron un micrófono adelante fue promover el uranio” y dijo acerca de Marcelo Jones que “los antecedentes muestran que estaba en Hidrocarburos y forma parte del equipo que promovió el marco regulatorio minero”.
Agregó el diputado que no es casual los últimos datos que se acaban de anunciar indican “que la cuenca del Golfo San Jorge tiene el mayor depósito de uranio del país. La empresa canadiense Calypso Uranium descubrió en febrero una segunda zona de mineralización de uranio en Chubut, luego del Cerro Solo”.
Leyó Risso que ”la compañía dejó entrever que la cuenca posee el mayor depósito de uranio del país, y lanzó una campaña de perforación de 3 mil metros de exploración” y que además “esperan una explotación comercial a mediano plazo, pero para que eso suceda se deberá modificar la Ley 5001”.
En este punto, remarcó que “no se trata de la CNEA, del gobierno nacional, del recurso estratégico, de un remedio para curar, se trata de una empresa canadiense, multinacional, que está interesada en producir uranio no en beneficio de la argentina” y puso de relieve que en Mendoza “la actividad está parada por los enormes pasivos ambientales que ha producido”.
Por ello, se alarmó el presidente del bloque de la UCR, al preguntar ¿quién está controlando las perforaciones que rompen la roca, donde se están haciendo, como se evita que el gas radón esté en el aire o lleguen a las aguas subterráneas, ya que el río pasa cerca de Cerro Solo?”.
Respuesta
En otra parte de su intervención en la Hora de Preferencia, Risso se refirió a la respuesta al pedido de informe que hizo el gobierno acerca de los proyectos en la meseta central como alternativa de desarrollo a la explotación minera, en el que se expresó que el mapa de zonificación minera aún debe completarse, “pero debe prorrogarse” la zonificación de Petrominera, ya lo que agregan “en el 84 % del territorio podría autorizarse la explotación a cielo abierto con cianuro, siempre y cuando las empresas obtengan la licencia correspondiente”.
Prosigue el legislador que la respuesta marca que “en el anexo 3 se dictamina sobre la inconstitucionalidad de la Ley 5001” y advirtió “se siguen autorizando prospecciones y cateos en la provincia de las actividades que han sido cuestionadas”. Señaló entonces Risso que en Chubut “el cianuro está prohibido, a no ser que alguien quiera discutir que hay zonas sacrificables como la meseta”.
En todo caso, dijo el diputado, “vamos a discutirlo, hay un interpelación pendiente, que venga el ministro de Hidrocarburos acompañado por el nuevo ministro de Ambiente” porque “parece ser cierto que la minería está suspendida pero sigue avanzando”.
Respecto al interrogante sobre un mapa hidrogeológico, dijo Risso que se respondió que “no existe en la Dirección de Minas constancia de una certificación de volúmenes de agua, ya que consideran que debe ser realizado por un organismo argentino acreditado por el gobierno provincial y autoridades técnicas del estado con independencia de intereses”.
“Es decir que las autoridades de minería no toman al IPA como la autoridad con competencia e independencia de intereses para hacer este mapa. Queremos saber qué va a pasar con nuestras aguas, para qué podemos usarlo, hasta donde nos alcanza, y el mapeo de las aguas subterráneas”, planteó finalmente el diputado radical.
