Las apreciaciones de Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), marcaron el tono de la agenda industrial en las últimas jornadas. En una entrevista en Radio Mitre, el dirigente advirtió sobre “una caída en algunos sectores”industriales, señalando el freno en áreas que venían mostrando dificultades desde hace meses y enfatizando la persistencia de condiciones adversas como las tasas altas y la heterogeneidad del entramado manufacturero.

El presidente de la UIA expresó: “Vemos con preocupación cómo va a avanzar o cómo va a seguir la microeconomía, la actividad”. 

Rappallini identificó una multiplicidad de factores que inciden en la dinámica industrial reciente, entre ellos, el endurecimiento del crédito y la caída de indicadores clave en diversas ramas productivas. “La industria es muy heterogénea. Ya había sectores que venían con una caída y un párate, como construcción, textil, calzado, metalmecánico. Pero eso estamos viendo que se incrementó este último mes”, precisó durante la entrevista.

La conversación también giró en torno al resultado de las elecciones presidenciales y su impacto en la actividad fabril y la economía real. Rappallini sostuvo que no se trata de una cuestión meramente electoral, sino que se requiere una gestión política orientada al consenso y el diálogo, independientemente de los resultados de los próximos comicios. En ese contexto, propuso como horizonte de trabajo la búsqueda de acuerdos entre los distintos actores institucionales, en referencia tanto a los sectores políticos como económicos.

En el detalle de los sectores más afectados, el titular de la UIA dedicó especial atención a la construcción y sus industrias conexas. “El cemento venía con una caída importante y la última vez tuvo una caída intermensual. También podemos ver con el índice Construya, que tuvo una caída en julio-agosto intermensual, o sea, contra los meses anteriores, y ya está en niveles que eran el piso”, explicó Rappallini, aludiendo al freno registrado durante los meses previos en insumos claves del rubro.

En el plano macroeconómico, Rappallini compartió la visión de la Unión Industrial Argentina de acompañar la filosofía del orden fiscal y la necesidad de avanzar en la reducción de la inflación, aunque puso el foco en los asuntos microeconómicos. “Es un país que crezca y que genere oportunidades para todos, que vamos a ir por este camino, sin lugar a dudas”, sostuvo, y añadió: “Hay que poner un foco también en la actividad microeconómica, que vemos que con las tasas altas que estamos viviendo y estamos viendo algunos signos de caída de muchas actividades industriales que se habían recuperado”.

El presidente de la UIA destacó que, tras un periodo de recuperación iniciado en marzo, varias ramas manufactureras empezaron a mostrar retrocesos desde julio y agosto. 

“Sabemos que tocamos piso 2024, una recuperación hasta marzo, después un anestetamiento y desde julio y agosto estamos viendo una leve caída en algunos sectores”, subrayó. Sectores como textil, calzado, metalmecánico y construcción integran el núcleo que presentó caídas intermensuales y retroceso en las comparaciones respecto del primer semestre del año.

A lo largo de la entrevista, Rappallini enfatizó la necesidad de establecer mecanismos de diálogo y negociación entre el Gobierno y las entidades empresariales para revertir el retroceso en la actividad fabril. Se refirió explícitamente al diálogo como herramienta indispensable. “Creo que la democracia es diálogo y tratar de buscar encuentros y conciencias para gobernar. Yo creo que para mí la elección es importante para que marque un rumbo de lo que viene haciendo el Gobierno. Pero igualmente me parece que hoy lo que estamos viendo requiere otro tipo de gestión política, independientemente del resultado de las elecciones”, planteó.

Los datos aportados como contexto por la Unión Industrial Argentina ilustraron un escenario de lenta recuperación que tuvo freno en los últimos dos meses analizados. El índice Construya y los despachos de cemento reflejaron esa dinámica, mostrando caídas sostenidas conforme se acercaba el final del invierno.

Rappallini sugirió que la economía argentina tocó un piso en 2024, atravesó una breve etapa de recuperación hasta marzo y, posteriormente, el crecimiento perdió dinamismo. Desde mediados de año, comenzaron a visibilizarse señales de retroceso en industrias que habían registrado mejoras en los primeros meses.

El dirigente industrial remarcó el impacto de las tasas de interés y su repercusión en la inversión y el consumo. A su juicio, el encarecimiento del crédito afectó tanto a la producción como al acceso a bienes durables, ralentizando el flujo económico dentro del sistema industrial. Este fenómeno apareció más marcado en ramas vinculadas al consumo masivo y la construcción.

La actividad microeconómica, según el presidente de la UIA, demanda atención tanto de las autoridades gubernamentales como de los actores privados. El diagnóstico incluyó preocupación por la persistencia de los problemas en sectores de alta relevancia para el empleo y la generación de valor. Rappallini advirtió que las dificultades del sector se agudizaron en el último mes, con un incremento de las caídas intermensuales en varios indicadores.

El directivo de la UIA vinculó los desafíos industriales a un contexto político marcado por la incertidumbre y la falta de consensos claros entre los principales sectores institucionales. 

“Escuchaba y he escuchado muchos periodistas y la verdad que hay una turbulencia política importante que cree que hay que sentarse a dialogar con todos los actores políticos, económicos, cómo seguimos”, sostuvo, y conectó esta situación con la urgencia de definir estrategias con una mirada de largo plazo.

Desde la perspectiva de Rappallini, el desarrollo de la industria no puede depender únicamente del resultado de una elección o de medidas coyunturales. La necesidad de una gestión orientada al consenso y la planificación tuvo peso especial en sus declaraciones. Expresó que, tras los comicios, “el Gobierno va a tener que sentarse con todos los actores de la política y ver cómo se sigue para adelante”, respecto de los caminos posibles a partir de octubre.

