La que iba a ser vedette de las inversiones en la gestión de Mauricio Macri, Vaca Muerta, no va ni para atrás ni para adelante pese a que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, les ha ido concediendo todas las condiciones previamente pactadas, como subsidiarles el precio en boca de pozo, que el Sindicato acepte flexibilizar el convenio laboral, que se banque 1.300 despidos de personal sobrante en el megayacimiento paralizado, bajo los subterfugios de que cobren sin ir a trabajar y se acojan a retiros voluntarios, que se quiten las retenciones a las exportaciones hidrocarburíferas y ahora que les permitan liquidar divisas por fuera de las entidades locales.
También el Estado le ofrece salir al mercado financiero internacional a buscar otros US$ 5.000 millones para reforzar el compromiso de inversión privada de otro tanto que anunció el Presidente hace dos semanas. Si después de todo esto los equipos de perforación siguen sin aparecer, ¿Qué más habrá de otorgar?
Mauricio Macri ya no sabe qué más decir sobre Vaca Muerta. Empezó su mandato hace algo más de 1 año anunciando millonarias inversiones, se embarcó en un caos tarifario para asegurarles un precio en boca de pozo a las petroleras cuando en el mercado internacional está bajando, subió las naftas hasta tornarlas de las más caras en la región, logró que el Sindicato avalase 1.300 despidos fundamentados en el prolongado parate de la producción, y que flexibilizara el convenio laboral a fin de reducir los costos de la mano de obra y la quita de las retenciones a las exportaciones hidrocarburíferas.
Aún con todas esas medidas favorables, los equipos siguen sin moverse y ahora, en el Gobierno, estudian dar de baja la obligatoriedad de liquidar las divisas de la exportación de los productos mineros y petroleros a través de bancos locales, una restricción derivada del decreto N°1.722/2011, según anticipa El Economista.
“Es una medida que hace al flujo y el repago de inversiones, y permite que las empresas puedan disponer de su producción libremente”, celebró Diego Calvetti, socio líder de Petróleo y Gas de KPMG Argentina, y enmarcó el acuerdo de Vaca Muerta y los cambios regulatorios en la búsqueda de “darle un reimpulso a la actividad en un momento en el que las inversiones vienen a un ritmo más lento y en que las empresas buscan proyectos que garantizan una capitalización más rápida”.
Hasta el momento, se llevan perforados 700 pozos de gas y petróleo no convencional (más otros 400 de tight gas, un gas que se encuentra entrampado en rocas muy distintas a las arcillas o esquistos bituminosos. Se trata de areniscas compactas, de muy baja permeabilidad, que pueden ser un acompañante común en muchas cuencas sedimentarias hidrocarburíferas) que no son nada en comparación con los cerca de 17.000 en la formación estadounidense Eagle Ford.
El desarrollo pleno de la actividad en Vaca Muerta requerirá, según los especialistas y actores del sector, que anualmente se perforen alrededor de 1.000 pozos, lo que demandará una inversión directa –sin contar infraestructura ni desarrollo de proveedores– estimada entre US$ 10.000 millones y US$ 20.000 millones.
Sin embargo, el más reciente número de inversión agregada que informó el Presidente en su anuncio de “una revolución del trabajo” -consecuencia teórica del convenio laboral firmado por el sindicato con las empresas que explotan los yacimientos neuquinos- asciende a US$ 5.000 millones para este año, de los que US$ 2.300 millones tiene a su cargo YPF.
Calvetti evaluó para El Economista que “no es un número despreciable, aunque sí puede ser algo insuficiente. Es necesario adicionar más”.
En ese sentido, él cree que esa será una base de inversión sobre la que el mercado saldrá a buscar otro monto similar para alcanzar los US$ 10.000 millones este año.
Seducción a privados
Excluida YPF, esas inversiones deberían venir de la alemana Wintershall (Basf), la francesa Total y la argentina PAE (líderes junto a la petrolera de mayoría accionaria estatal en la explotación gasífera) y en menor medida, Pluspetrol, Tecpetrol, Pampa, Shell y Exxon, entre otras con una presencia más acotada en la formación.
