“Nos acercamos hoy a la sede de SEROS por la falta de respuesta de sede central, del área de Tesorería, por el pago de las prestaciones de discapacidad de octubre, noviembre y diciembre”, señaló Ponce en diálogo con FM La Petrolera. Contó que, si bien desde la obra social alegan que solo pueden brindar información a los afiliados, “a los socios los tienen yendo y viniendo, yendo y viniendo”, lo que resulta especialmente grave en el caso de familias que cuidan a personas con discapacidad, que no pueden perder horas en trámites sin respuestas claras.
Ponce indicó que los canales de consulta son ineficientes: “Los correos electrónicos a veces los contestan y a veces no, esto tendría que ser mucho más ágil”. Detalló que fueron atendidos “de forma cordial” por el subdelegado, quien tomó sus datos y los de los pacientes para intentar agilizar los trámites, aunque les advirtió que “todo está muy demorado” y que la situación se complica aún más en enero, cuando parte del personal se encuentra de vacaciones.
Según la profesional, la demora en los pagos se vincula con cambios en el manejo económico de la obra social: “Antes la sede Comodoro tenía cierta autonomía económica para abonar algunas prestaciones, cosa que se perdió con la crisis y con las modificaciones en SEROS”. A esto se suma la inestabilidad en la conducción: “Están cambiando de director cada seis meses o una vez por año, y cada cambio trae nuevas normativas que impactan de lleno en las prestaciones de discapacidad, en el pago a los profesionales y en el estrés de las familias”.
Ponce remarcó que son muchas las familias damnificadas, en su mayoría con niños y niñas con discapacidad que reciben atención en colegios o en el ámbito domiciliario y comunitario. “Está todo muy demorado”, insistió, y apuntó que la falta de previsibilidad lleva a los prestadores a tomar más casos a la vez y a priorizar afiliados con recursos de amparo o judicialización, porque “si no, no se puede vivir”.
La situación económica agrava el cuadro: “Dicen que no hay inflación, pero todo se degrada. Todos tenemos que vivir, pagar nuestros gastos, y ahora hay que recategorizarse en el monotributo: el fisco no te perdona”. Señaló además que los aranceles se actualizaron recién en octubre de 2025, después de un año, en el marco de la Ley de Discapacidad, y que ese ajuste ya quedó corto frente al aumento del costo de vida.
La profesional recordó que, a través de la Asociación de Acompañantes Comunitarios, presentaron notas en Rawson en julio de 2025, pero “no se movieron de Mesa de Entradas”. “Tienen el recibido, pero no se movieron. Alegan que como nosotros no somos prestadores directos, no nos pueden dar información y que todo lo deben gestionar las familias. Pero para las familias es un círculo vicioso: las tienen dando vueltas y no les dan respuestas”, cuestionó.
Finalmente, Ponce advirtió que el problema se agrava en este inicio de año, cuando se deben renovar prestaciones y muchos centros dejaron de tomarse vacaciones para poder seguir facturando y sostener los tratamientos de enero a diciembre. “Esperamos que esto tenga un saldo positivo hoy, o a más tardar mañana, porque es fundamental. Nos están debiendo desde el año pasado y ya estamos en enero”, concluyó.
