Andrea Godoy es una paciente oncológica que necesita conseguir los remedios para continuar su tratamiento. 

En este sentido, señaló: “Yo tengo cáncer metastásico, grado 4 y no estoy   recibiendo la medicación que necesito desde marzo”.

“El algo preocupante porque el cáncer es una enfermedad que va avanzando, yo ya lo tengo en el hueso, me hice una resonancia y hay algo no se ve bien, por eso me preocupa no tener la medicación”, dijo en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “a mí me da vergüenza molestar e insistir, pero no me queda otra, tengo que salir y pedir porque no sé cuándo va a llegar la medicación”.

“Yo no tengo obra social, cuando a mí me diagnosticaron esta enfermedad en el 2024, yo tenía OSPECOM, en ese momento me operaron en la Clínica del Valle, me mandaron a hacer quimioterapia pero nunca me autorizaban nada y por eso fue que avanzó tanto la enfermedad”, indicó.

En este marco, destacó: “En noviembre del año pasado cuando me reviso la oncóloga del Hospital y me mandó a hacer todos los estudios salto que el cáncer ya estaba en el hueso”.

“El reclamo que estoy haciendo ahora es porque desde marzo no llega la medicación, ahora no tengo para tomar la pastilla y no sé cuándo voy a tenerla, fui a la farmacia del Hospital, quise hablar con la directora pero me atendió la secretaria, me dijo que haga una nota escrita y que mañana la lleve”, explicó.

A su vez, añadió: “Todo esto es un proceso, no creo que sea inmediato. En el Hospital lo único que me dicen es que hay faltantes. Yo tengo que seguir, tengo hijos chicos, así que no me puedo quedar, tengo que conseguir la medicación si o si”.

“Los nombres de los medicamentos que necesito son palbociclib, letrozol y ácido zoledrónico”, concluyó finalmente Andrea.

La Disposición 3158/2025 fue publicada en el Boletín Oficial y responde a una serie de graves y reiteradas irregularidades detectadas en la calidad, seguridad y trazabilidad de los medicamentos fabricados. Entre ellos, un lote del «Fentanilo HLB» contaminado.

El cuestionado laboratorio está vinculado a una serie de causas judiciales —aún abiertas— y a la distribución de la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19.

Entre los fundamentos de la ANMAT para cerrar la producción del laboratorio constan una serie de argumentos. Se destaca: “El reporte recibido informó sobre la contaminación microbiana reportada en 18 pacientes por la administración del producto FENTANILO HLB, que se aplica a pacientes hospitalizados de alta vulnerabilidad a quienes el uso del producto contaminado puede acarrearles la muerte”.

Estos hechos, con escasa difusión pública, habrían generado el fallecimiento de varios pacientes y la afección de otros en la ciudad bonaerense de La Plata y en la localidad santafecina de Rosario.

La gravedad del caso motivó a las autoridades sanitarias a preparar una denuncia penalcontra los directivos de la empresa, para que la Justicia investigue eventuales responsabilidades penales.

En lo que va del año, la ANMAT dispuso varias sanciones contra el laboratorio HLB Pharma: en febrero, se prohibió la distribución de dopamina por falta de trazabilidad; en abril, se ordenó el retiro total de lotes de Propofol por sospecha de falsificación; también se prohibieron diclofenac y morfina por contaminación cruzada crítica. Finalmente, el 8 de mayo, se prohibió la distribución de fentanilo.

El 24 de febrero, la ANMAT también dispuso que la empresa Laboratorios Ramallo S.A.“no podrá continuar con su actividad productiva debido a que durante un proceso de inspección fueron detectadas deficiencias significativas, clasificadas como críticas y graves, en la Gestión del Sistema de Calidad Farmacéutico (Validación de procesos, documentación, entre otros), en Producción, en Recursos Humanos, en Depósitos, en Control de Calidad, entre otros. Dichos incumplimientos comprometen la calidad, seguridad y eficacia de los productos elaborados”.

Según los documentos que circulan en los despachos oficiales, detrás de ambas firmas figurarían los empresarios Ariel García Furfaroy Jorge Salinas, vinculados a la denominada “Mafia de los Medicamentos”. Esta fue denunciada por la exministra de Salud y actual legisladora porteña Graciela Ocaña y ex dueños del Laboratorio Apolo, empresa que quebró el 11 de abril de 2026 y que en junio de ese mismo año, cinco personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, al explotar una caldera en las instalaciones de esa firma ubicada en la ciudad de Rosario. La misma firma fue investigada por el presunto contrabando de suero desde Paraguay.

