En la previa al inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, el Gobierno de Javier Milei apura las negociaciones para garantizar el apoyo de aliados -y no tanto- a las reformas que impulsa el Presidente. El objetivo de mínima es sellar la aprobación de la reforma laboral.
En este sentido, el primer gran escenario será el Senado, donde La Libertad Avanza tiene a Patricia Bullrich al frente de las negociaciones con la oposición. Y ya tiene una primera misión: convocó a los jefes de bloque de la oposición a una reunión este miércoles, con el objetivo de acercar posiciones y destrabar cambios al proyecto oficial.
Según indicó TN, la reunión de mañana es con los presidentes de bloques que representan a los 44 senadores no kirchneristas. Además de reforma laboral, entrará en el temario del encuentro la Ley de Glaciares.
La intención del Gobierno es tratar la reforma laboral en el recinto a mediados de febrero, con fecha tentativa el día 12. Desde el oficialismo aseguran que los contactos están en marcha y que el clima de negociación es favorable, aunque prefieren mantener bajo reserva los ajustes que se evalúan introducir.
La estrategia es evitar anticipar definiciones para no generar rechazos prematuros ni tensiones innecesarias.
Según informó TN, en los últimos días el equipo de Bullrich se reunió con los asesores de todos los senadores aliados y, entre otras, CAME, la Cámara de Comercio, la UIA, la Comisión de Enlace de entidades Agropecuarias y empresas pesqueras. En total, la comisión técnica que lidera la asesora Josefina Tajes, junto al secretario parlamentario del oficialismo, Cristian Larsen, se reunió con más de 20 instituciones. La última palabra la tendrá la exministra de Seguridad.
Los posibles cambios y el reclamo de los gobernadores
Uno de los puntos centrales que el Gobierno analiza revisar para lograr dictamen en comisión es el artículo que prevé una reducción del impuesto a las Ganancias que pagan las empresas, una medida que despierta fuerte preocupación en las provincias por su impacto en la recaudación. Ese planteo fue llevado por varios gobernadores aliados al Gobierno durante las negociaciones que se desarrollaron a comienzos de enero.
Las tratativas en la Cámara alta están encabezadas por Bullrich, en su rol de jefa del bloque de La Libertad Avanza, junto con representantes de la UCR, el PRO y bloques provinciales. En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene contactos directos con los gobernadores y ya logró sumar el respaldo de siete mandatarios.

La rebaja de alícuotas del impuesto a las ganancias para sociedades es, justamente, uno de los focos de mayor fricción con los gobernadores, ya que afecta de manera directa a las finanzas provinciales. Por ese motivo, el Ejecutivo evalúa distintas alternativas de compensación para mitigar el impacto.
Hasta el momento, el Gobierno cuenta con el apoyo de los mandatarios aliados de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Mendoza, Alfredo Cornejo; Chaco, Leandro Zdero; y también de los gobernadores dialoguistas de Salta, Gustavo Sáenz, y Neuquén, Rolando Figueroa.
Las provincias calculan que la baja del impuesto a las ganancias para empresas —del 35% al 31,5%— implicará una pérdida de ingresos de alrededor de 1,2 billones de pesos, un punto que los gobernadores consideran clave resolver antes de acompañar la iniciativa.
El conteo de votos en el Senado
En términos parlamentarios, La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios, a los que se sumarían tres del PRO y siete de los diez radicales. Con el respaldo de Sáenz y Figueroa, el oficialismo alcanzaría 33 votos, aunque todavía necesita sumar al menos cuatro más, que podrían provenir de representantes de Misiones, Chubut y Corrientes.
Dentro del radicalismo, persisten resistencias de algunos senadores, entre ellos el bonaerense Maximiliano Abad, el catamarqueño Flavio Fama y el pampeano Daniel Kroneberger.
En paralelo, los gobernadores que encabezan el bloque de Provincias Unidas, Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), continúan presionando por modificaciones al texto para ordenar a los legisladores de sus distritos y garantizar el respaldo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno.
