La jueza federal María Eugenia Capuchetti trabaja por estas horas en la redacción del procesamiento con prisión preventiva de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el intento de homicidio agravado de Cristina Kirchner, agravado por el estado de indefensión de la víctima. Esa indefensión estuvo dada por el accionar de su custodia,revelaron a Infobae fuentes del caso. Lo que aún no está tan claro es por qué y quiénes más podrían haber participado en la planificación, organización y ejecución del ataque. El rol de la banda de las copitos y el de una mujer con la que tuvieron contacto en un local de comidas de rápidas en Quilmes, previo al ataque, está bajo la lupa. Pero más allá de las voces por afuera de la causa que reclaman inminentes detenciones, la jueza hasta ahora tiene solo pruebas concretas contra los dos arrestados.

En Comodoro Py dicen que la investigación del ataque a la Vicepresidenta no se cortará en los dos detenidos. “Ninguna hipótesis se descarta. Todas están abiertas”, repiten como un mantra desde la noche del 1 de septiembre, cuando un arma apuntó en la cara de la ex jefa de Estado. Por supuesto que algunas líneas tienen más peso que otras. La sospecha más fuerte es que Sabag Montiel y Uliarte no estaban solos en su empresa de matar a CFK. Pero hasta ahora los indicios encontrados no le resultan suficientes a la jueza ni al fiscal para identificar e imputar a más implicados.

“¿Cuál era el plan? ¿La mataban y qué?, se preguntó uno de los investigadores ante Infobae al intentar entender qué se esconde atrás del intento de homicidio fracasado contra la Vicepresidenta. Un intento que falló porque Sabag Montiel activó dos veces el gatillo en la cara de Cristina Kirchner sin una bala en la recámara. La jefa del Frente de Todos no se dio cuenta lo que pasó, según declaró ella misma ante Capuchetti y Rívolo. Un libro se terminaba de caer frente a sus pies de los militantes que le pedían fotos y autógrafos y ella se agachó para levantarlo. Los custodios que la rodearan tampoco parecen haber advertido el riesgo al que había quedado expuesta, porque no fue retirada ni puesta a resguardo de inmediato.

El ministro de Seguridad Aníbal Fernández afirmó que “no falló nada” del operativo pero esa interpretación no está en sintonía con los investigadores. En la causa se investiga a los custodios.

El futuro de la pareja detenida

Cuando fueron indagados, la jueza les imputó a los dos haber intentado matar a Cristina Kirchner “contado para ello con la planificación y acuerdo previo entre ambos” y aprovechando “el estado de indefensión” en el que estaba la Vicepresidenta mientras saludaba a la gente que había ido hasta su casa. Para la jueza y el fiscal no hay dudas con las pruebas que tienen que les alcanza para procesar a ambos. Los dos estuvieron el 1 de septiembre en la casa de Cristina Kirchner, se encontraron fotos de ellos posando con la Bersa calibre 32 que gatilló Sabag Montiel, y hay testigos –principalmente los amigos de “la banda de los copitos”- que declararon que ella tenía comentarios despectivos. A eso se le suma el ADN y lo que pueda surgir del análisis de los teléfonos.

“Las pruebas sobran”, dicen en tribunales para definir a esta altura el procesamiento, que se espera para los primeros días de esta semana y que incluirá las fotos y los videos que se transformaron en pilares de la causa, señalaron a Infobae las fuentes consultadas.

Junto a esa decisión, la jueza Capuchetti evalúa el traslado de los imputados a una cárcel federal de máxima seguridad. Desde que fueron apresados, se encuentran alojados en dependencias de fuerzas de seguridad. Primero bajo la custodia de la Policía Federal y desde el martes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, dos fuerzas del Gobierno Nacional bajo una tensa interna por el caso.

La jueza quiere que Montiel y su pareja sigan vigilados bajo estrictas medidas de seguridad. Y un detalle a considerar es que en la cárceles los detenidos conviven con presos según perfil. Las imágenes de Sabag Montiel y Uliarte ya son conocidas así como el crimen por el que están arrestados. Sus rostros serán fácilmente identificados por otros reclusos en un penal.