Brote de neumonía

La Disposición 3158/2025 de la ANMAT se adoptó luego de que se detectara un brote de neumonía por Klebsiella pneumoniae en pacientes hospitalizados de las ciudades de La Plata y Rosario.

Según informaron fuentes oficiales a Infobae, esta bacteria fue identificada en un lote del producto Fentanilo fabricado por HLB Pharma, identificado como “FENTANILO HLB / FENTANILO (CITRATO), concentración 0,05 mg/ml, en la forma farmacéutica solución inyectable, lote 31202, vto. SEP-26, presentación por 100 ampollas por 5 ml, Certificado N°53.100″, cuya distribución fue prohibida por ANMAT el pasado 8 de mayo.

Durante inspecciones realizadas por el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) en las plantas de San Isidro y Ramallo, se comprobó que al menos 69 lotes de soluciones parenterales de pequeño volumen fueron acondicionados en ampollas plásticas no autorizadas, sin validación de procesos, sin estudios de estabilidad y sin documentación respaldatoria de producción.

Además, se verificó la existencia de medicamentos sin inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM), como “Propofol HLB” y “Dopamina HLB”, ambos sin trazabilidad.

Según le explicaron a Infobae funcionarios de La Libertad Avanza, la denuncia penal que elaboran las autoridades sanitarias, al igual que las medidas administrativas adoptadas por la ANMAT, “se fundamenta en el riesgo sanitario crítico que implican estos productos para la población”. También remarcaron que “la presencia en el mercado de medicamentos elaborados en condiciones irregulares, sin trazabilidad ni respaldo de calidad, constituye una violación a la Ley N.º 16.463, que prohíbe la elaboración y distribución de productos impuros o ilegítimos”.

La herramienta, llamada «Precios de Medicamentos» está disponible en la web argentina.gob.ar/precios-de-medicamentos y se enmarca en el proceso de digitalización sanitaria en el que está trabajando la cartera a cargo de Mario Lugones. La idea, informó el organismo oficial, es ofrecer mayor transparencia y acceso a la información.

Según el Ministerio de Salud, es la primera vez que los argentinos podrán consultar públicamente esta información, lo que facilitará la comparación de costos y permitirá a los usuarios elegir la opción más conveniente según sus necesidades y posibilidades económicas.

La plataforma incluye los precios de los medicamentos y también ofrece detalles sobre marcas, presentaciones, principios activos, origen y tipo de venta. Además, incorpora un apartado especial para los beneficiarios del PAMI, que podrán consultar los descuentos aplicados a cada producto, que en la actualidad oscilan entre el 50 % y el 80 %.

El sistema cuenta con filtros de búsqueda que permiten comparar productos y opciones de compra de manera ágil y sencilla. De este modo, los usuarios podrán tomar decisiones con mayor libertad a partir de la información disponible.

El Ministerio de Salud destacó que este desarrollo representa un avance en la integración del sistema sanitario nacional y en materia de transparencia. La plataforma es el primer paso para que los consumidores cuenten con información precisa y amplia sobre las diferentes alternativas en el mercado, lo que fomenta una mayor competencia y optimiza el acceso a los medicamentos.

La cartera aseguró que trabajará para que la herramienta continúe incorporando nuevas funcionalidades que contribuyan a la infraestructura necesaria para contar con sistemas interoperables en todo el país, y «constituir una administración pública al servicio del ciudadano y basada en la eficiencia».

Otras medidas vinculadas a los medicamentos

En materia de fármacos, el actual gobierno ha realizado otros cambios. Uno de ellos fue la introducción por parte del PAMI de modificaciones en su sistema de cobertura de medicamentos gratuitos, para lo que estableció nuevos requisitos para los afiliados que deseen acceder a este beneficio. A partir de ahora, quienes perciban ingresos superiores a $390.000 mensuales, posean un automóvil con menos de 10 años de antigüedad o estén afiliados a una prepaga no podrán acceder a la cobertura total. Para mantener el beneficio, los jubilados deberán realizar un trámite denominado «subsidio social», lo que podría representar una dificultad para ciertos sectores de la población mayor.

