La marcha fue convocada por organizaciones sociales, sindicales y de consumidores en la Capital Federal y varias ciudades del país. La protesta arrancó al mediodía en el Obelisco.

Miles de personas se movilizan en todo el país bajo la consigna «Basta de tarifazos». En la Ciudad de Buenos Aires la marcha de antorchas que convocaron gremios, organizaciones sociales y partidos políticos será de Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta el Congreso.

Como es habitual a la par de la llegada de los manifestantes al centro porteño, en las redes sociales se replican imágenes de una movilización que bien podría preludiar la convocatoria a un paro nacional contra el gobierno de Mauricio Macri con hashtags como #MarchaDeAntorchas y #Congreso. Fotos y videos colagdos en Twitter dan un panorama de lo que es la protesta que empezó al mediodía en el Obelisco con una concentración de las organizaciones sociales.

La respuesta generalizada de analistas y empresarios que viven del mercado interno es que el año próximo no será más alentador. El Gobierno espera que la actividad económica, que este año terminará con una contracción de 2,5%, comience a mostrar brotes verdes a partir del 2° trimestre, pero las expectativas del sector privado son más pesimistas, aún en un año electoral.

La fuerte caída del poder adquisitivo producto de la devaluación, la aceleración de la inflación y paritarias que cerraron en un promedio del 30%, sumadas a un altísimo costo de financiamiento que prohibió la venta de bienes durables a plazo, generó un combo muy negativo para el consumo.

Hasta la venta de alimentos y bebidas se resintió fuerte, con un traslado notorio a segundas y terceras marcas y marcas propias.

Cayó la venta de autos, motos, electrodomésticos, televisores, indumentaria y calzado; el turismo en el exterior en los últimos meses, producto del dólar alto; los combustibles, y el consumo masivo, entre lo que se incluye artículos de limpieza y cuidado personal, además de alimentos y bebidas. Y la peor noticia es que para gran parte de los sectores el 2019 también llegará con mermas en la demanda.

Masivos en retroceso

El consumo masivo, este año cerrará con una baja en torno al 2% y para el próximo se proyecta un número similar. Todo depende de si el Gobierno estimula la demanda antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2019. Al escenario de precios nuevos y salarios viejos que los consumidores deberán afrontar durante el 1° semestre, se sumará una mayor cautela ante los recientes anuncios de nuevas subas tarifarias en luz, gas y transporte.

«Este fue un año en el que al que le fue mejor, salió empatado. Todas las cadenas están en rojo; alguna quizá atenúa su resultado porque tienen otros negocios», afirmó el director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez. Calculó que se habrán perdido este año unos 6000 empleos. Y sobre el 2019, no se mostró muy optimista.

Tampoco lo están los analistas que miden mensualmente el consumo masivo. Osvaldo del Río, de Scentia, proyecta una caída para 2019 de entre 1,5% y 2%, con posibilidad de que sea mayor, mientras que Juan Manuel Primbas, de Kantar Worldpanel, estima también una baja de 2 por ciento.

Según señaló Primbas, «es de esperar un 1° cuatrimestre bastante malo, tal vez con caídas peores que 5%, lo cual nos va a condicionar muy fuerte para el año; la expectativa es que tampoco en 2019 el consumo logre recuperarse, más allá del año electoral».

Con respecto al tarifazo, el directivo consideró que «son pésimas noticias para el bolsillo de los hogares de clase baja, que explican gran parte del consumo masivo».

A la vez, Del Río recordó que el ingreso promedio por hogar es de $ 29.000 y que el 87% del consumo masivo lo hace el 92% de los hogares que gana hasta $ 31.000. «El 25% del ingreso de estas personas se va sólo en movilidad. ¿De dónde va a salir la plata para que se recupere el consumo?», se preguntó el analista.

El 2018 tampoco fue un buen año para los shopping centers. Las ventas en pesos estuvieron muy por debajo de la inflación y muchas marcas de indumentaria y calzado entraron en convocatoria de acreedores.