En la entidad fabril piden articular un comité de crisis con la Secretaría de Energía para coordinar las interrupciones de suministro con las paradas que suelen hacer las empresas por vacaciones, mantenimiento o adecuación de líneas.

El presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, indicó que este tema formará parte de la reunión de Junta Directiva que realizarán este martes las autoridades de la entidad. Allí se buscará comenzar a delinear un mapa con las grandes plantas que podrían quedar afectadas y un plan de acción de contingencia para “colaborar” con el Gobierno en los momentos de consumo “pico”.

“Desde hace algunas semanas que nuestros técnicos se reúnen con funcionarios del área energética para conversar sobre los problemas que podemos tener en verano. Quisiéramos formar parte de un comité de crisis para armar planes de cortes”, explicó el titular de la casa fabril.

“Si las interrupciones se dan en diciembre es una catástrofe. Pero si es en enero, febrero o marzo se puede administrar con las paradas técnicas por vacaciones o mantenimiento. Cuánto más previsión tengamos, mejor”, sostuvo -según publica Infobae-.

Funes de Rioja recordó que durante el verano de 2022 el sector fabril se había puesto a disposición del entonces Gobierno de Alberto Fernández para reducir el consumo eléctrico en horas pico, en medio de lo que fue una crisis de cortes que afectaron a cientos de miles de usuarios residenciales en todo el país y, fundamentalmente, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En 2023, recordó, la crisis no llegó a implicar la colaboración de la industria.

Que una de las alternativas del Gobierno para mitigar los faltantes en generación para cubrir los picos de demanda que se esperan el próximo verano sea interrumpir el servicio en grandes usuarios genera preocupación entre los empresarios. Coincide en un momento de crisis en las ventas y, en consecuencia, en la producción.

Según los últimos datos de la UIA, la producción industrial acumula hasta julio 14 meses consecutivos de caídas interanuales y un desplome del 12,8% en el acumulado del 2024 respecto al mismo período del año pasado. La última encuesta de la entidad sobre 1.200 compañías arrojó que para el 69% de las empresas, la utilización de la capacidad instalada en julio fue menor a la considerada como óptima. La mayoría, 55,7%, espera recuperar niveles adecuados recién a partir de la segunda mitad de 2025.

Pocos días después de que en Bahía Blanca, el miércoles pasado, Daniel González, el secretario de Coordinación de Energía y Minería del gobierno, reconociera que en el próximo verano el sistema eléctrico enfrentaría desafíos pero no habría cortes programados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo, por el contrario, que los habrá, pues se prevé un verano caluroso y de alta demanda, a lo que se sumará la parada, a partir del próximo lunes y por cerca de dos años, de la central nuclear Atucha I, que aporta 362 MW al sistema eléctrico nacional.

“Se supone que si viene un verano de mucha temperatura puede haber una demanda muy alta de electricidad y con lo cual va a faltar generación y lamentablemente no ha habido inversiones en estos últimos tiempos, va a tener que programarse algún corte, sobre todo hacer algunos acuerdos con los sectores industriales”, dijo Francos en una entrevista radial en la que responsabilizó al kirchnerismo por la falta de inversión y el fuerte retraso tarifario acumulado, que el gobierno busca revertir.

Por eso la Secretaría de Energía trabaja en un “Programa de Emergencia Verano 2024-2025″ a plasmarse en una resolución a cuyo borrador accedió Infobae. El objetivo, dice, es “evitar, reducir o mitigar la crítica condición de abastecimiento de energía para el período estival 2024/2025, que comprende las acciones propias que implementará esta Secretaría de Energía en los segmentos de generación, transporte y distribución”

Incluye también “un mecanismo que contemple un adecuado incentivo a la instalación de sistemas de control y/o compensación con el fin de evitar colapsos de tensión” y en el caso de las distribuidoras “que cuenten con medidores inteligentes instalados en sus redes y/u otro mecanismo que permita su adecuado control y fiscalización, se incluirán mecanismos que estimulen el ofrecimiento a Cammesa de reducciones programadas de cargas de sus usuarios no residenciales, la que será remunerada de acuerdo a su contribución de energía al sistema”.

Ese mecanismo de reducción de cargas apuntará a los Grandes Usuarios Mayores (GUMAS), Grandes Usuarios Menores (GUMES) y Grandes Usuarios del Distribuidor (GUDIs), a instrumentarse con participación de Comercializadores del Mercado Mayorista o Distribuidoras “que actúen como agregadores de ofertas de reducción de carga a precio”. En otras palabras, el Gobierno está dispuesto a acordar con los grandes usuarios y consumidores de energía remunerarles su reducción de consumo para reducir la posibilidad y cantidad de cortes en el consumo residencial.

Para la entidad, las mayores restricciones a la importación de insumos, los elevados niveles de inflación y la suba de las tasas de interés atentan contra la actividad productiva.

El relevamiento –que cuenta con datos correspondientes a enero- identificó que el 45,2% de las empresas encuestadas registraron en enero una caída en la producción respecto del promedio del cuarto trimestre de 2022, alcanzando el valor más alto de toda la serie. En tanto, solo el 15,6% de las firmas indicaron que incrementaron su actividad durante ese período -según publica TN-.

La UIA explicó que si bien existe un efecto estacional (con menores niveles de actividad durante los meses de verano por el freno de plantas y la temporada de vacaciones), el porcentaje de empresas con incrementos en la producción había sido de 21,5% en enero de 2022 (que incluso se había visto afectado por la tercera ola de Covid-19) lo cual refleja una desaceleración de la producción durante el inicio de 2023.

