Como consecuencia del impacto, sufrió fractura de tibia y peroné y fracturas en las costillas, por lo que actualmente se encuentra realizando reposo y no puede trabajar mientras atraviesa su recuperación.

“Yo iba hacia mi trabajo. Tuve un accidente con un auto, yo iba en moto. Me produjo rotura de tibia y peroné y fractura de costillas. A partir de ese momento no estoy trabajando y estoy haciendo reposo hasta que me recupere”, contó Luis.

El accidente generó un fuerte impacto en la economía familiar, ya que en su vivienda conviven 10 personas: Luis, su esposa, sus suegros, su cuñado y cinco chicos.

“En mi casa estamos viviendo 10 personas. Toda la ayuda que uno pueda recibir es bienvenida por la situación que estamos viviendo. Todo se hace más difícil”, explicó.

Según relató, el conductor del auto se acercó posteriormente para verlo y pedirle disculpas. El joven le habría manifestado que también se dirigía a trabajar y que no llegó a verlo. Luis aseguró que no recuerda con precisión el momento del impacto, aunque el conductor le contó que la moto quedó prácticamente partida a la mitad.

“Ha llamado para saber cómo estoy”, contó sobre el joven que protagonizó el accidente.

Ante esta situación, la familia inició un pedido de colaboración para poder afrontar los gastos y necesidades cotidianas mientras Luis permanece sin trabajar y continúa con su recuperación.

Magdalena, esposa de Luis, explicó que actualmente necesitan principalmente alimentos, ya que él era quien sostenía económicamente el hogar.

“Necesitamos alimento porque es el único que está trabajando y somos bastantes. Lo que pueda la gente, también agradecemos que estuvimos recibiendo algunas cosas. Esta situación no se la espera nadie”, expresó.

Además, contó que debe acompañar a su esposo durante el proceso de recuperación, ya que deben realizar distintos trámites y afrontar cuestiones médicas vinculadas al accidente.

La familia señaló que también son bienvenidas donaciones de artículos de limpieza, alimentos y aportes económicos, que permitirán sobrellevar este período hasta que Luis pueda recuperarse y volver a trabajar.

Quienes puedan colaborar pueden comunicarse a los teléfonos 2974282252 o 2974737659.

El representante del Ministerio Público Fiscal detalló el inicio de las actuaciones: «En principio personal policial toma conocimiento a raíz de una comunicación que hace un vecino que está transitando y da aviso a personal policial que está en La Anónima, al escuchar a una mujer pidiendo auxilio o que escuchaba gritos por lo menos».

Aunque inicialmente trascendió que el ataque fue en la vía pública o que se trató de una venganza, la fiscalía aclaró la situación. Respecto a la hipótesis de un ajuste de cuentas, Morsucci remarcó que «todavía está la brigada trabajando, si bien tomaron una cantidad de entrevistas importantes, la realidad es que no tenemos por cierto que haya sido un ajuste de cuentas ni mucho menos». Asimismo, sobre el lugar del hecho, confirmó que «todo ocurre dentro del domicilio».

En relación con el perfil de los involucrados y su vínculo, el fiscal indicó que «son ambos de nacionalidad dominicana y la realidad es que los testimonios no dan cuenta de si se conocían o no; uno lo puede presumir porque estaba dentro de la vivienda, nada más que eso».

Por otra parte, respecto al estado de la principal testigo, confirmó que «la única testigo vendría a ser la pareja de la persona imputada, ella está fuera de peligro».

En el marco del procedimiento, también explicó la aplicación de medidas preventivas con personas del entorno: «Hay una detención preventiva para las personas que estaban transitando por otros motivos y escucharon la secuencia, pero no tenían nada que ver con eso en sí, en un predio que tiene seis departamentos con un patio interno».

Finalmente, sobre las evidencias de la zona, el fiscal señaló que «no hay cámaras en inmediaciones, estaba trabajando personal de la brigada a fines de chequear los alrededores, pero cerca del inquilinato no hay».

En este sentido, la investigación avanzó con el secuestro de los teléfonos celulares de la víctima, del imputado y de la mujer herida a fines de someterlos a los peritajes correspondientes.

«Están en precio y la facilidad de compra es mucho mayor. Es mucho más fácil y llevar muchas más cosas. Hay muchísima más variedad, hay modelos que acá nunca se vio, tenés que ir a Buenos Aires o Neuquén para conseguirlo» dijo.