Consultado sobre el 2019, el gerente de Relaciones Institucionales de IRSA, Sergio Dattilo, se mostró con expectativas favorables por el derrame de la recuperación del agro en el interior, el escenario electoral, y las reformas que la compañía está encarando en las distintas superficies comerciales. Sobre la situación de los locatarios, muchos con problemas financieros, Dattilo señaló que la están «piloteando juntos con las marcas».

También desde una importante cadena de retail sostuvieron que avizoran un «primer trimestre amesetado y con expectativas a partir del segundo». Pero desde la Asociación de Fábricas de Terminales de Electrónica (Afarte) afirmaron que el 2018 cerrará con una caída del 16% interanual en la venta de aires acondicionados, lo que permite proyectar una producción más austera para el 2019, de entre 800.000 y 850.000 unidades (20% menos).

Asimismo, el sector automotor estima una merma de 25% en la venta de unidades durante 2019. Lejos quedaron las estimaciones de llegar a vender un millón de vehículos y hay muchos puestos de trabajo en riesgo, dijo un importante concesionario.

«Si anualizamos el último cuatrimestre, nos daría un mercado de 550.000 autos para el próximo año, pero creemos que va a haber un crecimiento en el 2° semestre que va a colocar la venta en 600.000 vehículos en todo el año, que implicará igualmente una contracción del 25% respecto del 2018», sostuvo el empresario.

El Gobierno decretó la puesta en marcha de la financiación en tres cuotas del 25% del consumo de gas facturado en invierno

Las empresas petroleras anticipan un escenario adverso para el cobro de la compensación por la suba del dólar que el secretario de Energía, Javier Iguacel, incluyó en las facturas de gas que recibirán los consumidores desde enero de 2019, lo que generó un amplio rechazo. Desde la Justicia, el fiscal Marijuán denunció al funcionario por “abuso de autoridad” y pidió una cautelar para frenar la imposición del cargo extra en las boletas. En tanto, en el Congreso, la oposición convocó a una sesión especial para el 18 de octubre a fin de tratar varios proyectos que impulsan la derogación de la resolución.

Ante este panorama, y temiendo no poder cobrar la compensación, el diario El Cronista revela que las productoras de gas ya preparan un Plan B para asegurarse el cobro: le solicitarán al Gobierno que les pague con un bono.

La alternativa del bono evitaría incluir la compensación en las facturas que reciben los usuarios, pero le generaría al erario un nuevo gasto en momentos en que intenta recortes presupuestarios.

Además, el Estado ya pagará a las petroleras US$ 1583,2 millones con bonos por una deuda del Plan Gas.

La deuda en dólares que reclaman las empresas se calcula en US$ 350 millones, de la cual la petrolera estatal YPF es la principal acreedora (por ser la principal productora de gas del mercado argentino) y la distribuidora Metrogas, la que acumuló mayor deuda: unos $ 4000 millones hasta el 1° de septiembre. YPF tiene el 70% de las acciones de Metrogas, aunque ya inició el proceso formal de venta, en respuesta a la instrucción del Gobierno de desarmar la integración vertical.

El Estado nacional ya adeuda a las petroleras unos US$ 1583,2 millones por el Plan Gas que venció el 31 de diciembre de 2017. En abril, el Ministerio de Energía, entonces comandado por Juan José Aranguren, decidió que les pagará al conjunto de empresas productoras de gas con un bono a 30 meses, que se empezará a saldar en enero de 2019 y se terminará de abonar en junio de 2021. Es porque el subsidio comprometido a la oferta para mejorar la producción del fluido no se abonó en todo 2017, y es un ítem que ya tiene en cuenta el Presupuesto 2019, elaborado por Hacienda, indicó El Cronista.

Los empresarios suman inquietudes. Tras la conferencia de prensa que brindó el lunes Iguacel, calificaron de «imprudencia» su declaración sobre los $ 90 o $ 100 en promedio que pagará cada usuario para compensar a las petroleras por la devaluación.