En el juzgado no quieren correr ningún riesgo sobre su integridad. “Si tenemos que pedir que se libere un pabellón para ellos solos, lo haremos”, dice una fuente judicial para graficar la importancia de la seguridad de los dos. La idea de un traslado a un pabellón evangélico, que suele tener menos conflictividad, es otra opción. Pero la prioridad es la seguridad de los dos detenidos. El presidente Alberto Fernández se lo hizo saber a Capuchetti la noche del hecho cuando la llamó por teléfono. Y la magistrada ordenó que le informen cualquier situación con Sabag Montiel y Uliarte. También el reporte de quiénes se presentan para visitarlos o hablar con ellos.

La estrategia de las defensas

Hasta ahora, las defensas de Sabag Montiel y Uliarte no han pedido nada formalmente en la causa. Saben que no tienen muchas chances de hacer una jugada que le permita ganar por estas horas. La estrategia es a largo plazo. La defensa de Sabag Montiel, a cargo del defensor oficial Juan Martín Hermida, apunta a intentar establecer cuál el estado mental del agresor.

Es que apenas fue detenido el Cuerpo Médico Forense reportó que el detenido estaba en condiciones de enfrentar una indagatoria porque estaba ubicado en tiempo y espacio. Sin embargo, el reporte de dos especialista de la Policía Federal planteó desde el primer momento una advertencia que llamó la atención: reportaban “relatos confusos” e “ideas delirantes” y recomendaba la evaluación de un equipo interdisciplinario para diagnóstico y tratamiento. “¿Cuándo viste que un informe médico advierta eso de entrada? Yo no lo vi nunca”, señaló ante este medio un funcionario judicial con más de 20 años de experiencia en tribunales.

Un equipo de psicólogos enviados por la Defensoría lo entrevistó durante toda la semana para intentar esclarecer cuál su perfil psicológico. Demostrar una inimputabilidad no es fácil en ninguna causa. Por eso no sería una carta que pueda ponerse en juego por estas horas.

La defensa de Brenda Uliarte, en tanto, quedó a cargo del defensor oficial Gustavo Kollman.Leonardo Uliarte, el padre de la joven, intentó nombrar esta semana para representarla legalmente a Carlos Telleldín, el reducidor de autos que estuvo preso por el atentado contra la AMIA, estudio abogacía en la cárcel y terminó absuelto en dos juicios, aunque la sentencia aún no está firme. Finalmente, el estudio no asumió la defensa. El padre de Brenda estuvo en Comodoro Py para reunirse con el defensor oficial.

En su caso, la estrategia parece apuntar a mostrar el estado de vulnerabilidad de Brenda por su historia (con abusos de niña, abandono y la muerte de un bebé) y también que se trataba de una cabeza muy manipulable. Sus allegados hablan de un estado de inmadurez emocional. Estaba distanciada de su familia desde hacía tiempo e incluso costó convencerla que llamara a su padre después de su indagatoria. Su vínculo con Sabag Montiel data de por lo menos cuatro años, primero como amigo y luego como pareja. Su ex novio, sin embargo, un albañil que fue el padre

Los copitos, las dudas y el financiamiento

La investigación avanza ahora hacia quiénes más estuvieron vinculados al caso. Los “copitos” quedaron en la mira desde que ellos mismos eligieron mostrarse el viernes 2 de septiembre, junto a Brenda Uliarte, en una entrevista que dieron a Telefé y que por estas horas generan múltiples lecturas. Allí estaba junto a Brenda Gabriel Nicolás Carrizo, quien se presentó como el jefe del grupo y ante la Justicia explicó que era porque es el dueño de la garrafa con la que funcionaba el carrito de algodón de azúcar. También estaban Miguel Ángel Castro Riglos, Sergio Orozco, Leonardo Volpintesta y Lucas Acevedo.

“Todo es raro”, admiten en tribunales. Brenda, con un gorro que le cubría el pelo y un tapado de piel que dijo que le habían prestado pero no se sabe quién, aparecía junto a la banda de los copitos diciendo que ellos no tenían nada que ver con el ataque, que querían trabajar y que los estaban amenazando. Quién los estaba amenazando es una incógnita porque a esa altura nadie sabía públicamente de su existencia.

