Es para reactivar el sector. Unos 700 trabajadores rurales y 100 obreros industriales perdieron su fuente de trabajo en la provincia en los últimos años. También falta un millón y medio de cabezas de ganado. Las retenciones, elevadas cargas sociales e insumos cada vez más caros preocupan a productores y empresarios.
Unos 700 trabajadores rurales y 100 obreros industriales perdieron su fuente de trabajo en la provincia como consecuencia de la progresiva baja en la producción de ganado ovino que se viene registrando desde el 2007, que en la actualidad se traduce en el faltante de un millón y medio de cabezas de ganado, según informaron a El Chubut fuentes de la Federación de Sociedades Rurales del Chubut y la Cámara Lanera.
La disparada del dólar de este año, sumado a la elevada carga impositiva que debe afrontar tanto el sector ganadero como el industrial, terminaron por agravar la crisis que el sector primario viene sufriendo desde hace dos años, cuando las cenizas volcánicas y la sequía obligaron a una gran cantidad de productores de la meseta central a despedir a los empleados y a cerrar sus campos.
Si bien algunos productores creen que la situación climática va a mejorar y ven signos de recuperación en la región, las condiciones de producción desfavorables que establece el Gobierno nacional -retenciones, elevadas cargas sociales e insumos cada vez más caros-, los lleva a vislumbrar un panorama incierto que paraliza la actividad.
Efectos de la crisis
En el transcurso del último mes, la empresa Lanera Austral, una de las industrias emblemáticas de Chubut -provincia que representa la mayor producción de lana del país, con un 30 por ciento del total- despidió a 20 empleados, según confirmó el titular de la entidad, Juan Pablo Lefebre.
De la misma forma, la gran mayoría de las empresas laneras que trabajan con una producción a gran escala se vieron obligadas a reducir las jornadas laborales y a despedir empleados, según indicó el presidente de la Cámara Lanera, Máximo Gallia.
En tanto, los productores del sector primario más afectados son aquéllos que tienen un stock que va de 4.000 a 5.000 ovejas en la zona central de la meseta. Estos se vieron obligados a vender sus establecimientos rurales a grandes empresarios, quienes -según se comenta desde las entidades rurales- volvieron los campos improductivos y aprovecharon la crisis para generar un negocio inmobiliario.
Gestiones ante Nación
A fines de mayo, el secretario de Agricultura, Ganadería, Bosques y Pesca de la Provincia, Pedro Zudaire, mantuvo una reunión con autoridades del Gobierno nacional, al igual que los ministros del resto de las provincias de la Patagonia y representantes la Mesa Patagónica, con el propósito de acordar medidas para aliviar la elevada carga impositiva que deben abonar al Estado los productores ganaderos.
En este sentido, uno de los reclamos más firmes del sector apunta a las cargas sociales, que -tanto para la industria como para el campo- representan la mitad de los costos de producción. Al respecto, una de las propuestas esgrimidas por las patronales es derivar el 20 por ciento que deben abonar a los trabajadores en concepto de ‘zona desfavorable’, hacia otros impuestos como el IVA.
Según informó Zudaire, en la reunión se planteó la posibilidad de buscar un mecanismo para reducir las cargas sociales -no así las retenciones a las exportaciones-, y se acordó concretar un próximo encuentro en la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación, con autoridades de la AFIP, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo, para definir esta situación.
Zudaire reconoció que en la provincia falta un total de un millón y medio de cabezas de ganado ovino, aunque aclaró que estos datos son estimativos, puesto que la última encuesta ganadera finalizó en marzo de este año y todavía no están digitados los resultados oficiales.
Controversia
El titular de Uatre, Alberto Barra, adelantó que el gremio se opondrá rotundamente a la quita del 20 por ciento por ‘zona desfavorable’. Expresó que ‘es una conquista que por un error de la dirigencia perdimos en la década del noventa y nos llevó casi diez años recuperarla’.
En tanto, desde la Sociedad Rural aclararon que el propósito de las patronales no es dejar de pagar esta conquista de los trabajadores, sino buscar un mecanismo para que ese 20 por ciento más de costo que tienen los empresarios de la región con respecto al resto de los productores del país, les sea reintegrado como crédito a favor con la reducción de otros impuestos.
Críticas a la Ley Ovina
Desde la Sociedad Rural afirman que lejos de beneficiar a los pequeños y medianos productores que están desapareciendo, la ayuda económica estatal implementada a partir de la Ley Ovina, no brinda las condiciones necesarias para reactivar el sector productivo, sino que tiene un mero fin asistencialista.
Sobre esta cuestión, la presidenta de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, Digna de Blanco, señaló que parecería que el Estado “castiga al que quiere producir”.
Al respecto, el secretario de Agricultura, Ganadería, Bosques y Pesca, Pedro Zudaire, explicó que las acciones de la Unión Ejecutora Provincial de la Ley Ovina están enfocadas en solucionar los problemas de infraestructura, la adquisición de animales y la provisión, distribución y almacenamiento de agua. Al referirse a la forma en que se distribuyen los créditos, remarcó que es preferible que los productores afectados hagan presentaciones colectivas y aclaró que “no dejamos afuera a ningún sector”.
La mirada de los industriales
Si bien la Ley Ovina tiene mucho presupuesto, no induce a aumentar la producción o lo hace hasta ciertos límites. “Tampoco está fomentando una venta más fluida del producto”, explicó Lefebre al referirse a la crisis que está atravesando el sector, y agregó que “el Estado no estimula al sector primario para vender su producción”, asegurando que esta situación golpea directamente a la industria.
Por su parte, Gallia consideró que “el problema es que con el tipo de cambio oficial que tenemos -con las retenciones- termina dando como resultado un valor en pesos que no sirve para pagar los costos que genera la actividad”.
En este sentido, puntualizó que “los costos se han encarecido en función de una inflación que ronda el 25 por ciento por año y una devaluación que no supera el 20 por ciento”.
Por último, detalló que “de cada peso que pagás por un operario abonás un 50 por ciento más de contribuciones sociales. Si hoy en día tuviéramos un dólar a otros valores no estaríamos hablando de una mano de obra cara”, concluyó.