«Quien debe instruirnos a nosotros es el Enargas, con un mecanismo que no conocemos, pero el pago no va a ser para todos igual, sino que tendremos que calcular el consumo promedio del semestre de cada usuario», comentaron desde una empresa citada por el matutino económico. «Tendremos que readecuar los sistemas internos de facturación en función del consumo de cada cliente», explicaron en otra distribuidora.

Por el lado de las productoras de gas, reafirmaron que la compensación está prevista en los marcos regulatorios «ante variaciones significativas en el contexto macroeconómico» y que fue producto de un problema contractual con las distribuidoras.

También insistieron en que «el precio de la energía debe reconocer su valor en dólares».

Este martes (9/10) trascendió que las petroleras plantean realizar una dura advertencia si no consiguen la compensación: habría consecuencias directas en las futuras inversiones del sector.

La oposición irá hoy en el Senado por el dictamen a favor del proyecto que pone freno al tarifazo en los servicios públicos y que buscará convertir en ley el 30 de mayo. Así lo ratificó ayer el senador rionegrino Miguel Pichetto, después que el Gobierno desechó la tregua de una semana que le concedió el peronismo federal para que presente “una alternativa superadora” que morigere el aumento de tarifas. Sin plan B, los senadores del oficialismo se presentarán en el plenario de comisiones de la Cámara alta “coacheados” por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, mientras los representantes de las empresas energéticas beneficiadas y de los entes reguladores asumirán la defensa de la política tarifaria del Ejecutivo. Pero no contarán con los gobernadores dialoguistas del peronismo, que esquivaron el convite para respaldar públicamente la política oficial.

Sin negociaciones ni propuestas oficiales para morigerar el tarifazo, Pichetto dio por vencido el ultimátum de la tregua que concedió al Gobierno. “No hay propuesta alternativa del gobierno nacional así que ratificamos nuestro planteo del miércoles pasado y firmaremos el dictamen del proyecto tal cual vino de Diputados”, anunció el senador rionegrino que comanda el interbloque Argentina Federal, alineado con varios mandatarios provinciales peronistas.

“Se hicieron esfuerzos hasta último momento”, agregó Pichetto para ratificar su postura “dialoguista” con el Gobierno, pero convencido que ya no hay tiempo para asumir la carga política de conceder otras dilaciones en medio de críticas y cuestionamientos de otras bancadas opositoras: “Iríamos al recinto de sesiones con ese proyecto el miércoles 30 de mayo”, sostuvo Pichetto.

Con la decisión asumida por el peronismo federal, el conjunto de los bloques opositores en el Senado tendrían las manos suficientes para alzarse con el dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Derechos y Garantías; Presupuesto y Energía y Minería convocada para hoy a las 11 en el Salón Illia. También para convertir en ley la media sanción de Diputados que declara la emergencia tarifaria, retrotrae las tarifas de luz, gas y agua a noviembre de 2017, propone estabilizarlas por un año y ata los futuros aumentos al índice de variación salarial para los hogares y al índice de precios mayoristas para pymes, cooperativas y empresas recuperadas.

La respuesta a la tregua llegó de la mano del propio Mauricio Macri, que ratificó la política tarifaria del Gobierno y redobló la presión sobre los gobernadores peronistas para intentar revertir la suerte en el Senado y evitar el costo político del anunciado veto presidencial.

“Todos los gobernadores comparten con el Presidente la idea de que las legislaturas no tienen que meterse con el tema de tarifas, porque ésta es una potestad de los poderes ejecutivos, a nivel nacional como a nivel de cada una de las jurisdicciones”, argumentó ayer el ministro de Interior Rogelio Frigerio en declaraciones periodísticas. “Vamos a seguir dialogando con todos, intentando que este proyecto que no quiere nadie no termine convirtiéndose en ley”, insistió el ministro.