“Yo no estaba con él en ese momento”, afirmó Brenda en esa entrevista. “Lo vimos hace dos días. Estábamos trabajando todos”. Y después acotó: “No vi el arma, no me dio ningún detalle. No entiendo por qué lo hizo, él es un buen hombre, trabajador”. Todo eso se comprobó hasta ahora que era mentira. Cuando el periodista Rodolfo Barilli le pregunta si Sabag Montiel tuvo alguna frase violencia contra la Vicepresidenta, la joven guardó silencio y Carrizo fue el que decidió contestar: “No vinimos por eso nosotros. Vinimos por otra cosa. Vinimos a aclarar que no somos cómplices de lo que pasó. Nos están amenazando. Y cuando salgamos a la calle, nos puede pasar algo. Nos están diciendo que somos un grupo terrorista. Yo me dedico a hacer algodón de azúcar”.

En esa entrevista, tanto Brenda como dos de los entrevistados afirmaron que las críticas de Sabag Montiel al Gobierno tenían que ver la económica y la suba del dólar. Eso es curioso teniendo en cuenta que no está claro el perfil económico de ningún ellos. Ahora, los investigadores están intentando profundizar de qué vivían. “Evidentemente tenían alguna ayuda económica”, dice a Infobae una de las fuentes cercanas a la investigación, convencido que no vivían del negocio de los copitos.

Hoy los llamados “copitos” son testigos. Eso no quiere decir que no puedan cambiar de estado a imputados si las pruebas alcanzan.

Del análisis de los teléfonos y las imágenes de las cámaras oficiales, privadas y de celulares particulares que se fueron sumando al expediente, está claro que al menos un tercer integrante del grupo habría estado en la zona de Uriburu y Juncal en los días previos al ataque a Cristina Kirchner. Apenas apareció el dato, las imágenes no parecían tan fidedignas para poder acreditar que se trataba de uno de los del grupo porque, además, tenía barbijo. Pero incluso con eso, señalaban en tribunales, su presencia en el lugar no acredita per sé su participación en el plan de asesinato. Hay que esperar qué puede aparecer de la información de los teléfonos o indicios más fuertes, insisten en tribunales. Parecía la respuesta a las voces que crecían por esas horas en el kircherismo diciendo: “¿qué pasa que no hay más detenidos?”

El arma

Además del intento de homicidio, la jueza procesaría a Sabag Montiel y a Uliarte por la tenencia ilegal del arma y de las 100 balas que se hallaron en el monoambiente en el que vivían en San Martín y por la falsedad ideológica de dos certificados de discapacidad truchos que tenían de la municipalidad de Quilmes.

La UFI-Armas fue convocada a colaborar en el caso, para realizar un estudio de la trazabilidad del arma. Buscan determinar cómo que el agresor se hizo del arma y de las múltiples municiones halladas. “Es como una revisión histórica hasta donde pueda dar con el último eslabón, detallando todos los que tuvieron contacto con el arma desde que salió de fábrica”, señalan las fuentes consultadas.

Si bien inicialmente no se hallaron huellas en la Bersa que se cayó al piso luego del fallido intento de dispararle a la Vicepresidenta, la vinculación de Sabag Montiel con el arma está acreditada con el ADN encontrado en el cargador, la empuñadura y la cola de disparador o gatillo. Ahí también cobra importancia la bolsa blanca, secuestrada el jueves en un allanamiento en San Miguel, en la casa de un ex novio de Brenda donde la joven buscó refugio después del ataque. Allí habrían llevado el arma guardada cuando fueron desde Quilmes hasta la esquina de Uruguay y Junín, casa de la vicepresidenta.

El arma estuvo en su poder de la pareja desde el 5 de agosto de 2021, según lo demuestran las fotos que lo mostraron posando con el arma tanto él como su novia y que fueron encontradas en la tarjeta de memoria externa del teléfono Samsung A50, cuyo contenido fue formateado por la Policía Federal cuando intentaban extraer el contenido del equipo.

