Luego del primer triunfo legislativo del verano, al lograr aprobar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal antes de fin de año, el Gobierno ya se concentra en lo que será la discusión durante enero y febrero, meses en los que intentará sancionar la postergada reforma laboral, en medio de otros reclamos de la oposición.
Este martes finalizará el primer periodo de sesiones extraordinarias al que convocó el presidente Javier Milei, el cual tenía un temario ambicioso con varios proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, pero solo dos de ellos se aprobaron.
En el tintero quedaron, además de los cambios en el sistema de trabajo, los proyectos de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria; el nuevo Código Penal y la Ley de Glaciares.
Es que, ante un escenario adverso en el Congreso, a pesar de haber fortalecido al bloque tras las elecciones, el oficialismo decidió dejar para más adelante todas estas iniciativas y así focalizar el debate en las medidas que la Casa Rosada consideraba más prioritarias.
El Gobierno consiguió 46 votos para aprobar el Presupuesto 2026 (Jaime Olivos)
Ahora, después de que pasen dos semanas de descanso, Milei tiene previsto volver a llamar a sesiones extraordinarias para tratar, en la segunda parte del verano, estas cuestiones que quedaron pendientes.
Sin embargo, ese tiempo de dispersión no será para todos, ya que hay algunos integrantes del Gobierno que, a pesar de que no hubo una orden por parte de la cúpula sobre qué hacer, decidieron que no se tomarán vacaciones.
Tal es el caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien este martes encabezará una nueva conferencia de prensa para anunciar las últimas medidas de la administración libertaria antes de que termine el 2025.
De igual forma, el ministro del Interior, Diego Santilli, tiene pensado dedicar la primera mitad de enero a llevar adelante una nueva gira por el país para conversar personalmente con los gobernadores sobre la reforma laboral.
Durante este año, el funcionario visitó a Rogelio Frigerio, en Entre Ríos; Alfredo Cornejo, en Mendoza; Carlos Sadir, en Jujuy; Rolando Figueroa, en Neuquén; Gerardo Zamora, en Santiago del Estero; Hugo Passalacqua, en Misiones, y Gustavo Valdés, en Corrientes.
Al resto de los mandatarios los recibió en la Casa Rosada, incluso a algunos de los mencionados, y con los únicos con los que no se reunió fue con Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y con los de la oposición dura, Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintela (La Rioja).
Adorni y Santilli con los gobernadores Raúl Jalil y Marcelo Orrego
Tal como anticipó en una entrevista con Infobae la senadora Patricia Bullrich, entre el 16 y el 26 de enero próximos se revisarán los dictámenes tanto de este proyecto como el de la Ley de Glaciares.
La propia jefa de la bancada de La Libertad Avanza reconoció que la discusión “no será a libro cerrado”, sino que “ya hubo cambios y habrá más, pero siempre con el objetivo de sostener una mayoría amplia”.
En ese sentido, trabajará Santilli, con la misión de conseguir el apoyo de las provincias, algunas de las cuales vienen reclamando que se sume al temario las designaciones de los jueces federales vacantes.
De hecho, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, pidió recientemente que se analicen los pliegos para completar los tribunales, algo que requiere solamente de la aprobación en el Senado.
“Tenemos vacantes en la cobertura de jueces y eso supone la acción de los otros dos poderes. Hace más de dos años que esto está prácticamente paralizado y no hemos podido hacer nada”, lamentó el magistrado.
De acuerdo con datos del Consejo de la Magistratura, de los 1.002 jueces titulares que debería haber en todo el país, hay 337 lugares que aún están disponibles, para los cuales ya hay 153 candidatos que están esperando el visto bueno del Congreso.Bullrich junto a los senadores de LLA
Sin embargo, las autoridades nacionales no tienen intenciones de avanzar con ese asunto en el corto plazo y la cuestión sería abordada recién en marzo o abril del año que viene.
Es que, el Gobierno todavía tiene que definir quién va a ser el futuro ministro de Justicia cuando finalmente se retire Mariano Cúneo Libarona, que amagó con renunciar en noviembre, pero continuó en el cargo por pedido expreso de Milei.
Además, también resta saber qué ocurrirá con la propia Corte, que actualmente está funcionando solamente con tres miembros, debido a que no hubo acuerdo con la oposición para elegir a los dos faltantes.
Así las cosas, desde el 26 de enero y hasta el 10 de febrero, el Senado buscará tratar en el recinto la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares, por lo que el ministro del Interior tendrá hasta ese momento para reunir las voluntades de los gobernadores.
Por su parte, luego de conseguir su primera victoria como jefa del bloque, Bullrich sí se tomará unos días de descanso antes de retomar las negociaciones para el resto de las iniciativas.
Qué plantea la reforma laboral
La iniciativa fue elaborada por el Consejo de Mayo (REUTERS/Agustin Marcarian)
La medida en cuestión incorpora lineamientos sobre modernización de las normativas de trabajo vigentes, enfatizando cambios en áreas críticas como vacaciones, indemnizaciones, despidos y la organización de horas laborales.
Tal como anticipó este medio, uno de los puntos principales del texto apunta a aumentar la seguridad jurídica de las empresas y desincentivar el litigio, en un contexto en que muchas pymes enfrentan juicios millonarios y cuestionan los argumentos que dieron lugar a los fallos desfavorables.
En este sentido, en cuanto a las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, se elimina la “justicia social” como criterio interpretativo para la aplicación de la norma y se otorga autoridad de cosa juzgada a los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios homologados, con el fin de reducir la judicialización.
Además, se crea un sistema de “banco de horas”, para compensar el tiempo extra trabajado, permite el fraccionamiento de las vacaciones y establece novedades como el Régimen de Incentivo a la Formalización y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el cual está destinado a cubrir los costos de las indemnizaciones en casos de despido.
El proyecto fue elaborado por el Consejo de Mayo, que se reunió a lo largo del 2025 y está integrado por representantes del Poder Ejecutivo, de la Cámara de Diputados, del Senado, de las provincias, del sindicalismo y del sector privado.