Otro cambio, fue el que implicó el pase a venta libre de varias especialidades medicinales. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) viene ampliando desde el año pasado la lista de medicamentos de venta libre, autorizando la adquisición sin receta de fármacos.

La decisión responde a la implementación de la Resolución Nº 284/2024 del Ministerio de Salud, que instruyó en marzo pasado al organismo de control a revisar 22 medicamentos sujetos a receta para determinar su viabilidad como fármacos de venta libre, priorizando la seguridad y eficacia comprobada de los productos.

La reclasificación de estos fármacos implica que dejarán de contar con descuentos de obras sociales y prepagas, que cubrían hasta un 40% del precio en farmacias. Especialistas advierten sobre el riesgo de que el acceso irrestricto pueda fomentar la automedicación y un uso prolongado sin control médico. Fuentes oficiales aseguraron que la decisión de modificar la condición de venta de algunos medicamentos se basa en que han demostrado ausencia de efectos adversos graves durante al menos cinco años.

Por otra parte, el Ministerio a cargo de Lugones fijó precios de referencia para la compra de medicamentos en hospitales nacionales con el fin de optimizar el uso de recursos públicos y garantizar transparencia. Según informó Infobae, esta decisión surge tras detectar que algunos hospitales adquirían fármacos a precios iguales o superiores al valor de venta al público, generando un gasto ineficiente.

La nueva normativa establece que los hospitales deberán comprar medicamentos a un precio que no supere el 65% del valor de venta al público. Para ello, el Ministerio elaboró una lista de precios de referencia que servirá de guía. Cualquier compra que supere este límite deberá ser justificada y evaluada como una excepción.

En este sentido, sostuvo que «yo por suerte no tomo ningún medicamento de manera crónica».

«No veo que esto sea un tema tan difícil de resolver», dijo en una entrevista televisiva.

Asimismo, aclaró que «no creo que sea un tema con tanta sensibilidad, como tampoco creo que los adultos mayores se puedan morir por no tomar los remedios».

«Seguro los jubilados tienen parientes que los pueden ayudar», concluyó Moreno Ovalle.

El PAMI indicó que se va a continuar con la cobertura de medicamentos al 100% “como lo indica la legislación vigente”.

Además, señaló que se garantizará que el costo del medicamento “esté cubierto por el subsidio social para toda aquella gente que realmente lo necesita, priorizando el equilibrio financiero de nuestra institución y garantizando el acceso a medicamentos para quienes no puedan pagarlos”.

En ese sentido, el director del PAMI, Esteban Leguizamo remarcó que la cobertura está garantizada para quienes más lo necesitan: “Queremos llevarle tranquilidad a los afiliados. No estamos sacando ningún medicamento del vademécum”.

“Están todos los medicamentos a disposición y aquel afiliado que no pueda pagar el tratamiento, puede tramitar en cualquier agencia del país el subsidio social. Es un trámite simple, hasta se puede iniciar por en la web y es ágil”, enfatizó el funcionario en declaraciones a Radio Mitre.

“El PAMI sigue siendo la obra social con la mayor cobertura en descuentos del sistema de salud. Con una administración ordenada y planificada, vamos a hacer que el gasto, o como me gusta llamarlo a mí, la inversión, sea realmente eficiente y llegue a los que más la necesitan”, remarcó el funcionario y planteó que hay que sincerar los recursos disponibles y que, para una gestión eficiente: “El Instituto tiene que financiar la demanda, y no la oferta como era antes. Ese es el concepto de administración más importante que tenemos”, explicó.

El funcionario a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), dijo que estas medidas de reordenamiento buscan poner fin a las irregularidades dentro del sistema que se detectaron en los últimos años, desde abusos en la solicitud de medicamentos hasta fraudes relacionados con recetas falsas.

Según Leguizamo, uno de los problemas más graves fue el uso indebido de medicamentos por parte de afiliados que no cumplían los criterios necesarios para recibirlos de manera gratuita. “Por ejemplo, detectamos que 600.000 afiliados retiraron medicamentos gratis mientras estaban afiliados a prepagas. Esto no solo perjudica a la institución, sino también a quienes realmente necesitan el acceso a esos medicamentos”, explicó.

Además, el director detalló cómo funcionaban redes organizadas que realizaban fraudes millonarios: “Había bandas que ofrecían medicamentos en WhatsApp y Telegram, lo que generó una pérdida presupuestaria importantísima para el PAMI”. Para combatir estos delitos, se fortaleció la seguridad en la emisión de recetas electrónicas, garantizando que “los médicos sean verdaderamente quienes prescriben los tratamientos”.