Las sospechas sobre el accionar de las fuerzas de seguridad

Además de fotos y videos, el procesamiento de Sabag Montiel y Uliarte también planteará dudas sobre el accionar de la Policía Federal en su intervención en la causa, no solo por su intento fallido de bajar la información del celular de Sabag Montiel. Habrá que esperar para conocerlos en detalle cuando salga la resolución. Pero lo cierto es que, por intención o torpeza, la jueza decidió prescindir de la colaboración de la Policía Federal y trabajar principalmente con la PSA. Hay otras reparticiones que están colaborando en la causa: tanto judiciales -como la DAJUDECO, de la Corte Suprema- como de fuerzas de seguridad.

Tal como se informó desde las primeras horas, el rol de los custodios de la Vicepresidenta está bajo sospecha en la investigación. Se busca saber qué teléfonos usaban y si hay alguna clase de vinculación con los sospechosos o las personas vinculadas a estos. Nada puede descartarse.

En esa línea llamó la atención el tuit que escribió y borró el abogado Gregorio Dalbón, que representa a Cristina Kirchner en algunas causas y que había anunciado que se presentaría como querellante en esta causa, algo que aún no sucedió.

“Hay muchas cosas que no cierran. Salvo Diego Carbone (jefe de custodia de CFK) en quien confío, hay mucho hilo para tirar. Y cuando Cristina Kirchner lo desee vamos a traer a juicio a todos los autores materiales, intelectuales, cómplices y encubridores. Mi olfato me dice que el enemigo es tropa propia”, redactó en la noche del viernes.

Aunque el tuit fue borrado minutos después, el mensaje provocó un rápido rebote y hasta se hicieron notas tituladas “¿Enemigo en tropa propia?”. Dalbón habló entonces en un nuevo tuit en donde aseguró: “Propio me referí al borrado del celular, no inventen donde no hay. El atentado está claro que viene de la vereda de enfrente premeditado y preparado. Pero el ‘error’ del celular en mi opinión personal no cierra. Quién lo peritó la banda de los copitos?”

Está claro que hay distintas voces del Gobierno que quieren resultados más rápidos en la investigación y eso implica cuestionamientos abiertos sobre demoras en más detenciones. Pero desde el juzgado insisten en que muchas de las supuestas pruebas que se ventilan en televisión ni siquiera están en la causa. Mientras tanto, quieren pisar sobre seguro sin descartar nada.

“Todas las hipótesis están abiertas” es la frase ya se convirtió en un jingle por estas horas en tribunales desde que comenzó esta investigación. Entre todos los datos, hay uno generó especial suspicacia. El jueves a la tarde, antes de llegar a la casa de Cristina Kirchner, Sabag Montiel y Uliarte estuvieron en una casa de comidas rápidas de Quilmes. Fueron captados por las cámaras de seguridad. Tomaban un helado cuando una mujer tira un papel al piso, Uliarte lo pisa, lo agarra y se lo da a Sabag que lo lee y luego lo tira a un tacho de basura. “Es todo muy raro”, admiten. Ahora están tratando de saber quién es esa mujer.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti impuso este domingo el secreto de sumario en la investigación del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la cual este domingo declaró Mario Bongarelli, quien dijo ser «conocido» del acusado, Fernando André Sabag Montiel, y aseguró bajo juramento de verdad creerlo «capaz de cometer el hecho», informaron fuentes judiciales.

El testigo entregó de manera voluntaria su teléfono celular para que sea peritado, en presencia del fiscal Carlos Rivolo y del defensor oficial de detenido, Juan Hermida.

Antes de declarar en la Justicia, Bongarelli había dado una nota en televisión donde se presentó como «amigo» de Sabag Montiel.

La magistrada recibió además durante toda la jornada en los tribunales federales de Retiro declaración a los peritos informáticos que explicaron las razones por las cuales el celular del detenido Sabag Montiel hizo un «reseteo» y volvió a «estado de fábrica», informaron fuentes judiciales.

La magistrada tomó declaración desde la mañana a los peritos informáticos de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), quienes explicaron lo que hicieron con el celular del acusado, su tarjeta SIM y el chip.

