El segundo jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, comisario Antonio Zuñiga, se refirió en Radiocracia, a la denuncia pública realizada por la directora de la oficina de Derechos y Garantías Miriam Monasterolo sobre la existencia de lugares clandestinos de tortura en algunas comisarías de la ciudad.
“Me parece una denuncia extraña, más viniendo de una funcionaria del Municipio porque tenemos una muy buena relación con la Municipalidad”, dijo en Tarde en la Radio y añadió que “esto me cae chocante, más teniendo en cuenta que, si esta señora hace una denuncia pública de estas características, tengo entendido que debe tener algún antecedente”.
En ese sentido señaló que “yo la invito a esta señora a que visite dependencia por dependencia para que vea el estado de cada una de ellas, es más yo me comprometo a acompañarla”.
“Ella no puede ensuciar públicamente a una institución. Si ella considera que hay una irregularidad, no tenía más que acercarse a la Unidad Regional para charlar con nosotros y no salir a hablar sobre una situación que no está formalmente presentada todavía”, recalcó.
El comisario además adelantó que “yo hablé con el señor Omar Albornoz y él me aseguró que iba hablar con el intendente porque estas cuestiones no se pueden plantear de esta manera”.
Por su parte el procurador general Dr. Emilio Porras Hernández, indicó que “se trata de afirmaciones que dan pie al Ministerio Público para receptar la noticia y citar a la funcionaria para que aporte a las pruebas pertinentes”.
Sobre el tema aseveró que “desde el Ministerio se hacen inspecciones para conocer detalles de los lugares en donde se aloja a los detenidos. En ningún caso hemos advertido la existencia de estos lugares a los que se refiere la funcionaria pero debido a sus denuncias mañana (por el martes) se abre una causa, a cargo del fiscal que tome turno y él determinará el momento de citar a la funcionaria para que explique detalles de esta denuncia que es gravísima”.
De comprobarse que los dichos de Monasterolo no son ciertos, podría enfrentarse a “una multa y hasta un año de prisión”, aseguró Porras Hernández.
