Pablo Bastida es uno de los imputados en la denominada Causa Revelación, investigación judicial que intenta determinar presuntos hechos de corrupción en la contratación de la obra pública y hoy el Juez Sergio Piñeda resolvió que volverá a prisión por 15 días, después que la fiscalía diera cuenta que el mismo había mantenido contacto y protagonizó una discusión en plena calle con una testigo del caso.

La audiencia fue pedida por el fiscal Marcos Nápoli, quien sostuvo que  Bastida habría violado una de las condiciones impuestas cuando se decidió su libertad durante el proceso, ya que el mismo  se acercó a un testigo entorpeciendo de esta manera la investigación.

Según la acusación, Bastida se acercó a la testigo, quien fuera su empleada hace tiempo. El episodio fue ayer por la tarde en las afueras del Colegio “María Auxiliadora” de Trelew.

De acuerdo a lo que dijo el  fiscal, Bastida la tildo a la mujer de mentirosa en función de lo manifestado por ella en la investigación y  pidió al juez Sergio Piñeda que aplique al imputado 15 días de arresto domiciliario con rondines policiales sorpresivos.

También se indicó que el funcionario de Fiscalía Lucas koltsch fue testigo del incidente.

Según el defensor Fabián Gabalachis, era empleada de Bastida y tiene un juicio laboral contra el mismo, en tanto que el reproche mutuo a la salida del colegio, fue generado por la mujer.
El defensor Gabalachis reconoció el encuentro entre ambos y pidió que se debe evitar que la mujer se encuentre con el imputado.

Tras escuchar a las partes, el Juez  Piñeda resolvió hacer lugar al pedido de la fiscalía y ordenó 15 días de arresto domiciliario a Bastida. En ese sentido argumentó que la situación vivida por Bastida le había sido advertida que podría suceder y  agregó que Bastida tuvo que tomar mayor resguardo teniendo en cuenta que el encuentro era previsible porque además los hijos de ambos concurren a la misma escuela.

El juez Sergio Piñeda aceptó la oferta de reparación de daños planteada por cuatro empresarios de la construcción imputados en la Causa Revelación y accedieron de esa forma a la suspensión de juicio a prueba. Las ofertas fueron aceptadas tal como las presentaron los abogados defensores.

El juez Sergio Piñeda aceptó la probation para cuatro de los empresarios imputados en la causa Revelación (Oscar Peña, Esteban Torraca, Patricio Musante y Juan Salaberry) tras considerar válidas las ofertas de reparación de daños presentadas por sus abogados defensores.

La semana pasada, el empresario Oscar Peña ofreció como obra resarcitoria construir un playón deportivo con césped sintético e iluminación en el barrio Sargento Cabral de Esquel. La superficie es de 21.5 x 50 mts., señala hoy el sitio web ADNSur.

La obra cuenta con el aval del intendente Sergio Ongarato. Al 17 de agosto costaba $1.817.201 pero que con el incremento del dólar habría que sumarle un 42%, por lo que su valor rondará los $2.600.000, según detalló días atrás el diario Jornada.

Mientras tanto, Esteban Torraca, de Comodoro, ofreció reacondicionar la Comisaría del barrio Don Bosco del Km. 3 en Comodoro Rivadavia, donde estuvo detenido.

El costo de la obra es de $2.232.875 al que habría que sumarle un 40% por la inflación. Mientras tanto, el comisario de esa dependencia solicitó obras adicionales.

El referente de la Cámara Argentina de la Construcción, Patricio Musante, propuso como medida resarcitoria la construcción de un Salón de Usos Múltiples en el Centro de Acción Familiar de Gaiman. Le duplicará su superficie original llegando a los 80 mts2 y le suman una cocina, baño, cerco perimetral y veredas. La inversión actualizada es de $3.003.091.

Juan Ignacio Salaberry reiteró su propuesta de mejoras de la Comisaría 4ª de Trelew, donde estuvo detenido. Los trabajos incluyen un paredón de 80 x 2.5 metros, la colocación de un tanque cisterna de 1.200 litros con bomba de elevación y la pintura de la fachada de la dependencia policial. El monto de los trabajos es de $549.309, más actualización por inflación.

Para estas ofertas acordaron la Unidad Anticorrupción con las defensas pero hubo oposición de las querellas. Eduardo Hualpa, de Iniciativa Ciudadana, se opuso a la reparación ya que no garantizan que los hechos de corrupción no se vuelvan a repetir.

Por su parte, los diputados del Frente para la Victoria, Blas Meza Evans, Gabriela Dufour y Alejandra Marcilla, aseguraron que la reparación es insuficiente. Por eso proponen que las obras sumen un 2% del total de las obras certificadas por el Gobierno. En algunos casos, aseguran, es un monto que duplica lo ofrecido. A esta postura adhirió la querella de la Oficina Anticorrupción.

También se opuso el diputado Eduardo Conde, de Cambiemos. Dijo que “no hay dinero que alcance para reparar el daño causado a la sociedad”.

Finalmente, Fiscalía de Estado no se opuso a las obras pero sí a los montos económicos que representan.

El exministro de Economía, Pablo Oca, fue el único de los imputados de asociación ilícita que declaró ante el juez Sergio Piñeda en el marco de la causa «Revelación», un desprendimiento de «El Embrujo» que devela acciones de corrupción con la obra pública en el gobierno del Chubut en tiempos de Mario Das Neves.

«Niego todas las imputaciones», sostuvo el contador, quien decidió no responder preguntas de la Fiscalía. El ex funcionario es patrocinado por el abogado Fabian Gabalachis y es uno de los once detenidos luego de los allanamientos realizados en Trelew, Comodoro Rivadavia y Esquel.

