La Marcha Nacional de la Marihuana tuvo como eje el pedido de una nueva ley de drogas que regule el uso adulto y amnistía a los condenados por plantar.
Una caravana verde de miles de personas unió las plazas más emblemáticas de la República y tocó con un mismo reclamo dos de los tres poderes de gobierno: el Ejecutivo (la Rosada, Plaza de Mayo) y el Legislativo (el Congreso) recibieron este jueves, como cada año, el pedido popular para que se regule el uso adulto del cannabis, prohibido desde hace décadas, introduce Infobae.
Una nueva ley de drogas (criticada en 2009 por la Corte Suprema con el fallo Arriola), no más presos y presas por plantar, amnistía y libertad a los condenados por cultivo y que el Presidente firme el decreto reglamentario de la nueva ley que fomenta la industria del cannabis para todos los usos.
A pesar de que en Argentina los usuarios aprobados por el Ministerio de Salud pueden cultivar, consumir y hasta transportar dentro del territorio nacional cannabis en aceite o flores, las fuerzas de seguridad de todas las provincias, y también las federales, mantienen la costumbre, amparadas en la ley, de perseguir y llevar a la Justicia casos de consumidores de marihuana, cultivadores o incluso vendedores barriales “informales”, por fuera del circuito del narcotráfico “oficial”, sin armas, ni violencia ni redes de distribución.
La Justicia los recibe y, lejos de asumir el fallo Arriola como referencia, muchas veces procesa, condena y encarcela.
Por eso el pedido de unas diez mil personas se repitió -entre ellas se destacó la madre de Plaza de Mayo Norita Cortiñas, usuaria de cannabis-. “En 2021, se abrieron 13.339 causas bajo la Ley 23.737 (de drogas), de las cuales el 50% es tenencia para consumo personal y mayormente de marihuana. A su vez, el 98% de las personas trans en contexto de encierro lo está producto de esta misma legislación. Una industria equitativa, con equidad de género, solidaria y socialmente justa, no puede emerger mientras lxs cultivadorxs argentinxs siguen privados de su libertad”, comunicó la organización de esta Marcha Nacional de la Marihuana, conformada por 75 agrupaciones cannábicas de todo el país.
Otro de los reclamos principales fue para que el Ejecutivo reglamente antes de finales de este mes (se vence el plazo) la ley de la industria del cannabis para que se formalicen los emprendimientos que ya están funcionando y la situación de sus trabajadores. Semanas atrás el Instituto Nacional de Semillas (INASE) habilitó a nueve criadores de cannabis para comercializar legalmente, en viveros y growshops, semillas y plantines de cannabis para usuarios del Reprocann y productores.
“La industria ya existe, ellos la desarrollaron y el Estado debe hacerse cargo de involucrarnos de un modo justo y real que reconozca la larga historia de marginación de los sistemas laborales tradicionales que han sufrido y siguen sufriendo al día de hoy. Las personas que hoy alojan el conocimiento y la experiencia en lo que a la cadena de valor del cannabis respecta son desprotegidos por las regulaciones laborales, lo cual los convierte en sujetos vulnerables que deben contar con un especial régimen protectorio”, comentó el abogado Piero Liebman, especializado en la temática.
Respecto de este último punto, fuentes del gobierno confirmaron a Infobae que la reglamentación se presentará en no más de siete días. En principio habría un decreto que nombrará al Presidente de la Agencia Regulatoria del Cannabis (Ariccame) y luego se formalizará el directorio, con un representante de los ministerios de Salud, Ciencia y Tecnología y Seguridad, y otro de la secretaría de Industria. Los nombres ya están.