En sintonía con la evolución de la producción, las ventas al mercado interno mostraron un menor dinamismo durante el primer mes del año: el 45,8% de las empresas informaron una caída con relación con el promedio del cuarto trimestre del 2022. Se trata de un retroceso considerable, ya que había sido de 35,5% en octubre de 2022 y de 28,9% en enero de 2022, alertó la entidad.

Ese menor dinamismo se observó también en las exportaciones, ya que el 34,3% de las empresas mostraron caídas respecto del cuarto trimestre de 2022.

Por su parte, las pequeñas y medianas industrias también informaron un menor nivel de producción y de ventas durante enero: por caso, un 45,8% de ellas registró caídas en la producción (en octubre de 2022 había sido de 30%), mientras que solo un 15,3% identificó subas (en comparación con el 21,7% registrado en octubre).

Fue menor, asimismo, el desempeño del empleo industrial: en enero, un 17,8% de las empresas indicó que redujo su dotación de personal respecto del promedio del cuarto trimestre de 2022. Se trata del valor más alto registrado en la serie y superó por primera vez al porcentaje de empresas con incrementos en su dotación de personal (que fue de 13,9% en el primer mes de este año).

Expectativas para los próximos meses

En otro orden, las expectativas de las empresas sobre su situación económica se encuentran en niveles bajos si se comparan a las que había a inicios de 2022. Solo el 31% de las compañías espera una mejora en su desempeño para los próximos meses, cuando a principios del año pasado más de la mitad de las empresas esperaba mejorar su situación.

Algo similar se observó en las expectativas de las empresas sobre la situación de su sector de actividad, con un 26,5% esperando un panorama más alentador para los próximos meses.

Perspectiva de género en la industria

Por otra parte, el informe de la UIA identificó el nivel de desarrollo e implementación de políticas con perspectiva de género dentro del sector productivo. Así, señaló que la participación de las mujeres en el mercado de trabajo registró en las últimas tres décadas un incremento considerable: a principios de la década del 90, poco más del 35% de las mujeres en edad de trabajar participaba del mercado laboral, mientras que en 2022 este porcentaje alcanzó el 50%.

Pero alertó que en los últimos años la participación femenina se estancó y persiste una brecha considerable en relación con la tasa de participación masculina, que supera el 70%.

En tanto, la presencia de mujeres en puestos de decisión continúa siendo baja: solo una de cada cuatro empresas grandes tiene más de un 20% de sus cargos directivos ocupados por mujeres. En el caso de las PyMEs, este porcentaje es mayor (37%).

El relevamiento arrojó además que un 36% de las empresas manifestaron que cuentan con un protocolo de violencia y acoso en el trabajo, mientras que otro 20% indicó que se encuentran desarrollándolo. En tanto, un 40% señaló que cuenta con licencias extendidas por paternidad, al tiempo que un 27% ofrece licencias extendidas por maternidad a sus trabajadoras.

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará mañana a Buenos Aires para avanzar con el gobierno en las discusiones de cara a un nuevo programa financiero. El objetivo oficial es refinanciar la deuda de USD 45.000 millones que la Argentina tiene con el organismo desde el acuerdo alcanzado en la administración de Mauricio Macri en 2018, indicó Infobae.

Se trata de la primera visita presencial desde el último encuentro de febrero, cuando el Gobierno, con tan solo dos meses de gestión, preparaba la estrategia de renegociación de deuda con los privados, que duró largos meses pero que finalmente fue exitosa. La misión de esta semana se enmarca directamente en lo que será la reestructuración de la deuda que el país tiene con la institución y cuya discusión formal comenzó a fines de agosto, cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el titular del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, le enviaron una carta a la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, pidiéndole encarar un nuevo programa.

Mañana llegarán al país la directora adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Julie Kozack, y el jefe de la misión para la Argentina, Luis Cubeddu, quienes se unirán al representante residente del FMI en el país, Trevor Alleyne, para participar de las distintas reuniones. A su vez, también habrá otros encuentros virtuales, afirmó días atrás un vocero de la entidad. Estarán en la Argentina hasta el fin de semana.

Fuentes del FMI remarcaron que habrá reuniones con funcionarios de los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Trabajo, entre otros. También con directivos del BCRA. Además, agregaron, los miembros del staff se reunirán con representantes del sector privado, economistas y sindicatos.

El Fondo ya tomó contacto con la UIA para tener un encuentro entre miércoles y jueves, y lo mismo hizo con los dirigentes sindicales de la CGT, con quienes se reunirá el miércoles. Fuentes de la central fabril indicaron que aún no está confirmado el formato y quiénes participarán, pero adelantaron que se definirá en las próximas horas y que hoy tomarán más conocimiento de los objetivos buscados por el Gobierno en el encuentro que mantendrán esta tarde en la Casa Rosada junto con el gabinete económico y los gremios.

Por parte de la CGT, estarán en la reunión de forma presencial Héctor Daer (Sanidad); Gerardo Martínez (Construcción); Gerardo Acuña (estaciones de servicio) y Andrés Rodríguez (UPCN), mientras que el resto del consejo directivo de la confederación participará del encuentro de manera remota. «“Hay que seguir los mismos lineamientos que en la conversación con los bonistas privados. Cualquier acuerdo que se haga con el Fondo no puede pasar por mayores sacrificios del pueblo argentino, existe la imposibilidad del país de hacer frente al terrible endeudamiento que heredó este gobierno”, enfatizó Daer a este medio.

En la UIA, en tanto, remarcaron que será clave remarcarle al staff del organismo internacional la necesidad de no seguir aumentando la presión impositiva, en momentos en que la actividad industrial intenta sacar la cabeza debajo del agua en medio de la pandemia. Además, buscarán reforzar este mensaje en un contexto en el que el Gobierno prepara una nueva reforma tributaria que estará enviando al Congreso en las próximas semanas.

