Sigue pendiente la definición sobre el pedido para suspender el proceso de discovery impulsado por Burford.
En el marco del juicio por la expropiación de YPF que se tramita en los tribunales de Estados Unidos, la República Argentina presentó una declaración jurada ante la jueza Loretta Preska, en cumplimiento de una orden del tribunal vinculada al proceso de discovery impulsado por los demandantes. El escrito fue presentado por el secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Economía, a pedido expreso de la Justicia estadounidense.
Según lo informado, la declaración jurada dejó asentado que esa repartición no posee conocimiento sobre la información solicitada, en particular respecto de la ubicación del oro que integra las reservas del Banco Central. La presentación se limitó a cumplir formalmente con lo requerido por el tribunal, sin aportar datos adicionales ni abrir nuevas vías de acceso a información sensible.
Juicio por YPF en Estados Unidos: el Gobierno presentó una declaración sobre el oro y reafirmó la inmunidad de las reservas
En paralelo, el Estado argentino reiteró una posición central de su estrategia de defensa: las reservas del Banco Central gozan de inmunidad soberana y no están sujetas a ejecución ni en Estados Unidos, ni en la Argentina, ni en ningún otro país, independientemente de los pedidos de discovery formulados por los demandantes. Esa inmunidad, sostienen fuentes oficiales, está amparada por el derecho internacional, la legislación local y los principios que rigen la separación entre el Estado y su banco central.
Mientras tanto, sigue pendiente la definición sobre el pedido de suspensión de todo el proceso de discovery que presentó la defensa argentina ante la jueza Preska. En caso de que ese planteo sea rechazado, el Gobierno anticipó que recurrirá a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, en busca de frenar una instancia que considera improcedente y abusiva.
Puertas adentro, el tono es de fuerte rechazo a la estrategia de Burford. Fuentes consultadas consideran que los pedidos impulsados por el fondo exceden el marco del litigio y avanzan sobre terrenos que vulneran la legislación argentina, la Constitución Nacional y principios básicos del derecho internacional. La decisión oficial es no convalidar reclamos que, entienden, buscan forzar precedentes sobre activos soberanos que están protegidos por normas internacionales.