En paralelo, el PAMI reforzará las medidas de seguridad en las credenciales de los afiliados, evitando duplicaciones de identidad y otros abusos. Estas acciones han permitido, según el organismo, optimizar los recursos y garantizar que los medicamentos lleguen a quienes realmente los necesitan.

Cómo se tramita el subsidio social del PAMI

PAMI garantiza el 100% de cobertura en medicamentos ambulatorios a través del Subsidio por Razones Sociales, destinado a personas afiliadas que, debido a su situación de vulnerabilidad social, no pueden afrontar el costo de sus medicamentos con descuento. Los afiliados que deseen tramitar este beneficio deberán cumplir con los siguientes requisitos:

-Tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previos mínimos. En los hogares con convivientes que posean Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos mensuales totales deberán ser menores a 3 haberes previsionales mínimos.

-No estar afiliado a un sistema de medicina prepaga de forma simultánea con PAMI.

-No ser propietario de más de un inmueble, ni poseer aeronaves o embarcaciones de lujo.

-No tener un vehículo con menos de 10 años de antigüedad, salvo los hogares con convivientes que tengan CUD, quienes podrán ser titulares de un vehículo con menos de 10 años de antigüedad.

-No ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

Si una afiliación no cumple con los puntos 1 y 2, pero los medicamentos necesarios representan un gasto igual o superior al 15% de sus ingresos, podrá solicitar el 100% de cobertura mediante un mecanismo de excepción. En este caso, se evaluará la situación a través de:

-Un informe social según la Disposición 7339/GPSyC/13 y la escalada de vulnerabilidad socio-sanitaria establecida en la Disposición 306/GPSyC/05.

-Una revalidación médica.

-No están alcanzados por estas restricciones los Afiliados Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Qué pasa con la cobertura del PAMI en alta complejidad

En cuanto a tratamientos de alta complejidad, Leguizamo enfatizó en que se mantendrá la cobertura total para casos como obesidad extrema, trasplantes y oncología.

“Somos la obra social que más trasplantes realiza en Argentina, con uno cada 11 horas. Además, cubrimos el 50% de todos los tratamientos oncológicos del país al 100%. Esto no cambiará”, aseguró el funcionario.

El director enfatizó la magnitud del trabajo del PAMI: “Estamos dando salud a 5.300.000 afiliados, lo que equivale a la población de países como Noruega o Irlanda. La responsabilidad es enorme, pero seguimos adelante, priorizando siempre a los más vulnerables”.

En este sentido, señaló que «la desregulación aplica solamente a aquellas jurisdicciones donde tiene alcance y competencia».

«En el caso particular de aquellas provincias que tienen Ley de Farmacias propias no tiene alcance la desregulación», dijo en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que «en Chubut tenemos una Ley de Farmacias que impide que este tipo de acciones ocurran».

«A nosotros nos preocupa el uso y acceso racional del medicamento. Desde el punto de vista sanitario, es un retroceso», indicó.

En este marco, destacó que «el paradigma del medicamento cambio: de ser un bien social pasó a ser un bien de consumo».

«El medicamento es un bien social que tiene que tener acceso y uso racional. Y con uso racional nos referimos a que tiene que estar supeditado a los agentes de salud», afirmó.

A su vez, aseveró: «Esto significa que los profesionales son los que determinan que los medicamentos se utilizan para determinadas afecciones».

«Los medicamentos no pueden estar en las calles o kioskos porque los únicos lugares habilitados para almacenarlos son las farmacias», expresó.

«La venta libre no significa venta liberada. Acá se está pretendiendo cambiar todo por una cuestión económica. La economía es importante obviamente pero no puede dictar políticas de salud», explicó.

Finalmente, Molina concluyó que «lo que está ocurriendo en cuestiones sanitarias es muy grave. Nos vemos en la obligación de alertar a la población que esto no va a favor de la salud o del consumidor, todo lo contrario, va en contra».

Las entidades farmacéuticas COFA, FEFARA, ASOFAR y FECOPA sostuvieron en un comunicado que la intervención profesional farmacéutica «garantiza la seguridad en la dispensación de medicamentos y la protección de la salud pública».