Desde el FMI remarcaron días atrás que el objetivo principal de la misión, denominada “staff visit” por su naturaleza y carácter informal, será conocer en mayor detalles los planes económicos y las prioridades de política de las autoridades argentinas que podrían sustentar un programa respaldado por el FMI. El equipo estará en modo de escucha buscando obtener un mayor entendimiento de la agenda económica de las autoridades, agregó la fuente.

Los funcionarios llegarán a los pocos días de los últimos anuncios realizados por el Gobierno para aumentar la oferta de divisas y reducir su demanda, un paquete que busca evitar que se sigan yendo los dólares en un contexto de escasas reservas.

En el marco de los primeros reclamos salariales de los sindicatos a las empresas cuando recién empieza a flexibilizarse la cuarentena por la pandemia del coronavirus, la Unión Industrial Argentina (UIA) salió a advertir sobre la crisis del sector, los cierres y la caída de ventas.

Cabe recordar que días atrás el gremio La Bancaria logró un incremento salarial anual de 26% con revisión en noviembre próximo y Alimentación acordó aumentos vía montos fijos.

Por su parte, sindicatos como Metalúrgicos, Camioneros y algunas de las ramas de Comercio, ya empezaron a plantearles a los empresarios la necesidad de mejoras en los sueldos.

Mientras las empresas analizan cómo enfrentar estas demandas, el presidente de la UIA Miguel Acevedo, alertó este miércoles que la crisis económica que sufre el país es más grave que la de 2001, y advirtió que «cerrarán muchas” compañías.

«Muchas empresas cerrarán porque hace dos años que la actividad industrial viene bajando y estos últimos meses han sido de mucha dificultad. No hay empresas industriales con mucho resto. Y ahí habrá que ver cuáles son las que van a poder seguir trabajando», sostuvo el dirigente en declaraciones a Radio Rivadavia.

Y admitió: «Claramente, el asalariado ha perdido poder de compra. Eso no se discute. Pero las empresas han perdido capacidad de facturación y ventas».

Además, comentó que si bien «hay una reactivación en el interior del país y eso está reflejado en los datos de mayo, mes en el que la actividad creció casi 9% con relación a abril, observamos caídas interanuales que no veíamos desde 2001/2002».

Según el último informe sobre actividad industrial que la UIA difundió esta semana, la producción manufacturera cayó 26,1% interanual en mayo.

Por tercer mes consecutivo, en mayo la industria se vio seriamente afectada por la crisis sanitaria, durante la cual «las limitaciones operativas, así como la caída de la demanda interna y externa y las dificultades financieras, se reflejaron en una nueva caída del nivel de actividad de la industria», alertó la entidad empresaria.

El Gobierno continuará con la asistencia financiera a las empresas a través del programa ATP, pero de forma «selectiva»,  atendiendo a los sectores más golpeados por las restricciones impuestas por la pandemia. 

Así lo confirmó José Urtubey, dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA), entidad que este martes mantuvo una reunión virtual con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. 

«Nos confirmaron que los ATPs van a continuar, ya no como el que estaba en los meses pasados. Van a tener una diferenciación entre los que están en aislamiento», dijo Urtubey en declaraciones al canal A24. 

«En alguna medida, serán más selectivos con la asistencia. Los recursos son finitos y a partir de ahí se fijan las prioridades, que son las que se van a tener que establecer», dijo. 

Según el empresario, el ministro Kulfas les comentó que los detalles de la continuidad del programa se comunicarán en «2 o 3 días».  Respecto a si habrá algún tipo de asistencia por parte del Estado para el pago del medio aguinaldo de junio, Urtubey dijo que ese adicional «no entrará en los ATPs», pero que el Gobierno «lo va a dejar a la negociación sectorial, lo que luego deberá homologar el ministerio de Trabajo». Por caso se citó el de los estatales. Este martes se oficializó que el Estado les pagará en cuotas a aquellos que perciban un salario superior a $80 mil. 

La Confederación General del Trabajo (CGT) deliberará este jueves en un intento de contener el creciente malestar de un grupo de dirigentes que se sienten marginados de las grandes decisiones que se toman en la central obrera y que reclamarán una mayor participación.

El encuentro, que se realizará a las 14 en la sede de la UOCRA, fue formalmente convocado para que sindicalistas que no integran el consejo directivo tengan más información sobre los principales temas que está gestionando la conducción cegetista, pero en la práctica se producirá una coincidencia explosiva: la plana mayor de la central obrera les reprochará a algunos dirigentes que hayan criticado el acuerdo entre la UIA y la CGT para suspender trabajadores, mientras estos sindicalistas aprovecharán para quejarse por quedar al margen de ese tipo de negociaciones.

No es el único tema que genera mal clima interno: los críticos plantearán también sus protestas por el hecho de que la CGT tiene muchas dificultades para que la Superintendencia de Servicios de Salud distribuya de manera equitativa la plata adeudada del Fondo de Redistribución. En marzo y en abril, los sindicalistas se enteraron tarde de que ese organismo que preside Eugenio Zanarini había privilegiado en el reparto a la obra social de Camioneros y a las que triangulan sus aportes con las prepagas en desmedro de aquellas que tienen más afiliados.

En la última ocasión, sin embargo, el primer listado que se conoció y que confirmaba un manejo discrecional de $4.000 millones dio lugar a una queja de la CGT ante Zanarini, que finalmente accedió a modificar el criterio adoptado y utilizar uno imparcial sugerido por la central obrera.

