El Gobierno se mostró más proclive a llegar a un arreglo con los acreedores. El juez Thomas Griesa adelantó que será inflexible. El Ministerio de Economía amenaza con no pagar los vencimientos de junio.
Todo cambió en 24 horas. De aquel discurso de ruptura que tuvieron primero la presidente Cristina Kirchner -en cadena nacional- y luego el ministro de Economía Axel Kicillof, quedó muy poco. En la audiencia celebrada ayer en Nueva York entre el juez Thomas Griesa y los abogados del fondo NML y de la Argentina (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton), el país -por primera vez- se mostró dispuesto a negociar con los holdouts.
Los abogados que representan al país fueron con un discurso «constructivo» ante el juez y los letrados de NML. Admitieron que el Estado argentino quiere negociar con los acreedores. Y destacaron que esta vez no pondrán sobre la mesa «un canje de deuda» al estilo 2005 o 2010 como las veces anteriores (rechazado de plano en forma reiterada por los holdouts). Pero tampoco mostraron las cartas. Eso quedará para el equipo económico encabezado por Kicillof que viajará la semana que viene a comenzar las negociaciones con los acreedores. ¿Pago en parte cash y luego bonos? Ese es el rumor, pero habrá que esperar.
Por lo pronto, los abogados argentinos llegaron a la audiencia con más presión de lo que debían. Minutos antes de juntarse con Griesa, se enteraron que la Cámara de Apelaciones había levantado el stay o suspensión de la medida cautelar. Eso implicaba (e implica) que los holdouts pueden pedir el embargo de cualquier giro monetario que haga la Argentina hacia EEUU. Por la noche el Gobierno emitió un comunicado en el que indica que no podrá pagar en Nueva York los vencimientos por casi u$s900 millones del 30 de junio, correspondientes al bono Discount.
Carmine Boccuzzi y Jonathan Blackman, los representantes de Cleary ante Griesa, no la tuvieron sencilla. El juez reiteró viejos pedidos y lanzó varias alertas. Dijo, por ejemplo, que Argentina tiene que abstenerse de presentar un canje de deuda en Buenos Aires. El magistrado ya en octubre del año pasado había emitido una orden prohibiendo esa operación, porque -según dijo- violaba las sentencias de los tribunales estadounidenses.
Pero no sólo quedó en esa advertencia. También criticó abiertamente los dichos de Cristina que habló (sin dar nombres) de maniobras extorsivas contra el país para llevarlo a un default. Griesa dijo que «el discurso de la presidenta no me da confianza», en el sentido de que esta vez la Argentina no trate de esquivar sus resoluciones. «Aquí hay que encontrar un mecanismo legal para que esto funcione. Argentina en los últimos doce años se ha reído de las sentencias judiciales, no quiero que Argentina se vuelva a reír de una sentencia judicial», añadió.
Desde NML, el abogado Robert Cohen también se manifestó escéptico. Dijo que si el Gobierno quiere negociar con ellos, saben cómo encontrarlos. Más allá de la batalla verbal, saben todos que la posición argentina es muy endeble a este punto.
Con la posibilidad de que embarguen los pagos a fin de mes, no le queda al país otra opción que presentar un plan que seduzca a los holdouts. No hay, en ese punto, un plan B. Incluso porque desafiar una orden judicial haría que el agente de pago de la Argentina, el Bank of New York (BONY), deje de trabajar con el país. O sea, que no haya forma de hacerle llegar los dólares a los bonistas.
En ese escenario es que el equipo económico empezará a jugar sus últimas cartas. Deberá presentar un plan de pagos «generoso». Quienes negociaron con estos acreedores en otras instancias, cuentan que siempre «tuvieron ánimos de acordar». Y que «con mucho menos de los u$s1.300 millones que reclaman se soluciona el juicio». El problema era que el Gobierno no salía de su única opción, los bonos del canje. Ahora, por necesidad más que por convicción, tuvo que cambiar el discurso. Los pasos finales de esta saga están por escribirse.