Oca decidió declarar en la audiencia desarrollada en Tribunales. «Los pagos de la obra pública, sin temor a equivocarme, cerca del 60% se paga a través del IPV, en la cual el ministro de Economía no tiene ninguna injerencia. El resto, el 40%, se paga a través de la Tesorería de la Provincia», explicó Oca.

«Para que llegue a la Tesorería un pago, para que eventualmente la tesorera de la provincia verifique, tiene que haber antes de eso una enumeración de secuencias para que la orden de pago llegue efectivamente», agregó.

«A la Tesorería lo único que llega es la orden de pago. Todos los pedidos de pago se canalizaban a través del Ministerio de Infraestructura», indicó. «Mi única función consistía era ver la disponibilidad de la caja porque las obras se pagaban con distintas fuentes de financiamiento».

El fiscal Marcos Napoli relató, minutos más tarde, sobre una escucha telefónica entre Correa y Pablo Oca donde le explica como era el mecanismo para que cobren las empresas. Y agregó que «aparece Oca cobrando 200 mil pesos en esa plantilla y tenemos indicio de cargo contra él distintos testimonios».

A su vez, Napoli también relata conversación de Arnaudo con Gatica: «Oca tiene la botonera de los pagos».

Según publica diario El Chubut, la denominada audiencia de apertura de investigación y control de detención será ante el juez Sergio Piñeda, dentro de las 48 horas legales, en la sala de audiencias del Superior Tribunal de Justicia de Chubut. Se prevé que sea el jueves, aunque el horario todavía no fue fijado por la Oficina Judicial.

Los allanamientos

Los múltiples procedimientos fueron realizados en toda la provincia: La Cámara de Construcción de Comodoro Rivadavia y de Trelew. Se allanaron domicilios de Raquel Di Perna, viuda del exgobernador Mario das Neves. El quincho del partido Chubut Somos Todos en Trelew

Los fiscales libraron órdenes de detención para 11 personas.

Víctor Cisterna. Ex jefe de Gabinete de Chubut

Gonzalo Carpintero. Ex secretario privado de Mario das Neves

Pablo Oca. Ex ministro de Economía de Chubut

Patricio Mussante. Empresario de la construcción

Daniel Russo. Empresario de la construcción

Juan Salaberry. Empresario de la construcción

Juan Carlos Villegas. Empresario de la construcción

Federico Piccione. Empresario de la construcción.

Esteban Torraca. Empresario de la construcción.

Andrés Jorge Ninin. Periodista.

Oscar Peña. Empresario de la construcción

El cúmulo de documentación, listados con asientos contables caseros (pero extremadamente prolijos y detallados), ya provocaron la condena social para muchos que enterraron su futuro político bajo sospechas más pesadas que una lápida. Claro que aún se está en una etapa de investigación y restan todavía cinco meses para que el Ministerio Público Fiscal culmine su tarea de recolección de pruebas para formular su acusación. Después llegará el tiempo de demostrar lo sostenido hasta el momento y todo lo que aún falta destapar.

La sociedad crece en indignación y debe ser consciente que nada quedará resuelto en poco tiempo. La contundencia de los hechos motivó que el juez Sergio Piñeda primero, y otros dos magistrados después durante las apelaciones, no dudasen un ápice en dictar seis meses de preventiva para cada uno de los detenidos. Pero será titánica la tarea de los fiscales que ahora son aplaudidos hasta cuando llevan sus hijos al colegio. Por eso, el Procurador Jorge Miquelarena decidió el refuerzo de los doctores Marco Nápoli, de Trelew, y Héctor Iturrioz, de Comodoro, para deshilar con mayor precisión las derivaciones de la ya más que difundida planilla Excel que detallaba el aporte de constructoras a la ‘caja negra de la política’ y el posterior reparto según rangos, compromisos y hasta para gastos domésticos como el gel para la caída del cabello de Diego Correa, detalla hoy el diario El Chubut.

Pero el plantel de fiscales no es precisamente el suficiente para atender casos complejos. Cuando Williams y Rodríguez se pusieron al frente del equipo especial para causas de corrupción en el Estado, tuvieron que derivar las investigaciones que tenían a su cargo a otros colegas. Ahora, lo mismo se está haciendo con las causas de Nápoli e Iturrioz. Un poco de ayuda para unos, pero recarga para otros. La ecuación es simple y es lo que hay. Como también son pocos los recursos materiales para una investigación vinculada a quienes se llevaron varios millones del erario público. Resulta una paradoja, pero ante todo es la demostración de sólo una de las consecuencias de la crisis y, como dijo el fin de semana el radical Gustavo Menna, ‘es inevitable vincular la situación calamitosa de Chubut con los casos de corrupción que se investigan’.

Lo cierto es que estos fiscales tienen un plazo que corre y deben concentrarse ahora en demostrar la existencia de una asociación ilícita y vincular a cada uno de los siete detenidos que tiene la causa. Luego vendrá el tiempo de formular la acusación para llegar a un juicio y podríamos estar dos años alrededor sólo de intentar demostrar esos hechos. Todavía resta conocer el avance de la causa de los sobreprecios durante la emergencia climática, hubo derivaciones como los ‘retornos’ de la obra pública y el reparto de la ‘caja negra’. Por lo tanto, la sociedad deberá bajar el nivel de ansiedad y los funcionarios del Ministerio Público Fiscal no acostumbrarse al sonido de los aplausos, que se irán diluyendo a medida que transcurran los tiempos judiciales que suelen no ir al paso de los deseos de justicia de los ciudadanos.