De acuerdo a los considerandos con el Decreto, desde ahora, los medicamentos de venta libre pueden ser exhibidos en las góndolas de las farmacias, sin necesidad de intermediarios. Mientras comercios de otros rubros, como kioskos o supermercados, podrán vender solo antiácidos y analgésicos -según publica TN-.

Ante la decisión del gobierno de Javier Milei, los farmacéuticos remarcaron que al exhibir estos medicamentos «como si fueran simples mercancías, se pone en riesgo la salud de los pacientes».

Además, subrayaron que «ningún medicamento es inocuo. Incluso los mal denominados de venta libre, pueden tener consecuencias y efectos adversos graves si no se usan correctamente».

«Este Decreto busca transformarla en un simple negocio, al servicio de los intereses económicos de unos pocos, para pasar del modelo sanitario al ‘farmashopping’, convirtiendo al medicamento de un bien social en un objeto de consumo al que solo algunos argentinos podrán acceder», cuestionaron.

Todos los cambios en la venta de medicamentos sin recetas

Según el Decreto 1024, el Gobierno habilitó una serie de cambios para el expendio de medicamentos de venta libre. A continuación, las principales claves de la medida:

-Los medicamentos de venta libre podrán ser exhibidos en las góndolas de establecimientos habilitados como farmacias.

-La medida será aplicable sólo en locales que cuentan con góndolas al público.

-Los fármacos deben ser ofrecidos en caja cerrada, con su respectivo prospecto y únicamente a personas mayores de 18 años. La edad será constatada con el DNI al momento de abonar.

-Los establecimientos que no estén habilitados como farmacias, la venta estará limitada a los antiácidos y los analgésicos.

-La venta y despacho de especialidades médicas que requieran recetas deben realizarse en presencia de un farmacéutico responsable.

-La medida rige desde el 20 de noviembre.

En este sentido, señaló: “El problema es similar a todo el país, inherente a las cuestiones de financiamiento, el problema principal y de fondo es la inflación”.

“Nosotros tenemos firmados contratos, las farmacias somos financiadores en gran parte del sistema, pero no somos formadores de precios. Hay que tener en cuenta eso para entender que está pasando”, comentó.

Asimismo, Molina detalló: “Al no ser formadores de precio tenemos uno definido que lo dispone el Ministerio de Salud junto a los laboratorios en función de nuestra estructura de costo. Eso lo pagamos al intermediario entre 15 y 21 días, sin embargo, financiamos a las obras sociales y prepagas dependiendo de cada una entre 30 días o más”.

“Tenemos un problema muy serio con la obra social provincial dónde nosotros estamos en un mes de entrega o 60 días y jamás lo han cumplido. Siempre hemos llegado a más de 100 días de atraso y es imposible sostener eso”, señaló el referente del Colegio y continuó: “El problema ha dejado de ser un problema de rentabilidad para ser un problema de capital. Cuando cobramos los medicamentos que dispensamos hace un tiempo prácticamente nos alcanza para comprar lo mismo”.

“Con respecto a otras prepagas y PAMI en estos momentos no tenemos grandes problemas comparativamente con la obra social provincial. Estamos cobrando a 40 días, eso trae como consecuencia que se afecte la rentabilidad”, siguió.

En este marco, destacó: “Son contratos nacionales que no manejamos, se manejan a nivel nacional por nuestras entidades. A nivel nación no hay ningún tipo de determinación definida, pero en el caso de Buenos Aires si han tomado”.

Respecto a la venta normal de los medicamentos a los clientes pese a los diversos problemas, desde el Colegio de Farmacéuticos señalaron: “Hasta cierto punto las ventas son normales, hay farmacias que ya eventualmente que tal vez no tengan una posibilidad financiera y se le está negando la entrega por parte del intermediario por una cuestión de que trabajamos con un límite de crédito”.

“A veces el faltante de dinero en el caso de SEROS es muy peligroso porque el farmacéutico no tiene para pagar lo que debe o lo que va a deber. Ese es el problema de fondo, hay lugares que no tiene la medicación porque no fue entregada por el intermediario”, concluyó Molina.

Esta nueva medida se suma al “honorario médico ético mínimo” de hasta $6000 tanto a los afiliados a las obras sociales como a los de medicina prepaga que fue impulsado por más de 30 asociaciones médicas del país a principios de octubre y al copago desde $3000 que la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (CUBRA) confirmó ayer que comenzarán a cobrar a pacientes de prepagas -según publica TN-.

