El Estado Nacional definió la vuelta a la presencialidad de los empleados estatales, mediante una Resolución publicada por la Secretaría de Empleo Público, que otorga a quienes ejerzan la jefatura en cada área, la posibilidad de convocar a los trabajadores a prestar servicios en cada dependencia.

Podrán ser llamados a trabajar de modo presencial quienes tengan aplicada “al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19, independientemente de la edad y la condición de riesgo, transcurridos 14 días de la inoculación”. La persona convocada “deberá ser notificada fehacientemente por su superior jerárquico a cada agente por lo menos 72 horas hábiles antes de su efectivo cumplimiento”.

Por otro lado, se reguló la situación de quienes han tomado la decisión personal de no aplicarse la vacuna, los cuales, serán llamados de todos modos a prestar servicios, bajo su responsabilidad. «Deberán actuar de buena fe, dirigiéndose al Departamento de Sanidad (o su equivalente en cada organismo), a fin de obtener información sobre la vacuna en cuestión” y de continuar con su postura antivacuna: “deberán firmar una nota con carácter de declaración jurada expresando los motivos de su decisión y comprometiéndose a tomar todos los recaudos necesarios para evitar los perjuicios que su decisión pudiere ocasionar al normal desempeño del equipo de trabajo al cual pertenece, debiendo ser convocados a la prestación presencial de labores”.

Fue una medida que se venía discutiendo hace tiempo, a partir de los varios proyectos presentados en ambas cámaras para regular el trabajo remoto, algo que las compañías hasta ese momento ofrecían solo en ocasiones, a algunos empleados y de manera parcial o por algún período de tiempo determinado., pubica hoy el sitio web iProfesional.

Eso que era un «plus» que tenían algunos colaboradores cuyas tareas pueden desempeñarse a distancia fue el paso obligado que de urgencia y sin plan debieron dar muchas de las organizaciones para seguir funcionando durante la etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) que este jueves cumplirá oficialmente cinco meses (si bien algunas firmas iniciaron voluntariamente políticas de prevención antes del 20 de marzo).

Así las cosas, las empresas argentinas se lanzaron a esta aventura del teletrabajo permanente para muchos de sus colaboradores sin ley ni orientación al respecto. Muchas tampoco sin un plan de continuidad para esta contingencia.

Según datos del ESET Security Report 2020, en Latinoamérica en promedio solo el 33% de las organizaciones encuestadas cuenta con un plan de continuidad del negocio. En algunos países, apenas el 16% lo tiene, y eso a pesar de que el 60% sufrió en el último año algún tipo de incidente informático, ataque a su seguridad o «infección» de un código malicioso (malware).

La emergencia sanitaria aceleró la discusión en el Congreso y se aprobó finalmente una ley a la cual las empresas desde distintos flancos le hicieron numerosas críticas: porque incluye la obligación de reversibilidad para que el empleado pueda ocupar un puesto presencial con 15 días de aviso al empleador, porque deben proporcionar el equipamiento, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas, y asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación de las mismas, etc.

Desde PwC detallaron que los aspectos que más preocupación generan entre las empresas son «los mayores costos por la reversibilidad unilateral por parte del trabajador, el rol de los sindicatos en la regulación del teletrabajo, los obstáculos en la contratación de personas que teletrabajen desde otros países para Argentina, el impacto negativo que pueden tener en la flexibilidad los lineamientos sobre jornada laboral y derecho de desconexión y la compensación de mayores gastos».

Otras que ya incluían algún tipo de posibilidad de trabajo remoto e implementaban las mejores prácticas para que esa modalidad funcione en todo su potencial, la recibieron con brazos abiertos.

La Ley de Teletrabajo entrará en vigencia recién 90 días después de terminado el ASPO que por ahora sigue paradójicamente «con buena salud». Pero entre las empresas el debate sobre cómo deberá adaptarse la forma de operar y hacer negocios ya comenzó.

Ley de Teletrabajo y satisfacción

Ni lenta ni perezosa la consultora PwC inició el día después de la sanción de la Ley de Teletrabajo en diputados una encuesta entre 195 grandes empresas en la Argentina para conocer sus primeras impresiones al respecto.

La mayoría de las firmas que participaron son del sector de servicios, un cuarto de ellas eran del área industrial y otro 20% del de consumo.

