Iturrioz aseguró que «algunos de los domicilios allanados eran ficticios o estaban abandonados»

El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, explicó que durante los allanamientos realizados en el marco de la causa Emergencia Climática II se encontraron propiedades vinculadas a exfuncionarios municipales que no estaban habitadas o no existían, lo que demoró los procedimientos.

miércoles 27/08/2025 - 20:19
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El fiscal jefe Cristian Olazábal y el ministro de Seguridad de la provincia, Héctor Iturrioz, lideraron este miércoles tres allanamientos en domicilios vinculados a exfuncionarios de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, en un expediente que se desprende de la causa Emergencia Climática, tras el temporal ocurrido en 2017. Los procedimientos fueron ordenados por el juez penal Jorge Odorisio.

Tras las diligencias, Olazábal brindó una conferencia de prensa acompañado por Iturrioz, donde se informaron detalles de la investigación que ahora se conoce como Emergencia Climática II.

El ministro de Seguridad destacó la complejidad de estas causas de corrupción y defendió la labor judicial: “A mí me ha tocado intervenir en varias causas de corrupción y corroboré que siempre tratan de darle un tinte político a sus delitos. Si investigas un delito, dicen que respondes a un sector en particular”.

Iturrioz agregó que durante la investigación inicial de la Emergencia Climática no se realizaron detenciones preventivas porque consideró que no eran necesarias, y que todas las causas llegaron a juicio sin medidas de coerción personal: “No sé por qué tanta dilación, el Superior Tribunal de Justicia tiene que pronunciarse”, señaló.

Sobre los allanamientos realizados este miércoles, el ministro explicó que se encontraron múltiples domicilios de las personas investigadas, algunos de ellos abandonados o ficticios, lo que complicó el operativo.

La causa Emergencia Climática II investiga presuntas irregularidades en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia relacionadas con la gestión y utilización de fondos tras el temporal de 2017, y continúa bajo la supervisión del fiscal y el juez penal.

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