En el caso de estos dos últimos se extrajo el contenido que «se encuentra bajo análisis».

En relación al reseteo del celular al estado de fábrica, los peritos detallaron los motivos por los cuales pudo ocurrir esto y no descartaron que pudiera haberse activado de manera remota o bien por algún error al intentar acceder al dispositivo. En su caso, no se logró la extracción de información.

En tanto terminó el peritaje sobre la computadora laptop HP que se secuestró en el domicilio del acusado y se ordenó analizar el material obtenido.

El teléfono celular que portaba Sabag Montiel, el agresor detenido por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sufrió un reseteo en los momentos en que la Justicia intentaba extraer información, por lo que esa prueba fundamental para la investigación corre riesgo de perderse.

El hecho generó críticas en el oficialismo y la oposición, que reclamaron «respuestas» a la Justicia en medio de versiones encontradas entre el juzgado a cargo de la causa y las fuerzas de seguridad, fundamentalmente la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Para explicar ese evento técnico declararon desde las 9 de este domingo los dos técnicos de la PSA a los que les apareció la leyenda que daba cuenta de un posible formateo del teléfono y luego lo hicieron los policías federales que manipularon el aparato.

El reseteo fue detectado cuando el equipo llegó a manos de la PSA el viernes por la noche, en el marco de la causa por el atentado sufrido por la Vicepresidenta el jueves último.

Esa fuerza de seguridad recibió el dispositivo de manos de la custodia personal de la jueza María Eugenia Capuchetti: estaba encendido, dentro de un sobre abierto y no está confirmado que hubiera sido acompañado por algún tipo de documentación.

La PSA recibió el celular en su sede de Ezeiza, durante la noche del viernes, horas después de que el aparato hubiera sido manipulado por técnicos de la Policía Federal Argentina (PFA), que fue la primera fuerza en intentar extraer información en presencia de secretarios del juzgado, la fiscalía y la defensa oficial, según aseguraron en desde el juzgado.

El teléfono viajó desde los tribunales federales de Comodoro Py hasta la sede de la PSA en el auto de la custodia personal de la magistrada, en el mismo sobre que en el que había llegado horas antes al juzgado y que, por supuesto, ya había sido formalmente abierto.

Durante una parte del trayecto que une el barrio de Retiro con la localidad de Ezeiza también viajó en el auto un secretario del juzgado que se bajó en el camino.

A pesar del inconveniente, desde el juzgado aseguran contar con toda la prueba documental que da cuenta de la cadena de custodia del dispositivo electrónico; algo que otras fuentes del caso ponen en duda.

El teléfono había sido secuestrado cuando detuvieron a Sabag Montiel en la noche del jueves, tras el ataque a Fernández de Kirchner cuando llegaba a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta: el agresor lo llevaba en el bolsillo de su campera.

El juzgado, por estas horas, evalúaba solicitar a Estados Unidos colaboración tecnológica para avanzar con el peritaje del celular.

Las medidas de prueba apuntan, entre otras cosas, a saber si la acción fue planificada o, cuanto menos, comentada previamente por el agresor con su entorno.

En tanto, el abogado Gregorio Dalbón, uno de los letrados que representa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, confirmó que ya «está lista» la solicitud de la exmandataria para sumarse a la querella en la causa que investiga el intento de magnicidio, y aseguró que, en caso de que se comprueben irregularidades en el proceso de manipulación del teléfono celular del imputado, se acusará a los responsables de «negligencia y encubrimiento agravado».

En diálogo con Télam, Dalbón explicó los pasos que seguirá a partir del lunes y dijo que «la querella ya está lista para la firma de la Vicepresidenta, que se hará el día lunes».

Los resultados de la pericia ordenada por la Justicia federal a la pistola Bersa calibre .32 con la que Fernando Sabag Montiel, alias “Tedi”, intentó matar a Cristina Fernández de Kirchner en la noche del jueves ya son parte del expediente. El estudio, hecho por la PFA, resuelve dos misterios clave en el caso.

