En Santa Cruz, la Fiscalía Federal de Caleta Olivia dio curso favorable a una acción sumarísima que interpuso un grupo de delegados del Sindicato Petrolero de Santa Cruz, el dictamen convoca “en forma inmediata a una asamblea extraordinaria para llamar a elecciones” en el sindicato que hace dos años se encuentra intervenido por la Federación.
Según publica diario Patagónico, la resolución emitida con fecha del 27 de diciembre comunica que tanto el Ministerio de Trabajo de la Nación a través de su delegación regional, como la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles que lidera Alberto Roberti, tienen la obligación de proceder “a convocar en forma inmediata a una asamblea extraordinaria para llamar a alecciones” en el sindicato de base que tiene más de 8 mil afiliados en Caleta Olivia, Cañadón Seco, Pico Truncado, Las Heras y Río Gallegos.
El Sindicato Petrolero de Santa Cruz se encuentra intervenido hace ya dos años por la justicia provincial tras una feroz interna sindical que desembocó en la salida del último secretario general electo, Héctor Segovia junto al resto de la comisión directiva. Sin embargo, varios de sus miembros colaboran actualmente con la Federación en una suerte de “comisión normalizadora” que reemplazó el rótulo de “intervención” liderada inicialmente por Carlos Flaquier, quien hace pocos meses pasó a revestir en cuarteles de invierno.
NO ADMITE APELACION
El anuncio formal fue dado a conocer en una rueda de prensa ayer en horas de la tarde por los delegados que conforman la Agrupación Petroleros en Lucha liderada por Juan “Toja” Carabajal, al cual acompañaron David Barroso, Adolfo Vera, Ricardo Mosqueda, Francisco Miranda, Juan Villalba, José Ramos, José Galindo.
Junto a ellos estuvo presente el abogado patrocinante, Walter Chiara, quien en su momento inició las acciones legales tendientes a la normalización del gremio ante una cámara federal nacional que debe resolver cuestiones sindicales, pero en este caso se declaró incompetente de varias presentaciones.
En concreto, la instancia local ordena que en un plazo de diez días hábiles, tanto el Ministerio de Trabajo como la Federación, formalicen el llamado a asamblea de afiliados para definir la fecha de las elecciones y se elijan las nuevas autoridades.
Asimismo, el abogado Chiara aseguró que esta resolución no admite apelación alguna, por lo tanto es de expeditivo cumplimiento.