En un nuevo intento por dilatar el debate, el oficialismo había planteado la semana pasada, en el plenario de comisiones del Senado, la “necesidad” de escuchar la opinión de los gobernadores. Pero ni aún los mandatarios peronistas más cercanos al Gobierno quisieron asumir la defensa pública de la política tarifaria del Gobierno central.

El salteño Juan Manuel Urtubey, que se reunió ayer con Macri en Casa Rosada, declinó su presencia en el Senado y enviará al plenario a un funcionario de la empresa energética provincial.

En tanto, el cordobés Juan Schiaretti se excusó de concurrir por “motivos de agenda”, pero expuso por escrito su postura en la misiva que envió a la senadora radical Inés Brizuela y Doria, que preside el plenario como titular de la comisión de Derechos y Garantías: “bajando el IVA aportamos ese alivio Nación, provincias y municipios”, dijo allí Schiaretti para proponer una solución al conflicto. Aunque dejó atrás su postura inicial al aclarar que plantea la sanción de una ley “porque legislar sobre impuestos es una facultad que le compete al Congreso Nacional”.

Huérfanos de apoyo opositor, los senadores de Cambiemos se reunieron ayer por la tarde-noche con Aranguren en el Palacio Legislativo. El ministro armó a sus legisladores con los argumentos del Gobierno y con eje en el leit motiv del relato oficial: el costo fiscal que significaría para el Ejecutivo anular los aumentos que decretó en los servicios públicos esenciales a lo largo de este año.

De todas maneras, el oficialismo contará con aliados para defender el tarifazo en el plenario del Senado: las compañías beneficiadas con los aumentos. Serán de la partida -según el listado que manejaba Cambiemos ayer por la noche–, los representantes de Cammesa (la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico) y la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera), que nuclea a todas las distribuidoras provinciales. También los entes reguladores Enre (luz) y Enargas (gas), ahora en manos de ex Ceos de las principales empresas privadas de cada uno de esos sectores energéticos.

Opiniones que no alcanzarían para intentar revertir la decisión del grueso del arco opositor en el Senado de ponerle freno al tarifazo.

La Justicia le puso ayer un freno a los cortes que aplican las distribuidoras sobre el suministro de gas. El juzgado federal de Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla, dio curso a la acción colectiva presentada por un grupo de ONG para suspender la interrupción de este servicio público en caso de que el cliente tenga una deuda con la empresa por no abonar las abultadas facturas de gas, que acumulan en los últimos dos años aumentos de hasta 4000 por ciento. El amparo, que encabezó Consumidores Argentinos y que validó ayer el juez Ramos Padilla, tiene alcance nacional y mantendría su vigencia hasta tanto se discuta algunas de las cuestiones de fondo, como el carácter social del servicio, la falta de regulación estatal sobre el sector o que el precio esté atado a un activo en moneda extranjera. El escrito exhorta además al Ejecutivo, Ministerio de Energía y Enargas que “en el término de cinco días, produzcan el informe relativo al posible interés público (cuestión de fondo) comprometido por la solicitud de la medida cautelar”.

En el ínterin se aguarda por una segunda parte del fallo del juez federal. “Se habrá de dictar una medida cautelar interina –distinta a la peticionada– que considero indispensable a los fines de garantizar elementales situaciones vinculadas al acceso a este servicio público y –de este modo– proteger a los sectores más vulnerables que se pudieron haber visto afectados por el posible actuar ilegítimo del Estado”, señaló el magistrado. Según supo  de fuentes allegadas al expediente, el próximo fallo de Padilla responderá al pedido de las ONGs de retrotraer las tarifas a fines del año pasado.

Si se computa el ajuste aplicado a comienzos de abril, el aumento acumulado de los últimos dos años en el precio del metro cúbico de gas llegará hasta el 4000 por ciento. Ese porcentaje podría recaer sobre un cuarto de los hogares, que en el invierno de 2015 abonaron un valor promocional por haber ahorrado un 20 por ciento en su consumo y en la actualidad terminarían pagando la tarifa plena. La tarifa no sólo contempla el cargo variable que da cuenta del consumo de los metros cúbicos de gas sino también el cargo fijo y los impuestos. Para contener el efecto sobre el bolsillo de estos ajustes, en el Congreso se debate un proyecto de la oposición para frenar los tarifazos y establecer un esquema de aumentos que castigue menos a los sectores más vulnerables. De todos modos, el Gobierno a través de sus distintos interlocutores adelantó que vetaría cualquier iniciativa.

