Para que esto suceda, La Libertad Avanza debe ganar las elecciones presidenciales que se celebrarán el año próximo. Es por eso que el oficialismo conversa en sus reuniones más íntimas sobre aspectos que trascienden lo económico y que se refieren a asuntos estrictamente políticos.

En una reunión reciente en Casa Rosada, varios integrantes de la Mesa Política dialogaron preliminarmente sobre la posibilidad de diseñar una reforma política con vistas al año próximo. “No está decidido, pero seguramente haya algo vinculado a lo electoral”, confirmó a Infobae una fuente inobjetable.

El Gobierno tiene una extensa lista de proyectos por tramitar en el Congreso. Solo por decir algunos, queda que se produzca la sanción del proyecto de Reforma Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea. También deben comenzarse a tratar en comisiones los aspectos finos del tratado comercial con Estados Unidos, la adhesión de Argentina a las condiciones que impone el Consejo de Paz de Donald Trump, la reforma impositiva (de la cual no se conocen amplios detalles) y que se genere el envío de pliegos de jueces federales.Sesión Pública Especial, el 12 de febrero de 2026, en el Senado de la Nación, en Buenos Aires; Argentina (Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

Ante la pregunta de Infobae, una figura del estrechísimo entorno presidencial indicó que vería con buenos ojos que al comienzo de las sesiones ordinarias se inicie una senda para hablar de una reforma política. “No la pidió Javier. Es prioridad para todos”, afirmó esta persona.

No hay una idea consensuada por ninguna de las partes. Todavía no está claro qué puede llegar a ser oportuno proponer en los próximos meses. Aún así, hay tres propuestas que les gustan a varios integrantes de la Mesa Política:

1. La suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el 2027 o directamente su eliminación.
2. Modificar la Ley sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos.
3. Incorporar en el diseño de la Boleta Única Papel (BUP) el casillero que habilita a votar la lista completa con una sola marca.

Al menos por ahora, el calendario electoral del 2027 contempla la realización de las PASO porque lo que se aprobó a principios de 2025 no fue su eliminación, sino su suspensión circunstancial por ese año. El proyecto original que el Gobierno había enviado a finales del 2024 proponía la eliminación, pero no tuvo adhesión suficiente. Puede ser que la Casa Rosada, con una masa legislativa más amplia, pueda apostar de vuelta por esta última opción.

Que se hable de este asunto no es casual. El Gobierno tiene varios motivos para proponer lo mismo que impulsó años atrás. Por un lado, buscan argumentar que esa instancia eleccionaria implica un costo fiscal que el Poder Ejecutivo no está dispuesto a financiar a los fines de cuidar la política de déficit cero.Gustavo Gavotti

La Libertad Avanza tampoco tiene necesidad de realizar internas, ya que se trata de un esquema altamente verticalista, donde el poder de la colocación de las candidaturas emana de la propia presidenta del partido nacional, Karina Milei. Solo se habla de eventuales internas a través de PASO en el caso de las provincias que tienen incorporado ese esquema para la disputa de cargos locales. ¿La Ciudad podría ser un ejemplo? Más de una persona no se lo ha descartado ante la consulta de este medio, aunque falta mucho para decidir quién puede ser una figura que pueda disputar la Jefatura de Gobierno porteño.

Que en 2027 no haya PASO implicaría que las opciones opositoras al Gobierno para la categoría Presidente deban ordenarse directamente para las elecciones generales. Es posible que el sector vinculado a Axel Kicillof piense en una coalición o ampliación a los fines de poder polarizar directamente con Milei.

Varios integrantes del Gobierno quieren que la BUP del año próximo tenga un casillero que permita votar lista completa. De mínima, todos los distritos del país elegirán Presidente y Vicepresidente, Parlamentarios del Mercosur y Diputados Nacionales. Hay ocho provincias a los que se les sumará la categoría Senadores Nacionales. Así, la boleta única será más extensa que la que hubo durante las legislativas del año pasado.

Tal y como lo propuso a finales del 2024, el Gobierno podría avanzar en una iniciativa que ya tuvo el visto bueno de Milei: la de reformar el financiamiento de los partidos políticos.