En la reunión de la central obrera del jueves se espera una fuerte discusión: hay dirigentes molestos porque, según afirman, el grupo que maneja “no brinda mucha información sobre sus movimientos ni permite el debate interno”. En la práctica, la central obrera está piloteada por sus cotitulares, Héctor Daer (del Sindicato de Sanidad y enrolado en el sector de “los Gordos”) y Carlos Acuña (del personal estaciones de servicio y alineado con el barrionuevismo), más los tres miembros de la corriente de “los independientes”, Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), a quienes se sumaron en las últimas semanas el metalúrgico Antonio Caló y el mercantil Armando Cavalieri (otro miembro de “los Gordos”).

A la reunión del jueves estarán invitados dirigentes que no integran el consejo directivo cegetista, como Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Omar Viviani (peones de taxis) y Guillermo Moser (Luz y Fuerza), además de sindicalistas que sí tienen cargos en la central pero no integran la mesa chica que toma las decisiones, como Omar Maturano (La Fraternidad), Roberto Fernández (UTA) y Hugo Benítez (textiles), entre otros.

Una nueva encuesta realizada por la Unión Industrial Argentina (UIA) entre 1.329 empresas de diversas actividades, regiones y tamaños reveló que ocho de cada diez no pudieron acceder a los créditos bancarios al 24% y que el 81% de las firmas no pudo cobrar cheques en abril. A su vez, el 40% de las compañías tuvo más del 30% de los documentos sin cobrar.

El Centro de Estudios Económicos (CEU) de la central fabril distribuyó los resultados de la encuesta en un encuentro que mantuvo el comité ejecutivo, del que también participó, por un rato, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, ya que otro de los objetivos de la reunión era discutir de qué manera puede el Gobierno ir flexibilizando más actividades de la cuarentena.

El cuestionario que le llegó a los empresarios indagó sobre la caída de actividad, los problemas para pagar salarios, servicios e impuestos; el programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP), los créditos bancarios y el corte de la cadena de pagos. Sobre los préstamos al 24%, los datos que brindaron las industrias revelan que accedió el 20,2%; se lo rechazaron al 57,1%; y ni siquiera intentaron tomar la línea de asistencia el restante 22,7 por ciento.

Para el 22,5% de las empresas encuestadas, el principal inconveniente fue que pudieron acceder parcialmente a la línea por el límite impuesto por el banco, es decir que recibieron un monto inferior a lo declarado en el formulario 931 (cargas sociales). El 11,8% respondió que el banco les dijo no tener operativa esa línea; el 10,6% planteó que se les pidió una cantidad de papeles que no pudieron presentar y el 8,5% tuvo dificultades para contactarse con la entidad. Otro 8,3% señaló que no podían cumplir con la exigencia de las garantías y un 4,5% de las empresas afirmó que los fondos fueron asignados por el banco para el pago de cheques o el descubierto, y no para el pago de la nómina. El porcentaje restante contestó otros motivos.

«En líneas generales, las empresas atraviesan una fuerte interrupción de la producción y de las ventas. Esto se refleja tanto en las empresas que fueron declaradas afectadas en los términos del Programa de Asistencia a la Emergencia y a la Producción (Programa de ATP) como en el resto (no afectadas o esenciales), por lo que empresas de todos los sectores, tamaños y regiones están en problemas«, planteó la UIA.

El 71% de las empresas encuestadas se encuentra dentro de los sectores declarados afectados. En este grupo, el 64% de las empresas está sin producir; ∙ el 71% registra caídas de las ventas superiores al 60% y sólo el 2% no tuvo caída en su facturación. El otro 29% se encuentra dentro de los sectores no afectados (o esenciales). En este grupo, existen también numerosas dificultades: el 35% de las empresas se encuentra sin producir; el 43% registra caídas de sus ventas superiores al 60% y solo el 15% no sufrió menor demanda.

El informe destacó que, ante la crisis, los empresarios priorizaron el pago de salarios frente al resto de los costos fijos. En marzo, sólo el 12% no pudo pagar los sueldos en marzo, en tanto que para abril, “si bien sigue siendo elevado el porcentaje de empresas con dificultades para afrontar los pagos (el 44% de las empresas afirmó no tener liquidez para alcanzar a pagar el 50% de los sueldos), el avance del programa ATP para las empresas confirmadas, combinado por el acuerdo de suspensiones en el marco del artículo 223 bis, significó un fuerte alivio para las empresas”, indicó la entidad en el informe.

Aún así, de acuerdo al relevamiento, un 41% de las empresas no se inscribió en el ATP, algunas por falta de información (micro y pequeñas) y otras por no cumplir el criterio de facturación nominal.

Según remarcó la UIA, a este contexto preocupante se suma el resto de los costos, ya que las empresas no tienen recursos para hacerle frente. Un 38% no pudo pagar servicios públicos; un 48% no pagó a proveedores y un 57% no pudo pagar impuestos. “Frente a esto, todavía muchas empresas manifiestan ahogo financiero fruto de las dificultades para acceder a los programas de crédito anunciados. En el universo total de las empresas encuestadas se observa un corte en la cadena de pagos. El 81% de las empresas no pudo cobrar cheques en abril y hay un 60% de empresas con dificultades para el pago de sueldos sin acceso a crédito”, destacó el documento.

Frente a esta realidad, la entidad que dirige Miguel Acevedo enfatizó que para avanzar en las soluciones a esta crisis, resulta indispensable complementar el programa ATP con iniciativas financieras del Banco Central que permitan un mayor y más rápido acceso al sistema financiero.

Texto de Natalia Donato. Infobae.

El cosecretario general de la CGT Héctor Daer dijo hoy que el acuerdo entre la central obrera y la Unión Industrial Argentina (UIA) para garantizar el 75% del salario para los casos de suspensiones laborales «genera garantía de empleo y un piso de ingresos» ante el aislamiento social por la pandemia del coronavirus.

