Dio nuevas garantías a los empleados públicos”, dijo el legislador provincial por la Unión Cívica Radical chubutense.
El diputado radical, José Luis Lizurume, destacó que con la Ley de Violencia Laboral sancionada en diciembre y promulgada en enero a instancias del bloque de la UCR, los empleados públicos que sean perseguidos contarán con la posibilidad de defenderse y de evitar el acoso por parte de sus jefes, una realidad que “tiene que cambiar e incluso desde los gremios estatales se ha expresado el beneplácito a la Cámara, ya que esto da nuevas garantías al desarrollo de la actividad laboral”.
Señaló el ex gobernador que la violencia de este tipo “atenta el rendimiento del trabajador e influye en su vida no sólo laboral, sino social y laboral” por lo que la ley ahora “establece mecanismos, como dar cuenta al superior jerárquico, y si éste fuera el responsable debe recurrir a otra instancia, ya que la máxima autoridad del área es responsable de estas conductas según la ley”.
De este modo, el diputado puso de relieve los alcances de esta Ley que busca prevenir, sancionar, y erradicar todo acto de violencia, principalmente psicológica, que pudiera producirse en el ámbito laboral” remarcando que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cada seis personas en el mundo se enferma por este tipo de maltrato, que se conoce como el mal de “mobbing” o acoso psicológico en el trabajo y tiene el objetivo de destruir la estabilidad psicológica de un ser humano.
Recordó el legislador que la violencia laboral es toda acción ejercida en el ámbito del trabajo que manifieste abuso de poder por parte del empleador, del personal jerárquico, de quien tenga la función de mando, de un tercero vinculado directa o indirectamente con él o de quien tenga influencias de cualquier tipo sobre la superioridad.
Y expresó Lizurume que la violencia laboral produce consecuencias físicas y psíquicas en sus víctimas, alterando tanto su rendimiento como su integridad social. Este estado de vulnerabilidad e inseguridad se refleja en cuadros de ansiedad, irritabilidad, tensión, depresión, desgano, abulia, incapacidad para concentrarse, dolor de cabeza, fatiga crónica, además de enfermedades de origen psicosomático como alergias y trastornos gastrointestinales.
Ejemplos
Según esta ley que ya está en vigencia en los tres poderes de Chubut, la violencia ejercida en el ámbito laboral tiene un doble aspecto: hacia fuera, cuando se traduce en maltrato y arbitrariedades que reciben los ciudadanos en general y hacia adentro en tanto se ejerce sobre los empleados. Y ejemplificó el diputado que “si tu jefe llega y no te saluda, no te da trabajo, invita al resto de tus compañeros a una reunión y te excluye, te modifica el lugar de trabajo como castigo, va horadando la autoestima de la persona, la corrompe, la degrada. Eso es lisa y llanamente violencia y en eso hay mucho de perversidad».
Para la elaboración de la ley se consultó legislación de otras provincias y proyectos presentados en el Congreso de la Nación Argentina, y sanciona “toda acción ejercida sobre un trabajador por personal jerárquico que atente contra la dignidad, integridad física, sexual, psicológica o social de aquél mediante amenaza, intimidación, abuso de poder, acoso, acoso sexual, maltrato físico o psicológico, social, denigración u ofensa ejercida sobre un trabajador”.
Las sanciones pueden llegar a una suspensión de hasta 30 días, cesantía o exoneración, sin prestación de servicios ni percepción de haberes, y puede llegar hasta la suspensión preventiva del agente.
El trabajador que se considere víctima de este tipo de acciones deberá comunicar al superior jerárquico inmediato la presunta comisión del hecho ilícito, salvo que fuere éste quien lo hubiere cometido, en cuyo caso debe informarlo al funcionario superior al denunciado. La recepción de la denuncia debe notificarse al área de sumarios correspondiente, a los efectos de instruir la actuación sumarial pertinente.
Desde el inicio y hasta la finalización del procedimiento sancionatorio, la autoridad interviniente debe adoptar todos los recaudos necesarios que garanticen la confidencialidad, discrecionalidad y el resguardo absoluto de la identidad de las partes intervinientes como así también los testigos.
Y se establece que ningún trabajador que haya denunciado ser víctima de este tipo de acciones podrá ver modificadas sus condiciones de empleo por los hechos relacionados con la denuncia efectuada, y tendrá derecho a percibir una indemnización por daños y perjuicios equivalente a un año de remuneraciones.