La propuesta dada a conocer por el oficialismo años atrás implicaba la eliminación del aporte extraordinario de los partidos políticos que el Estado Nacional hace para las campañas electorales bajo la excusa de que “la Constitución habla de mantener a los partidos, pero no sus campañas”. El texto preveía que se mantenga el Fondo Partidario Permanente, que garantiza un financiamiento para los partidos políticos. Pero apuntan a que los fondos a recibir por los espacios sean cada vez más mixto y con aportes privados.

En los despachos oficiales buscan que el número de espacios electorales disminuya de manera considerable. Consideraban que podían lograrlo con la modificación de los aportes de campaña y con una reforma de la Ley Orgánica de Partidos Políticos.

Con esta última, el Gobierno proponía facilitar la inscripción partidaria, pero endurecer las reglas de caducidad de los partidos políticos, obligando a una fuerza a tener 3% (en vez de 2%) en dos elecciones consecutivas. Además, el proyecto buscaba incrementar de 0,4% a 0,5% de los electores el requisito para que se pueda conformar un partido de distrito, pidiendo que para crear un partido nacional exista un reconocimiento distrital en 10 jurisdicciones diferentes y no en 5 como en la actualidad. Por último, se agrega como requisito que haya cerca de 35.000 afiliados para que un partido nacional pueda existir.

Esto es solamente la propuesta que se hizo en el 2024, donde advertían que aquello no iba a tener implicancias en las elecciones del 2025, sino en julio del 2026. Con esa lógica, una eventual propuesta de esa índole no debería tener incidencia para el 2027, sino para el 2029.

El texto se divide en cuatro capítulos: Reorganización Administrativa; Privatización; Procedimientos Administrativos; y Empleo Público, que tendrá una instancia de evaluación.

En esta primera etapa, el Ejecutivo estableció -según publica Infobae– la normativa vinculada al Título II, que contempla las modificaciones en el sistema de empleo público, cambios en los procesos administrativos y las privatizaciones de las empresas públicas.

Dentro de esta legislación, uno de los apartados destacados es el dedicado a las privatizaciones de empresas públicas, entre las que se encuentran las siguientes compañías:

-Energía Argentina (ENARSA)

-Intercargo

-AySA

-Belgrano Cargas

-Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE)

-Corredores Viales

-Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA)

-Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)

“El Congreso ha sido generoso en las delegaciones, ya que le permite al Estado adecuar en tamaño, fusionar o centralizar cualquier órgano de la administración pública. También lo faculta a cerrar cualquier organismo del Estado si no está en una lista de excluidos”, señaló esta mañana Federico Sturzenegger, principal ideólogo de esta reforma profunda. Entre las compañías que el Gobierno aceptó eliminar del mega proyecto (las excluidas) se encuentran Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA (Radio y Televisión Argentina).

El Ministro de Desregulación, apuntó luego que “estos cambios permitirán una amplia reestructuración del Estado que se materializará a través de una serie de Decretos Delegados”.

“El primero, que cierra definitivamente el INADI, estará publicado brevemente luego de esta reglamentación”, adelantó Sturzenegger.

En cuanto al procedimiento y las normativas, el texto publicado en el Boletín Oficial detalla que el proceso de privatización se inicia con un informe detallado que el Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación, en cuya jurisdicción se encuentre la empresa o sociedad a privatizar, deberá presentar al Poder Ejecutivo Nacional. Este reporte deberá debe incluir:

-El carácter total o parcial de la privatización propuesta y su fundamento.

-El procedimiento de selección y los plazos estimados para cada etapa.

-La posible propuesta para otorgar preferencias y, si corresponde, un Programa de Propiedad Participada con detalle de los sujetos adquirentes y proporción de capital accionario.

-Una copia de este informe detallado deberá ser enviada a la Comisión Bicameral creada en el ámbito del Congreso de la Nación para avanzar con el proceso.

La convocatoria para presentar ofertas en los procedimientos de selección de la privatización deberá publicarse en el Boletín Oficial durante un período de siete días. La última publicación debe realizarse al menos treinta días antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

El llamado también se hará a través del sitio web de la autoridad de aplicación desde el inicio de la publicación en el Boletín Oficial. En el caso de los procedimientos internacionales, se requiere publicación en al menos un sitio web accesible para interesados extranjeros durante tres días, con al menos 45 días de antelación a la fecha de presentación de ofertas.

