En este sentido, señaló que “todo lo que no atiende la política nacional, la gente lo reclama en el Municipio”.

“Nación quitó los subsidios a toda la zona patagónica y eso provocó que en Comodoro los vecinos tengan que pagar valores muy altos por los servicios públicos”, dijo.

Asimismo, aclaró que “el viernes a las 10:30 de la mañana citamos a los Secretarios Generales de algunos Gremios para charlar sobre las acciones a seguir con este tema tan delicado que son las tarifas de los servicios públicos”.

“La desregulación y liberación de las tarifas que autorizó la Ley Bases, impactó de manera sumamente negativa en los vecinos”, indicó.

Finalmente, Macharashvili concluyó que “estamos articulando acciones para que Chubut pueda generar energía y así dejar de depender de CAMMESA”.

Para 2022 se espera un aumento de las tarifas de los servicios de energía eléctrica y gas. Fuentes de la secretaría de Energía aseguraron que el techo máximo se fijará en 20% y el aumento se pondrá en marcha durante los dos primeros meses del año.

“Se está trabajando de manera articulada desde la Secretaria de Energía con el Ministerio de Economía, proyectando la continuidad del crecimiento económico en la Argentina y apuntando a una recomposición tarifaria entre el 17 y el 20% en todo el país”, anunciaron fuentes cercanas al Gobierno.

El aumento de tarifas será anunciado por el Gobierno Nacional entre enero y febrero y regirá para todo el país y por todo el año. De esta forma, el Gobierno se asegura que la suba de tarifas decidida sea menor a los incrementos de salarios proyectados para el 2022.

“A diferencia de lo ocurrido en 2020 y 2021 donde la pandemia afectó de forma significativa el poder adquisitivo de las familias argentinas y donde, en gran medida, fue el estado nacional el que afrontó el costo incremental de la energía mediante subsidios, en 2022 habrá una actualización en el precio de la energía mediante una recomposición de las tarifas con la finalidad de quitarle presión al sector público y equilibrar el escenario fiscal”, señalaron fuentes en diálogo con el diario Ámbito Financiero.

Ese techo del 20% no aplicará para los usuarios que, a criterio del programa de segmentación que están elaborando el Enargas y el Enre, estén en condiciones de afrontar el pago pleno de la tarifa. En esos casos, el aumento será mayor al 20% y podría llegar en algunos casos a no tener ninguna clase de subsidio en su facturas.

“Tanto el ENRE como el CONICET vienen diseñando escenarios para el área metropolitana con ejercicios de segmentación que ya han sido estudiados y ratificados y que podrían implementarse próximamente por la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía”, señalaron.

La recomposición se hará de una única vez, mientras que la segmentación que podría incrementar el precio de la energía para esos usuarios en particular (por una magnitud bastante mayor a la anunciada) podría ser gradual en su implementación a lo largo del año.

“Es necesario tener niveles de tarifas de servicios públicos justos en términos distributivos y productivos, sostenibles y equitativos en materia fiscal, alineados con un uso eficiente de los recursos no renovables que alienten un proceso de inversión alineado con las necesidades de crecimiento de la economía”, dice el mensaje del proyecto de Presupuesto 2021.

La iniciativa que fue enviada esta semana al Congreso y que defenderá Martín Guzmán la semana próxima, no hace especial alusión a cómo será el reacomodamiento tarifario en 2021, pero cuando presentó los principales lineamientos del proyecto a los medios, el ministro dijo que “las tarifas deben actualizarse de una manera que acompañe el crecimiento de los precios”. Y la inflación proyectada para el año próximo asciende al 29 por ciento.

“Las decisiones tarifarias se tomarán en el resto del año, pero creemos que deben ajustarse de acuerdo a la inflación. Apuntamos a que los subsidios en relación al PBI no crezcan. En 2020, hubo un congelamiento nominal; lo que esperamos para 2021 es un congelamiento real”, dijo Guzmán el martes, cuando recibió a los periodistas para hablar del Presupuesto.Hoy la demanda está pagando un 40% de lo que sale generar la electricidad; el resto lo afronta el Estado.

En esa oportunidad, el ministro también dijo que se redefinirá el esquema de tarifas “buscando una transición ordenada, en la cual haya incentivos a la inversión y sustentabilidad fiscal”. Además, dijo Guzmán, lo que pagan los hogares debe estar alineado con la situación económica y social. “Ese esquema para 2021 se va a estar informando más adelante. Hasta el 31 de diciembre no va a haber cambios”, remarcó.

