Ahora son diez en total los imputados por los destrozos en el yacimiento de PAE. Igualmente, casi todos se negaron a declarar ante su Juzgado Federal, derecho que les asiste ante la Ley.
Alberto Canupán, Angel Ferreira, Rodolfo Tobar, José Gutiérrez, Gustavo Vera y Víctor Andrade, se sumaron en los últimos días a la lista de procesados que ya integraban Raúl Murga, secretario general; Guido Dickason, secretario de prensa; Daniel Ojeda, ex secretario gremial y Luis Olivares.
A todos ellos se les trabó un embargo por un millón de pesos a fin de garantizar la pena pecuniaria de la responsabilidad penal y civil que pudiera caberles, según consta en la resolución. Dicho embargo es rutinario, señaló la dra. Parcio al diario Patagónico
En comunicación con Radio del Mar, la magistrado indicó que sólo tres personas que declararon de un listado de más de 100 y que cuatro no se presentaron, por lo que tienen averiguación de paradero. “El resto ha hecho uso de un derecho constitucional de mantenerse en silencio sin que ello sea utilizado en su contra”, explicó.
“Las personas que tienen bienes se verán imposibilitadas de movilizar ese patrimonio y el que no los tuviere estará inhibido para que se incorporen al mismo”, señaló la juez federal. “Si esto pasara quedarían atrapados por la medida cautelar”, resumió en el contacto con la emisora.
“Esta cuestión es una causa penal donde se investiga un hecho y responsabilidades individuales. Esto no tiene vinculación con ninguna cuestión sindical. Es de rutina que cuando se procesa a una persona se traba embargo sobre sus bienes por si debiera responder por el hecho cometido”, aclaró.
Parcio indicó que los procesados fueron notificados en viernes en el mismo encuadre jurídico que los anteriores. Ninguno de ellos realizó algún tipo de descargo. Las partes querellantes son la operadora Pan American Energy, el Estado chubutense y la empresa contratista Contreras Hermanos. También está el Ministerio Público Fiscal.
Además, y luego de las expresiones públicas del ex gobernador Mario Das Neves en torno al conflicto entre Pan American Energy y “Dragones”, Parcio apuntó que todavía no hay ningún pedido de declaración para él. “Hasta el momento no hay ningún pedido en ese sentido y en ese caso habrá que analizarlo a la luz del expediente”, dijo.
Los delitos que se le imputan a los “Dragones” están en el marco del Código Civil de delitos contra la propiedad y atentados contra el orden público. En el primer caso, a los trabajadores involucrados en los destrozos se les aplica el artículo 174 inciso 6° (para quienes afectan maliciosamente el normal desenvolvimiento de un establecimiento comercial, industrial, agropecuario, minero o de servicios).
Y también se les aplica el artículo 213 bis que establece: “será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.