La falta de tasación debe justificarse en un informe detallado; en caso de que sea realizada por entidades privadas, nacionales o extranjeras, deberán contar con reconocida trayectoria. Por supuesto, deberá realizarse un inventario de bienes en conjunto con la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

Antes de la formalización de los contratos, será obligatoria la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación y la Sindicatura General de la Nación.

Finalizado el proceso de privatización, la Autoridad de Aplicación deberá remitir las actuaciones correspondientes a la Auditoría General de la Nación para un examen final, con el que se busca asegurar la transparencia y adecuación del proceso.

A modo de resumen, Sturzenegger señaló esta mañana que estos cambios de fondo “constituyen la respuesta del presidente Milei al mandato que recibió en las urnas y que hoy se pueden implementar gracias a haberse logrado la aprobación del Congreso Nacional”.

Tal como lo hicieron el 25 de Mayo pasado pero esta vez bajo el lema “La Patria no se rinde”, una multitud se convocó en Avenida 9 de Julio y Belgrano para conmemorar el Día de la Independencia y, a la vez, repudiar las políticas de endeudamiento internacional con ajuste local del gobierno de Mauricio Macri.

El contrafestejo a los actos oficiales fue convocado por un amplio abanico de organizaciones políticas, gremiales y sociales, entre las que también se encuentra el colectivo de artistas, que será responsable de la lectura de un documento durante el acto de cierre de la convocatoria. En principio, está estipulado que el documento se dé a conocer a las 15. La proclama sería leída por el actor Gerardo Romano.

El texto hará hincapié en que durante los dos años y medio de la gestión macrista se “han deteriorado profundamente las condiciones de vida de amplios sectores” sociales y además puntualizará que las políticas del Gobierno favorecen “a quienes siempre ganan”.

“A veces más, a veces menos, pero sus números nunca están en rojo”, añade el documento titulado “La independencia no se negocia”.

Desde el mediodía, diversos artistas pasan por el escenario para ponerle música a la concentración. Entre ellos, Teresa Parodi, La Chilinga y Liliana Herrero –según publica Página 12-.

Agrupaciones y dirigentes kirchneristas, de las dos CTA, los maestros nucleados en Ctera y de organizaciones como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popoular (Ctep) dijeron presente. “Contra el saqueo, el hambre y el Fondo Monetario para resistir en unidad, derrotar la ofensiva neoliberal y construir una alternativa”, definió el referente de ese espacio, Juan Grabois.

Uno de los ejes de la movilización es un nuevo rechazo al préstamo stand by que el gobierno nacional firmó con el FMI y parte de cuyo porcentaje es destinado por el Ministerio de Hacienda a sostener el precio del dólar y alimentar así la bicicleta financiera puesta en marcha desde la reapertura del mercado de capitales.

Una de las primeras columnas que llegó al lugar fue la que está integrada por militantes de agrupaciones como el Movimiento Evita, Libres del Sur, Partido del Trabajo y del Pueblo, Unidad Popular, Vía Campesina, Izquierda Popular, Vamos y Seamos Libres. Los manifestantes llevan banderas de sus respectivas organizaciones y carteles con lemas como «La independencia no se negocia» o «No al FMI».

Alejandra Darín, Marina Glezer, Daniel Valenzuela, Luisa Kulliok, Cristina Banegas y Paola Barrientos son algunos de los artistas que impulsaron la multitudinaria convocatoria. A ellos se le sumaron las cantantes Adriana Varela, Dolores Solá y Liliana Herrero. También, intelectuales como  la jueza María Laura Garrigós de Rebori y el sociólogo Horacio González. Los periodistas Titi Fernández y Cinthia García, y la locutora Federica Pais se sumaron a la concentración.

El miércoles negro también cubrió a los títulos públicos, que perdieron hasta más de 2 por ciento, ante un mercado que comienza a mostrar signos de fatiga ante la constante emisión de deuda de Cambiemos. Como resultado, el cotejo entre rendimientos de deuda con la de mercados centrales, denominado riesgo país, se ubicó en su máximo desde que asumió la administración macrista, a 585 puntos básicos.

