Las autoridades esperan los resultados de las pericias balísticas y de ADN, que se estiman listas en tres meses, para formalizar la imputación del mayor, quien preliminarmente figura como partícipe necesario en un homicidio agravado.
El menor queda bajo la órbita del fuero de familia y el Servicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. El hecho se habría originado tras una discusión por una negativa a realizar una transacción con Mercado Pago, culminando en el disparo fatal a corta distancia.
La investigación sobre el homicidio de un comerciante de la zona sur comodorense, presuntamente ocurrido tras un intento de transacción fallida con una billetera virtual, continúa su curso, enfocándose ahora en la obtención de evidencia pericial para determinar el grado exacto de participación de los dos individuos involucrados.
Martín Cárcamo, Fiscal a cargo del caso confirmó que restan tareas periciales cruciales, incluyendo la pericia balística sobre el arma secuestrada y el análisis de ADN sobre las cachas del arma. El objetivo es confirmar la hipótesis inicial de que el menor no punible fue quien efectuó el disparo.
Dos fases del suceso
El hecho se reconstruyó en dos momentos claros. Inicialmente, las dos personas acudieron al local comercial para realizar una operación a través de Mercado Pago y obtener dinero en efectivo. Ante la negativa del propietario, se retiraron con la promesa de volver más tarde. Esta promesa se concretó, y en el segundo intento, se produjo el ataque fatal.
Se presume que el disparo se efectuó a muy corta distancia, con la víctima inclinada hacia atrás, a la altura del mostrador, debido a la trayectoria del orificio de entrada.
Situación legal de los implicados
En cuanto a la situación legal, la calificación inicial para la persona mayor de edad es homicidio agravado por el uso de armas de fuego, siendo considerada, en principio, como partícipe necesario, aunque las pericias podrían elevar su grado de participación a autor.
Respecto al menor, al ser declarado no punible, se requirió la intervención del fuero de familia en la audiencia del viernes pasado, conforme a la Ley 321. Esto implica que la autoridad de aplicación para disponer medidas correspondientes es el Servicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
El Fiscal indicó que, por el momento, no se imponen medidas de coerción contra el sospechoso mayor de edad, ya que ha comparecido, designado defensor y expresado su voluntad de someterse al proceso. Se estima que, tras agotar todas las tareas periciales, la imputación formal se realizará en un término aproximado de tres meses.
