Tranma ofreció detalles sobre el operativo realizado el pasado viernes 13 de marzo, donde se investigó un presunto delito de trata de personas. La intervención se activó tras un llamado angustiado de una femenina de 22 años, oriunda de Entre Ríos, quien denunció estar encerrada y atada en una vivienda del Distrito General Mosconi.

Destacó la «rápida accionado» de un móvil policial que acudió al lugar alertado por el auxilio solicitado por la víctima, quien había sido asistida previamente por una vecina. Al llegar, se identificó a un masculino de 62 años, pareja de la joven, quien fue demorado en primera instancia.

Procedimiento y situación legal

Tras la breve entrevista con la presunta víctima y la aplicación del protocolo de trata, la Unidad Fiscal de turno, a cargo de la Dra. Natalia Sandoval, dispuso la detención del hombre. Simultáneamente, la joven fue trasladada al Hospital Alvear para recibir asistencia médica y posteriormente ser resguardada en un refugio municipal.

El segundo jefe policial subrayó la importancia de la colaboración ciudadana: «La participación de los vecinos… es muy importante», especialmente al advertir movimientos extraños o llamados de auxilio.

En cuanto al estado procesal del detenido, Tranma confirmó que, tras la audiencia de control de detención realizada ayer al mediodía, el hombre «recuperó la libertad, pero bueno sigue ligado a la investigación». Previo a esto, se realizó un allanamiento en la vivienda donde se recuperaron elementos personales de la víctima, como su celular y prendas de vestir, los cuales le fueron restituidos. Se estableció que la mujer había arribado a la ciudad junto al imputado hace aproximadamente tres meses.

En este sentido, señaló que «el 17 de marzo en horas de la tarde se realizó un operativo en el marco de una causa donde se investiga el delito de trata de personas».

«Las tareas de investigación duraron cerca de dos meses», dijo en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que «en este plazo se constató que en una vivienda particular de dos plantas se estaban realizando actos relacionados a la trata de personas».

«Se sospecha que las dos mujeres propietarias de la vivienda, fueron quienes regentearon tres chicas -de entre 19 y 27 años- para que ejerzan la prostitución», indicó.

En este marco, destacó que «en el allanamiento que se realizó en una casa ubicada en la calle Alvear se procedió a la detención de dos mujeres mayores de edad».

«En tanto que en la diligencia de la vivienda ubicada sobre calle San Martin se constató que había dos chicas que ejercían la prostitución de manera voluntaria», afirmó.

Finalmente, Debis concluyó que «se secuestró un gran numero de preservativos y dinero en efectivo. El local comercial ubicado en la planta baja de la casa, tenía -sobretodo los fines de semana- una gran asistencia de hombres».

La historia de esta secta cuenta con más de tres años e incluso se remonta a otra provincia: San Luis. Allí, el pastor del culto evangélico, identificado en la causa judicial como “LFV”, y su esposa, mencionada como “CVG”, comenzaron a trabajar con un grupo de familias que se encontraban en una situación económica vulnerable.

Con la llegada de la pandemia del Covid-19, los “pastores” les anunciaron a sus “fieles” la llegada del “fin del mundo” y, con el objetivo de salvarlos, les exigieron un aporte económico mensual de alrededor de $15.000 para adquirir un terreno en Traslasierra, Córdoba.

Muchas de las familias no llegaban a aportar esa suma todos los meses, por lo tanto, la pareja les exigió que vendieran sus inmuebles personales y sus vehículos particulares para hacer más aportes y poder construir viviendas en terreno cordobés. El relato que les decían era que todo iba a “las arcas de los pastores, encargados de administrar el dinero”.

Para acelerar el ritmo y poder ejecutar el plan lo antes posible, también les pidieron que compraran pollos para asarlos y venderlos al público. Todo con el único objetivo de recaudar más dinero y poder comprar el terreno en Córdoba.

A fines de 2020 lograron adquirir el terreno y en 2021 se radicaron en el paraje Divina Pastora, en el “Camino del Peregrino”, sobre la ruta nacional 14, de Cura Brochero. Allí se asentó el “Ministerio Profético Monte de Sion” que, según rige en la acusación del fiscal, sometió a las familias “a una situación de reducción a la servidumbre, con un dominio absoluto tanto físico como psicológico”.

Las viviendas que les habían prometido a los fieles nunca fueron terminadas y fueron la excusa ideal para albergar a las familias en condiciones precarias. De acuerdo al relato del fiscal, “todos estaban obligados a cumplir con las normas, indicaciones y reglas efectuadas por el ‘Pastor’, debiendo cumplir horarios para limpiar y mantener el aseo del lugar, levantar basura y excremento de los animales y demás actividades rurales vinculadas”.

