El fin de la intervención en el Sindicato Petrolero y Gas Privado de Santa Cruz dejó al desnudo una serie de irregularidades denunciadas públicamente por Roque Vitale, delegado normalizador designado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, con el aval de la juez federal Marta Yáñez.
Según publica diario Patagónico, en rueda de prensa que ofreciera el viernes en la sede gremial de esta ciudad, acompañado por cuatro de los ocho delegados obreros elegidos en asamblea, el normalizador Roque Vitale reveló que si bien hubo un cambio de firma en las cuentas de la institución, sólo se disponen de 160 mil pesos que apenas alcanzan para pagar sueldos del personal administrativo “pero no sabemos por qué no ingresa más dinero” proveniente del aporte de afiliados.
Vitale, quien también es delegado zonal de la cartera laboral nacional, manifestó que incluso nada se sabe de los catorce vehículos que pertenecen al gremio, aunque ayer Diario Patagónico pudo verificar que tres camionetas se hallan resguardadas y precintadas en el patio de la Comisaría Seccional Segunda y que fueron entregadas por el ex delegado interventor Rubén Retamozo.
Por otro lado, los delegados obreros que lo acompañaban, Juan Carabajal, Ramón Ahumada , Omar Vera y Ricardo Mosqueda, confirmaron que las sedes gremiales de Pico Truncado y Las Heras permanecen tomadas por gente que no tiene relación con el proceso de normalización.
Cabe destacar que dijeron desconocer si se trata de desocupados o bien de algunos referentes de la Federación que aún se muestran reticentes a acatar las disposiciones del Juzgado Federal de Caleta Olivia.
De hecho, el camino hacia la normalización total del gremio es “sumamente difícil”, admitió Vitale, a pesar que ya está prácticamente decidido que el 14 de mayo se realice una asamblea para designar a miembros de Junta Electoral, instancia prioritaria para el llamado a elecciones para designar a la nueva comisión directiva.
El normalizador confirmó además que mañana viajará a Buenos Aires para brindar un informe pormenorizado al ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, sobre la “situación caótica” en que se encuentra el gremio que estuvo intervenido por dos años. Para dar más ponderación a sus dichos, afirmó que las anomalías no son solo administrativas, sino que también están vinculadas a la obra social ya que se dieron casos de gente que falleció presuntamente por no haber tenido la cobertura de salud adecuada.
A esto se suman múltiples problemas laborales, algunos de los cuales llevan más de un año sin resolver, por lo cual, sostuvo, “queda en evidencia que hubo una inacción manifiesta” por parte de la gente que estuvo al frente del sindicato durante la intervención.
Luego, al insistírsele que diera mayores precisiones sobre las cuentas del sindicato, indicó que “no están bloqueadas, están receptoras de dinero pero no llega nada y no entiendo por qué ocurre ello a pesar que se hizo un cambio de firma”, por lo cual adelantó que solicitará que un cuerpo de auditores del Ministerio de Trabajo se ocupe de verificar la situación.