De acuerdo con el informe de julio de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la ejecución acumulada en los fondos presupuestados para transferencias corrientes dirigidas al sector energético, que reúne la mayor parte del presupuesto vigente anual destinado a subsidios económicos, alcanzó $218.522 millones (84,9% del crédito anual), que se destinaron principalmente a las empresas CAMMESA ($152.061,2 millones) y, en menor medida, a Integración Energética Argentina S.A. ($33.526,3 millones), al Plan de Gas No Convencional ($15.611,8 millones), al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP de Sectores de Bajos Recursos y para la Expansión de Redes de Gas Natural ($5.219 millones), a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio ($3.450 millones) y a Yacyretá ($3.368 millones).

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anticipó que las tarifas se ajustarían por inflación en 2021

El congelamiento tarifario ya lleva 18 meses y en las empresas ya tenían asumido que no habría cambios por lo menos hasta fin de año, menos aún en el actual contexto de pandemia. Por otra parte, la Secretaría de Energía pasó a depender de Economía y todavía el nuevo titular del área, Darío Martínez, ni siquiera tiene oficializado el nombramiento. Por ende, la discusión se demorará. “Da la sensación de que otra vez se lo vuelve a postergar al sector respecto del valor estratégico que tiene. Estamos muy cerca de colapsar y si no ingresa dinero, la calidad del servicio empeorará en el mediano plazo”, dijeron en una de las distribuidoras eléctricas.

“Tuvimos el último aumento en abril del año pasado y luego se fue postergando la recomposición. Tenemos reuniones con el Enargas y hay una comprensión de la situación y de los números del sector, que necesita un ajuste urgente, pero no tenemos ningún indicio de nada”, dijeron en otra compañía.

En las empresas aseguran que los costos suben, que acumulan la inflación de un año y medio, y tienen la expectativa de poder iniciar una renegociación del esquema tarifario con el Gobierno. El gran interrogante es que se habilitará a las empresas a aumentar lo que no pudieron hacer en estos meses, lo cual pareciera difícil en el actual contexto, en el que se están pisando fuertemente todos los aumentos y aspiran a una desaceleración de la inflación para el año próximo.

El secretario de Energía, Darío Martínez, junto al presidente Alberto Fernández.

En una de las empresas de servicios públicos afirmaron que el sector está muy complicado y que es un rubro en el que todos los años hay que invertir para mantener el servicio. Y si no ingresa dinero, la inversión baja, y se sentirá en el mediano y largo plazo, como ya ocurrió en el pasado. En el caso de las distribuidoras, no sólo no tuvieron actualización de tarifas, sino que sufrieron un crecimiento en la mora. Al principio de la cuarentena, se frenó el cobro porque las oficinas estaban cerradas y si bien luego se normalizó y los usuarios comenzaron a abonar vía Internet o en los locales de pago, “también hubo que darles planes de pago a distintos clientes que estaban con inconvenientes, y lo mismo pasó con los comercios, lo cual agravó la situación”, dijo la fuente.

Si bien en las compañías no quieren hacer especulaciones y prefieren mantener el bajo perfil para evitar futuras complicaciones en la etapa de negociación que se avecina, en una de las firmas consultadas se animaron a afirmar que sólo el segmento de la distribución requiere de un aumento del 60%, lo que implicaría un aumento del 20% para el usuario. Pero también debería agregarse el costo de la generación, ya que un tercio de la factura de luz es el costo de la compra de la energía a CAMMESA; otro tercio es el valor agregado de la distribución y el otro, los impuestos. Hoy la demanda está pagando un 40% de lo que sale generar la electricidad; el resto lo afronta el Estado.

El gobierno anunció una medida. La oposición clamó “¡Venezuela!” Tres juristas, elenco estable, denunciaron inconstitucionalidad. Cinco opineitors se encolerizaron, demostrando ignorancia absoluta sobre la medida. No importa cuando leas esto.

El presidente Alberto Fernández instituyó como «servicios públicos» a la telefonía celular, los servicios de Internet y la televisión paga. El primer objetivo es garantizar el acceso a toda la población. Tuiteó: «de esta manera estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado”. La oposición clamó: “¡Venezuela!”.

