La prestigiosa organización Green Cross Argentina, a través de su dirigente Marisa Arienza, afirmó que la minería con controles podría ser ‘una alternativa’ para generar recursos en la meseta chubutense.
Además, sostuvo que el cuidado del agua en Chubut debería tener “rango constitucional” y coincidió con la propuesta del gobierno de incluirlo en una reforma constituyente. La organización ambientalista fundada por Mijail Gorbachov, realizó un estudio sobre cuencas hídricas en la meseta.
Arienza determinó que “las comunidades locales” deben decidir sobre el desarrollo de la minería. Consultada por los debates llamó a regirse por “estudios científicos con datos duros y contrastables”, y no dejarse coptar por “ideologismos” que no se ajustan a la realidad particular de cada zona geográfica.
La ONG Green Cross Argentina ha realizado diversos estudios del agua en la meseta chubutense y otras regiones de la Argentina. Tiene sedes en 30 países e impulsan tratados internacionales para legislar el cuidado del recurso. Realizó estudios en la meseta chubutenses cuando entró en erupción el volcán Puyehue. Concluyeron que la minería es una de las alternativas viables para salir de la crisis, ante “el fracaso de todas las iniciativas a lo largo de por lo menos 30 años”, sentenció Arenza.
Minería en la meseta
Según estudios del agua realizados, Arienza consideró que la minería en la meseta “es una alternativa que podría dinamizar fuertemente la economía de la meseta, solo si se la encara con responsabilidad ambiental social empresaria”. Asimismo advirtió que lo ideal es que la explotación del recurso contemple el desarrollo de otras actividades porque la minería “tiene fecha de expiración”. De los estudios realizados -cotinuó- se desprende que en principio “hay que evaluar el impacto de Aluar en Puerto Madryn que podría generar alguna actividad hacia la meseta y que podría ayudar”.
En segundo término, la dirigente de Green Cross remarcó que no solo el Estado provincial sino las comunidades deben estar preparadas para ejercer los controles necesarios a la minería. “Tienen que ser un participante activo y no alguien que meramente sea manejado por ingenieros”, aclaró.
Con respecto a los reparos de la explotación, Arienza mencionó que “una de las cosas que a nosotros nos da miedo es que en la meseta que hoy en día se sabe que hay una cantidad muy importante de agua, es el equivalente a tres diques Ameghino bajo tierra.
Y agregó que “esto sin contar la cuenca que tiene por debajo Gastre, estamos hablando de una zona donde no se haya desarrollado, por lo menos en los últimos 50 años, es un verdadero crimen de índole de responsabilidad del Estado mayúsculo”.
El caso de Esquel
Por otra parte, Arienza se mostró de acuerdo con que “las empresas no pueden instalarse en los lugares donde no tengan un consenso social local”. Por eso consideró que hubo “desatenciones” de las empresas mineras a la población de Esquel y respetó su negativa a permitir la explotación.
“Desde el vamos fueron desconsiderados los habitantes de Esquel, desconsiderados por parte de la minería, no fueron tomados en cuenta”, sostuvo la dirigente ambiental.
Por esta razón, destacó que “me parece que es muy válido la posición que han tomado porque la han tomado con argumentos donde dijeron esto es una disrupción de nuestro modo de vida, tenemos alternativas donde podemos desarrollarnos y bien”.
En este sentido, Arienza se opuso enfáticamente a los lobbies de inversionistas que vienen de Buenos Aires a operar a favor o en contra de la minería. “Eso lo tiene que decidir la comunidad local, porque si después una asamblea es liderada por cuatro ilustres de Buenos Aires que después vuelven a sus casas de confort, yo eso no lo valido”, sentenció.
Ciencia y prejuicio
Por otro lado, Arienza llamó a derribar los prejuicios no fundados en teorías científicas, sobre la sustentabilidad de la explotación minera. “Acá hay también una cuestión que yo creo que hay que transparentar. Cuando se discuten criterios técnicos y los técnicos son de primer nivel en su especialidad, las actividades productivas no son ciencias sociales”, explicó la drigente ambiental.
De esta manera, dejó en claro que existen “datos duros, mediciones, pruebas de laboratorios que para ser válidas tienen que poder ser replicadas por todos los que estudian, esto cualquiera sea su pensamiento”.
Arienza lamentó que a diferencia de otros países avanzados, en la Argentina hemos “fracasado” a la hora de adherir a tratados internacionales de la ONU. “El derecho al agua es un tema que debiera elevarse a nivel constitucional, porque el cuidado del agua es como el cuidado del aire”, determinó la dirigente.