Desde que asumió en diciembre de 2015, el Gobierno viene prometiendo lluvia de dólares. Primero con destino a la actividad real y ahora, ya sincerada la bicicleta, al sector financiero. Con eje en esa premisa, el macrismo llevó adelante una serie de desregulaciones al flujo de capitales externos y de incentivos para el ingreso de inversiones golondrinas que aprovecharían el diferencial de tasas (altas en el mercado local y bajas en el mundo). Luego estableció un paquete de reformas para que la Argentina fuese aceptada como mercado emergente, lo que, según prometieron los funcionarios, estimularía el ingreso de fondos. Finalmente, se acordó un endeudamiento compulsivo con el Fondo Monetario para blindar al país contra un ajuste brutal de la actividad.

La semana pasada se anticipó una posible recalificación a emergente y se concretó el arribo del primer desembolso de 15.000 millones de dólares del Fondo. Pero el Gobierno no capitaliza el envión por la incertidumbre que genera su política. “El gobierno perdió con su política margen de maniobra política y social para imponer, incluso, el ajuste que exige el acuerdo con el Fondo. El Gobierno no tiene más herramientas y la reelección de esta administración tampoco es tan evidente para los inversores”, dijo a Página 12 el ex presidente del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli. “Lo que el Gobierno vendió con bombos y platillos es que lo de ser emergentes resolvía todos los problemas de la Argentina. Con eso hicieron entrar a muchos inversores a ese juego accionario y ahora el mercado te muestra que no somos emergentes”, agregó el economista del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, consultado por este diario.

El empujón que recibieron las acciones con la promesa de que en un año el país se convierta en emergente ya se esfumó, con la baja que vienen sufriendo desde el viernes. El peor desplome fue ayer. El promedio de acciones líderes, medido por el índice MerVal, perdió 8,9 por ciento a precios corrientes. Pero como el dólar se encareció 1,15 por ciento a 28,05 pesos, la caída del panel medido en moneda extranjera se ubica en el 11 por ciento. Es la mayor caída medida en dólares desde el 15 de octubre de 2008, cuando en medio de un desplome global de los mercados el MerVal perdió 12,2 por ciento.

En Wall Street, el comportamiento de las empresas es más sencillo de medir. Sin efecto devaluatorio (papeles que reflejan la capitalización de las acciones) perdieron hasta más 13 por ciento. “Lo de ser emergente no te borra la incertidumbre que hay en los distintos sectores, como en bancos, energéticos y obra pública. Hay que tener en cuenta que la nota de MSCI no es una evaluación de cómo está la economía sino de los criterios de accesibilidad al mercado (apertura a ingreso y salida de capitales). Esto implica que no se traduce en una mejora inmediata para las pymes”, dijo a este diario el analista jefe en acciones de una banca de inversión, de lazos estrechos con el PRO.

La incertidumbre de corto y largo plazo abarca a todos los sectores, aun el financiero y bancario. La salida de capitales de las economías emergentes hacia los Estados Unidos se amplificó en la Bolsa local por problemas domésticos. Entre las empresas que integran el sector energético hay dudas respecto de cuáles serán las medidas que pueda tomar la nueva conducción en el Ministerio de Energía, mientras reclaman más tarifazos en el rubro eléctrico para compensar el alza de costos producto de la devaluación. En este segmento, se destacaron las pérdidas de Metrogas, con el 13,8 por ciento, y Transportadora Gas del Norte (TGN), con 12,94. “En el caso de los bancos, lo que se ve es que probablemente haya una caída de la actividad hasta el último trimestre del año, lo que va a impactar en el crédito”, agregó el economista de la sociedad de Bolsa que vendió su antigua casa de cambios antes del cambio de Gobierno. Las caídas del sector financiero estuvieron encabezadas por el Grupo Supervielle, con un retroceso de 13,67 por ciento. Las constructoras también operaron en baja ante el congelamiento de la obra pública acordado entre el Gobierno y el FMI. A modo de ejemplo, la acción de la cementera Loma Negra se retrajo 10,27 por ciento.

A largo plazo, la expectativa tampoco mejora. “Por el lado financiero, la perspectiva de un dólar fuerte y de alta inflación tracciona a la baja de las acciones. Por su parte, el esquema de guerra comercial en el mundo tampoco ayuda a cerrar el déficit de cuenta corriente, teniendo en cuenta que el principal problema es la falta de divisas”, advirtió Vanoli. “Es un problema de la plaza local. El acuerdo con el Fondo redice la posibilidad de Macri de perpetuarse en 2019”, agregó Letcher. Por lo pronto, el riesgo país, el sobrecosto crediticio que enfrenta la Argentina respecto de otros países, no es de emergente.

