El legislador provincial de la Unión Cívica Radical, Roberto Risso, exigió condiciones transparentes para debatir la cuestión minera, reclamándole al gobernador Martín Buzzi esa tesitura “para la discusión sobre la incorporación de la megaminería a la matriz productiva del Chubut”.
Risso consideró que “no han estado en el esperado y famoso lanzamiento de un marco regulatorio”, en alusión al acto realizado ayer al mediodía en Casa de Gobierno.
El legislador centró sus críticas en el desconocimiento acerca del rol cumplido sobre el particular por Petrominera Chubut, “una sociedad que está intervenida por un funcionario que viola el artículo 265° del Código Penal y el artículo 17° de la ley de ética pública”, aseguró con referencia al lic. Oscar Cretini.
Al hablar en la hora de preferencias de la sesión legislativa del último martes, Risso solicitó la derivación de “una copia certificada de la versión taquigráfica de estas palabras a la fiscalía de turno, sin perjuicio de la presentación que haremos más adelante”, enfatizó, insistiendo en que “esta Cámara no debe permitir que la discusión que se viene sea en estas condiciones”.
“Están creando condiciones que no se prestan a la imagen de transparencia que todos queremos en un tema tan delicado como es y será la megaminería. Queremos hacerlo de frente, sin vericuetos ni rarezas”, sostuvo el diputado de la UCR.
Puesta en escena
“Acabamos de ver la puesta en escena de un marco regulatorio, elaborado en una empresa intervenida, que generará un debate político en toda la provincia y con palabras de su interventor”, afirmó en otro tramo, destacando que “Petrominera es una sociedad del Estado, regulada por un artículo especial de la ley de sociedades. No es una sociedad comercial. Debe tener mecanismos de control”, subrayó.
“Entre nosotros todavía no empezó el debate por la minería, con todas sus implicancias. Lo habrá y en los ámbitos que corresponda. Nos tendrán que explicar todo pero también deberá haber un funcionario responsable”, insistió el legislador radical.
Risso demandó la normalización de Petrominería Chubut y la modificación de la ley de ministerios para recuperar su control, señalando que “se trata de compromisos, que hizo el gobernador Buzzi al inicio de su gestión”.
“Su cumplimiento es básico si el gobernador apuesta y permite que haya un debate de cara a la sociedad sobre lo que se someterá a consideración de la ciudadanía”, añadió.
Tipificación penal
Mencionó también la existencia de “una negociación incompatible que cae dentro del tipo penal del artículo 265° del Código Penal” al referirse a la designación paralela del interventor en Petrominera como director de YPF. “No puede estar de los dos lados del mostrador”, afirmó con relación a Cretini, a quien incluyó también en los alcances de la ley de ética pública.
Risso consideró que “aparece siempre el mismo funcionario, que se maneja solo y no tiene control. No hay ni un síndico. Y está en juego la credibilidad y la transparencia si hablamos de negocios y de diversificar la economía. Lo hemos planteado en forma reiterada y seria. Y lo hacemos una vez más –indicó- antes de que empiece una discusión de fondo como es la decisión si la provincia incorporará la megaminería a su matriz económica”, expresó.
“Lo hemos planteado innumerables veces”, dijo más adelante al hablar de “la necesidad de generar ámbitos de respeto y discusión”, planteando el pedido de “una Petrominera normalizada, para saber quién y cómo se firman los contratos, cuáles son los beneficios al Estado Provincial. Merecemos una respuesta si es que queremos generar las condiciones de un debate serio en el tema minero”, apuntó.
Debates transparentes
Risso inició su intervención considerando a “la megaminería y todas sus implicancias como uno de los temas que más debates han generado y genera en el país y, por supuesto, en la Provincia del Chubut” y estimó que “como cualquier tema económico está asociado con la transparencia”.
Exhortó a ponerse en el lugar del ciudadano común al indicar que “donde hay tanta plata en juego somos todos sospechados”, agregando que “para que esas sospechas no prendan en la conciencia de la ciudadanía lo importante es la transparencia con que se hacen los debates”.
