«Las primeras acciones tomadas desde esta presidencia fueron salvaguardar el patrimonio del Estado y recuperar el dinero en efectivo y facturas –cosa que ciertamente ha ocurrido-; así como identificar a los presuntos responsables de las irregularidades que nos ocupan y exigir las renuncias pertinentes. Además de sellar el gabinete de cámaras de vigilancia para la preservación de prueba», agregó.

Asimismo, añadió: «Una vez realizada todas las averiguaciones del caso, que me han permitido establecer un estado de situación, es que me he presentado en el día de la fecha para informar a la justicia, y también dar intervención a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas».

Según indica Ámbito.com, días atrás, Lufrano indicó que se detectaron «posibles irregularidades en el manejo administrativo de una producción interna que desarrolla el canal».

«El manejo transparente de los fondos públicos es la guía principal de nuestra gestión. Esperamos tener rápidamente el informe de la Sigen para obrar en consecuencia», indicó.

De acuerdo a información trascendida, el directivo, cuyo nombre no fue mencionado por las autoridades de RTA, hizo el retiro del monto con la intención de costear los gastos de producción de una ficción sobre Manuel Belgrano.

Pero las sospechas afloraron debido a que por ley se encuentra prohibido el manejo de efectivo para el pago en los medios públicos.

Ante este acontecimiento, Lufrano dialogó con Radio Rivadavia y explicó: “Se abrió una investigación y se recuperó el dinero. El auditor está revisando las cámaras para verificar quién fue el que lo retiró”.

“Tengo renuncias en mi poder. Hay varias personas que supuestamente están involucradas en un error o una irregularidad administrativa», enfatizó la funcionaria y criticó: «Son procedimientos administrativos que no corresponden”.

“Acá hay procedimientos internos. Lo que se hace siempre es transferencia bancaria. No puedo entender todavía la necesidad de retirar el dinero para hacer parte de estas compras”, repudió la presidenta de RTA.

Tras lo cual, se preguntó en modo crítico hacia los involucrados: “¿En qué cabeza cabe que esos pagos se hagan en efectivo?”.

Según pudo saber PERFIL, el tesorero hizo los retiros en el banco por orden de dos gerentes y un director que ahora son investigados por una auditoría, ya que está prohibido realizar pagos en efectivo. Ya hubo dos renuncias por el caso y el dinero quedó resguardado en una caja fuerte, aunque advierten que «ya se hicieron algunos gastos». No obstante, negaron la existencia de ese bolso y que el encargado se haya llevado el dinero a su casa.

Fuentes a las que accedió este medio aclararon que la plata que habían retirado del Banco Itaú es para el rodaje de una miniserie sobre Manuel Belgrano. La última de varias extracciones se hizo el pasado viernes 5 de marzo y sería la «primera vez que se detecta una irregularidad así» en la actual gestión porque antes no había rodajes. 

La falta a la normativa se comete al manejar dinero en efectivo, algo prohibido en el canal público. «La forma correcta, es que por medio del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) la gerencia de producción le pida a administración financiera que haga los pagos. Siempre mediante transferencia. Es decir, se le pasa un listado, presupuesto y proveedores para realizar los pagos. Pero todo tiene que ser pedido a través del GDE, y el pago se tiene que hacer vía transferencia», precisaron.

Sin embargo, destacaron que la persona encargada de los pagos es el tesorero, quien fue a extraer el dinero, y los responsables de cometer la falta son quienes dieron esa orden: Guillermo Siaria, director de administración financiera, Ernesto Molinero, gerente de administración, presentaron las renuncias el martes a primera hora. Alandro De Latorre, el gerente de administración financiera, es personal de planta. Para sancionarlos, suspenderlos o despedirlos, tiene que haber una auditoria que lo determine.

Por ese motivo es que Lufrano ordenó una auditoría que está realizando el Titular de la Unidad de Auditoría Interna en el marco de sus atribuciones como organismo de control interno y permanente. El Auditor no es designado por las autoridades de RTA sino por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Allí, la auditoría deberá determinar el mal proceder, y quienes son los responsables de pedir el retiro en efectivo. Están en investigación el director y el gerente de administración financiera, el gerente de producción e integrantes del equipo de ambas áreas. La investigación tiene que determinar, la cadena de responsabilidades, si la plata y los comprobantes que se presentaron están en orden y si no hay facturas apócrifas o sobreprecios.