El oficialismo presentó el viernes último un proyecto de reforma laboral que incluye una modificación del cálculo de las indemnizaciones por la que no se tendrían en cuenta premios, bonos ni el sueldo anual complementario (SAC).

“Es para evitar discrecionalidad en el cálculo, en el que muchas veces se generan distorsiones e imprevisibilidad a la hora de tomar nuevos trabajadores”, justificaron desde el Ministerio de Trabajo al diario La Nación, y agregaron: “Ahora se establecen con claridad los alcances”.

Por ahora, las indemnizaciones por despido se calculan sobre el sueldo más alto percibido por el empleado al momento de ser echado, y a ello se le suman bonos o premios, el SAC y todo “reconocimiento de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador”.

De hecho, la alternativa que a fin de año el Gobierno presentó al Congreso a la indemnización como la conocemos hoy es un “fondo de cese laboral”, que sería constituido a través de un convenio colectivo con el aval de las cámaras empresariales y el gremio más importante de cada actividad.

Según esa propuesta del equipo de Macri, cada mes sólo el empleador será quien aporte de su bolsillo un monto específico que se calcula sobre un porcentaje del salario más adicionales remunerativos y no remunerativos.

Pero ahora con el nuevo proyecto oficialista, que ingresó al Senado el 27 de abril, se incluyó esta novedad de modificar el cálculo de las indemnizaciones a raíz del fuerte rechazo que provocó en los gremios y la oposición la propuesta del “fondo de cese laboral” y que hizo que se frenara el tratamiento en la Cámara alta en diciembre.

La reforma de Macri se estima que recién será tratada a fines de mayo o principios de junio, justo cuando esté en progreso el Mundial de fútbol que se juega en Rusia.

Otros puntos del proyecto oficialista son el blanqueo, las pasantías y la creación de una agencia de evaluación de teconologías de la salud, pero éstos contarían con el aval de los sindicatos, quienes se mostraron sorprendidos por la nueva fórmula para calcular las indemnizaciones.

“Habíamos acordado apoyar blanqueo, la agencia médica y las pasantías siempre y cuando sean mediante el convenio de la actividad. Pero esto, no. No avanzarán con las indemnizaciones”, señaló un directivo de la CGT.

Justamente unos días antes del 1 de mayo, el Poder Ejecutivo envió al Senado el primer paquete de proyectos de leyes que pretenden reformas laborales. El primero consiste en un régimen de Regularización del Empleo no Registrado, dicho de otra manera de un nuevo blanqueo parecido al del año 2009; además, se presentan algunas modificaciones trascendentes de la Ley de Contrato de Trabajo (20.744). El segundo, contiene un plan muy ambicioso de Capacitación Laboral Continúa. Finaliza con el tercero, relacionado con la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud.

Los siete puntos más relevantes de los proyectos, que intentarán modificar las relaciones laborales a futuro, son los siguientes:

1-Blanqueo Laboral: Consiste en el perdón de la deuda de la seguridad social para la declaración de empleados que no han sido totalmente registrados, o para los casos en que la fecha de ingreso o la remuneración no se corresponden con las que se encuentran declaradas. No tiene limitación en cuanto a la cantidad de trabajadores que se pueden incluir, ni posee condiciones especiales según el tamaño que tiene la empresa. No se puede incluir en el Régimen de Regularización al personal que presta servicios en casas particulares. Se perdonan todas las sanciones y multas y las deudas de capital e intereses de seguridad social, no así las de obra social y las de la ART. Los trabajadores que sean incluidos tienen derecho a computar hasta 5 años de tiempo de servicios a los efectos jubilatorios. Habrá un año de tiempo, desde que rija la ley, para presentar la regularización. La condonación de la deuda de seguridad social llegará hasta el 100% siempre que la adhesión se realice dentro de los 180 días de la entrada en vigencia de la reglamentación de la ley. Si en cambio, se realizare luego, en el segundo semestre, el perdón será del 70%. La cancelación de la deuda que no se condona (obra social y ART) tendrá que efectivizarse al contado o mediante un plan de pagos especial que apruebe la AFIP; mediante un pago a cuenta del 6% del total del capital y del saldo  que se podrá ingresar en hasta 60 cuotas mensuales, con un interés de financiación del 0,75% por mes. En el año 2009, el blanqueo era sin ningún costo (tampoco de obra social) hasta los 10 empleados que se registraban; sin embarbo, el resultado que se obtuvo del mismo no movió el “amperímetro” laboral.

