Germán Garavano, confirmó que el Gobierno intentará en febrero lograr un consenso entre el oficialismo y la oposición para avanzar con el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad y crear un régimen penal juvenil.

La intención del Gobierno, según anticipó días atrás la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es enviar al Congreso un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 15 años, con el fin de que se vote en sesiones extraordinarias.

«Esperemos que salga. En febrero vamos a tener reuniones que se están programando, el 19 hay una reunión con actores del oficialismo y la oposición para que cuando el proyecto llegue al Congreso sea con consensos», sostuvo Garavano.

En diálogo con Radio Continental, el ministro de Justicia y Derechos Humanos subrayó que la iniciativa «se trata de un nuevo régimen penal juvenil, no es sólo la baja de edad».

Al respecto, subrayó que «hay un abordaje distinto a los jóvenes que cometen delitos y un abordaje especial para los jóvenes inimputables» y que con esto se busca «un cambio de paradigma».

Respecto de la baja de edad de imputabilidad, Garavano recordó que «el proyecto original establecía 14 años», pero explicó que la cartera realizó «un análisis estadístico y por el tipo de casos parece más adecuado que sea 15 años».

«Pero es un tema lateral o marginal, porque eso lo va a definir el Congreso. Nos parece más importante el régimen de abordaje de los jóvenes frente al delito, para que tengan derechos pero también responsabilidades», finalizó el funcionario.

La necesidad del Gobierno de lograr un consenso entre el oficialismo y la oposición responde a las críticas que ya empezó a recibir la iniciativa desde varios frentes.

Además de los cuestionamientos de la oposición, dentro de Cambiemos surgió nuevamente como voz disonante la de la diputada Elisa Carrió, quien consideró que la baja de la edad de imputabilidad tiene que ser hasta los 14 años.

De esta manera, la funcionaria ratificó el reimpulso que el Gobierno de Mauricio Macri le dará a esta temática en un año electoral y en momentos en que las medidas de ajuste se acrecientan. Según dijo, la iniciativa punitivista fue elaborada junto con el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien desde hace poco más de hace dos años insiste con la temática –según publica Página 12-.

Según Bullrich, el texto –que aún no está terminado- fue elaborado con “la colaboración y el consenso” de organizaciones y especialistas que participaron de una larga serie de debates sobre el tema. Sin embargo, en esos encuentros, la posición que primó fue de rechazo al proyecto oficial.

La nueva idea de Bullrich y Garavano tiene dos patas: bajar la edad de imputabilidad a los 15 años y crear “para todos, no importa la edad”, un régimen socio educativo y terapéutico. Esto “avala lo que fue la teoría Giuliani de trabajar cuando explota la primera conducta disvaliosa e impedir que los jóvenes avancen en la carrera delictual”, destacó la ministra en referencia al exalcalde de Nueva York que aplicó la política de “tolerancia cero”.

“Será un régimen muy estricto compuesto de imputabilidad y tratamiento para impedir que el joven avance en la carrera delictiva”, agregó la ministra durante una entrevista por Radio Mitre. Allí estimó que “se puede llegar a consensos para crear entre todos este régimen” y anticipó que lo enviarán al Parlamento para extraordinarias porque “creemos que debe discutirse antes del Código Penal: estamos a la espera de que se llamen a extraordinarias para poder enviarlo”.

Por otra parte, la funcionaria también confirmó que Cambiemos tiene el objetivo de impulsar en la Justicia la creación de una “cámara migratoria” que estudie los casos de extranjeros que entren en conflicto con la ley argentina, y deban ser expulsados. “La idea es que sea un trámite más expeditivo”, indicó.

Para sostener su postura, Bullrich sostuvo que “en el último tiempo, y sobre todo en drogas, el aumento del delito en manos de extranjeros es importante, del 20 por ciento de la personas detenidas”. Por eso, agregó, la dirección de Migraciones “construyó un listado de personas que están impedidas de entrar al país” y anunció que su cartera creó “unidades especiales para la búsqueda de las personas que están en esos listados”.