Pero, mientras en el Congreso se debaten alternativas a los tarifazos, las boletas siguen llegando y a los que no las pueden pagar las distribuidoras les cortan el servicio. El plan de pagos oficial no evita que se acumulen las deudas. Desde la asociación de defensa al consumidor habían realizado una presentación colectiva para que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad de los aumentos de gas, la suspensión de la aplicación del nuevo cuadro tarifario y que se ordene al Ministerio de Energía que convoque a audiencia para fijar el valor del gas en Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que incluye precio en boca de pozo más el traslado hasta  el sistema de transporte. En la Audiencia Pública celebrada los días 16 al 18 de septiembre de 2016 y 10 de marzo de 2017 se discutió ese valor, de acuerdo con los registros de la cartera de Energía, pero no se debatió para el cuadro de este año.

El juez federal Ramos Padilla hizo lugar al pedido de suspensión de los cortes, como paso previo a la nulidad de los aumentos, bajo el argumento de que se trata de un derecho que el Estado debe garantizar a “los sectores más vulnerables”, en especial en esta época del año de bajas temperaturas. En tanto, una vez cumplidos los plazos legales de comunicación y respuesta de las partes se aguarda por la segunda otra sentencia, la cual podría determinar retrotraer las tarifas a diciembre del año pasado, bajo el argumento de que no se realizó la audiencia pública. “Esto depende de cómo se hagan los traslados, lo cual puede coincidir con el fondo de la cuestión que se discute en el Congreso”, aclaró una fuente a este diario. Los excesivos aumentos que, según señala el juez Ramos Padilla, violan “ciertos derechos como la accesibilidad a los servicios públicos elementales que deben ser garantizados”. Sobre este punto, la discusión ramifica en la desregulación del precio en boca de pozo, dolarizado y atado a vaivenes internacionales, el control republicano sobre tarifas y cuestionamientos a las audiencias públicas.

Guido Lorenzino, defensor del pueblo bonaerense, consideró que la decisión “va en línea con lo que le reclamamos a todas las firmas que prestan el servicio en la Provincia”. “Se trata de una decisión que tiene en cuenta la situación de vulnerabilidad de las familias, sobre todo las que menos tienen, jaqueadas por estas subas irrazonables”, manifestó Lorenzino. El secretario de Servicios Públicos de esa Defensoría, Jorge Ruesga, agregó que “existen aumentos carentes de razonabilidad que se implementaron de manera poco progresiva”. Tal como hizo en otras cautelares en contra de otras medidas de ajuste, se descuenta que el Gobierno contestará esta apelación. Pero eso no debería tener impacto en el efecto suspensivo sobre los cortes de gas por facturas impagas.

Los bloques opositores de la Cámara baja lograron aprobar el proyecto que pone límites al tarifazo sobre los servicios básicos y giraron la iniciativa al Senado, donde el Gobierno espera contar con el respaldo de los gobernadores para inclinar la votación y evitar el costo político del veto presidencial. «Para el Fondo Monetario Internacional, el ajuste tarifario se hizo más rápido de lo que ellos pensaban», resaltó la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, cruzando los dos temas que dominaron la sesión. Mientras el bloque oficialista continuó denunciando la «irresponsabilidad» del proyecto y tildándolo de «demagógico», desde la bancada del Frente para la Victoria (FpV), señalaron que la economía saldrá adelante a partir de la recomposición del poder adquisitivo de la gente y advirtieron sobre el impacto del retorno al FMI. «Van a endeudarse más, van a ajustar más y va a haber más recesión económica. En el medio va a haber más fuga de capitales y se van a beneficiar los mismos de siempre», vaticinó el jefe del principal bloque opositor, Agustín Rossi.

