Durante la entrevista con Carlos Di Filippo, el funcionario también se refirió en primer término a la reciente muerte de su padre, Reinaldo Iturrioz, histórico vecino de José de San Martín, a quien definió como “un poblador de toda la vida” ligado a la producción ganadera y al comercio local. Recordó que su familia fue de las primeras de la localidad, vinculada al tradicional Hotel Argentino, y relató anécdotas de su abuela, que quedó viuda muy joven con dos hijos y un campo a cargo, historia que él sintetizó como “el ejemplo de una mujer verdaderamente empoderada”.
Luego, el ministro pasó al tema que motivó el llamado a la radio: la nota que indicaba que, por falta de lugar para alojar mujeres detenidas, la Justicia había otorgado la libertad a una imputada. “La información es falsa, no tiene otra forma de adjetivarla”, afirmó Iturrioz, y explicó que se comunicó con la fiscal Andrea Rubio para aclarar la situación. Según indicó, el argumento de la falta de cupos fue mencionado por la defensa y considerado entre varios elementos por la jueza, pero “no fue el motivo fundamental” de la resolución.
Iturrioz precisó que en el IPP existe “un pabellón íntegramente dedicado a mujeres” con capacidad para 36 internas y que actualmente alberga “solo 12”. Añadió que en Comodoro Rivadavia también había un pabellón femenino en la alcaidía, que fue incendiado por las propias detenidas, y que posteriormente se reacondicionó la Comisaría Seccional Sexta como “mini alcaidía femenina”, iniciativa que incluso se presentó en su momento como una dependencia “con perspectiva de género”.
Según el ministro, ese espacio también fue dañado por un incendio originado por una interna y, más tarde, quedó inhabilitado para uso permanente por decisión judicial. Señaló que la jueza Arcuri resolvió que el lugar se destine solo a detenidos transitorios, pese a que había sido acondicionado para mujeres, lo que a su criterio implicó “poner a gusto personal muchos millones de pesos que invirtió la Administración Pública”.
En un tono visiblemente molesto, Iturrioz cuestionó el sistema de control sobre las personas privadas de la libertad y apuntó contra los jueces de ejecución. Sostuvo que “queman pabellones y no hay sanción” y que cada vez que se daña una unidad de detención el Estado debe reasignar presupuesto para repararla, en detrimento de otras áreas sensibles como la infancia. También aseguró que en los establecimientos penitenciarios “entran drogas a diario”, que los procedimientos deben hacerse con extremo cuidado “porque hay policías condenados por las requisas” y que se trata de “un círculo vicioso” en el que “los recursos del Estado se van como agua entre las manos”.
“Estoy recaliente”, admitió el funcionario, y reclamó que “los jueces de una vez se pongan a cuidar a la sociedad y no a quienes la ofenden”. En ese marco insistió en que la versión sobre la liberación por falta de cupo es parte de “una campaña” y subrayó que su gestión se sostiene en datos concretos: “Tengo números, el que quiera verlos que venga y los vea”, remarcó.
En otro tramo de la entrevista, Iturrioz fue consultado por la situación de Trelew, luego de que en el Concejo Deliberante se debatiera sobre la inseguridad a partir del caso de una comerciante atacada a puñaladas por una mujer con tobillera electrónica. Relató que la agresora contaba con prisión domiciliaria y que el centro de monitoreo detectó la violación del perímetro, lo que permitió que una policía franco de servicio, alertada por el sistema, reaccionara rápidamente y detuviera a la atacante.
Sobre las críticas vinculadas al Comando Unificado y los reclamos de que brinde explicaciones en el ámbito legislativo, el ministro aseguró que está dispuesto a presentarse cuando sea convocado. “Cada vez que me invitaron fui”, dijo, y remarcó que asistirá “de muy buen grado” si el Concejo Deliberante lo cita formalmente, con la intención de mostrar los indicadores del área y “dar cuentas” de su trabajo al frente del Ministerio de Seguridad.
