“Es uno de los primeros elementos que señalé en la intervención que tiene que ver con esto, es decir, la adhesión a una ley que no está reglamentada y cuyos artículos plantean la posibilidad de que esa reglamentación modifique los alcances del RIGI, es decir, los beneficios, el destino de los beneficiarios, etc. Quiere decir que ya de por sí eso demuestra que tan es el apuro que tenían para aprobarlo, que no solamente no le dedicaron más de una hora a debates en comisiones, sino que además se apuraron para adherir una ley que ni siquiera se conoce realmente sus alcances, lo cual lo hace doblemente bochornoso”, expresó el legislador.

Y agregó al aire por Radiocracia que “de alguna forma es un cheque en blanco, porque es una adhesión a algo que ni siquiera sabes cómo va a ser, con lo cual lo preocupante es que incluso sea peor que lo que se conoce del RIGI. En realidad no se trata tanto de la posible reglamentación, sino que en el propio articulado que sí se conoce del RIGI, establece que toda legislación existente, provincial, municipal o lo que fuera, que de alguna forma obstaculice el desarrollo de algún proyecto de inversión de más de 200 millones de dólares, queda sin efecto, es de nulidad absoluta. Así lo dice expresan en la ley, con lo cual independientemente del problema este de la reglamentación, ya lo que se conoce es que esta adhesión, con esta excepción de la 5001, en realidad el RIGI hace pender de un hilo la 5001 y cualquier tipo de legislación que tenga algún tipo de protección ambiental o lo que fuere, que son conquistas de luchas de estos años”.

“Ya de por sí lo que se conoce del RIGI es que queda sin efecto de las provincias y además incluso plantea prioridad en los insumos aunque haya emergencia o lo que fuera, es decir prioridad en la energía, en el agua para estas grandes empresas que vienen a hacer sus negociados en la provincia. Ese es el tema, ahora esto lo vamos a saber solamente cuando haya una posibilidad concreta y es una empresa que diga, bueno, yo tengo este proyecto de inversión, supóngase de uranio, porque ya hay un montón de exploraciones que el Gobierno provincial viene autorizando y entonces la empresa dice, tengo una inversión por más de 200 millones de dólares, esto lo pacta con el gobierno nacional y ahí es donde toda legislación que entorpezca queda descartada”, analizó.

Finalmente, consultado acerca de por qué cree que hubo tanto apuro en adherir a una ley que no está reglamentada, expresó que “hubo diputados de la oposición que decían estar de acuerdo con la adhesión al RIGI, con esa excepción de la minería. Eso demuestra que es medio papel mojado, porque si vos podés establecer modificaciones en cómo adherís, entonces mínimo tenés que habilitar el debate de qué otro tipo de modificaciones le hacés. No, ellos solamente pusieron ese punto que tiene que ver con un intento de desmovilizar, como de tranquilizar a la población que sabe que Chubut rechaza la megaminería en forma muy amplia”.

“Estas adhesiones enviadas por el gobierno provincial no tienen ninguna modificación al texto original, y son una manera de acompañar la política del Gobierno nacional”, enfatizó.

“Ese índice es algo que además viene en crecimiento y pasa en todas las ciudades del país. Con esta asimetría tan brutal que mientras los empresarios de la pesca se llevan todo, los trabajadores ni siquiera tienen un plato de pescado sobre su mesa porque es carísimo consumirlo”, sostuvo al aire por Radiocracia.

Y agregó que “es evidente que este es un tema político en relación a quién se prioriza al momento de repartir los recursos provinciales y este régimen (RIGI) va a promover justamente una mayor asimetría en esa distribución y una mayor concentración de los grandes grupos de poder”.

“Estamos en un cuadro de situación donde no está mejorando la situación, e incluso empeorando en ciertos sectores, mientras que se les sigue garantizando las grandes ganancias a los que se la llevan en pala históricamente de nuestra provincia”, determinó.

El legislador manifestó que Ignacio Torres llega tarde al cuestionamiento sobre los gastos, tema denunciado anteriormente. Destacó su evasión en entrevista respecto a los viáticos. La publicación de resoluciones fue solicitada para transparentar la discrecionalidad en la administración de gastos y propuso comparar sueldos docentes con los de diputados.

“Primero, hay que decir que Torres está llegando medio tarde a este planteo, porque esto ya había, de hecho fui el único que lo denunció en su momento cuando se aumentó los gastos de bloques, que los votaron todos, menos el Frente de Izquierda, todo el mundo votó a favor de aumentar los gastos de bloque, y yo ahí mismo planteé que el aumento del gasto de bloques era sobre la base de que además ya existía el concepto de viáticos, y que por lo tanto el gasto de bloques no tiene ningún sentido en tanto que vos ya tenés todos los gastos cubiertos justamente por los viáticos, que entonces era directamente un aumento del sueldo”, analizó Vasconcelos

Y agregó que “recuerdo bien que en una de las entrevistas que le hacen a Torres, bueno, ahí habría que ver los viáticos de Torres en Buenos Aires, en una de las entrevistas esas que dio en su momento en Buenos Aires, sobre todo cuando fue el tema de la coparticipación, a él le preguntaron sobre el tema de los gastos de bloques y tiró la pelota para afuera y se hizo el distraído”.