De acuerdo a lo informado por estas instituciones, ya hay comercios donde “suspendieron la dispensa” a causa de la inflación y la “volatilidad” de precios que complicaron el funcionamiento de los negocios.

“Desde el mes de agosto el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires ha enviado varios comunicados a los medios, autoridades sanitarias y administrativas de la provincia para advertir sobre la crisis que podría sufrir la atención de los farmacéuticos en todo el territorio bonaerense. Ese momento ya llegó”, indicaron en un comunicado desde Colfarma.

¿Por qué se dejarán de vender medicamentos en farmacias para afiliados a obras sociales y prepagas?

Según explicaron en el comunicado, los locales deben vender al precio actual con el descuento que exigen las prepagas y obras sociales y tras presentar la liquidación a fin de mes, cobran la boleta en 60 o 90 días.

“No se trata de una maniobra comercial, política, ni especulativa. Para que nuestros pacientes reciban sus medicamentos, los farmacéuticos debemos pagarlos en menos de quince días. En estas condiciones, no podemos sostener el servicio sanitario que prestamos a millones de bonaerenses”, señalaron desde la entidad.

Para quiénes y dónde se restringirá la venta de medicamentos en farmacias

Los afiliados a obras sociales y prepagas de la provincia de Buenos Aires serán quienes sufrirán las restricciones a las ventas de medicamentos en farmacias.

Los más afectados son los afiliados de PAMI y IOMA que representan el 70% de la comercialización. Tras ello, comenzó a haber inconvenientes en los mostradores.

“Esto es más que un simple anuncio de la emergencia por la que están pasando las farmacias, como agentes sanitarios no dejaremos de prestar el servicio a los pacientes, pero ya no podemos brindarles los descuentos o la cobertura al 100% que ofrecen las prepagas y obras sociales”, aclararon desde la entidad.

En el mismo sentido, explicaron que seguirán ofreciendo “alternativas para superar esta situación”, pero que notificarán “la suspensión del crédito a las obras sociales que adeuden prestaciones”.

Asimismo, informó que desde hace varios meses que la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (Facaf) y la Confederación intentan negociar con PAMI un acortamiento en los plazos de pago, pero que aún no hubo resultados. “PAMI está al día con los pagos, pero sigue registrando ese desfasaje que licua la rentabilidad”, dicen en Facaf.

Por otra parte, Alejandra Gómez, presidenta del Colegio provincial destacó: “Estamos sosteniendo lo que más podemos el sistema porque no queremos dejar a los pacientes sin medicamentos, pero muchas ya no pueden resistir y dejan de entregar algunos productos”.

También indicó que IOMA no tiene deudas, pero que paga a 75 días de la liquidación. “Tenemos que modificar los plazos de pagos y eso también alcanza a las prepagas”, añadió Gómez.

Los adultos mayores tuvieron un alza en sus ingresos desde mayo de 2015 a diciembre último, a través de la movilidad jubilatoria –la cual fue modificada por Cambiemos a fines de 2017– del 143,6%. Pero ese aumento estuvo lejos del 269,3% en que se encareció la canasta básica y del 235,0% de incremento promedio en medicamentos. Estos últimos son una parte esencial y creciente en la canasta de esos hogares. Los jubilados requieren una verdadera reparación tras tres años de destrucción histórica de su poder de compra.

Según un informe realizado por el Centro de Economía Política Argentina, junto con el Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores y la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria, la mayoría de más de 60 años consume en promedio de cuatro a ocho medicamentos. Algunos, habituales, pueden llegar a costar más de 1.800 pesos.

El impacto de la escalada de precios de los remedios en este universo es subestimado al calcular la cifra de pobreza. Según el informe, cubrir alimentos y servicios para un adulto mayor ronda los 26.0433 pesos, mientras que más de 60 por ciento de jubiladas y pensionadas perciben la mínima de 9.309 pesos.

El último informe del Indec, con cifras del primer semestre de 2018, dio cuenta de 7.581.118 personas pobres y 1.357.923 indigentes. Del  total, el 3,6% (272.920) son adultos de más de 65 años que cayeron por debajo de la línea de pobreza y 2,2% (29.874) que se convirtieron en indigentes.

