La Confederación General del Trabajo (CGT) intensificó en las últimas horas sus contactos políticos con el Gobierno nacional y con los dirigentes que pueden definir el futuro de la reforma laboral en el Congreso. La estrategia combina conversaciones reservadas con Santiago Caputo, gestiones con gobernadores y legisladores y una postura pública de confrontación, con amenazas de movilizaciones y paro general.
Desde la central obrera confirmaron que las actividades formales se retomarán en la semana del 12 de enero, con una agenda centrada en ordenar la estrategia política y legislativa antes de que el proyecto vuelva al centro del debate en febrero. El escenario cambió tras la sanción del Presupuesto 2026, cuando la CGT observó cómo el Ejecutivo logró construir mayorías articulando con las provincias. Eso llevó a una lectura más pragmática: el objetivo de máxima sigue siendo frenar la reforma, pero el objetivo de mínima pasa por eliminar los artículos más sensibles.
Como herramienta de negociación, la CGT elaboró una contrapropuesta que implica la creación de un régimen laboral especial para menores de 30 años, con condiciones de contratación más flexibles para fomentar el empleo joven. En paralelo, sostiene un canal de diálogo abierto con Caputo y con funcionarios del área laboral, aunque puertas adentro reconocen las altas probabilidades de que el Gobierno avance con la reforma, por lo que el margen estaría en condicionar su contenido.
El principal foco de preocupación es el financiamiento gremial: la central cuestiona las trabas al cobro de cuotas solidarias y de afiliación, y los cambios en los mecanismos de retención. También rechaza los límites al derecho de huelga —por la ampliación de las actividades consideradas esenciales— y la primacía de los convenios por empresa sobre los de actividad, punto que califican como “innegociable”. Además objetan que el proyecto excluya el aguinaldo y otros rubros de la base de cálculo para la indemnización por despido y que restrinja la posibilidad de reclamo por falta de registración laboral. “Van a tener muchos líos. Esta reforma tiene violaciones a conceptos de carácter constitucional”, advirtió Jorge Sola, integrante del triunvirato de conducción, quien ratificó que la CGT judicializará la reforma si se aprueba.
En el plano político, los gobernadores se consolidan como actores clave. La central intensifica reuniones, formales e informales, con mandatarios de distintos signos políticos y con dirigentes territoriales con llegada directa a senadores y diputados. En la CGT hablan de un “trabajo silencioso y productivo” con gobernadores, senadores y diputados “de todos los sectores” para explicar el impacto del proyecto. Aunque admiten que la reforma laboral tiene una carga política distinta a la del Presupuesto, aseguran haber encontrado buena receptividad, especialmente entre gobernadores peronistas, radicales y jefes provinciales dialoguistas.
Mientras tanto, el ministro del Interior, Diego Santilli, retomará esta semana una gira por las provincias con el objetivo de consolidar apoyos para el oficialismo. En la Casa Rosada señalan que el ministro “se queda en enero” para reunirse con gobernadores y “alcanzar los votos” necesarios para aprobar la reforma en febrero. En ese marco, viajará a Chubut para reunirse con el gobernador Ignacio Torres, y luego continuará con una agenda que incluye a mandatarios como Raúl Jalil, Leandro Zdero, Rogelio Frigerio, Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Hugo Passalacqua, Juan Pablo Valdés, Carlos Sadir, Alfredo Cornejo, Alberto Weretilneck y Marcelo Orrego, entre otros.
El cruce de agendas anticipa un verano de negociaciones intensas y de construcción política silenciosa. En la CGT lo leen como un escenario abierto, con internas propias y tensiones externas, pero con una hoja de ruta clara: condicionar la reforma laboral antes de que llegue al recinto y arribar a febrero con los acuerdos necesarios para incidir en el resultado final.