En diálogo con radio Continental, Daer negó que el acuerdo signifique un recorte de salarios. «Esto no es salario, es una percepción por suspensiones, por eso no es una rebaja de salario», explicó.

Se refirió de esta manera al acuerdo alcanzado ayer entre la UIA y la CGT, con la intervención del Gobierno, que obliga a las empresas a pagar el 75% del salario neto a los empleados que sean temporalmente suspendidos a causa de la inactividad derivada de la pandemia de coronavirus..

El acuerdo fue aceptado por la CGT a cambio del compromiso empresarial de no ordenar despidos e involucra a las compañías que se vieron forzadas a paralizar sus actividades a causa de las restricciones impuestas durante la pandemia, dijeron a Télam fuentes gremiales.

Según precisó hoy Daer, el acuerdo «solo rige para aquellos trabajadores que están suspendidos porque su actividad o su empresa no está funcionando».

«Se trata de preservar el empleo en aquellos sectores que no estén funcionando a raíz de la cuarentena», sostuvo Daer, que agregó que de esa manera se busca evitar «que muchas empresas, atosigadas por la situación de parálisis, bajen la persiana».

Aclaró que aquellos trabajadores «que van todos los días a trabajar, o lo hacen desde su casa, por la modalidad home office, cobrarán su salario completo, como aquellos que no concurren por razones de salud y edad“, y afirmó que el acuerdo no impide ni inhabilita negociaciones que otorguen un salario mayor al 75% en algún sector o empresa «que tenga la espalda suficiente como para pagarlo».

En tanto, el secretario general del gremio de la Sanidad consideró que «este paso que estamos dando es importante porque significa un puntapié clave para cuando podamos salir de la cuarentena y la pandemia», y se tenga que retomar al actividad económica, que «va a ser con muchísimo esfuerzo».

«Estoy seguro de que el Gobierno también lo ve así», indicó Daer, porque de esto «se sale con un gran acuerdo político y social», y puntualizó que el acuerdo tiene la posibilidad de ser prorrogado, con el aval del Ejecutivo.

Del mismo modo, consideró que en el mes de junio, cuando venza el decreto del Gobierno que dispuso una doble indemnización en caso de despidos injustificados, «habrá que evaluar la situación, y entiendo que el Gobierno podrá también prorrogarlo si es necesario».

Consultado por los fondos para las obras sociales sindicales, Daer recordó que la CGT pidió «que se generalizara un reparto de los expedientes y presentaciones» que están en la Superintendencia de Servicios de Salud, y lamentó que no esté funcionando: «Es un error», calificó.

«Vimos que se habían habiltado muchos sellos de goma de obras sociales armadas por grupitos de 200, 300 o 500 miembros que se llevaron millones y millones de pesos Esto fue lo que se vino armando durante los últimos dos años del gobierno anterior», aseguró.

La UIA y la CGT llegaron a un acuerdo con el Gobierno para definir el tope del descuento salarial de los trabajadores suspendidos por falta de tareas: será del 25% del sueldo neto y se plasmará en un decreto o resolución que servirá como orientación para las negociaciones que mantienen empresarios y sindicalistas durante abril y mayo.

El entendimiento, que se cerró luego de intensas tratativas que terminaron esta tarde, permitirá que quienes no tengan tareas como producto de la cuarentena podrán ser suspendidos y cobrarán una suma que no podrá ser menor al 75% del salario, alternativa que ya acordaron en distintas actividades, pero ahora se evitará la actual dispersión de porcentajes de baja de sueldos y este esquema se complementará con el pago del 50% del salario por parte del Estado que fijó el decreto 376.

El sindicalismo presionaba para que las suspensiones pagas, que se multiplicaron por la parálisis económica que provoca la cuarentena, se pudieran firmar dentro de un acuerdo general que estableciera un tope de rebaja salarial del 20%, pero para el empresariado esa cifra era “inviable”.

Lo que precipitó esta discusión desde hace una semana fue el dictado del decreto 376, mediante el cual el Gobierno se comprometió a pagar la mitad del sueldo de los trabajadores de las empresas en crisis (hasta un máximo de $33.750 por empleado) y el descuento de las contribuciones patronales.

De esta forma, la CGT planteó el martes pasado que que si el Estado pagará el 50% del sueldo de quienes están hoy sin tareas, el otro 50% podrían abonarlo las empresas para que los trabajadores puedan percibir sus salarios completos. La UIA rechazó esa propuesta porque considera que no sería justo que un empleado que no está trabajando cobre lo mismo que alguien que está cumpliendo sus tareas. Para intentar una solución, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, propuso entonces que ambas partes y el Gobierno definieran un piso de porcentaje salarial para las suspensiones que se ubique entre el 50% que proponen los empresarios y el 100% que pretenden los gremios.

Las negociaciones se intensificaron luego de que este fin de semana los dirigentes sindicales le comunicaron a la Casa Rosada que bajaban su pretensión del 100% al 80%, pero los negociadores de la UIA desestimaron esa propuesta y volvieron a discutir los términos del acuerdo.

La CGT quiere que el acuerdo marco fije una orientación general, sobre todo para los sindicatos más chicos y con menor margen de negociación, pero que delegue la aprobación de las suspensiones en los términos de una negociación con los empresarios dentro de cada convenio colectivo de trabajo.

Desde que se agravó la crisis económica por la cuarentena se presentaron ante el Ministerio de Trabajo 120 acuerdos de empresas y sindicatos que pactaron suspensiones pagas y la preservación de las fuentes de trabajo, de acuerdo con el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Si bien los despidos y las suspensiones están prohibidas desde el 31 de marzo por el decreto 329, en la misma norma, al incluir se contempla la posibilidad de que acuerden de manera individual o colectiva las suspensiones a cambio de una retribución no remunerativa si hay falta o disminución del trabajo.