Por último, resaltaron que «no hay ni hubo ningún bolso encontrado» en la TV Pública. Para Lufrano, lo ocurrido «no es difícil de explicar, porque se detectó la irregularidad a tiempo», y aseguró que instruyó de manera «inmediata» que se investigue el procedimiento.

«Se abrió una investigación y se recuperó el dinero. El auditor está revisando las cámaras para verificar quién fue el que lo retiró», había dicho Lufrano en diálogo con radio Rivadavia.

«Estamos asistiendo a la profundización del ajuste en la TV Pública», afirmó Agustín Lecchi, delegado por Sipreba. «Esto se ve en la pantalla, o en realidad no se ve: el fin de semana no estuvimos presentes en el Superclásico, en La noche de los Museos el canal abrió sus puertas como museo pero no como un canal de televisión… Todos los días les regalamos las noticias a los canales privados, en una situación muy grave para el canal. A eso se le suma el ataque a los derechos laborales, con un disciplinamiento feroz, que incluye no solo que se nos descuenten los días de paro sino también las horas en las que estamos en asamblea, algo que nunca sucedió en la historia del canal. No tenemos diálogo con las autoridades, ni nosotros ni ningún otro gremio, ni hay una convocatoria a una mesa paritaria. Hace dos años que tenemos ´paritaria cero´», subraya.

Página 12 intentó comunicarse a través de diferentes vías con las autoridades del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (SFMyCP), cuyo titular es Hernán Lombardi, pero no obtuvo respuesta. Tampoco de algún funcionario de la TV Pública.

La situación de la emisora estatal es preocupante, teniendo en cuenta que el ajuste económico no sólo apremia a sus trabajadores -que cobran el mismo salario desde 2016- sino también a la oferta de programación, cada vez más pobre. La merma en el volumen del contenido audiovisual y la sobrepoblación de material enlatado o de archivo es sintomático. El área de noticias, cuyo gerente es el periodista Néstor Sclauzero, es la que más sufre: no sólo se eliminaron todas las ediciones de los noticieros en el fin de semana, sino que en esos días ni siquiera hay equipos periodísticos de guardia. Los trabajadores creen que se trata de una decisión que trasciende el ajuste económico.

«Es -agrega Lecchi- un plan sistemático de vaciamiento de los medios públicos, cuyo fondo es sacarlos de la agenda. No hay capacidad para garantizar la cobertura de la información mínima de lo que sucede en nuestro país. La TV Pública, por ejemplo, le alquiló esta semana un movil HD a Chile para una producción privada y no lo utiliza para generar contenidos propios. Se viene el G-20 y el noticiero de la TV Pública no va a estar presente. Todos los días tenemos situaciones nuevas en las que se comprueba que la TV Pública le está dando su pantalla a productoras privadas. Los periodistas estamos siendo proscriptos. El pretexto económico contrasta con los millones que la gestión gasta para consultoras privadas, para los retiros voluntarios y la jubilación anticipada, o en sueldos altos de funcionarios que no concursan».

Los trabajadores del área de noticias de la TV Pública se encuentran en asamblea, ya que se cumplió el plazo de 48 horas que hace una semana le habían dado a las autoridades de RTA para que convocaran a una mesa de diálogo. «La respuesta fue un descuento en los salarios por medidas de fuerza y asambleas», denunciaron en un comunicado titulado «¿La TV Pública es un museo?».

«No queremos hacer medidas de fuerza permanente ni por tiempo indeterminado. Sólo queremos sentarnos en una mesa de diálogo para destrabar esta situación, al menos de forma transitoria o paleativa. Si es un problema de ajuste económico, deberían poder convocarnos para explicarlo y encontrar soluciones intermedias. Evidentemente, no es solo un ajuste económico sino también una persecución política a los periodistas del noticiero de la TV Pública», denunció Lecchi.