El gobierno de Javier Milei acelera las gestiones para que el Senado apruebe en los primeros días de febrero la reforma laboral que impulsa. En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, y la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, encabezan las negociaciones para reunir los apoyos necesarios.
Con ese objetivo, la exministra de Seguridad adelantó la posibilidad de discutir modificaciones con la Confederación General del Trabajo (CGT) en el ámbito parlamentario. Si bien todavía no hubo contacto oficial, desde el sector gremial adelantan que el Gobierno «tiene que estar dispuestos a escuchar las propuestas y aceptar los rechazos», una situación que atan a eventuales medidas de fuerza.
Desde la CGT detallaron a C5N que, más allá de los dichos públicos de Bullrich, todavía no hubo ninguna información concreta u oficial del tema, pero aclaran que tienen predisposición para sentarse a discutir, siempre que sea en igualdad de condiciones y sin imposiciones. “Toda negociación de un proyecto del que no fuimos parte empieza mal. Te tiran encima un proyecto de ley y vos tenés que resolver si te gusta. Tienen que estar dispuestos a escuchar nuestras propuestas y aceptar los rechazos que tengamos”, recriminaron.
En ese sentido, mostraron su expectativa de que la convocatoria se concrete: “Estamos dispuestos a debatir. El Gobierno no puede ser autoritario y votar el tema a libro cerrado. Los trabajadores, que somos la parte más interesada del proyecto, tenemos que estar en la discusión”.
Al analizar en detalle el proyecto, son varios los aspectos que ven con preocupación, como el mecanismo de cálculo de indemnizaciones, el régimen de actividad gremial, la baja de aportes patronales que impacta en las obras sociales y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que implica una contribución mensual obligatoria del 3% de las remuneraciones base para el cálculo de las Contribuciones Patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
También, cuestionaron los términos en que el Gobierno busca dar el debate, centrado en términos de meritocracia, «costos laborales» y poner en igualdad de condiciones al trabajador y al empleador cuando parten de realidades diferentes. “El proyecto tiene un sesgo ideológico que es tratar de destruir el sindicato. Quieren debilitar la representación gremial”, advirtieron desde el entorno sindical.
“A nosotros nos interesa discutir cuáles son las propuestas para formalizar el 43 % de informalidad. Si vamos a una reforma laboral tiene que ser para generar trabajo, esa tiene que ser la base de la discusión”.