El primero es por qué falló.“Tedi” gatilló en la cara de la ex presidenta, pero no salió ninguna bala. La pericia realizada por la división Balística y luego por el Laboratorio Químico determinó que el arma, un modelo que databa de casi 40 años atrás, era apta para el disparo y que ya había sido accionada en algún momento. También, que las cinco municiones en su cargador eran reales y tenían capacidad para matar.

Los peritos confirmaron que el arma funcionaba perfectamente. “Se probaron 50 disparos. Todos salieron bien. Hasta se probó con los cartuchos que tenía en el cargador”, reveló a este medio un investigador del caso. Sin embargo, como ya lo adelantó Infobae, en el momento del ataque en la pistola no había una bala en la recámara.

¿Por qué no salió el disparo? La respuesta es simple: la Policía Federal determinó que “Tedi” no accionó la corredera de manera manual, o no quiso hacerlo. Entonces, ninguna bala se montó en la recámara. Sabag Montiel podría haber explicado esto en su indagatoria, pero se negó a declarar ante la jueza María Eugenia Capuchetti.

Luego, faltaba saber si la pistola tenía un dueño original, de dónde venía. Se determinó que, precisamente,venía de Villa del Parque, el viejo barrio de “Tedi”, donde vivió durante años con sus padres en la calle Terrada, con un origen curioso.

Mario, un joven que se presentó como amigo del acusado, aseguró en diversas entrevistas que Sabag Montiel le había pedido que lo acompañara “a la villa” para comprar “un fierro” para dirimir un conflicto con “unos peruanos”. Esa, al final, no fue la ruta.

Policía Científica logró reconstruir el número completo de la pistola Bersa. El arma, efectivamente, había tenido un titular. Era César Bruno Herrera, un vecino de más de 50 años de edad, que vivía a pocas cuadras de la vieja casa de“Tedi”, sobre la calle Condarco.El último trámite del arma fue su transferencia, que databa del año 2002.

Al saber esto, la PFA envió un patrullero a la casa en Condarco, donde los efectivos se encontraron con un hermano de Herrera, que les relató de su fallecimiento. Herrera estaba registrado en el rubro de taxis de la AFIP, el mismo en el que estaba registrado Sabag Montiel, y que había sido empleado de una conocida empresa de transporte de caudales.

El acusado de intentar matar a la Vicepresidenta no tenía credencial de legítimo usuario en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). Sin embargo, efectivos de la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Federal le encontraron 100 balas Magtech en su monoambiente del barrio San Andrés en San Martín, atravesado por desorden y basura olorosa.

Que el vecino le haya regalado el arma -que no tenía pedido de secuestro en sistema alguno- es una posibilidad, lo mismo que “Tedi” la haya robado.

Mientras tanto, Sabag Montiel sigue preso y el expediente avanza, con más de diez cuerpos de extensión.Por estas horas permanece alojado en una celda de la dependencia de la PFA ubicada sobre la calle Cavia, en el barrio de Palermo.

La imputación al detenido consta de tres puntos. El primero es “haber intentado dar muerte a Cristina Kirchner”. Luego hay una descripción de los hechos: “Dicha conducta tuvo lugar el 1/9/22 siendo aproximadamente las 21 horas en la intersección de la calle Juncal y Uruguay cuando la nombrada se encontraba saludando a las personas que se encontraban en el lugar, ocasión en la que el imputado apuntó hacia su rostro una pistola semiautomática de acción simple, calibre .32 auto, marca Bersa modelo Lusber 84 accionando la cola del disparador en al menos una ocasión sin que se produzca el disparo pese a encontrarse la misma cargada con cinco cartuchos de balas del mismo calibre y resultar apta para sus fines específicos”.

El segundo punto de la imputación es “haber llevado consigo el arma de fuego antes mencionada sin contar con la debida autorización legal, la cual receptó previamente con la numeración parcialmente suprimida en la base de su empuñadura y a sabiendas de ello”.

El tercero sigue en la misma vía: “Haber acopiado dos cajas de municiones con la denominación MAGTECH conteniendo cada una 50 cartuchos intactos calibre .32 automáticos, las cuales fueron secuestradas a raíz del registro domiciliario realizado en el domicilio ubicado en la calle Uriburu 727/729, San Martín, provincia de Buenos Aires”.