Por su parte, una joven que realizaba sus compras en el lugar contó que el desembarco físico le permitió conseguir un producto que ya no se conseguía de forma online: «No, en internet estaban agotadas las que yo quería, por eso esperé que abra Adidas».

Al consultar que camisetas de fútbol fueron las más vendidas, una vendedora dijo que las de Boca sobre las de River.

Se trata de la segunda marcha unificada en la ciudad, dando continuidad al reclamo colectivo que tuvo su primera masiva expresión el pasado 10 de abril.

En la previa de la movilización, Jéssica Schwab dialogó con El Comodorense Radio para referirse al complejo panorama que atraviesa la causa por el femicidio de su hermana Valeria, ocurrido en enero de 2026. Según explicó, hace un mes que no obtienen novedades ni avances significativos en la investigación.

Jéssica detalló las demoras y dificultades con las que deben lidiar las familias. Entre los cuestionamientos hacia el proceso judicial, señaló que se demoraron siete meses en peritar prendas de vestir que resultaban claves para vincular a otras personas en el hecho.

«Pueden haber participado personas sin haber dejado ADN en su cuerpo y ropa; creemos que hubo gente haciendo campana. Estamos a la espera y no tenemos novedades, hace un mes que no tenemos respuestas», lamentó.

Asimismo remarcó el profundo desgaste emocional que implica transitar este camino: «Es un pedido masivo de víctimas porque estamos cansados de que uno tenga que estar atrás de la justicia. Nos desgasta que la familia tenga que lidiar con el duelo y a la vez buscar respuestas».

En ese sentido, exigió mayor empatía y compromiso por parte de los organismos judiciales: «Tienen que tomarse los casos como se merecen; para mí, tienen que tratar a los familiares como víctimas. Las familias no dormimos, no comemos, no hacemos nada de lo que hacíamos antes porque estamos esperando justicia y que nos tengan en cuenta los pedidos».

Finalmente, Schwab expuso las barreras burocráticas con las que se encuentran cotidianamente al intentar impulsar la investigación: «Para que me hagan el pedido de la ropa me tuvo que atender el jefe de fiscales, porque no sé si se libraba el pedido. Hay que estar en el lugar de la familia para ver cómo manejarse».

En diálogo con este medio, una vecina del sector de Los Tres Pinos contó las dificultades que atraviesan diariamente para acceder al servicio. “Es complicado, pasan a cualquier hora. Los fines de semana no tenemos colectivos a donde yo vivo”, señaló.

Según explicó, si bien se incorporaron frecuencias, la prestación continúa siendo irregular. “Pasa cada una o dos horas, o pasan dos juntos, o se saltean horarios”, relató. Ante esta situación, muchos vecinos deben recurrir a otras alternativas para trasladarse.

“Caminamos, y si no Uber o taxi, si se puede”, expresó la mujer, quien además remarcó el impacto que tiene la situación en las familias con chicos en edad escolar.

En ese sentido, aseguró que los cambios en los recorridos afectaron especialmente a los estudiantes de Los Tres Pinos. “A los chicos que van al colegio les afectó mucho por el recorrido de los colectivos. Es más gasto”, sostuvo.

La vecina indicó que los habitantes del sector ya realizaron distintos reclamos ante las autoridades. “Hemos llevado cartas, veremos si con los cambios agregan frecuencia el fin de semana”, manifestó.

Uno de los principales reclamos está puesto en los domingos, cuando el servicio se reduce considerablemente. “El domingo a las 5 de la tarde es el último”, afirmó sobre la situación actual.

Mientras tanto, otros usuarios consultados en una parada ubicada sobre avenida Rivadavia se mostraron atentos a las modificaciones que comenzarán a aplicarse desde mañana y al impacto que tendrán en sus viajes cotidianos.

“Ya se va a mejorar todo, hay que acostumbrarse. Todo pasa”, expresó otro vecino ante la inminente puesta en marcha del nuevo esquema.

Los usuarios esperan ahora que las modificaciones permitan ordenar las frecuencias y mejorar la cobertura, especialmente en aquellos barrios donde actualmente las alternativas de transporte son escasas.

“Desde el mes de febrero no tuvimos ninguna respuesta. Venimos haciendo las urgencias y atendiendo a los internados, pero los consultorios no se están realizando”, señaló Díaz.

La medida implica que las urgencias continúan siendo atendidas con normalidad, al igual que los controles de aquellas personas que ya fueron intervenidas quirúrgicamente. “Nunca se dejaron de atender las urgencias y los controles”, remarcó.