Habló también de “la experiencia también multimillonaria que ya hemos tenido en la vida institucional”, en alusión a la renegociación del contrato petrolero con PAE y sostuvo que “estos grandes temas no se pueden discutir entre las cuatro paredes del despacho de un funcionario, de espaldas a la sociedad”.
“Nos exponemos a que se ponga en juego la credibilidad de este Parlamento. Apuesto a su buen funcionamiento y creo que hay acuerdo en aportar todos los elementos para que la discusión sea transparente”, puntualizó.
Compromisos incumplidos
Risso señaló que “para que esta discusión sea transparente el gobernador tendrá que empezar a cumplir algunos de sus compromisos, para que sea creíble. En caso contrario nos empezaremos a preguntar, al igual que otros ciudadanos, por qué no cumple con esos simples compromisos. Ese cumplimiento tiene que ver con una cuestión que se mide en miles de millones de dólares”, advirtió.
“El primer compromiso es normalizar Petrominera Chubut, empresa que según la palabra del gobernador se asociará con las grandes megamineras. Si pretende que la posición de la provincia sea transparente y creíble, es lo primero que tiene que hacer. No encuentro razón que justifique que siga intervenida. Han transcurrido siete meses de la gestión y se había comprometido, incluso a través de algunos diputados de esta Cámara, que se normalizaría”, recordó Risso.
Millones de dólares sin control
“También se había comprometido a modificar la ley de ministerios para adecuar el control a Petrominera, al desaparecer la Secretaría de Hidrocarburos y Minería, creada por la administración anterior, una de cuyas funciones fundamentales estaba en ese control.
“A Petrominera no lo controla absolutamente nadie y es actualmente protagonista del manejo de millones de dólares. En la ley de ministerios quedó un agujero que hace que Petrominera no dependa de nadie. No tiene ni un síndico”, destacó.
Negociaciones incompatibles
“Apuntamos a la responsabilidad del gobernador por es quien ha designado el interventor en Petrominera y luego lo hace como director en YPF, poniendo al funcionario en violación del artículo 265 del Código Penal, referido a negociaciones incompatibles con la condición de funcionario público. Es parte como cura y monaguillo”, señaló en otra parte de su intervención.
Risso consideró que “YPF es concesionaria del Estado Provincial por intermedio de Petrominera y Petrominera tiene que contratar y hacer negocios con YPF. El único que hace negocios es también director de YPF. No existe un directorio que actúa y puede reemplazar al presidente. El único que hace negocios con YPF en este caso es el interventor, que, al mismo tiempo es director de YPF”.
“YPF es una empresa privada que tiene intervención mayoritaria del Estado Nacional y de algunas provincias, no de todas. Después hay intereses privados”, precisó.
Ética pública
“También tenemos la ley de ética pública. Ya lo hemos expresado. Hace incurrir al funcionario público en incumplimiento de sus deberes. Y vamos a hablar del gobernador que está promoviendo este tipo de cosas”, indicó Risso
“Y hay que hacerlo porque estamos hablando de los intereses del Estado. El artículo 17° prohibe a todos los funcionarios ser miembros de directorios o comisiones directivas, gerentes, apoderados, representante técnico-legal, patrocinante de empresas privadas que sean beneficiarias de concesiones o cualquier otra forma de adjudicación prevista en la legislación y reglamento de la administración otorgada por el Estado Provincial, el Estado Nacional o algún municipio”, explicó.
Intereses privados
“YPF no fue nacionalizada ni fue estatizada. Es una empresa privada y tiene en su seno intereses privados, con un accionista mayoritario que es el Estado Nacional. Sus intereses se contraponen con los intereses provinciales. No siempre los intereses del gobierno nacional coinciden con los intereses del gobierno del Chubut.
“Y si suponemos y decimos que YPF es nacional respondemos que está prevista la prohibición de empleos simultáneos en el artículo 20”.
“Por donde se lo mire hay incumplimiento de deberes de funcionario público. Por eso pido que se extraiga copia certificada de la versión taquigráfica de lo que estoy diciendo y que sea derivada a la fiscalía de turno. Si no alcanza la versión taquigráfica, promoveremos la denuncia”, adelantó.