Las suspensiones dentro de este esquema ya fueron firmadas por el sindicato mecánico (con reducciones salariales de entre el 30% y el 40%), los gremios petroleros (que acordaron una rebaja de sueldos del 40%), los empleados de autopistas de AUSA, la industria del calzado, las cadenas de comida rápida, la aerolínea Flybondi y esta mañana se sumaron los trabajadores textiles: la cámara acordó con el sindicato que encabeza Hugo Benítez que el personal suspendido cobrará durante tres meses una suma fija que oscila entre los 17.000 y los 20.000 pesos.

El otro tema crucial que la CGT está negociando con el Gobierno tiene que ver con la plata para el sistema de obras sociales. Esta tarde, los dirigentes sindicales estaban elaborando en la Federación de Sanidad una propuesta para que este mes se distribuyan “de manera equitativa” $4.000 millones del Fondo de Redistribución, que la Superintendencia de Servicios de Salud se aprestaba a repartir con un criterio considerado “discrecional” por algunos gremialistas.

La Superintendencia, encabezada por Eugenio Zanarini, ya había distribuido en forma polémica $2.800 millones en marzo, por lo que, ante la queja de la CGT, el funcionario se comprometió a hacerlo de manera consensuada al mes siguiente. Sin embargo, según el diario Clarín, el nuevo listado de beneficiarios privilegió nuevamente al sindicato de Hugo Moyano y hubo muchos casos de repartos de fondos realizados de manera arbitraria: por ejemplo, la obra social del Personal Superior de Mercedes Benz recibirá $24.281.387, mientras que a la obra social de la UOM, en cambio, le tocarán $25.154.100, aunque los metalúrgicos tienen muchísimos más afiliados. También se benefició a obras sociales chicas que tienen acuerdos con las prepagas, que serán las aliviadas por la llegada del dinero.

A mediados de marzo, ante el avance del coronavirus, la central obrera había conseguido que el ministro de Salud, Ginés González García, autorizara a que la Superintendencia les devolviera a las obras sociales unos $4.800 millones que el Estado les debía por reintegros de tratamientos de alta complejidad, sobre una deuda total que en aquel momento alcanzaba los $15.000 millones.

Las dos primeras cuotas para saldar esa deuda ya ocasionaron una fuerte controversia que, si no se soluciona, derivará en una queja de la CGT ante el ministro de Salud o incluso el Presidente.

Pero la central obrera también está a la espera de que Alberto Fernández dicte el DNU que les otorgaría a las obras sociales una ayuda de unos $45.000 millones, entre cuotas, para cubrir el déficit que genera la caída de la recaudación mensual en la estructura que sostienen los sindicatos.

Ginés González García les confirmó el martes pasado que el Gobierno les daría un auxilio adicional, tal como los había reclamado la CGT, que sería aportada por la Tesorería Nacional, a través del Ministerio de Economía, y se haría efectiva en los meses de mayo, junio y julio para compensar la caída de la recaudación de abril, mayo y junio, ya que se liquida a mes vencido.

Sin embargo, hasta ahora no hay novedades sobre el tema y la demora está poniendo nerviosa a la central obrera: se estima que hay una caída de la recaudación que oscila entre un 50% y un 70%, por lo que hay muchos dirigentes gremiales que están en apuros para poder pagar los gastos de los sindicatos y de las obras sociales, tanto de sueldos, insumos y mantenimiento.

En plena crisis local, claramente ilustrada con los números que la Unión Industrial Argentina difundió ayer, los industriales se quejaron del acuerdo con Brasil por el Arancel Externo Común tras la cumbre presidencial entre Mauricio Macri y Jair Bolsonaro.

Empresarios del sector reclamaron que la administración central deberá avanzar en la «competitividad país» antes que en un acuerdo para flexibilizar el Arancel Común Externo del Mercosur, al señalar que una «apertura indiscriminada» al mundo, en el medio de una profunda crisis manufacturera, dejará a la industria al límite de su continuidad.

Tras el acuerdo, distintos integrantes de la cúpula de la UIA comenzaron a reactivar las relaciones internas (en receso por período de descanso de verano) con el fin de visitar al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y trasladarle la preocupación que se instauró entre los dueños de las fábricas.

No habrá reunión en Buenos Aires aunque también se descartó una foto en alguna playa. Mucho menos en Punta del Este. Sin embargo, las conversaciones se multiplicaron en las últimas horas y el malestar quedó plasmado en los primeros contactos.

Según el diario ‘BAE Negocios’, las negociaciones para abrir el mercado «sorprendió» y dejó «sabor amargo» en la UIA. «Nos van a fundir. Ahora sí que habrá lluvia de importaciones y no hay forma de salir al mundo. O son burros o hay mala intención», le dijo a ese medio un integrante de la conducción.

Existe, aclaran, una necesidad de mantener aceitadas las relaciones con el Gobierno porque la demora de una negociación del AEC podría ser una carta estratégica para evitar chocar con el socio regional, sin desactivar el pedido del propio Bolsonaro –según publica Urgente 24-.

«Que bajen los aranceles externos comunes, sin entender que Brasil ya empezó reformas de fondo, e inclusive va a avanzar con una reforma impositiva, cosa que Argentina la pospuso al 2020 una liviana reforma que había hecho, es algo que debería preocuparnos», afirmó, en diálogo con el mencionado diario, José Urtubey, integrante del Comité Ejecutivo de la UIA.