El 57% de las compañías relevadas dijo tener un bajo nivel de satisfacción respecto del nuevo marco legal aprobado para el trabajo remoto. Solo un 7% mostró un apoyo «alto» a la ley y el resto está en un nivel intermedio.

El punto que generó el mayor desacuerdo es el de reversibilidad. El 44% de los participantes de la encuesta de PwC dijeron estar muy insatisfechos con esto. Se trata del artículo que luego de declarar que el teletrabajo debe ser una modalidad implementada de común acuerdo con un consentimiento por escrito, indica que el empleado puede solicitar volver a trabajar de manera presencial con 15 días de preaviso en cualquier momento de la relación laboral. Solo un 5% de las empresas consultadas dijo estar muy satisfecha con este cambio.

Por otra parte, la modificación que más apoyo recibió de parte de las empresas fue la del respeto del horario de jornada laboral y el Derecho de Desconexión Digital. No es otra cosa que la posibilidad de los trabajadores no ser conectados fuera de horario y de desconectarse de los dispositivos digitales fuera de su jornada laboral y durante los períodos de licencias sin ser sancionados.

El 19% de las empresas se mostró muy satisfecha con esa determinación de la Ley y otro 29% dijo estar algo satisfecho con el tema. Un 8% permaneció indiferente al respecto y el resto expresó algún tipo de desacuerdo.

Las medidas de higiene y seguridad (riegos del trabajo) fueron otra área con gran acuerdo, solo un 11% estuvo muy insatisfecho y un 25% algo disconforme.

Las empresas se encontraron más dividas en torno a la nueva exigencia de compatibilizar las tareas de cuidado de terceros (niños en edad escolar y mayores) con las obligaciones laborales. Solo un 5% está muy de acuerdo con implementar este cambio para los teletrabajadores y otro 32% se mostró con algo satisfecho por ello. Un 21% es indiferente a esta situación, un 20% dijo estar algo disconforme y otro 23% en desacuerdo. 

El texto que fija derechos y obligaciones para quienes desarrollen el trabajo remoto obtuvo dictamen favorable el jueves pasado con el aval del oficialismo en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, que se negó a introducir modificaciones y ratificó el proyecto que había sido aprobado el 25 de junio por la Cámara de Diputados, con 214 votos a favor, uno negativo y 29 abstenciones, señaló Infobae.

El Interbloque de Juntos por el Cambio presentó un dictamen en minoría en el que figuran cambios pedidos por el sector empleador y que fue firmado por los senadores María Belén Tapia, Julio Cobos, Silvia Giacoppo, Gladys González, Laura Rodríguez Machado y Guadalupe Tagliaferri.

Durante la sesión virtual, que comenzará a las 14 y será presidida por Cristina Kirchner, también se debatirá el proyecto de ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública bajo Ley Argentina, una iniciativa que es esperada por el presidente Alberto Fernández para avanzar en la reestructuración.

El artículo referido al derecho a la desconexión digital afirma que el teletrabajador “tendrá derecho a no ser contactado y a desconectarse de los dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación, fuera de su jornada laboral y durante los períodos de licencias” y prohíbe que el empleador se comunique con el trabajador fuera de la jornada laboral.

En otro punto del proyecto, sobre las tareas de cuidado, establece que quienes trabajen en forma remota y “acrediten tener a su cargo, de manera única o compartida, el cuidado de menores de 14 años, personas con discapacidad o adultas mayores que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada”. Igual permite que “las pautas específicas” de este derecho se pacten en los convenios colectivos.

Al Grupo de los Seis lo integran industriales, bancos, campo, construcción, valores y comercio.

Preocupados por los términos del proyecto que regula el trabajo en el domicilio, los integrantes del Grupo remitieron una nota al presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la Nación, Daniel Lovera –y a todos los presidentes de bloques– en virtud del tratamiento del proyecto de ley sobre régimen legal del contrato de teletrabajo, que se lleva a cabo este jueves.

Para los empresarios, el teletrabajo «es una potente modalidad que la Argentina deberá promover, ante la necesidad de crear empleo, y de eliminar contingencias a la hora de utilizar esta modalidad tanto en grandes empresas como en pymes», informan desde la agencia NA.

Pero advirtieron que el proyecto aprobado en Diputados «no recoge la preocupación y las recomendaciones propuestas por las distintas fuerzas políticas y por las entidades convocadas durante la discusión del proyecto, tendientes a eliminar desincentivos a esta modalidad y a constituirse en una herramienta de promoción del empleo».