“Ahora que sale por un relevamiento de los medios el tema de los viáticos, no le queda otra que expedirse, pero esto ya se sabía, y quiero además decir otra cosa, que hoy se sepa eso es porque ahora las resoluciones de presidencia se hicieron públicas, y eso también fue un pedido que hice en soledad, porque justamente es a través de las resoluciones de presidencia que se maneja todo esto, y varias veces en la Cámara yo estuve planteando justamente que era una forma de discrecionalmente administrar los gastos”, continuó.

En tal sentido, indicó que “a partir de varias insistencias y que fue recogido por varios medios eso también, empiezan a subirse las resoluciones de presidencia. Quiero además decir, por último, que nosotros presentamos, Frente Izquierda, yo presenté un proyecto para sacar todos estos conceptos de gastos, etc. y tender a equiparar, subiendo por un lado el salario docente, y por el otro, quitando todos estos privilegios, equiparar el salario que un diputado cobre, finalmente, usando una medición relativa a la docencia, como un director con diez años de antigüedad. Entonces, bueno, todos esos planteos los venimos haciendo, y ahora Torres se vio obligado a expedirse de alguna forma porque se hizo público, pero es algo que ya se sabía perfectamente que esto estaba pasando”.

“Esta es una ampliación del proyecto que ya existe sobre Ficha Limpia y ahora agregan uno de los puntos, el número 8, que implica que aún sin condena en cualquier tipo de delito doloso ya no se puede ser candidato. Y esto no solo tiene el problema de que se vulnera la idea del principio de inocencia, sino que además que al establecer cualquier tipo de delito doloso entra en juego también lo que tiene que ver con lo que nosotros denominamos criminalización de la protesta”, analizó.

Y agregó que “estamos en una provincia donde en la última gestión de Gobierno las movilizaciones se multiplicaron por todos lados y en todos los sectores sociales y todo el mundo tuvo que salir por algún u otro motivo a las calles y la Justicia ha procedido como forma ejemplificadora y de intentar amedrentar a la población que salía a luchar, procediendo al inicio de diferentes causas contra esas personas que hemos salido a luchar”.

“Esto es para nosotros un problema porque el derecho de protesta es el primero que se garantiza en la Constitución Nacional porque si no, ¿Cómo haces para hacer valer el resto de los derechos cuando son vulnerados? En realidad tiene que haber una condena de doble instancia, pero para que sea una condena firme tiene que haber varias instancias más justamente para garantizar que se dé la debida defensa”, expresó Vasconcelos.

Al aire por Radiocracia, remarcó que “en mi caso, por ejemplo, yo en este momento estoy procesado, no estoy condenado por una manifestación en la Ruta 3 cuando fue la lucha en defensa del agua. Ahí hay varias cuestiones porque siempre es muy arbitrario a quién se juzga en relación a procesos de movilizaciones populares, porque naturalmente la Justicia no va a enjuiciar a todo el mundo que sale a luchar pero sí es arbitrario a quién se selecciona para intentar avanzar en ese sentido”.

“La misma ministra Bullrich ha participado en otros momentos de cortes de ruta, manifestaciones con el conflicto del campo o las movilizaciones que hubo en la pandemia, entonces bajo qué criterio ella que no fue enjuiciada pero que cometió el mismo acto que para ellos es delictivo, ¿por qué ella sí pudo ser candidata y otras personas que están enjuiciadas también pero habiendo hecho cuestiones similares como ser una movilización, no lo pueden hacer? Esto apunta a una proscripción de aquellas personas que nos vamos a seguir movilizando porque realmente la situación es cada vez para peor, entonces es una forma de borrar del escenario electoral a sectores que venimos luchando”, determinó.

Vasconcelos indicó finalmente que «(Ignacio) Torres fue uno de los primeros que se sumó a este planteo del Pacto de Mayo de (Javier) Milei y también respecto a la Ley de Bases».

«Evidentemente cuando los mismos planteos del Presidente son de ataques permanentes a los trabajadores, a la educación, a la universidad, los despidos, la licuación de los salarios, la licuación de las jubilaciones y todo lo demás, eso es la política y la agenda del Gobierno nacional y sin embargo Torres sale a alinearse con ese planteo a través del Pacto del 25 de mayo, con un Gobierno que efectivamente está atacando a los sectores más vulnerables que recriminaron ante un pedido de que no hay más alimentos”.