La fuerza política cuestiona algunos aspectos de la “nueva YPF” y de Petrominera. Y se autoproclama como la fracción de mayor claridad y coherencia, desde hace varios años, proponiendo que el Estado recupere el rol activo en la producción y en la regulación de la explotación de los recursos naturales.
Como ejemplo, mencionan la postura asumida por Fernando ‘Pino’ Solanas durante el menemismo: mientras algunos apoyaban el remate y del desguace de YPF, él denunciaba esta medida como parte de un negociado hecho en contra de los intereses del pueblo argentino.
Mantuvieron esta postura cuando se aprobó la llamada Ley Corta y cuando, en el 2007, el kirchnerismo decidió anticipar las concesiones de explotación petroleras en todas las provincias. Para nosotros, ahí se perdió nuevamente una oportunidad para que el Estado argentino recupere la soberanía energética que ahora busca (y que obtiene muy parcialmente).
Un Estado más que “bobo”
En su mensaje, Proyecto Sur dice que la negociación de 2007 fue liderada por Néstor Kirchner, Julio De Vido, los gobernadores, los representantes sindicalistas, diputados oficialistas y no oficialistas y funcionarios de segunda línea (en nuestra provincia, Yauhar, Buzzi, Bambaci, Di Pierro, Gómez, Touriñán entre otros). Curiosamente, son los mismos que hoy celebran la expropiación de YPF y la recuperación de una “soberanía energética” que se han encargado sistemáticamente de obstaculizar.
Y agrega que éstos políticos también han hecho todo lo posible para que el Estado sea más que “bobo”, sosteniendo que han impedido toda acción para controlar la actividad de las concesionarias. “Desde 2007 hasta la fecha, no se ha hecho una sola auditoría ni siquiera una investigación seria. El ejemplo más claro fue el rechazo rotundo de los diputados provinciales justicialistas al proyecto del exdiputado de la UCR Carlos Lorenzo de crear una comision investigadora para conocer el nivel de cumplimiento de Pan American Energy en torno al convenio firmado con el gobierno de Chubut”, alegan y añaden que “acá hay muchas empresas que incumplen los ya de por sí blandos contratos de concesión, pero, como son empresas de amigos, nadie las menciona”.
Travestismo ideológico
Consideran asimismo que “se podría afirmar que la realidad política argentina genera mucho material para la risa, si no se tratara de algo tan serio. El Ex-presidente Menem y la actual Presidente, socios en la privatización de YPF, ahora son los paladines de la expropiación. Julio De Vido, el planificador de las concesiones del 2007 y uno de los funcionarios más afectados, entre otras cosas, por el caso Shoklender, es el interventor de la empresa. Este es un caso bastante patético, ya que entre los asesores más estrechos del Ministro de Planificación es ni más ni menos que el mentor de las privatizaciones de los noventa: Roberto Dromi”.
“Como si fuera poco, en Chubut, ahora se plantea desde el oficialismo que integre del directorio de Petrominera Sociedad del Estado el sindicalista Mario Mansilla, un claro representante de las empresas privadas en el gobierno, alguien que esconde oscuros intereses económicos personales y que concentra serias sospechas de haberse «beneficiado» en su patrimonio personal gracias al lobby realizado en la firma del contrato con PAE, patota de por medio, junto con su ladero, Carlos Gomez”, incluyen en su mensaje.
Y sostienen que detrás de las consignas grandilocuentes y de todo el aparato de propaganda oficial, están estos manejos, estos acuerdos que resultan a su modo de entender indignantes y que deben alertarnos porque todo el replanteo de la cuestión petrolera puede ser finalmente solo una excusa para seguir favoreciendo a los amigos. Y el kirchnerismo sabe bastante de esto.
“Si queremos una YPF que sea la palanca de la soberanía energética y del desarrollo regional, debemos estar atentos que se garantice la ética pública y el control social. De todo el pueblo depende que esto sea posible”, cierra su exposición.