El empresario salteño aclaró que la industria argentina no está «en igualdad de condiciones» para competir en el mundo. «Deberíamos trabajar para darle más competitividad al país y a partir de ahí, eventualmente, pensar en conjunto con Brasil en eso. No podemos seguir abriéndonos indiscriminadamente al mundo sin encarar reformas que nos den competitividad. Ahí radica el mayor error», enfatizó.

Uno de los puntos de mayor preocupación es la persistente caída del empleo. «No hay soluciones mágicas si es que la actividad económica sigue cayendo como está pronosticada, no sólo por las proyecciones locales sino también por la OCDE, el Banco Mundial y el FMI, que pronostica una caída del 1,9% al igual que la actividad industrial. Por lo que, para reactivar el empleo fabril, hay que reactivar la industria», afirmó Urtubey.

Ayer la UIA mostró sus últimos números, según los cuales la actividad industrial sufrió una fuerte contracción en noviembre, al caer un 9,4% frente al mismo mes de 2017, acumulando una baja anual del 2,7%.

Con respecto al mes previo, la medición mostró un retroceso del 3,4% (medición desestacionalizada), agregó la UIA.

Un total de once de los doce sectores analizados registraron caídas, destacándose las de dos dígitos en el sector textil (-32,2%), minerales no metálicos (-25,2%), automotriz (-18,6%) y edición e impresión (-19,2%).

También resultó determinante la menor producción en la industria metalmecánica (-9,8%), de sustancias y productos químicos (-8,1%) y, en menor medida alimentos y bebidas (-2,0%).

El único rubro que presentó resultados interanuales positivos fue el de metales básicos (+2,9%).

En cuanto al empleo industrial registrado, durante octubre de 2018 (último dato disponible) se observó una contracción mensual del -0,75% (una pérdida de -8.581 puestos de trabajo), siendo el décimo mes consecutivo con tendencia negativa y la mayor baja relativa desde 2016.

Respecto a octubre 2017, hubo 49.465 asalariados menos, lo que representa una baja de -4,15%.

En tanto, en el acumulado a noviembre, la actividad presentó un resultado negativo de -2,7%, con heterogeneidades al interior de la industria.

Entre los sectores que presentaron bajas acumuladas frente a igual período de 2017 se destacaron los rubros textiles (-14,7%), químico y petroquímico (-9%), madera y muebles (-6%), edición e impresión (-4,3%), metalmecánica (-3,8%), minerales no metálicos (-3,3%) y alimentos y bebidas (-1,7%), aunque éste último creció +1,3% si no se considera la producción de aceites.

Por su parte, las ventas minoristas de medicamentos presentaron entre enero y noviembre una contracción de -4,9% respecto a igual período de 2017.

Los rubros que contrarrestaron la caída fueron metales básicos (+11,7%) y automotores (+1,4%).

Por su parte, las exportaciones totales crecieron (en valores) +14,5% interanual en noviembre al alcanzar los US$5.344 MM.

Este crecimiento fue impulsado por las ventas externas de todos los rubros: productos primarios crecieron 30,6% en valores, manufacturas de origen industrial (MOI) un 8,9%, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) –excluyendo el complejo de oleaginosas– se expandieron 15,5% y combustibles y energía un 63,5%.

Por el lado de las importaciones, las mismas cayeron -29,2% respecto a noviembre 2017 y alcanzaron los US$4.365 MM, afectadas por el salto en el tipo de cambio y el consecuente menor nivel de consumo. En particular, se observa una merma en las cantidades físicas importadas (-34,4%), producto de las menores cantidades importadas de piezas y accesorios de bienes de capital (-48,7%), vehículos (-48,3%) y bienes de capital (-40,5%).

Las ventas externas a Brasil crecieron 24,4% en noviembre aun cuando la industria manufacturera brasileña cayó un 1,3% con respecto al mismo mes de 2017.

Finalmente, sostienen en la UIA, para diciembre, los datos preliminares de la producción industrial muestran que continúa una marcada caída debido a que los despachos de cemento se contrajeron -17,9%, otros materiales de la construcción -31,7% y la producción automotriz presentó una caída de -38,5% con relación al mismo mes del año pasado.

Pronosticó, así: «Vamos a terminar con un parate muy fuerte», aunque estimó que «ahora va a empezar una recomposición salarial. Hemos tenido una devaluación del 100 por ciento y eso ha hecho perder poder adquisitivo muy fuerte», apuntó.

Subrayó, de ese modo: «En el caso de la industria es muy heterogéneo. Diría que hay sectores que del anterior Gobierno ya venían cayendo. Por ejemplo, textiles y calzados».  Con relación al Riesgo País, resaltó que se debe a «desconfianza de que la Argentina pueda salir y sea un país superavitario, que su sector productivo gane más y pueda pagar intereses o deuda, lo que no se está viendo».

Asimismo, destacó que «hay algo que no está funcionando» y puntualizó: «No creo que sea sólo lo político».  «Lamento tener una mirada tan pesimista, pero estoy viendo que si el balance fue superavitaria porque cayeron fuertemente las importaciones», argumentó.  En ese sentido, insistió: «Hay que salir, vender y ser un proveedor confiable. Todo es significa un trabajo».

Además, se refirió al tipo de cambio, que finalizó la semana en un nivel estable y consideró –según publica El Cronista-: «Tenemos un dólar que está alineado con las demás variables».  Criticó que en la Argentina no hay «una política a largo plazo» y señaló: «El año que viene tenemos elecciones y las opciones son o continuar este rumbo o ir a otro lado totalmente distinto y ahí también está parte del Riesgo País».

«La Argentina tiene todo para producir riqueza, pero se tiene que organizar, bajar impuestos», indicó y recomenzó evaluar «por dónde se va a empezar a crecer».