Con la idea de que las compañías que ya tienen activos gasíferos aceleren las inversiones para aportar un mayor volumen de gas entre este año y el próximo, cuando habrá mayores precios, el ministro de Energía, anunciará el martes 31/01 el nuevo programa de los precios subsidiados del gas en boca de pozo, que comenzarían con los US$7,50 el millón de BTU que hoy prevé el Plan Gas, para bajar a US$7 en 2019; US$6,5 en 2020 y US$6 en 2021.
Juan José Aranguren considera que asimismo se apurarán los pilotos en las formaciones shale y tight; y que las empresas que están sentadas sin invertir en los yacimientos se decidan a perforar.
En la misma jornada se prevé la firma de la adenda al convenio colectivo de trabajo. Previamente, el secretario general del sindicato de petroleros, Guillermo Pereyra, se había reunido con los ministros Aranguren; y el de Trabajo, Jorge Triaca, para acordar la exclusión del concepto zonal en el pago del impuesto a las Ganancias y, de este modo, exhibir como un éxito la negociación con el gobierno, por más que no haya podido evitar la sangría de los 1.300 puestos laborales que durante todo 2016 estuvieron con régimen rotativo. A tal efecto, él esgrime que los despedidos se acogerán a los retiros voluntarios, pero cobrarán sus indemnizaciones completas y recibirán un bono de hasta $20.000, de acuerdo a la antigüedad, durante 6 meses, que será financiado por el Gobierno Nacional.
Si la actividad repunta, esos petroleros tendrán prioridad de contratación y el Estado seguirá subsidiando esos $20.000 de salario a las empresas petroleras “para promocionar el empleo”.
Aranguren también emergería victorioso en la interna del gabinete nacional, al ser el ministro que cierra un acuerdo que será punta de lanza para el objetivo central del Gobierno de Mauricio Macri de bajar los costos laborales, pero con el gran déficit de no haber podido hacer arrancar las inversiones.
Por el contrario, la petrolera nacional invirtió en 2016 un 30% menos con respecto al último año de la gestión de Miguel Galuccio: unos US$2.200 millones contra US$3.100 millones.
Al concentrar más de la mitad de los desembolsos de las operadoras en la provincia, los movimientos de YPF condicionan fuertemente el mercado laboral petrolero.
Un hombre del palo como el intendente de Cutral-Co, José Héctor Rioseco, le apunta al gobierno nacional: “Macri entró con el barril a US$70 y lo mínimo que se tenía que hacer era sostener la actividad”, pero “se bajó el precio y lo que hicieron es un programa para desestimular la inversión: se bajó el barril criollo a US$58, va a seguir bajando; y no hay nadie que pueda levantar una torre en la cuenca neuquina”.
“Esto sepulta la posibilidad de que alguien perfore un pozo de petróleo en 2017”, concluyó.
Sin embargo, fuentes de la actividad supeditan el éxito de la liberalización del barril de crudo doméstico que se concretará en julio a que el petróleo a nivel internacional se mantenga entre los US$50 y US$ 60. Nadie puede asegurar tal panorama en un mundo expectante tras la asunción de Donald Trump.
El análisis que hace la publicación neuquina Vaconfirma es que resta conocer cómo reaccionarán los petroleros cuando se concreten los despidos, que en los últimos días ya se comenzaron a concretar en empresas como Petrogas, Halliburton y SP, y se terminen los súper-salarios a los que estaban acostumbrados los empleados de las compañías de servicios especiales que operan en Vaca Muerta.
Las espaldas de Pereyra deberán soportar los embates de otros frentes internos, como en el gremial, la aparición de un grupo de trabajadores, con respaldo de partidos de izquierda, lo cuestiona por su rol durante la crisis laboral, lo cual se suma a la disputa latente entre las líneas dirigenciales que se preparan para sucederlo tras su frustrado anuncio de retiro.
A su vez, el senador también juega fuerte en la interna partidaria. Alineado con Omar Gutiérrez, salió a responderle al vicegobernador Rolando Figueroa, quien había criticado el acuerdo petrolero porque perjudica a los trabajadores.
“A pesar de ser el vicegobernador de la provincia, no conoce la actividad”, dijo Pereyra y le recomendó que planteara las discusiones en la Convención partidaria.
Figueroa ya comienza a jugar su propio partido, tirando paredes con la ex socia del gremialista, la senadora Lucila Crexell, quien también salió a pegarle al gobierno provincial por la contaminación de los ríos.