De acuerdo con el último informe realizado por la Fundación Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (Cepes), para una muestra en Mar del Plata, una familia de dos jubilados con cien por ciento de cobertura en sus gastos de Salud se ubicó entre 18.500 y 20.500 pesos para no ser considerada pobre en noviembre. Pero son cada vez más los que quedan fuera de una cobertura integral de medicamentos, a partir de los mayores requisitos del PAMI.

“En el caso de los alimentos básicos necesarios para una correcta canasta nutricional se verifica que la inflación (2015-2018) llegó a más del 269,3%, habiendo productos, como el aceite de girasol, que aumentaron un 464,7%, la lechuga (313,6%) o la carne picada (328,8%). Los aumentos de medicamentos y alimentos superan así ampliamente el aumento del haber jubilatorio lo que produce una caída abrupta de las personas mayores en la pobreza”, señala el CEPA.

De acuerdo con datos relevados por la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires para diciembre último, de los 6.852.090 beneficiarios del sistema integrado previsional, 64% (4.417.507) percibe la jubilación mínima. Las proyecciones para el cierre de año pasado equivalente a un 43% de varones y 57% a mujeres.

Deterioro

“Tras tres años transcurridos de la gestión del actual gobierno resulta cada vez más evidente la situación de retroceso y el proceso de deterioro de las condiciones de vida de las personas mayores de nuestro país, quienes día a día ven disminuir el poder adquisitivo de sus jubilaciones, lo que afecta notablemente su capacidad de compra de bienes de consumo básicos”, sentencia el informe.

El impacto de la escalada inflacionaria se profundiza por la alta dependencia a los medicamentos para este grupo etario. Hay casos en que se buscan alternativas genéricas e incluso se suprimen directamente algunos de los medicamentos recetados. Pero tampoco alcanza, además de atentar contra “la supervivencia (de los mayores) y para mantener o recomponer la salud”. “La imposibilidad del acceso a los medicamentos no sólo aumenta la mortalidad, sino que además aumenta la morbilidad de patologías que generan dependencia y discapacidad”, dice el documento.

Precios

Mientras el PAMI recorta sus prestaciones y disminuye la cobertura de medicamentos, se registra una tendencia preocupante de incremento sostenido de los precios de venta de los mismos, que se profundizó en los últimos meses pese a la supuesta pax cambiaria desde agosto. “En promedio los precios de los 50 principales medicamentos aumentaron 8,6% sólo en diciembre, mientras que el promedio de los diez que más aumentaron en el mismo período alcanza el 14,8%, entre los que cabe destacar aumentos de hasta un 21,3%”, según los registros de PAMI y Kairos Argentina.

Si se toma en cuenta por patología, para enfermedades cardiovasculares se registra aumentos de 534,4% en tres años en el Acenocumaro (anticoagulante para evitar ACV). El Atenolol, un bebloqueante para hipertensos, se encareció 500,9%, y la Furosemida (diurético para insuficiencia cardíaca) aumentó 313,3%. Por enfermedades respiratorias, el fluticasona más salmeterol (para asmáticos) tuvo un alza de 302,1%, valiendo actualmente 1805 pesos. “El EPOC representan el 13% de las defunciones por enfermedades respiratorias”, destaca el documento. Entre los medicamentos para patologías osteoarticulares, el Etoricoxib (antiinflamatorio para dolores crónicos) exhibió un aumento de 284,9% y el ácido ibandrónico (tratamiento de osteoporosis en mujeres) sufrió un incremento de 246%. La dorzolamida (para hipertensión ocular y glaucoma) se encareció 270,3% y la Levotiroxina (para hipertiroidismo), 478,2.

En el caso del omeprazol, un fármaco utilizado en el tratamiento de úlcera de estómago o duodeno, gastritis y reflujo gastroesofágico, la suba fue de 179,7%. Este es un medicamento que suele utilizarse para acompañar otros con el objetivo de evitar el daño que pueda provocar en el sistema gástrico. La dutasteride (para la hiperplasia benigna de próstata que disminuye el riesgo de retención aguda de orina) el salto fue de 343,8%; el citalopram (antidepresivo) aumentó 195,7% durante este Gobierno –según publica Página 12-.

“Al quitar la entrega gratuita de medicamentos se puso en grave riesgo la salud de las personas mayores y la calidad de vida de aquellas con patologías crónicas, que, sin tratamiento oportuno, generan discapacidades y aumentan la fragilidad y dependencia de los mayores”, concluye.