Emitieron un documento donde repasan los problemas presupuestarios que afrontan.
Los rectores de universidades de la Patagonia emitieron un documento en el que advierten sobre la difícil situación que atraviesan estas instituciones ante los recortes presupuestarios aplicados por el gobierno nacional. El grupo , lo que acrecienta los problemas edilicios y pone en riesgo grave la continuidad de funcionamiento.
«Las universidades nacionales estamos padeciendo restricciones económicas significativas. El presupuesto universitario 2018 se ha venido subejecutando. Para gastos no salariales de funcionamiento, durante los primeros seis meses del año recibimos solamente fondos para un mes y medio, recién ahora hemos percibido los fondos correspondientes a los primeros cinco meses del año. El retraso en la recepción de los fondos sumado al proceso inflacionario ha provocado situaciones de asfixia económica y financiera», indica el documento.
El CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) ha estimado que del presupuesto 2018 por $4642 millones para infraestructura universitaria, el 84,3% corresponde a obras con problemas de continuidad. A esto, se suma la paritaria nacional de los docentes universitarios que está trabada porque el Estado nacional ha ofertado apenas un 15% de aumento sin cláusula gatillo, en un escenario de inflación anual, reconocida por el propio gobierno, que rondará el 32%.
«Los 56 rectores de universidades nacionales hemos acordado un plan de acción a partir del incumplimiento de las promesas de regularización de las obras y los gastos de funcionamiento, así como de la necesidad de recomposición salarial de los trabajadores docentes y no docentes. Las universidades patagónicas son de las más afectadas por el ajuste de las obras, ya que contamos con dos universidades de reciente creación (Tierra del Fuego y Río Negro), que no cuentan con edificios áulicos y de laboratorio, y las tres universidades con más de 10 años de antigûedad tienen importantes problemas edilicios», indica el comunicado.
«La medida suspendida por 30 días de anular el adicional por zona en las asignaciones familiares, y la hipótesis que el gobierno nacional avanzaría sobre el adicional por zona de los trabajadores activos sería catastrófico para el sistema universitario, científico y tecnológico patagónica. Para las universidades patagónicas una medida en esa dirección comprometería seriamente la calidad académica. Dicho adicional ha sido históricamente clave para atraer a nuestra región a profesores con experiencia provenientes de las universidades más tradicionales», apunta.
«Si bien el impacto tarifario es mayor en las universidades del conurbano bonaerense, para las universidades patagónicas el aumento de precios del transporte público y los combustibles, así como el incremento en el servicio de conectividad, tiene una incidencia negativa mucho mayor, porque nuestras universidades se caracterizan por un modelo de amplia cobertura de un vasto territorio de miles de kilómetros cuadrados de superficie, con significativas deseconomías de aglomeración en comparación con las universidades con una sola sede», describe.
«Pese a que la Patagonia cuenta con los principales yacimientos gasíferos -continúa el comunicado de los rectores-, la cobertura con gas natural no abarca todo el territorio. Cabe mencionar por ejemplo que un importante sector de la población patagónica se calefacciona con leña o carbón. Además, las inclemencias climáticas conllevan a un período mayor de consumo de gas»
El documento lleva las firmas de los rectores Juan José Castelucci (Universidad Nacional de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur), Gustavo Víctor Crisafulli (Universidad Nacional del Comahue), Juan Carlos Del Bello (Universidad Nacional de Río Negro), Carlos Manuel De Marziani (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco) y Hugo Santos Rojas (Universidad Nacional de la Patagonia Austral).