En la votación en general el proyecto de la oposición recibió el apoyo de 133 diputados. En contra votaron 94 legisladores y hubo 3 que se abstuvieron.

«¿Por qué dicen que el Fondo es diferente?  Porque el ajuste en vez de ser muy brutal va a ser sencillamente brutal?”, denunció en el arranque de la sesión especial el diputado Leopoldo Moreau, del FpV, quien criticó al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, por los elogios con los que se refirió al organismo financiero que preside Christine Lagarde durante la conferencia de ayer. En ese sentido, el legislador de origen radical pidió al oficialismo que «reconozca el fracaso» de su modelo y cambie el rumbo.

El repudio opositor a la decisión de volver a negociar un préstamo con el FMI, que implicará mayores condiciones de ajuste, quedó instalado en el inicio de la sesión especial cuando el diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño pidió un apartamiento del reglamento para votar una declaración de rechazo, que fracasó con 66 votos a favor, 114 en contra y 44 abstenciones.

A su turno, los diputados del oficialismo respondieron a las críticas ratificando la política de reducción de subsidios en las tarifas para acompañar el achique fiscal. «Los autores ideológicos del proyecto son los que nos llevaron a esta situación catastrófica”, cargó el diputado PRO Luciano Laspina, volviendo sobre la teoría de la pesada herencia. Laspìna aseguró que “los subsidios fueron un descontrol», que dejaron al país «sin energía para poder crecer, sin dólares en la balanza comercial, sin reservas».

«Hoy a las familias no les alcanza la plata porque los costos fijos son altos, ha aumentado mucho la luz, el agua, el gas, el transporte, los alimentos, el combustible, y entonces las familias se endeudan», bajó la discusión a términos de la gente de a pie el diputado Daniel Arroyo, mientras que su compañero de bancada José Ignacio De Mendiguren también lo puso en términos de política energética: «No tenemos ninguna estrategia energética para avizorar en el futuro qué inversiones son viables o no».

El proyecto opositor declara la emergencia tarifaria en los servicios públicos, retrotrae las tarifas a noviembre de 2017, propone estabilizarlas por un año y ata los futuros aumentos al índice de variación salarial para los hogares y al índice de precios mayoristas para Pymes, cooperativas y empresas recuperadas.

Los diputados federales y el Frente Renovador quitaron del texto original la rebaja del IVA (del 21 por ciento al 10,5) en las facturas de luz, gas y agua. La decisión que apunta a vencer la resistencia de los gobernadores que no quieren resignar los recursos coparticipables que el impuesto aporta a sus provincias. A pesar de eso, los diputados del oficialismo continuaron repitiendo a coro que el proyecto perjudicaba a las provincias.

Mientras la sesión se desarrollaba, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ofreció una conferencia de prensa en Casa Rosada en la que ratificó que el presidente Mauricio Macri vetará la ley en caso de ser aprobada en la Cámara alta, pero dijo esperar con «tranquilidad» el debate en el Senado, donde esperan poder ejercer una mayor presión sobre los legisladores que responden directamente a los gobernadores. En ese tono, Peña les recordó que el proyecto va en contra el pacto fiscal aprobado en diciembre y envió el mensaje de que el «gradualismo» continuará su avance «de forma permanente».

El reflejo de la estrategia oficial de no oponer mayor resistencia ante una votación que el Gobierno dio por perdida y sobre una ley que Macri ya dicidió vetar, lo mostró la artífice de la alianza gobernante Elisa Carrió, quien defendió incondicionalmente la vuelta al FMI, y decidió no escuchar las críticas de la oposición porque poco después que se sancionaran las leyes impulsadas por el oficialismo, se levantó de su banca y se fue.