2-Sentencia o acuerdo laboral: Las sentencias judiciales laborales y los acuerdos laborales deberán comunicarse a la AFIP, dentro de los 10 días hábiles inmediatos siguientes del momento en que quede firme la sentencia laboral u homologación del acuerdo. El resultado de esta comunicación permitirá a la AFIP poder reclamar la presentación de las declaraciones juradas originales y rectificativas en ingresar el saldo previsional adeudado que surge de la instancia judicial o conciliatoria.

3-Ausencia de registración: Se modifica la sanción para los empleadores que no registraron relaciones laborales. Si sale la ley se sancionará con multa equivalente al 50% del salario mínimo vital y móvil de cada período mensual que no está registrado. La misma sanción será para los que registren una fecha de ingreso posterior a la real y para las remuneraciones menores a las que corresponden.

4-Fondo de Cese: Las cámaras empresarias junto con los sindicatos podrán constituir un fondo de cese laboral para cada actividad  que estará a cargo del empleador, que sería administrado por un ente sin fines de lucro. Este fondo debería reemplazar a la indemnización de despido y de preaviso actuales que rigen para los despidos sin causa y a las otras indemnizaciones previstas en la ley laboral. El fondo se nutrirá de un porcentaje de aporte que realizará cada empleador sobre el salario base del trabajador (con rubros remunerativos y no remunerativos). Producida la desvinculación, el empleado tendrá que percibir el dinero que se encuentra ahorrado en el fondo, hasta el importe correspondiente a las indemnizaciones laborales que están establecidas en la ley. También, podrá utilizarse el dinero del fondo para hacer frente a los costos de desvinculación laboral por los acuerdos homologados en el Ministerio de Trabajo (Art. 241 LCT) y en lo que se abona en los casos de retiros voluntarios; en estos últimos casos el empleado podrá acceder al cobro del 50% de los fondos nominados que le corresponden. Para los despidos se produzcan con justa causa, los importes ahorrados en el fondo serán reintegrados al empleador. Llegado el caso que haya luego un reclamo del empleado y la justicia lo apoye el empleador deberá reintegrar el fondo ahorrado que retiró en su momento.

5-Indemnización por despido: Se pretende modificar el texto del artículo 245 de ley de Contrato de Trabajo. El nuevo texto que se propone excluye de la base salarial para el cálculo de la indemnización al aguinaldo, a los premios, las bonificaciones y toda compensación y reconocimiento de gastos que el empleador efectúa a favor del empleado. Actualmente, la ley 20.744 establece lo siguiente: la base salarial se determina “tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor”.  Se reconoce legalmente el 67%, del fallo de la Corte “Vizzotti”, correspondiente a los trabajadores que se encuentran contratados fuera del convenio.

6-Capacitación laboral: Se proponen políticas de formación laboral continuas y programas de transición entre el sistema educativo y el trabajo. Asimismo, el proyecto crea prácticas formativas para los estudiantes y nuevos graduados de la educación superior.

7-Fomento empleo juvenil: Son destinatarios los jóvenes menores de 24 años, con prioridad a favor de los que se encuentran desocupados, en la economía informal o en situación de vulnerabilidad social. El fomento consiste en otorgar incentivos económicos a favor de los empleadores que realicen estas contrataciones, para hacer frente al pago de los salarios. Para los nuevos trabajadores se propone entrenamiento y capacitación para el desempeño laboral.

Algunos temas, como el blanqueo, son repetidos; otros conflictivos, como los referidos a las modificaciones de la ley de Contrato de Trabajo; y por último, los terceros, muy ambiciosos que habrá que ver cómo se terminan llevando a la práctica. Todos tienen el objetivo de ir contra el empleo informal y atacar la desocupación; pero, si la economía no mejora, las leyes por sí solas no alcanzan para poder alcanzar las metas.