El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, dispuso la creación de la Comisión Municipal de Seguimiento de la Situación Tarifaria Eléctrica. Este nuevo ente tiene como función principal el análisis, monitoreo y seguimiento del impacto local de las medidas nacionales vinculadas al régimen de subsidios energéticos y la evolución de las tarifas, abordando sus dimensiones social, económica y productiva.
La iniciativa surge como respuesta institucional a la decisión del Gobierno nacional de eliminar, a partir de enero de 2026, el subsidio eléctrico. Esta medida impactará directamente en las facturas de aquellos usuarios con consumos superiores a los 300 kw mensuales. Según las estimaciones oficiales, en Comodoro Rivadavia esta franja abarca a más de 18.000 usuarios —más de 20.000 familias—, lo que representa a un cuarto de la población.
Fundamentos y defensa regional
Desde el Municipio se argumentó que la ciudad presenta «características estructurales particulares», tales como condiciones climáticas rigurosas y una elevada dependencia de la energía eléctrica para calefacción, factores que no son contemplados por la normativa nacional. El intendente señaló que el esquema uniforme dispuesto por Nación no reconoce las diferencias regionales ni de infraestructura.
En consecuencia, la postura municipal se estructuró sobre cinco ejes prioritarios. Entre ellos, se destaca la exigencia de establecer un ajuste regional en función del costo de vida patagónico y la revisión de los límites de consumo base, dado el clima extremo de la zona.
Composición y objetivo
La Comisión, que comenzará a diseñar estrategias desde la primera semana hábil de enero de 2026, estará integrada por representantes de las secretarías de Gobierno y Economía, junto a la Asesoría Letrada. Asimismo, tendrá la facultad de convocar, en carácter consultivo y no vinculante, a cooperativas de servicios públicos, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), cámaras empresariales y asociaciones de usuarios.
Si bien el organismo no posee facultades decisorias, su labor técnica permitirá elaborar informes y recomendaciones para las autoridades. El objetivo final es generar fundamentos sólidos para realizar presentaciones ante los entes reguladores y coordinar acciones político-institucionales que resguarden los intereses de los hogares, el comercio y el entramado productivo local.