“Volvimos al mundo de la peor forma, con la cabeza gacha, a las corridas y subiéndonos en un avión para llegar a Washington y pedirle al Fondo que nos salve las papas porque este gobierno no fue capaz de resolver los problemas que tenemos”, manifestó, a su turno, la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, quien exhibió los titulares de los principales diarios internacionales, que se hicieron eco de la novedad.

La política tarifaria del gobierno de Mauricio Macri no sólo tiene un impacto directo sobre el bolsillo de los hogares sino que su magnitud y alcance generó un deterioro del ciclo de producción-venta-contratación de mano de obra. Por el lado de los usuarios residenciales, que sufren los mayores aumentos en las boletas de luz, gas y agua, el incremento en el peso de los servicios públicos sobre el presupuesto dejó relegados otros consumos, de entretenimiento y equipamiento para el hogar a alimentos y bebidas.

Esa retracción del consumo para pagar las cuentas tiene impacto negativo sobre las ventas de los comercios y las industrias, lo cual afecta los balances de esas empresas y lesiona, en un tercer momento, salarios y condiciones de trabajo. Pero por otro lado, en ese contexto de baja de ventas las propias empresas sufren fuertes aumentos de los servicios públicos (entre otros costos) pero no pueden trasladar los mayores costos a los precios porque hay menos compradores. En consecuencia, las empresas también se ajustan. En esta nota se reproducen relatos, números y boletas de las empresas ante el avance de los servicios públicos.

Casos y rubros
Damián tiene una pyme con tres empleados que manejan quince máquinas de tejer circulares automatizadas, para la fabricación de medias terminadas. “Pasamos de pagar 7800 pesos de luz a fines de 2015, a 26.289 en noviembre de 2017 y ahora estamos en 55.809 por mes, un aumento del 615 por ciento”, explicó a este diario. “En ese período, nosotros subimos los precios en un 32 por ciento porque el mercado no da para aumentar, menos todavía con el ingreso de importaciones de China. Las boletas se pagan absorbiendo rentabilidad y limitando la chance de reinvertir. Nosotros no somos electrointensivos pero la luz pasó a representar el cinco por ciento de la facturación. No nos funde, pero complica mucho”, relató Damián.

En el sector del calzado, Alberto tiene una fábrica con cuarenta empleados que utilizan máquinas automáticas. A fines de 2015 las boletas de luz llegaban a unos 5500 pesos por mes, ahora están en 42.900 pesos, un aumento del 680 por ciento. “Sobre un producto de calzado de 400 pesos, alrededor de 6 pesos del costo se explican por el pago de la luz”, definió.

Una textil de la zona de Pergamino mostró boletas que en marzo de 2015 eran de 19.409 pesos por mes, en el mismo mes de 2016 de 27.424 pesos, en 2017 de 55.233 pesos y en 2018 marzo, el mes de menor consumo de la serie, llegó a 116.562 pesos, un aumento total del 500 por ciento.

Desde una tintorería industrial en la provincia de Buenos Aires contaron que la boleta de Edenor se incrementó de 25.988 a 271.000 pesos (942 por ciento) desde diciembre de 2015, mientras que el gas sufrió una suba de 48.538 a 314.497 pesos (548 por ciento). En la Fundación Protejer calcularon para este diario que en el sector textil el peso de los servicios públicos en la estructura de costos pasó del 6 al 17 por ciento en el período 2015-2018. Sin embargo, en determinados nichos el peso de los servicios es mucho más alto. Las curtiembres, por ejemplo, son gas intensivas. Semanas atrás, en el marco de una reunión en el Ministerio de Producción de la cadena del cuero, una curtiembre de tamaño mediano que provee al mercado interno manifestó su preocupación por la caída de las ventas y contó que le vino una factura de gas de casi un millón de pesos.

En el sector metalúrgico, la situación es muy heterogénea y particularmente grave para los electrointensivos. Por ejemplo, una empresa de fundición de Santa Fe en 2015 pagaba 90 mil pesos de luz por mes, lo cual representaba el 9,4 por ciento de su facturación. Ahora, esa boleta está en 700 mil pesos por mes, un aumento del 670 por ciento que representa el 50 por ciento de su facturación. Este diario también se comunicó con una de las más importantes fábricas de motos.