El primer instrumento según el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020 es la suspensión de aumentos de dichos servicios hasta el 31 de diciembre. Las prestadoras los habían anunciado, varias llegaron a enviar facturas con nuevas tarifas para pagar en septiembre. Fernández recibió durante la semana a empresarios del sector, intentó disuadirlos, se negaron de plano.

Era el segundo incremento en el año de pandemia, queda sin efecto. El impacto inmediato aliviará a millones de ciudadanos que, por motivos evidentes, usan más el celular e Internet. Muchos están obligados porque realizan trabajo a distancia o porque tienen hijos en edad escolar que suplen, como mejor pueden, la ausencia de clases presenciales. Crece exponencialmente la demanda de particulares para mantener contacto con los afectos, para actividades culturales, para esparcimiento. La suba del consumo cuasi forzosa afecta al bolsillo de la gente común. La regulación procura protegerla.

Los precios no se congelan eternamente pero eventuales futuras subas deberán ser aprobadas por el Estado.

Más relevante aunque menos ostensible de entrada es el derecho a una prestación “básica, universal y obligatoria para los que menos tienen”. El acceso a bienes indispensables en el siglo XXI constituye una de las claves de los servicios públicos. La nómina de bienes se amplía, algunos lo llamamos progreso o equidad o hasta justicia social, con perdón de la palabra.

El Gobierno interviene, toma partido en un conflicto de intereses entre las prestadoras y millones de argentinos de a pie.

Vocifere “¡Venezuela!” si quiere. O lea, escuche, repase la historia.

La sanata sobre el péndulo: 

La normativa restituye valores derechos consagrados por la ley “Argentina Digital” del año 2014, suprimidos por el ex presidente Mauricio Macri. La Vulgata dominante se queja: “¿cómo es posible que las reglas cambien cada cuatro años?” La primera respuesta: hay democracia, con alternancia. Quienes reniegan del “péndulo” no quieren que haya equilibrio en improbable centro sino vivir en su extremo derecho.

Los gurúes económicos elevan preces al cielo: “que haya políticas de Estado”. Llaman así a la eternización de las decisiones de gobiernos de derecha.

Piden amplios debates, los hubo previamente a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA) incluyendo Foros provinciales. Macri la desguazó con un DNU a pocos días de asumir.

En el caso que nos ocupa, son más los derechos reestablecidos que las innovaciones, si tal cuestión importara.

Son numerosos los países en el que el acceso de Internet es considerado derecho esencial . La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo reconoce también. Abundan en el centro del mundo, Europa especialmente, Estados que reconocen como derecho esencial el acceso a la telefonía celular, un bien imprescindible en los tiempos que corren. Dejamos a los especialistas el listado.

La opción inexistente: 

La actual gestión estableció precios máximos para un conjunto vasto de productos, las reglas se cumplen… apenas en parte. Median escollos para que funcionarios ejerzan control activo. El público, a su vez, no puede seguir los consejos de la inefable Lita de Lázzari. La peste impone comprar en los negocios de cercanía. Peregrinar en busca de mejores precios pondría en riesgo la salud propia y la del prójimo.

Las tarifas de gas y electricidad están congeladas. En el ámbito privado, también los alquileres de viviendas .

Los combustibles líquidos mantuvieron precios durante meses, ahora se dispuso un aumento, por debajo de la inflación. Se atiende a varios objetivos: impedir la falencia de las empresas, en particular la estatal YPF. Sostener los puestos de trabajo y las finanzas de las provincias petroleras. Mantener vivo el potencial de Vaca Muerta. De cualquier manera, la suba afectará a las familias y las empresas. Se trata de optar, cualquier solución es opinable e imperfecta.

Empresas como Telecom, Cablevisión, Fibertel, Telefónica, Claro, Telecentro, protestan. El presidente suele pedirles que sean solidarias, que acepten “no perder sino ganar menos”. El imaginario de “los grandes jugadores” desconoce o niega la diferencia que señala Fernández. Para ellos, ganar menos equivale a perder, tout court. El Grupo Clarín es titular de las tres primeras empresas de la lista, son su principal fuente de ganancias. El poder se construye también con el imperio mediático pero el flujo de dinero no.

Huelga decir que el DNU que nos ocupa no legisla sobre contenidos ni sobre libertad de expresión. Esa evidencia jamás será reconocida por la oposición política y el establishment económico que se pintan la cara.

