El bloque radical chubutense alertó sobre el debilitamiento de los mecanismos a disposición de usuarios y consumidores en defensa de sus derechos a nivel local y atribuyó esa situación al quite de atribuciones de juzgamiento a las oficinas municipales.
Según la UCR, la canalización de los reclamos se han limitado y burocratizado, impidiendo un servicio de respuestas rápidas a los ciudadanos.
El diputado Roberto Risso (UCR) habló sobre este tema en las últimas sesiones de la Legislatura Provincial, oportunidad en la que subrayó los efectos negativos que tuvo la centralización en Rawson de esa facultad, provocando la terminación de un período de funcionamiento exitoso de este tipo de atención pública.
Presentación
Un proyecto de ley presentado por el bloque radical aspira ahora a modificar el artículo 3° de la ley VII – N° 22 (antes N° 4219) mediante la cual la Provincia del Chubut adhirió a la ley nacional de defensa del consumidor.
La redacción original de ese artículo fue modificada posteriormente para quitarle las posibilidades de juzgamiento a los municipios, aspecto que ahora se procura revertir, restituyéndoles el ejercicio del control, vigilancia y juzgamiento de las disposiciones de la ley nacional N° 24.240 y su modificatoria a aquellos que en forma expresa adhieran a esa norma.
La reforma retiró la potestad de establecer el procedimiento de juzgamiento y aplicación de las penas a las comunas y se la adjudicó a la Provincia.
Quite de potestad
El legislador recordó que una propuesta similar de recuperación de facultades para las comunas para aplicar la ley de defensa del consumidor ya había sido presentado en el período anterior y cuestionó que “en algún momento el Estado Provincial le quitó a los municipios su potestad de juzgamiento”.
“Si bien los municipios pueden tener oficinas de defensa del consumidor, se centralizó especialmente la imposición de las multas en la administración provincial”, indicó.
“Los municipios tenían, al principio, sus oficinas propias y cualquier vecino que se sentía afectado en sus derechos, reconocidos y amparados en la ley de defensa del consumidor y por la Constitución, recurría a las mismas y generaba la reacción rápida y las respuestas correspondientes, funcionando muy bien en Comodoro Rivadavia” subrayó Risso.
“Esa ley fue modificada. Se centralizó en el Estado Provincial y el bloque radical ya había sostenido en el período anterior que era necesario que los Estados Municipales recuperaran esta facultad. Fue un servicio que los municipios prestaban y ayudaron muchísimo a los usuarios y a los consumidores”, enfatizó.