En cambio, al no realizarse los consultorios, las cirugías programadas no pueden avanzar, ya que requieren previamente la evaluación y seguimiento de los pacientes en consultorio.

Díaz sostuvo además que, pese a la retención de servicio, la cantidad de intervenciones quirúrgicas realizadas incluso supera registros anteriores debido al incremento en el flujo de pacientes que llegan al sistema público.

“Tenemos una estadística mayor de cirugías, por más que estemos de retención”, explicó, y vinculó este aumento con la situación de personas que dejaron de contar con cobertura de obra social y recurren al Hospital Regional para recibir atención.

Un conflicto que lleva meses sin solución

El reclamo salarial es gestionado a nivel provincial desde Trelew, donde se encuentran las autoridades de la Asociación de Cirujanos que llevan adelante las negociaciones en representación de los profesionales hospitalarios.

Según explicó Díaz, en marzo o abril se había concretado una reunión en la que se había planteado la posibilidad de alcanzar una solución y generar un acercamiento entre las partes. Sin embargo, con el paso de los meses, no hubo avances concretos.

De esta manera, el conflicto continúa y las cirugías programadas permanecen suspendidas, mientras los profesionales mantienen la atención de urgencias, pacientes internados y controles postoperatorios.

El reclamo de los cirujanos lleva ya seis meses sin una respuesta salarial, y por el momento no se vislumbra una fecha concreta para el levantamiento de la medida.

Carolina, una vecina que debió abandonar su vivienda tras 26 años de residencia, relata el calvario cotidiano que significa sostener una solución habitacional temporal. «Desde hace siete meses estamos igual; no les importa el daño en nuestras viviendas de toda la vida», expresó con indignación.

A la inestabilidad del terreno se le suman filtraciones constantes y agua que brota desde la parte posterior de las propiedades. «La casa se me sigue destruyendo, el volumen de tierra que hay que sacar es mucho y todavía no se hizo nada» detalló.

La encrucijada de los alquileres y los servicios

Uno de los puntos más críticos señalados por la vecina es el ahogo financiero que enfrentan las familias desplazadas. El subsidio estatal destinado al alquiler asciende a 700 mil pesos, un monto que no alcanza.

Carolina advirtió además sobre las tácticas de desgaste institucional: «Ellos esperan que uno se canse y desista del pedido. Te dicen ‘la semana que viene’ para que dejes de hinchar hoy, y te tienen a la vuelta de semana en semana».

Falta de certezas y reclamos a la dirigencia

La incertidumbre sobre la viabilidad de la zona es otra de las grandes preocupaciones. A pesar de haber recibido la visita del intendente el pasado 3 de julio, los vecinos aseguran que no hay un plan de obra definitivo que les garantice si podrán regresar de manera segura o si el sector es inhabitable de forma definitiva.

En medio de la desolación generalizada, Carolina rescató la única excepción en la atención oficial: «La única que me contestó y me atendió re bien fue Jordana cuando fui a Medio Ambiente; me llamó a los 15 minutos, nadie tuvo ese gesto con nosotros». En contraparte, apuntó contra otros funcionarios por la demora en la asistencia técnica, como la colocación tardía de una bomba.

«Yo vivía en regla, tenía mi casa hermosa y terminada. ¿El daño que tengo en mi domicilio quién me lo va a pagar? Ya sé que ellos no nos van a pagar, pero debería ser así; no es justo» lamentó.

El fiscal Marcelo Cretton explicó que el bebé nació anteayer y que, durante la atención médica, los profesionales advirtieron que sus padres “no estaban ubicados en tiempo y espacio”, situación que motivó la realización de distintos análisis al recién nacido.

Los estudios arrojaron resultado positivo para cocaína y otras sustancias, por lo que el personal sanitario dio aviso a la Policía y posteriormente se activó la intervención del Ministerio Público Fiscal.

Cretton señaló que actualmente el Servicio de Protección de Derechos asumió la custodia provisoria del bebé y trabaja en la evaluación de su entorno familiar.

“Se está analizando el entorno familiar, los abuelos”, explicó el fiscal, quien indicó que se busca determinar si existen familiares —como hermanos, abuelos u otros allegados— que puedan constituir una red de contención para el recién nacido.

La situación también es analizada desde el punto de vista judicial. Cretton aclaró que todavía no existe una definición respecto de una eventual imputación contra los padres, ya que primero deben incorporarse elementos fundamentales para establecer qué ocurrió.