«Su tratamiento se apresuró sin fundamento, siendo que se trata de una norma que comenzaría a regir tras el transcurso de 90 días» de finalizada la cuarentena, añadió el Grupo de los Seis.

Asimismo, consideró que el teletrabajo ya se rige por la Ley de Contrato de Trabajo, «razón por la cual estamos convencidos de que la introducción de esta figura en nuestra legislación laboral sólo debería hacerse a través de la regulación en el ámbito de la negociación colectiva, o en los acuerdos que puedan celebrarse en forma individual».

«Consideramos que el proyecto configura un escenario incierto para esta modalidad de trabajo, que tendrá como principal consecuencia dificultar su adopción», alertó.

En tal sentido entidades empresarias advirtieron que de no permitirse la revisión de la iniciativa, «se estaría perdiendo la oportunidad de introducir algunas reformas de extrema necesidad para garantizar una regulación equilibrada, en búsqueda de una mayor eficiencia y productividad».

Foto de archivo de la Presidencia de la Nación

Tres de cada cuatro personas que están trabajando desde su casa no recibieron ningún tipo de capacitación en temas de ciberseguridad. Si esto se traslada al home office que, desde el pasado 20 de marzo, está vigente en la Argentina cuando comenzó la cuarentena, se trata de más de 2 millones de personas que están cumpliendo tareas pero no tienen suficiente conocimiento sobre la manera de protegerlas mientras están conectados.

Es lo que surge de los distintos informes que se conocieron en los últimos días sobre ciberseguridad y teletrabajo y que, apalancados en los datos de la Argentina, encienden alarmas, especialmente porque los mismos expertos en seguridad advierten que crecen los ataques en todas partes del mundo porque, justamente, hay muchas personas conectadas.

«Tres de cada cuatro empleados que trabajan desde su casa aún no han recibido ninguna orientación específica o capacitación para concientizarlos en temas de ciberseguridad. Aunque puede ser más difícil controlar la seguridad de tecnología informática y los datos corporativos de manera remota, las amenazas aún persisten», detalló un informe de Kaspersky.Te puede interesar

Las personas incorporaron diversas herramientas digitales para hacer teletrabajo pero no lo informaron a los responsables de tecnología

La compañía de seguridad señaló que el 27% de los empleados que trabajan de manera remota recibieron correos electrónicos de phishing relacionados con el coronavirus. Por eso desde la compañía indicaron que es necesario que las empresas aseguren que su personal pueda desempeñarse como lo haría normalmente.

«El phishing es lo peor de todo», describió un experto en seguridad que prefirió el off con iProfesional. Desde que se inició el aislamiento fue común recibir mensajes de correo electrónico que provenían supuestamente de los bancos de los que uno es cliente, de plataformas de e-commerce y hasta de reparticiones del Estado. Por esto también fue habitual recibir mensajes de las diversas instituciones alertando que no se estaban pidiendo datos personales por esa vía.Te puede interesar

Escasez de capacitación

Acá es donde aparece el otro dato, más preocupante. El 73% de los encuestados reveló que no fueron capacitados por las empresas en las que trabajan para concientizarlos sobre ciberseguridad cuando debieron pasar prácticamente de un día para otro a trabajar a distancia.

«Por lo tanto, establecer medidas efectivas de ciberseguridad es fundamental, ya que el trabajo a distancia también puede traer nuevos riesgos, como el aumento de los ataques de spam y phishing, la conexión a puntos WiFi inseguros o el uso de aplicaciones por parte de los empleados, no aprobadas por el departamento de TI», agregó el reporte de Kaspersky.Te puede interesar

El riesgo de los problemas de seguridad alcanza a unos 3 millones de argentinos que están teletrabajando desde sus casas, de acuerdo a un informe de CIPPEC. Si apenas algo más de un 25% recibió algún tipo de capacitación, más de 2 millones no la recibieron tal como lo consideran las empresas de ciberseguridad.

El phishing fue una de las principales amenazas a las que estuvieron expuestos quienes realizaron trabajo remoto

«Argentina, tanto a nivel de gobierno como a nivel corporativo, lo manejó bien aunque todo el planeta es un blanco ideal. Si no pasó nada fue en parte porque hay objetivos más interesantes para atacar», agregó el experto consultado.

La Argentina es el 47° país más atacado a nivel mundial, tal como se ve en este mapa en tiempo real. La mayor concentración se da en los países más ricos y que concentran mayor riqueza, lo que no quiere decir que los problemas no estén a la orden del día.

