El fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga a YPF a hacer público su acuerdo con Chevron por la explotación de Vaca Muerta espera su cumplimiento, luego que desde la petrolera lograran dilatar los plazos para la presentación, que se presume, será después de la feria judicial de verano.
Sin embargo, hay otra causa radicada en la Justicia que transita por caminos distintos pero con cierta sintonía con la que derivó en la resolución del máximo tribunal. Se trata de un expediente iniciado por el diputado nacional por la UCR Manuel Garrido, que desde el 15 de diciembre pasado se encuentra conexo al original del senador socialista Rubén Giustiniani.
Así lo dispuso la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, en un fallo dividido que contó con los votos positivos a ese pedido de los jueces José Luis López Castiñeira y Luis Márquez, y con la disidencia de su colega María Claudia Caputi. En el texto, esgrimen los magistrados, se declara la conexidad de las presentes con el expediente 37747/2013, de Giustiniani, y se traslada el caso a la Sala I, de donde provino.
YPF, como demandada, había solicitado la conexidad de las causas, a contramano del reclamo de Garrido, quien había pedido que continúe el trámite procesal de manera independiente por considerar que existían puntos solicitados por el demandante que “no se encuentran incluidos en el acuerdo al que alude la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Fuentes del sector explicaron que se trata de una decisión que sirve a modo de “economía procesal”, para resumir en un mismo expediente dos causas, tal como lo había solciitado la empresa. Y que una vez que YPF publique el contrato tanto Giustiniani como Garrido, y todo el que lo desee, podrán acceder libremente a los pedidos que formularon en su momento, según informó El Inversor Online.
Las diferencias específicas de las dos causas, de acuerdo a la lectura de la resolución de la Cámara, tienen que ver con pedidos puntuales de Garrido para que, además de que se develara el contenido del acuerdo, se indagara respecto a dónde se había firmado. La hipótesis del demandado era que el mismo, sellado en 2013 por la petrolera que conduce Miguel Galuccio, en tiempos de gestión kirchnerista, se había firmado a través de una empresa radicada en Delaware, Estados Unidos, que figura como un “paraíso fiscal”.
También se pidieron especificaciones sobre la razón social, fecha de creación, actividades desarrolladas, ingresos obtenidos y nómina de accionistas y directores de dicha empresa. YPF, según publicó el diario La Nación hace poco más de un año, tiene dos sociedades constituidas en Delaware, las compañías YPF Shale Oil Investment I y I, ambas informadas por la empresa a través de la CNV, como hechos relevantes.
Según reveló entonces el matutino porteño, al acordar en ese sitio, las petroleras evitaron pagar embargos de la española Repsol, a la cual el Gobierno le expropió la compañía en 2012, y de pueblos originarios de Ecuador, donde Chevron mantiene una larga disputa judicial por acusaciones de contaminación.
