La Justicia dispuso 15 allanamientos en el marco de la causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un expediente que ya salpica a funcionarios del Gobierno y que se profundiza con una nueva línea de investigación.
Según confirmó TN, los operativos —nueve en la Ciudad de Buenos Aires y seis en la Provincia— fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, y están a cargo de la Policía de la Ciudad y de la Bonaerense. La medida busca celulares, computadoras y dispositivos electrónicos que podrían contener pruebas clave. Por el momento, no hay órdenes de detención.
Fuentes judiciales explicaron que el avance de la investigación surgió tras el análisis de los teléfonos de los primeros involucrados, donde se habrían detectado nuevos nombres y comunicaciones vinculadas a la trama de presunta corrupción.
La causa se inició luego de que salieran a la luz los audios del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que hablaba de supuestos pedidos de coimas a laboratorios proveedores del organismo, mencionando a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y a su asesor Eduardo “Lule” Menem.
Los allanamientos se produjeron un día después de que la Cámara de Diputados aprobara las interpelaciones a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, por el escándalo, previstas para el miércoles próximo a las 14 horas.
Mientras tanto, el Gobierno nacional avanza con su propia auditoría interna. En los últimos días, el Ejecutivo recibió los documentos incautados por la Justicia durante los primeros allanamientos a la ANDIS. Entre ellos figuran facturas de compras vinculadas a la adquisición de medicamentos a distintas droguerías, muchas de las cuales no aparecen registradas en los portales públicos ni cuentan con trazabilidad dentro del sistema administrativo del Ministerio de Salud.
Desde la Casa Rosada reconocen que existen indicios de sobreprecios y que varias de las operaciones se habrían realizado sin contratos formales, a través de compulsas de precios repetidas, lo que dificultaría el control de transparencia.
El interventor del organismo, Alberto Vilches, recibió autorización judicial para acceder a las copias de la documentación, mientras el Gobierno analiza reformar el esquema autárquico de contrataciones para que las compras pasen a depender directamente del Ministerio de Salud.
El Ejecutivo prevé que el sumario administrativo dentro de la ANDIS dure no más de seis meses, y que los resultados de la auditoría se conozcan después de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
La investigación también alcanzará el manejo de las pensiones por invalidez, cuya reducción en los últimos meses generó polémica. Actualmente, la ANDIS cuenta con 921 empleados y un presupuesto anual de $3,74 billones, de los cuales $3,1 billones se destinan a seguridad social y más de $550.000 millones al área de salud.
El caso Spagnuolo, que comenzó como un escándalo político, ya se transformó en una causa judicial de alto impacto, con potenciales derivaciones administrativas y diplomáticas en las próximas semanas.