En el manual de operaciones de las corporaciones prevalece la judicialización. Si algo abunda en el Poder Judicial son magistrados dispuestos a admitir medidas cautelares absurdas en defensa de intereses concentrados. Esas medidas, como las prisiones preventivas del macrismo a sus adversarios, se transforman en eternas. Funcionan como sentencias firmes, sin serlo. Posiblemente mientras se tipea esta nota, en la tarde del sábado, estén trabajando a destajo abogados amigos del presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, tal vez ex socios. O gente parecida, tanto da.

Derechos en juego: 

Los regímenes legales inclusivos buscan compensaciones entre el poder de los grandes proveedores de servicios y los usuarios, individuales y dispersos. Mitigar las asimetrías de poder. Los contratos de adhesión, en caso de duda, se interpretan a favor del cliente.

Los prestadores de telefonía móvil e Internet marchan a la vanguardia de quejas por mal servicio. Los organismos de Defensa del Consumidor o las Defensorías Públicas registran marcas récord.

Atienden a una clientela vasta, es verdad. Pero es ilustrativo leer sus cuentas de Twitter. Proliferan hallazgos como estos:

Cliente: “Ustedes cagándose en sus clientes, un clásico”.

Respuesta: “¡Hola! ¿Cómo estás? Mi nombre es Flor y voy a ayudarte ¿Podrías indicarme el DNI del titular y el detalle de tu consulta por privado así lo vemos? Te espero”.

Otra.

C:“Dejen de hacerse los pelotudos”-

R: “Te respondimos por DM”.

Hay cantidades, divertido y pedagógico leer dicho material.

La parla macrista hecha y derecha. Te tuteo, le echo almíbar a la réplica, te “duermo” o mando a un callejón sin salida.

Transferencias de ingresos: 

La decisión presidencial es audaz porque aviva el odio de grandes corporaciones. Guarda coherencia con varias anteriores, el aluvional programa de salvataje en pandemia. Transferencias de ingresos como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o los ATP. Miles de empresas, anche de gran porte, embolsaron los subsidios sin quejarse del intervencionismo estatal. Chillaron, eso sí, cuando se les exigieron mínimas contrapartidas. Los conflictos escalaron cuando se fijó doble indemnización, cuando se prohibieron despidos sin causa o alegando fuerza mayor.

El abanico de acciones apunta a mantener fuentes de trabajo, minimizar la cantidad de despidos. Interviene en la puja de derechos entre trabajadores y patrones.

El DNU 690/2020 guarda coherencia con el resto, lo cualifica. Ingresa en la puja distributiva, redistribuye recursos. Es válido que los capitalistas defiendan su lucro. Es capcioso que usen como argumento los intereses de la contraparte. 

Ni hablemos de las inversiones extranjeras, que se ahuyentarían. El neoliberalismo market friendly no las atrajo en cuatro años. Absurdo esperarlas en la “nueva normalidad”: todos los estados agrandarán el gasto social, la protección del trabajo de sus nacionales, revisarán las relocalizaciones dispuestas en tiempos que no volverán.

Indignados contagiosos: 

Volvamos al principio. La oposición amanece indignada. No sabe todavía por qué, ya lo decidirá. Convoca a un banderazo contra algo cuyos alcances desconoce.

No importa cuando digas esto.

La indignación se agrava con violencia verbal y un creciente desprecio por el prójimo. El intendente de Avellaneda (Santa Fe), Dionisio Scarpin, que marchó el lunes 17 sin barbijo, abrazó a vecinas-grupos de riesgo y al día siguiente anunció padecer covid dista de ser un caso excepcional. Expresa a una minoría intensa, irresponsable, insolidaria.

En estas horas la indignación trepa contra una norma que, como señala el académico especialista Glenn Postolski “restituye la concepción del rol del Estado como garante del derecho humano a la comunicación”. Amplía derechos, redistribuye bienes, beneficia a millones de personas. Achica los márgenes de ganancia a un puñado de corporaciones que hasta ahora se alzaban entre las contadas grandes ganadoras en medio de la debacle colectiva. Resignarán una fracción de las super ganancias. Seguramente eso les preocupará menos que el avance de los derechos de los ciudadanos-consumidores. Pero no lo gritarán.