En una de sus plantas, ubicada en el Conurbano bonaerense, la boleta de Edenor pasó de 18.062 pesos por mes a 159.515, una suba del 783 por ciento “con un nivel mucho más bajo de producción”, aclaran. En otros rubros de la metalmecánica, el peso de la luz es mucho más bajo. En una fábrica de ascensores ubicada en zona sur que cuenta con 40 empleados y tornos, centros de mecanizados y puentes grúas, la factura de Edesur subió casi un 700 por ciento desde 2015, con lo cual el impacto sobre la facturación pasó del 0,2 al 1 por ciento.

Alimentos, comercios
“Yo veo dos grandes problemas que tienen las pymes en relación a la cuestión tarifaria. Por un lado, se intentan determinar costos, y por lo tanto precios de venta, en base a las tarifas conocidas pero sin saber cómo va a venir el próximo tarifazo. Pero además, la demanda en el mercado interno está lo suficientemente caída como para no permitir mayores aumentos de precios. Es decir, no se pueden trasladar los aumentos de tarifas a los precios sino que la pyme los debe absorber”, explicó el consultor pyme, Vicente Lourenzo.

Las panaderías organizaron días atrás un “panazo” como protestas por las tarifas. “La gravedad está a la vista, la harina acaba de aumentar y en estos días están aumentando los servicios al mil por ciento. La industria panaderil está atravesando un momento tremendamente grave, en la provincia en el último año cerraron unas 150 panaderías”, dijo Emilio Mojari, vicepresidente de la Federación Panaderil de la provincia de Buenos Aires. En tanto, una fábrica de galletitas pagaba a fines de 2015 1621 pesos por el consumo de 4829 calorías de gas, mientras que en su última boleta recibieron 20.242 pesos por 4919 calorías, lo que implica un incremento del gas del 1148 por ciento, mientras que el consumo de gas subió un 1,8 por ciento.

“Si esto no cambia, vamos camino a cerrar, no nos dan alternativa”, se quejó ante el diario La Capital, de Rosario, el empresario Héctor Dipietro, del restobar La Favrika, con quince empleados, que debe afrontar boletas de la empresa provincial de luz de casi 66 mil pesos.

Las cooperativas
“En diciembre de 2015 nos vino 46 mil pesos de luz y en marzo de este año, 542 mil pesos (1078 por ciento) con un consumo mucho menor porque se redujo el trabajo. En diciembre pasado, la boleta llegó a 672 mil pesos. Tenemos 6 millones de pesos de deuda con Edenor, que quedó congelada porque no quieren cortarnos la luz, pero el Gobierno nunca cumplió con su promesa de ofrecer alguna solución viable para el sector”, explicó a este diario Jorge Reisch, presidente de la cooperativa Cueroflex. Otros casos: la empresa textiles Pigüé, con 130 trabajadores, en el partido de Saavedra, provincia de Buenos Aires, pasó de 29.200 pesos a fines de 2015 a 549.000 (1780 por ciento).

La imprenta La Nueva Unión, ubicada en el barrio porteño de Pompeya, pagaba 2207 pesos por mes de luz antes de la saga de tarifazos y ahora está en casi 30 mil pesos por mes (1259 por ciento). “Hace un par de semanas nos cortaron la luz y tuvimos que hacer el plan de pagos de 18 cuotas. AySA directamente dejamos de pagar cuando empezaron los aumentos y hoy debemos 116.261 pesos”, explicaron desde la cooperativa. Las cuentas de la cooperativa Hotel Bauen pasaron de 25 mil pesos de luz en diciembre de 2015, 11 mil pesos de gas y 65 mil de agua, un total de 101 mil pesos por servicios públicos, a 220 mil pesos de luz, 70 mil de gas y 250 mil de agua, un total de 540 mil pesos. El incremento global es de 434 por ciento.