Casi 300 gendarmes de élite pertenecientes al Destacamento Móvil 1 basado en la localidad pampeana de General Acha, se hicieron cargo a partir de ayer de la seguridad en los accesos a cinco localidades de la zona norte de Santa Cruz. La mayoría permanecen en Caleta Olivia donde persiste la tensión por los violentos incidentes del jueves que causaron la muerte de un obrero y heridas a otro.
Según publica el sitio elciudadanodelasheras.com, este grupo reemplazó a efectivos regulares de Perito Moreno, Río Gallegos y Comodoro Rivadavia de la misma fuerza que desde el viernes estaban afectados al operativo de seguridad de emergencia requerido por el gobierno provincial.
Los de élite llegaron con una gran logística operativa que incluye al menos cuatro micros de transporte, un camión con equipos de comunicaciones y otro para el traslado de elementos no precisados, además de flamantes camionetas, Traffics y motocicletas.
Parte de la dotación fue enviada a vigilar los accesos a Cañadón Seco, Pico Truncado y Las Heras, coordinando tareas de prevención con la Policía provincial y también con Prefectura Naval, fuerza que mantiene una dotación permanente en el límite interprovincial donde se encuentra la Subcomisaría Ramón Santos.
Al igual que el personal del organismo naval, parte de los gendarmes portan armas largas automáticas, en tanto que otros se ocupan de inspeccionar vehículos que les resulten sospechosos de trasladar personas que pudieran generar nuevos incidentes.
De hecho, los accesos a las localidades mencionadas, sobre todo a Caleta Olivia, tienen visos de estar militarizados y se presume que esta situación se extenderá por varias semanas o meses.
Niegan pedidos de excarcelación
Por otra parte, el abogado del Sindicato Petrolero Santa Cruz, Leopoldo Puricelli, informó que el juez de instrucción Mario Albarrán negó el pedido de excarcelación a los 31 detenidos por los sucesos del jueves cuando se produjo un descomunal enfrentamiento a balazos frente al edificio de ese gremio, con el saldo de un trabajador de la construcción muerto y otro herido.
El letrado indicó además que todos los imputados en los delitos de homicidio agravado y homicidio en grado de tentativa se hallan comunicados y que el plazo legal para que se resuelvan sus situaciones procesales es de 10 días a partir del momento en que comenzaron a tomarse las declaraciones indagatorias, el viernes 10.
También confirmó que a ocho de ellos les dio positivo el dermotest (análisis de pólvora en las manos) y que se tomaron declaraciones testimoniales a una veintena de personas que circunstancialmente estuvieron en el epicentro del enfrentamiento.
Al respecto, Puricelli señaló que habría pruebas de que fueron los manifestantes de la UOCRA los que comenzaron la agresión y que en las paredes del frente del edificio del Sindicato Petrolero quedaron las marcas de al menos 18 balazos, por lo cual se radicó una denuncia penal.