El predio no solo estaba aislado de toda civilización para mantener a las víctimas al margen de la comunidad, sino que los “pastores” les prohibían salir a los integrantes de la secta y los amenazaban con castigos físicos, violaciones, muertes y golpes. Señalaban que eran “castigos de Dios” y hasta usaron un arma de fuego para amedrentarlos.

Por su parte, la “pastora” formó grupos de mujeres donde se reunían y le relataban todos los secretos familiares. Esto fue aprovechado por los líderes tiempo después, ya que manipulaban y extorsionaban a los fieles. Con esto -según el requerimiento- lograron “aislar a los miembros de la congregación de todas sus redes de contención familiar”, para convertirse en la “única alternativa de salvación divina”.

La detención de la pareja que lideraba la secta en Córdoba

La causa está radicada en el Juzgado Federal N°3 de la ciudad de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que detenga al “pastor” luego de que el fiscal Carlos María Casas Nóblega pidiera su captura por tener reducidas a la servidumbre a unas nueve personas.

El requerimiento redactado por Casas Nóblega sostiene que se aprovecharon de personas de “contextos socioeconómicos endebles” de la ciudad de San Luis, donde fueron convocados a la sede del “ministerio” en el barrio Libertad. Esas personas atravesaban “profundos escenarios de vulnerabilidad” que los llevó a recurrir al “culto religioso en búsqueda de un espacio de contención social y guía espiritual”.

Luego de la detención del “pastor” se ordenó la captura de su pareja, quien hasta el viernes pasado no había sido ubicada. Finalmente, la mujer fue detenida y ahora pesa sobre ella una imputación por “trata de personas con fines de explotación laboral, económica y de reducción a la servidumbre o condición análoga, agravada por amenazas, por la cantidad de víctimas, por ser ministro de culto y por haberse consumado la explotación”.

Ahora, desde el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba procuran solucionar algunas cuestiones de las víctimas, entre ellas la tutela de las dos niñas rescatadas, de 11 y 7 años de edad.

Personal de la policía federal rescató a un nene de 7 años, hijo de una mujer de 22 que había sido secuestrada a los 14 en la ciudad boliviana de La Paz, trasladada a Buenos Aires y obligada a trabajar encerrada y sin comunicación en un taller textil de la localidad bonaerense de Villa Madero.

La mujer víctima de trata de personas fue identificada por efectivos de la Policía Federal en el Hospital Santojanni del barrio porteño de Liniers, en donde se encontraba tras una “sobredosis intencional de medicamentos”, precisaron fuentes policiales.

El 18 de junio del 2015, la entonces adolescente de 14 años salió del colegio La Merced al que concurría y no regresó a su hogar por lo que se inició una intensa búsqueda policial en territorio boliviano que rápidamente tomó la División Trata y Tráfico de Personas de la República de Bolivia.

La investigación de este departamento permitió establecer que el “captor, mediante acciones de enamoramiento, convenció” a la joven de “huir hacia Argentina oculta en un vehículo” y que luego, ya en Buenos Aires, la encerró en un taller textil donde vivía y trabajaba “sin mantener comunicación con sus familiares en todos estos años”, detalló el parte policial.

Personal del Departamento Trata de Personas de la Superintendencia de Investigaciones tomó el caso y todos los detalles de la investigación de la policía Boliviana, a través de la Red LYNK del Programa de Asistencia contra el Crimen Trasnacional Organizado (El PAacCTO).

Esta información pudo determinar que la joven, que hoy tiene un hijo de 7 años, que nació durante su cautiverio se encontraba internada en el Hospital Santojanni, por “sobredosis intencional de medicamentos al haber vivido en situación de explotación laboral en el transcurso de estos últimos años”.

Los agentes del departamento policial fueron al centro de salud y constataron que se “trataba de la misma mujer” por lo que se dio intervención a personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas.

Asustada y nerviosa. Con escasa ropa y sin calzado. De esta forma, una joven llegó a la Comisaría de la Familia en El Bolsón, ubicada en Pueyrredón y San Martín, y llamó la atención de las empleadas que, en un principio, pensaron que se trataba de un caso de violencia de género.

En la tercera intervención, cuando la muchacha tomó confianza y se sintió segura, aportó más información y la operadora de la Comisaría de la Familia comenzó a sospechar de un caso de trata de personas.