En ese sentido, explicó que se está formalizando la denuncia realizada por el personal médico y que serán determinantes las testimoniales, la historia clínica y los informes de los profesionales que atendieron al bebé.

“Hay que ver y analizar la responsabilidad de los papás en cuanto a esta situación”, sostuvo.

El fiscal también remarcó que, dependiendo de lo que surja de la investigación, podrían analizarse posibles incumplimientos de los deberes de cuidado. “Esto habla de cuestiones de las omisiones. Si hay una omisión de los deberes de cuidado respecto a eso, o si hay una responsabilidad aún mayor de carácter intencional, quizás hablaríamos de otras cuestiones mucho más graves”, explicó.

Por el momento, según la información con la que cuenta la Fiscalía, el bebé se encontraría fuera de peligro y no se habrían informado complicaciones médicas, aunque Cretton advirtió que, por tratarse de un recién nacido y por las circunstancias del caso, existe un riesgo potencial elevado que requiere especial atención y cuidado.

La Justicia y los organismos de protección deberán ahora determinar cuál será la alternativa más adecuada para garantizar el cuidado y la seguridad del bebé mientras avanza la investigación.

El hecho ocurrió pasadas las 18:10 horas y motivó la rápida intervención policial tras el aviso del centro de monitoreo.

El vehículo de mayor porte, un Volkswagen Gol Trend, era conducido por una mujer de 54 años, mientras que la ciclista tiene 19.

La víctima sufrió heridas en las extremidades inferiores y debió ser asistida por una ambulancia que la trasladó de urgencia al Hospital Alvear para recibir curaciones.

El jefe de la comisaria de General Mosconi, Ricardo Espósito, confirmó los detalles en diálogo con El Comodorense Radio y llevó tranquilidad sobre el estado de salud de la ciclista: «Por el momento no tendría riesgo de vida las lesiones» y detalló que «fueron en las extremidades inferiores».

Sobre cómo se produjo el hecho, el comisario aclaró que aún se aguarda la declaración de la afectada.

“No solo él, ninguno tiene dinero para hacerle de comer. ¿Cómo van a pagar los servicios? Está todo atrasado, con recargo”, manifestó, al describir las dificultades que atraviesan numerosas familias.

La mujer sostuvo que la demora en los pagos tiene consecuencias directas sobre la vida cotidiana de los trabajadores y sus familias. “Son 30 días que se pierden y la salud… que no se enferme nadie, porque si no, ¿cómo hacés para comprar los remedios?”, cuestionó.

En ese sentido, aseguró que el reclamo no alcanza únicamente a una persona, sino que afecta a muchas familias que dependen de esos ingresos para cubrir sus necesidades básicas.

“¿Qué hacemos? No solo yo, muchas familias están esperando que se pueda hacer la acreditación de los salarios”, expresó con preocupación.

La familiar también apuntó contra quienes tienen responsabilidades en el conflicto y reclamó mayor sensibilidad frente a la situación de los trabajadores. “Que se pongan un poco en el lugar de las personas”, pidió.

Además, cuestionó que mientras las familias atraviesan dificultades para cubrir gastos básicos, los responsables del conflicto mantengan otro nivel de vida. “Se hacen ricos y después se van a Miami y que la gente se muera de hambre”, lanzó, reflejando la fuerte indignación que existe entre los familiares.

Finalmente, remarcó que la espera ya se extendió durante casi un mes y que cada día que pasa agrava la situación económica. “Son 24 días que llevamos de espera, no un día. Está todo atrasado, todo se paga con recargo y después la plata no te alcanza”, concluyó.

Según explicó, el último instrumento legal vigente es el pliego que posteriormente se convirtió en ordenanza y en el que se encuentran establecidos aspectos vinculados al servicio y al contrato. Sin embargo, sostuvo que no existe claridad respecto del instrumento administrativo que habría autorizado las modificaciones implementadas en las distintas líneas.

“Lo que no hay es un instrumento administrativo que indique por qué aconteció el cambio de recorridos”, planteó Díaz Tetamantti, quien consideró que la reducción de unidades también implica una disminución de frecuencias y forma parte de un proceso de implementación que debería haberse desarrollado de manera progresiva.

El investigador señaló que, junto a seis integrantes del CONICET, trabajaron en la reconstrucción y análisis del pliego, que originalmente presentaba características que consideraron cuestionables. A partir de ese trabajo, explicó, se incorporaron discusiones surgidas de audiencias con concejales, vecinalistas y distintos sectores vinculados a la movilidad urbana.

