Según pudo confirmarse de fuentes policiales y judiciales, efectivos de la Policía del Chubut realizaron un allanamiento por orden judicial a partir de una denuncia presentada por un dirigente gremial, quien aseguró haber recibido una oferta económica a cambio de promover un conflicto de magnitud suficiente como para que las clases no comenzaran en la provincia.
Carpintero Patterson, exfuncionario durante distintas gestiones de Mario Das Neves y condenado años atrás en causas vinculadas a corrupción, se encuentra actualmente vinculado laboralmente a la Cámara de la Flota Amarilla del Chubut (CAFACh), entidad que nuclea a empresarios del sector pesquero. Los procedimientos incluyeron un allanamiento en una empresa ubicada en el Parque Industrial Liviano.
En diálogo con Radio Chubut, la fiscal de la Unidad Especializada en Delitos contra la Administración Pública, Julieta Gamarra, confirmó el alcance de la denuncia. “Nosotros recibimos una denuncia en la unidad fiscal de un gremialista que manifestó que Gonzalo Carpintero le habría ofrecido un resarcimiento económico a cambio de generar un conflicto de entidad suficiente como para que no iniciara el ciclo lectivo”, explicó.
La fiscal detalló que, según el relato del denunciante, el ofrecimiento habría tenido como finalidad provocar un reclamo que impidiera el normal comienzo de las clases. “Lo que quería era que generara un reclamo, o a palabras más utilizadas por él, que genere un quilombo suficiente que impidiera el inicio de las clases”, sostuvo Gamarra.
Además, remarcó la gravedad institucional del hecho denunciado. “No fue contra cualquier persona, fue contra la persona que claramente tiene la capacidad suficiente para que las clases en la provincia no empiecen”, indicó, y agregó que la maniobra también estaría dirigida “a generarle un daño suficiente al gobernador de la provincia”.
La representante del Ministerio Público fue clara al señalar que la reunión entre las partes existió. “La reunión existió, eso no está en discusión”, afirmó, aunque evitó adelantar conclusiones sobre la responsabilidad penal hasta tanto se analice la evidencia recolectada.
En cuanto a las medidas adoptadas, explicó: “Decidimos solicitar allanamientos y secuestrar el teléfono de Gonzalo Carpintero y el de otra persona que era de interés para la investigación”. También precisó que se incautó el celular de quien habría actuado como intermediario. “Secuestramos el teléfono de la persona que habría hecho de intermediario para ver cómo se coordinó ese encuentro y con qué fin”, detalló.
Respecto de la posible calificación legal, Gamarra indicó que la conducta podría encuadrarse en el delito de cohecho. “Podría tratarse de cohecho, que es cuando uno pretende que otra persona haga algo a cambio de un resarcimiento económico”, explicó. No obstante, señaló que también se analiza la figura de coacción. “Tenemos la posibilidad de alguna coacción, que es obligar a alguien a hacer o no hacer algo bajo la posibilidad de que le pasara algo malo”, añadió.
Sobre la situación procesal del exfuncionario, la fiscal fue contundente: “Desde el momento en que se hace cualquier actuación judicial en contra de alguien, en este caso un allanamiento o un secuestro, pasa a la calidad de imputado”. Confirmó además que el procedimiento fue realizado de manera directa. “Lo interceptamos, se le explicó la orden judicial y se le secuestró el teléfono celular”, señaló.
Finalmente, Gamarra indicó que la causa se encuentra en una etapa inicial y que ahora el foco está puesto en el análisis de la prueba digital incautada. “Ahora nos queda trabajar sobre los teléfonos celulares y avanzar conforme a la evidencia que recolectemos”, concluyó.