«La joven no sabe qué edad tiene. Estimamos que tiene entre 18 y 21 años. Tenía un nombre que tampoco era el de ella. Por lo que nos contó, fue sacada de su seno familiar siendo ella muy pequeña. La entregó un familiar y desde entonces, pasó de una familia a otra hasta que la trajeron a El Bolsón», confió Gabriela Campillay, jefa de la Comisaría de la Familia de El Bolsón.

Añadió que a la comisaría llegó sin calzado porque escapó como pudo. La primera intervención fue por violencia de género ya que la joven narraba hechos de violencia. «En la tercera intervención, recién pudo contar lo que había pasado. Con pequeñas pautas que nos comentaba, la operadora de turno -que justo había terminado un curso de trata de personas- se percata de lo que ocurría«, relató la comisario.

En ese momento, se dio intervención a la línea 145 de trata de personas y a otros organismos. La causa pasó a manos de la Justicia Federal. «Nos dieron las pautas a seguir. La chica ya ingresó como testigo protegida y fue trasladada a un lugar seguro donde, en este momento, recibe contención«, señaló Rio Negro Noticias.

La información sobre la víctima es escasa a fin de resguardar su seguridad, pero se pudo conocer que no es de Río Negro.

La muchacha sufrió explotación laboral y constantemente era amenazada para que no se escapara. En ese caso, su familia sufriría las consecuencias.

¿Qué pasó el día que se decidió a escapar? Esa mañana, según contó, habría sufrido agresiones físicas.

«Por lo que dice, estaba en Bolsón desde hacía más de tres años. Es precupante para nosotros. ¿Qué está pasando en Bolsón?, ¿cuántas personas más estarán siendo explotadas, de las que no tenemos conocimiento?«, indicó Campillay.

Aseguró que, a raíz de este episodio, promovieron varias charlas y capacitaron al personal de la Comisaría 12 que interviene en la calle.

101 víctimas de trata de personas fueron liberadas en siete provincias en medio de múltiples allanamientos realizados, en los que se produjeron seis detenciones.

Las dos causas en las que se investigan los delitos de trata de personas, reducción a la servidumbre, lavado de dinero, y también delitos contra la integridad sexual, contra la identidad y contra la vida, fueron llevadas adelante por las fiscalías federales número 1 de Morón y número 2 de Santiago del Estero, junto a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

En una de las causas, y según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, se ordenaron los allanamientos en las localidades bonaerenses de San Justo, Bahía Blanca, San Miguel del Monte, y en las provincias de Neuquén, Entre Ríos, Mendoza, Tucumán, Salta y la Ciudad de Buenos Aires; en los que 69 personas fueron rescatadas.

La hipótesis que manejan la fiscalía es que un grupo de personas menores de edad y también mayores, fueron sometidas a la influencia de una organización criminal bajo el nombre del «Templo Evangélico Filadelfia», con sede central en la localidad de San Justo, a la que se consideró como «secta religiosa».

La investigación comenzó el año pasado, y si bien ya se habían realizado allanamientos y otras diligencias, las seis detenciones de los principales acusados se concretaron con los operativos desplegados esta semana.

Según consta en la investigación, la secta desplegó «un plan sistemático de captación, explotación laboral y reducción a la servidumbre», ya que «cuando los fieles ingresaban a la congregación religiosa Filadelfia, quedaban bajo el dominio exclusivo de las líderes, quienes iniciaban sobre ellos un proceso de persuasión coercitiva, que tenía como finalidad la apropiación de sus voluntades».

A través de ese proceso, que comenzaba en muchos casos desde la minoría de edad, «los seguidores terminaban creyendo que las líderes se encontraban revestidas de dotes divinidad, circunstancia que les permitía a estas mujeres realizar todo tipo de acciones, muchas de ellas con tintes o ribetes delictivos, sin recibir algún tipo de cuestionamiento».

La fiscalía definió el accionar delictivo del supuesto templo con la siguiente secuencia: identificación de personas vulnerables; captación; traslado; adoctrinamiento teológico; control incesante de cada actividad que desarrollaban las víctimas; falta de alimentación, de descanso y aplicación de castigos físicos y psíquicos.

En tanto, en la causa investigada en Santiago del Estero, los allanamientos fueron realizados a unos 50 kilómetros de la ciudad de Añatuya, en la finca conocida como «Palo Verde».

La medida fue requerida por la fiscal federal Indiana Garzón, luego de la notificación de una denuncia recibida en la Línea 145 que daba cuenta de una posible situación de explotación laboral.