La investigación la llevaron adelante durante más de tres meses. La hipótesis de los fiscales es que Korn y Pagani, cuando eran subsecretario de Servicios Públicos y Ministro de Infraestructura y Planeamiento respectivamente, direccionaron una obra de servicios públicos para Ighani, titular de la Unión Transitoria de Empresas Rigel – Incopa de Comodoro Rivadavia, quien  se benefició con el 20% de anticipo del monto de la obra de aproximadamente $90.000.000.  “Aprovechándose del cargo que ostentaban, direccionaron la contratación directa para beneficiar económicamente a la UTE RIGEL – INCOPA”, sostienen los fiscales.

“A partir de julio de 2016, Korn y Pagani se interesaron en la contratación directa con la U.T.E. RIGEL – INCOPA de la ciudad de Comodoro Rivadavia. La contratación era para la alimentación de energía eléctrica y estación transformadora Área Central Stella Maris”, indicaron Báez y Bugueño en su escrito presentado ante la Oficina Judicial.

La contratación se realizó a través de invitación a empresas constructoras. Pero, según afirman los fiscales, “sin perjuicio del avance de la investigación, surge que esta UTE no fue invitada formalmente, pero aparece en la apertura de ofertas, y es la que luego es contratada. Los funcionarios ignoraron a las restantes firmas que habían sido formalmente invitadas, como por ejemplo Sudelco SA y Freile SRL”.

En el trámite de adjudicación intervinieron otros funcionarios, en lo que se denominó una Comisión de Pre adjudicación, integrada por Fabián Smith, integrante de la Cooperativa de Comodoro Rivadavia, y Mario Alegre y Jorge Block, funcionarios de Servicios Públicos.

Para los fiscales, surge como partícipe necesario el apoderado de la UTE Massoud Ighani, cuya complicidad fue necesaria para concretar la maniobra fraudulenta.  “No es un dato menor que esta U.T.E. también fue la beneficiada de forma directa en otra obra y en el mismo lapso temporal por otra obra millonaria que se encuentra también bajo investigación, que es la contratación por el “Suministro de electricidad Rada Tilly”, indicaron Báez y Bugueño.

Negociaciones incompatibles

La calificación legal por la cual serán investigados es por “negociaciones incompatibles con la función pública”, en carácter de coautores para Pagani, Korn, Feller, Alegre y Block; y de partícipes para Smith e Inghani.

En este tipo de delito, “la conducta que la ley penaliza consiste en interesarse, en la búsqueda de un beneficio propio del funcionario o para un tercero, en cualquier contrato u operación en el que le corresponda intervenir debido a su cargo”, explicó Bugueño. La autoría corresponde por lo tanto en exclusividad al funcionario. Y el partícipe necesario, en este caso Inghani y Smith, tienen prevista la misma pena. “A los fines de la pena, la cuestión es indiferente, desde que al partícipe necesario le corresponde la misma sanción penal que al autor”, cerró el funcionario.

Los distintos bloques en que se divide el peronismo y otros bloques menores de la oposición pudieron cerrar filas detrás de una iniciativa que propone retrotraer los valores de las tarifas a noviembre del año pasado, informa Ámbito Financiero. La propuesta impide que las eventuales alzas sean superiores a la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) en el caso de los usuarios residenciales, y al Índice de Precios Internos al Mayor (IPIM) publicado por el INDEC para pymes y cooperativas de trabajo.

En total, fueron 133 votos a favor, 94 negativos y tres abstenciones, al cabo de 12 horas y media de debate.

Además, impide que las eventuales alzas sean superiores a la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) en el caso de los usuarios residenciales, y al Índice de Precios Internos al Mayor (IPIM) publicado por el INDEC para pymes y cooperativas de trabajo. El proyecto fue suavizado en su redacción por iniciativa del peronismo «no K» de Argentina Federal y el Frente Renovador.

Mientras se sucedían uno tras otro los discursos en el recinto, los diputados Marco Lavagna (Frente Renovador) y Diego Bossio (Justicialista), en aras de mitigar el impacto fiscal de la medida, negociaron cambios al proyecto original, como excluir al transporte y los peajes de la regulación. En ese sentido, sólo quedó en pie el límite a los aumentos en las facturas de luz, agua y gas (incluida la garrafa).

También se quitaron las restricciones a las subas sobre las facturas de consumos más altos, en tanto que ya se había dado marcha atrás con la reducción del IVA en las tarifas de servicios públicos.