Sostienen que la sociedad debe decidir con “todos los argumentos”. El legislador provincial de la UCR Roberto Risso aludió a la necesidad de saber las posibilidades integrales de desarrollo a partir de esta clase de explotación del suelo.
Risso exhortó a que “desde el Estado Provincial cumplamos con la obligación de dar a la sociedad todos los argumentos y todos los elementos para decidir” la eventual habilitación de las actividades mineras a gran escala y consideró que, en caso contrario, “cualquier decisión será injusta”
El legislador defendió “al conocimiento previo y real de todas las potencialidades productivas” como instancia ineludible y opinó que “un debate pendiente es definir, como Estado, una política de desarrollo para cada región del Chubut”.
“El Estado tiene que darle a la sociedad la posibilidad de decidir con todos los argumentos”, sostuvo, marcando la contradicción de que, en el caso de la zona de la meseta central del Chubut, “se autoriza el uso del agua pero no se dice qué cantidad hay”.
Risso comentó las respuestas remitidas por el Instituto Provincial del Agua a un pedido de informes sobre habilitaciones y usos autorizados en ese área y vinculó el tema con el tratamiento del marco regulatorio para las actividades mineras e hidrocarburíferas elaborado por el Poder Ejecutivo Provincial.
El diputado radical observó la parcialidad de las respuestas y consideró que “de esa manera el debate queda trunco y no es posible”, señalando el impedimento de avanzar en un marco regulatorio para una zona cuyo futuro pasaría exclusivamente por la actividad minera “si el mismo Estado no termina de definir sus completas posibilidades de desarrollo”, dijo.
Zona sacrificable
“Hay quienes sostienen que la meseta es una zona sacrificable con la única alternativa de la minería. Pero cuál sería la respuesta como Estado si supiéramos que debajo de esa zona hay una enorme reserva de agua?. Qué alternativas podríamos dar a la meseta?”, planteó.
“No son preguntas caprichosas, ni siquiera para tomar posición, sino para lograr esa definición de desarrollo, de proyecto económico para una región, en la que se podrían poner en marcha proyectos productivos a partir de ese conocimiento”, subrayó.
Incoherencias
En su análisis de las respuestas remitidas por el Instituto Provincial del Agua acerca de las empresas autorizadas a usar agua, Risso se detuvo especialmente en la responsable del denominado Proyecto Navidad, cuya presentación en 2005 “decía que iba a usar diariamente 100 metros cúbicos (100.000 litros), equivalente a las necesidades para 200 familias”.
Recordó también los anuncios oficiales sobre el programa de perforaciones de pozos por la sequía mientras “esta minera está autorizada a usar 3 millones de litros de agua por mes para su proyecto de prospección”.
“A esta altura no sabemos si el agua se recicla, se pierde o se contamina, porque el IPA no lo informa. Cómo puede ser que el Estado diga ‘tengo que perforar’ y la minera, por el otro lado, afirme que ‘tengo agua suficiente para mi proyecto minero’. Cómo es posible que el IPA no diga a los diputados cuáles son las reservas de agua de la meseta”, expuso Risso.
“Esta información es indispensable para un debate completo. Y que no sea simplemente tomar una posición a favor o en contra por el sentimiento personal de cada uno. El Estado -insistió- tiene que darle a la sociedad la posibilidad de decidir con todos los argumentos”.
