Se inicia el proceso de juicio político a los tres miembros de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia por el caso de la muerte del joven Rodrigo Méndez.
Rawson (Corresponsal).- La Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura que preside la diputada del FpV, María José Llanes emitió un dictamen unánime que será presentado en la sesión de hoy por lo que se declarará admisible el juicio político presentado el 23 de junio contra los ministros del Superior Tribunal de Justicia, Fernando Royer, Daniel Rebagliatti Russel y Alejandro Panizzi por parte de Oscar Rivas, Dorian Price y María Ángela Calisto Vera, padres de los jóvenes que fueron absueltos por el hecho.
También quedó conformada dentro de la sala de acusar la Comisión Investigadora que integrará la presidente del bloque del FpV, Argentina Martínez, Mirtha Romero, Javier Cisneros, Jerónimo García y Félix Sotomayor que analizará el contenido de la denuncia.
La diputada Maria José Llanes explicó que presentará el dictamen unánime de la admisibilidad formal de la petición del juicio y que si se aprueba en la Cámara se admitirá formalmente la solicitud de juicio político y se girarán las actuaciones a la Sala de Acusar y como ya se conformó la Comisión Investigadora empezará a trabajar en el contenido formal para investigar la verdad de los hechos en que se funda la acusación, disponiendo a ese fin de las más amplias facultades.
Nuevo juicio
Recordemos que la denuncia y pedido de remoción del cargo de los integrantes de la Sala Penal del STJ apunta a la revocación del fallo del caso Rodrigo Méndez, que el 16 de abril de 2010 tuvo una sentencia dictada por el Tribunal integrado por Darío Arguiano, Fabio Monti y Hernán Granda, sentencia que consideró que los acusadores con la prueba arrimada a proceso no lograron abonar ni la existencia del hecho ni tampoco, la participación de los acusados en el mismo.
Apelada la sentencia ante el STJ, el 17 de mayo del año pasado, la Sala Penal integrada por los Dres. Rebagliati Russell, Panizzi y Royer, resolvió revocar parcialmente la sentencia en el juicio por ser arbitraria, y ordenaron el reenvío a los fines de un nuevo juicio respecto de los jóvenes Price, Rivas y Pecorari.
Para los denunciantes, que la semana pasada estuvieron en la Comisión de Asuntos Constitucionales y se reunieron con algunos diputados, lo que no puede aceptarse y mucho menos ser indiferente, “imperando el despotismo” y aseguran que los tres ministros “faltaron a la verdad. Afirmaron defectos graves de la sentencia que debían examinar, cuando de la mera lectura de la misma surge con claridad que los defectos sindicados no se encuentran presentes”.