En ese proceso se habían planteado modificaciones para extender recorridos y acercar el transporte público a distintos sectores de la ciudad. Díaz Tetamantti recordó que el criterio utilizado contemplaba que, en ciudades saludables, el acceso al transporte público debería encontrarse aproximadamente a 500 metros de los usuarios.

Sin embargo, sostuvo que una semana antes del inicio de la implementación, previsto para el 1° de agosto, se tomó conocimiento de modificaciones en distintas líneas, tanto en sus números como en sus recorridos.

“Con 93 unidades se generaba una reforma estructural del transporte”, afirmó, y cuestionó que los cambios se hayan implementado prácticamente sin comunicación previa, sin información clara sobre números de líneas, frecuencias y recorridos.

En ese sentido, consideró que el Municipio no llevó adelante una campaña suficiente de información y “alfabetización del sistema” para que los usuarios pudieran comprender la nueva modalidad.

Para el investigador, la decisión de implementar los cambios de manera abrupta generó complicaciones y un fuerte rechazo entre los usuarios. “Se optó por una especie de shock y generó rechazo”, sostuvo.

Díaz Tetamantti destacó que existe una mesa de seguimiento en la que deberían participar vecinos, cámaras, universidades y otros actores para analizar progresivamente el funcionamiento del sistema. En ese marco, planteó que el objetivo debería ser avanzar de manera gradual mientras se incorporan las unidades restantes.

El pliego contempla un total de 121 unidades, por lo que remarcó que, aunque actualmente no se encuentre disponible la totalidad de la flota, existe un proceso y un período previsto para alcanzar ese número.

Además, recordó que el Concejo Deliberante aprobó recientemente por unanimidad una iniciativa para solicitar el regreso a los recorridos anteriores y comenzar nuevamente un proceso de discusión y análisis conjunto.

En paralelo, explicó que presentaron una nota para conocer cuál es el instrumento operativo y cuál es el instrumento legal mediante el cual se autorizó la reforma de los recorridos.

“Alguien tiene que haberlo autorizado. Nadie dice nada”, cuestionó, y consideró que la falta de respuestas genera malestar entre los usuarios.

Para Díaz Tetamantti, el debate sobre el transporte debería trascender la discusión coyuntural y convertirse en una política integral de la ciudad.

“Es un problema de todos. La ciudad nos pertenece a todos”, sostuvo, al tiempo que reclamó una mesa de trabajo que incluya a choferes, vecinos, asociaciones vecinales, universidades y autoridades de la Secretaría de Transporte.

Finalmente, valoró que el proceso de elaboración del nuevo pliego permitió jerarquizar el transporte público y colocarlo nuevamente en el centro de la discusión municipal, aunque consideró que todavía existen cuestiones pendientes.

“Es un proceso pensado a futuro y a futuro todavía merecemos una discusión a fondo”, concluyó. Además, anticipó que la próxima semana continuarán trabajando en el Concejo Deliberante sobre el pliego correspondiente al sector de Diadema.

En el lugar se desplegó un importante operativo policial, situación que generó cuestionamientos entre los manifestantes. Las familias señalaron que no comprenden el motivo de la presencia de tantos efectivos y remarcaron que el reclamo se desarrolla de manera pacífica.

“Tenemos policías en todos lados, tenemos hijos. Es una vergüenza. Estamos luchando por el sueldo de nuestras parejas”, expresó una de las mujeres que participa de la protesta.

Las familiares también señalaron que existen restricciones para permanecer en el lugar. Según explicaron, no les permiten colocar carpas, utilizar reposeras ni poner música, por lo que deben permanecer en la vía pública en esas condiciones.

A pesar de esto, adelantaron que continuarán con la protesta y que algunas de las mujeres permanecerán durante la noche para acompañar el reclamo de los trabajadores.

“No entendemos por qué mandaron tanta policía de la nada. Sabemos que están cumpliendo con lo que tienen que hacer, pero no dejan pasar a los choferes ni a los trabajadores”, manifestaron.

Los ex trabajadores sostienen que se acercan al lugar para reclamar por haberes que consideran que les corresponden y que la protesta se desarrolla sin generar inconvenientes.

“Ellos vienen tranquilos, reclamando el sueldo que les corresponde. No están pidiendo nada de más”, remarcaron las familiares.

El reclamo de los ex choferes de Patagonia Argentina y sus familias continúa mientras buscan una respuesta por el pago de los salarios adeudados.