El cuestionado decreto 268/11 que otorgaba a los municipios el manejo de tierras públicas con bosque nativo, finalmente suspendido desde el Gobierno provincial por 60 días para ser debatido en el ámbito parlamentario, fue objeto nuevamente de tratamiento en la Legislatura por iniciativa del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical. Incluso la oposición destacó y valoró la marcha atrás del gobernador Mario Das Neves.
El radicalismo justificó la decisión en “la necesidad de insistir y aclarar la verdadera cuestión de fondo del tema” en alusión a la defensa del bosque nativo para las futuras generaciones y en las derivaciones que tuvo un encuentro programado con intendentes municipales cordilleranos, abordadas en la tarde del miércoles por el diputado Santiago Cárdenas, del PROVECh.
La discusión parlamentaria tuvo un inesperado desenlace cuando se tomó conocimiento, a través del diputado radical Carlos Lorenzo, que el Poder Ejecutivo Provincial había dispuesto la suspensión por 60 días del cuestionado decreto y el envío del tema para su análisis en la Legislatura provincial.
El gesto tuvo el reconocimiento del bloque radical, cuyos integrantes habían planteado en numerosas oportunidades la posibilidad de que “el gobernador (Mario Das Neves) haya sido sorprendido o sobrepasado, por no decir engañado”, al firmar el decreto 268 del 10 de marzo.
En su intervención inicial, Lorenzo consideró: “estamos en un momento precioso para resolver definitivamente esas zonas grises legislativas”, tal como describió al estado jurídico de la problemática, y planteó la urgencia de un abordaje general que, a su juicio, no se vio reflejado en el encuentro con los intendentes municipales celebrado durante la semana en la Legislatura.
“El decreto 268/11 involucra a El Maitén, El Hoyo, Epuyén, Esquel, Trevelin, Corcovado, Río Pico, Río Senguer aunque sus intendentes no estaban. Sólo fueron los de Lago Puelo, Iván Fernández, y de Cholila, Miguel Castro, en uso de licencia y electo por un nuevo período”, expresó para refutar la fundamentación del planteo de una discusión jurídica en una cuestión práctica, “en una necesidad de desarrollo urbano de varios de estos pueblo que no es cierta”, aclaró Lorenzo.
“La mayoría de los pueblos no tienen problemas. Seguramente en Lago Puelo haya que resolver algunos pero, por otro lado, tratar de fundamentar que el bosque nativo haya impedido el desarrollo urbano de Cholila es una gran mentira”, afirmó Lorenzo, corroborando, por otra parte, que los graves problemas de desarrollo urbano de El Hoyo “no son culpa del bosque nativo”.
Cuestionó al respecto la defensa de la decisión inicial del Poder Ejecutivo provincial planteada por el diputado Cárdenas, también ex intendente de El Hoyo, “cuando esa localidad es un pueblo ubicado en un valle, estrictamente rural, en el que existen chacras”.
Lorenzo pidió que “no se desvirtúen las cuestiones” y defendió la permanencia de la conducta por parte de la Unión Cívica Radical al responder a lo que llamó “patrañas y mentiras dichas en forma parcializada” por parte de defensores de la medida oficialista. “Las cosas hay que decirlas con verdades pero con verdades enteras”, aseguró.
“Hemos reconocido dificultades históricas en el manejo de las tierras públicas con bosque nativo. No hemos señalado con el dedo en ningún momento a la gestión de Das Neves. Es más, no hacemos responsable al gobernador de este decreto, sino a quienes lo asesoraron o al autor intelectual”, apuntó.
Poyecto del Radicalismo
Lorenzo reivindicó el proyecto de ley de bosques presentado en la sesión del martes por el radicalismo, “donde se lee que la intención política del bloque de la UCR es una propuesta de revisar los últimos cuarenta años, en lo que entran todos los signos partidarios, para tratar de recuperar el bosque nativo para lo que pensó el constituyente: las futuras generaciones”, señaló, propugnando “meterle pasión” a esta tarea en los próximos ocho meses, con un abordaje real de la temática.
Mencionó luego “a estos dos personajes que -puntualizó- vinieron (a la Legislatura) como intendentes municipales” a quienes atribuyó el intento en 2005 de ampliar los ejidos municipales con intenciones de negocios inmobiliarios.
El legislador radical anticipó además la decisión radical de plantear un conflicto de poderes en la justicia y auguró la presentación de amparos por parte de vecinos para derogar el decreto 268/11. “Es más -continuó- vamos a presentar un proyecto de ley para su derogación”, advirtiendo que “no miden el conflicto político en que han metido al gobernador por una intencionalidad de dos personas: Iván Fernández y Miguel Castro”, subrayó.
(El Patagónico)