Los incidentes registrados en las clases virtuales que los docentes comenzaron a brindarles a sus alumnos y que tuvieron que ver con el ingreso de pornógrafos a esos espacios revelaron, por ejemplo, que uno de los lugares en donde menos capacitación en ciberseguridad existe es en el ámbito educativo. Tal vez el espacio en donde más haya que trabajar cuando, de antemano, se sabe que la pandemia modificará muchas costumbres.

La expansión forzada del teletrabajo por las medidas para mitigar el contagio de coronavirus, acelera la definición de una regulación que proteja los derechos laborales y que ya tiene un primer paso en un proyecto de resolución a la firma del ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

Fuentes oficiales confirmaron a Télam que un equipo de la cartera ministerial trabajó para la definición de una resolución sobre teletrabajo y trabajo remoto, que ya está a la firma de Moroni.

También en el ámbito parlamentario tienen vigencia al menos dos proyectos de ley para regular esta modalidad de empleo.

La doctora en Derecho del Trabajo y Directora Académica, de la Consultora GNT Mentoría Neurodigital, Viviana Diaz, diferenció entre trabajo remoto y teletrabajo, al indicar que el remoto significa realizar actividades a distancia, mientras que el teletrabajo está «circunscripto al trabajo remoto que se realiza desde la casa» expresó en diálogo con Télam.

Así, el trabajo remoto se considera ya instalado en el país e incluye actividades tales como los lectores de consumo de servicios o los distribuidores de bebidas; mientras que el teletrabajo responde más a la situación actual porque genera un cambio del espacio físico desde donde el trabajador realiza su tarea.

«El virus es el único responsable de nuestra digitalización masiva, del trabajo remoto forzado», afirmó Diaz, para agregar que «aunque «fuimos empujados a la ficción del teletrabajo» en realidad «estamos más que en condiciones» de aplicarlo y «lo que necesitamos es una red de contención emocional, jurídica, informática y de la seguridad e higiene».

Remarcó que «los derechos y obligaciones de un trabajador remoto son exactamente iguales a los de un trabajador presencial que ocupa su mismo rol o posición laboral; pero debe haber un marco contractual, me refiero a un acuerdo o convenio suscripto entre ese empleador y el trabajador remoto que lo determine».

«Por eso siempre abogamos por establecer muy detalladamente las cláusulas que hacen al convenio individual de TCR (Trabajo Conectado Remoto), que será como un paraguas debajo del cual todos los derechos y obligaciones del trabajador remoto y su empleador tendrán visibilización», agregó Diaz, que fue Coordinadora de Teletrabajo en el Ministerio de Trabajo en la gestión de Cristina Fernández.

En la misma línea la responsable de la consultora de recursos humanos Randstad para la Argentina y Uruguay, Andrea Ávila, dijo a Télam que «de un día para otro armamos el mayor experimento mundial de home office que ni la mente más visionaria pudo imaginar jamás, y eso no tiene vuelta atrás, muchas cosas no volverán a ser como antes en el mundo del trabajo».

En un informe de la consultora, se destaca la mayor incidencia del trabajo freelance y del trabajo por objetivos, entre las tendencias que se establecieron en esta cuarentena.

«Habrá empresas que no quieran volver a tener a todos sus trabajadores en sus oficinas frente al escritorio como antes, y también trabajadores que prefieran evitar las dos horas de traslado para ir a la oficina diariamente», afirmó.

No obstante, aclaró que «no será una práctica a nivel masivo, y mucho menos un formato impuesto, ya sea por parte de las empresas o por una eventual regulación, sino más bien una elección mutua acordada entre trabajadores y empleadores, buscando beneficios para ambas partes», consideró Ávila.

Desde la consultora Adecco, revelaron que el 42% de los argentinos «afirma dedicarle más horas al trabajo de lo que lo hacía en la oficina».

Agregó que el trabajo remoto «es una tendencia que llegó para quedarse», que en «algunas oficinas no existía y ahora están planeando trabajar de manera remota uno o dos días por semana y, en otras donde esta práctica ya estaba instalada uno o dos días a la semana, aseguran extenderla por lo menos un día más».

«Las empresas que más se aventuran en este sentido ya están considerando prescindir de su sede central para tener nodos de operación», y «en un futuro no muy lejano dejarán de existir las jornadas laborales de ocho horas», consideró la consultora.