Si bien todos buscan actualizar los métodos de cálculo, difieren significativamente en sus enfoques y potenciales consecuencias para trabajadores y empleadores. La información sobre los proyectos proviene de documentos presentados a la comisión, incluyendo un resumen de la convocatoria a su reunión. La cuestión de la tasa de interés es un tema que viene de larga data; de hecho, particularmente lo he estado estudiando desde el año 2017, con ponencias y disertaciones en congresos de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, FOFETRA, CPACF, UBA y lo he volcado en diversos artículos de doctrina en revistas especializadas.

Pasemos a analizar los mismos y a realizar algunas apreciaciones:

Proyecto 1 (presentado por el diputado de Jorge Ávila):

Este proyecto modifica los artículos 255 y 276 de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744) para actualizar el cálculo de indemnizaciones por despido y la repotenciación de créditos laborales por depreciación monetaria, buscando un balance entre trabajadores y empleadores. Actualiza la antigüedad del trabajador y considera una actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), más una tasa de interés moratorio pura (sin especificar el valor numérico). Considerando el DNU 70/2023, esta tasa debería ser, como mínimo, del 3% mensual. Este proyecto se presenta como una respuesta a la problemática que ha surgido luego del Acta 2764/22.

Proyecto 2 (presentado por los diputados Razzini y otros):

Este proyecto propone una nueva metodología para actualizar los créditos laborales utilizando la Tasa Activa del Banco Nación (TABN) con una capitalización única, según el artículo 770 inciso B del Código Civil y Comercial (CCyCN). Esta propuesta es peligrosa y perjudicial para los trabajadores porque la TABN, influenciada por factores políticos, ha mostrado resultados a menudo muy por debajo de la inflación, siendo una variable de ajuste poco confiable. La preocupación del sector empleador por la tasa de interés es reciente (a partir de Septiembre 2022, fecha de emisión del Acta 2764/22 CNAT), ya que anteriormente los juicios se licuaban por inflación y devaluación, llevando a que los trabajadores recibieran solo el 20% del capital de sentencia en moneda dura.

Proyecto 3 (presentado por el diputado Tetaz):

Este proyecto propone un mecanismo de actualización que consiste en traducir el monto del crédito al equivalente en salarios mínimos vitales y móviles a la fecha de devengamiento, multiplicándolo luego por el salario mínimo vital y móvil actualizado, más una tasa de interés pura del 3%, con un tope máximo regulado por el Banco Central. Sin embargo, este proyecto también presenta riesgos, ya que el salario mínimo vital y móvil ha sido severamente retrasado en los últimos tiempos debido a factores políticos. Su utilización en juicios laborales podría dar lugar a actualizaciones inferiores a los precios de la economía nacional. La discusión sobre la tasa de interés, por lo tanto, se inserta en un contexto de preocupación por mantener el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación, preocupación que reiteramos, curiosamente, fue relativamente minoritaria en el sector empleador hasta el fallo del Acta 2764/22.

Un análisis comparativo

Los tres proyectos pretenden resolver la problemática de la actualización de indemnizaciones ante la inflación, pero sus enfoques varían. Ávila propone una solución basada en indicadores económicos confiables (IPC), mientras que Razzini y Tetaz ofrecen opciones con variables menos confiables, con posibles consecuencias negativas para los trabajadores. El debate sobre la tasa de interés, como se ha visto, no es nuevo, pero ha cobrado mayor relevancia a raíz de los fallos judiciales recientes.

Desde el sector trabajador, la demanda principal es clara: se busca que los trabajadores cobren su capital actualizado, ni más ni menos, con una tasa de interés justa que refleje la realidad inflacionaria. Para ello, parámetros comparativos objetivos como el IPC o la CBA son indispensables. Cualquier tasa que no responda a parámetros económicos reales resultará injusta e ilegal. Por lo expuesto consideramos que el sector empresario debería adherir a soluciones justas, para que las normas que emita el Congreso no sean tachadas de inconstitucionales en los tribunales, alcanzando como sociedad la seguridad jurídica necesaria tanto para trabajar, emprender y dar trabajo.

Como decían los romanos, la justicia se alcanza solo cuando cada uno recibe su derecho (ius). La decisión legislativa sobre cuál proyecto se aprueba tendrá un impacto profundo en las relaciones laborales argentinas, determinando la equidad, la protección del poder adquisitivo de los trabajadores y la seguridad jurídica para todas las partes involucradas -según publica Ámbito-.

En Chubut los comicios se desarrollarán los días 7 de abril, en el caso de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el 9 de junio para las Generales donde se votarán autoridades provinciales del Poder Ejecutivo, diputados provinciales, intendentes, representantes del pueblo en el Consejo de la Magistratura y presidentes de las comunas rurales.

Claro que para confirmar todo esto la Legislatura no debe insistir con sus leyes que el martes vetó el gobernador Mariano Arcioni. La oposición necesita 18 votos y hasta anoche tenía 16.

“Tenemos que seguir trabajando y llegar a la gente con nuestro proyecto. Demostrar que es superior al resto. No vamos a hablar de los demás, de las posibilidades que hubo o no de ir por otro camino, estamos conformes con el equipo que hemos conformado con el gobernador Mariano Arcioni y no nos modifica en nada nuestra rutina cotidiana. Tenemos que seguir por el mismo camino que venimos, en ambos casos”, dijo Sastre.

En otro orden, confío en que “Mariano Arcioni viene trabajando hace meses en un reordenamiento general de la Provincia, y lo está logrando de a poco. Es un proceso que lleva tiempo. En nuestro caso, en Madryn, nosotros queremos implementar en el resto de la Provincia muchas de las políticas con las que contamos en la ciudad, sobre todo aquellas políticas públicas que nos permitieron cambiar o modificar la calidad de vida de los vecinos, y otras que fueron en consonancia con nuestras ideas, como las de contención que muestran un Estado presente en la lucha contra el flagelo de las drogas. Ha sido una de nuestras principales banderas, junto con las políticas sociales, y debemos continuar por el mismo camino”, indicó Sastre.

Contradicciones

El intendente de Madryn prefirió hacer caso omiso al pedido de los diputados de intentar juntar las elecciones con las nacionales de octubre y fue tajante en ese sentido: “es una decisión y una potestad del gobernador, no del resto. Y además hay espacios políticos que se contradicen con sus referentes nacionales. Mientras en algunas provincias quieren que las elecciones vayan en conjunto con las nacionales, en otras diputados del mismo sector político apoyan diferentes desdoblamientos. Pero es más de lo mismo. Es ser oposición por el simple hecho de serlo. Nada más”.

En este contexto, el Gobierno provincial presentó además ante el Superior Tribunal de Justicia un recurso de “acción declarativa de inconstitucionalidad”, entendiendo que hay una afectación de una facultad que es exclusiva del Poder Ejecutivo en lo actuado por la Legislatura.

“Estamos a cinco meses de las PASO, y la realidad es que no es tanto tiempo si uno tiene en cuenta los actos eleccionarios. Pero en el día a día, nosotros estamos en gestión, yo conduciendo Madryn y Mariano al frente de la Provincia, por lo que cinco meses es mucho tiempo para seguir trabajando, más allá de que nuestros mandatos tengan aún más de un año para finalizar”, sostuvo el jefe comunal.

Por último, expresó que “ya existe la fecha, ya están las cartas en la mesa. Tenemos que seguir avanzando, y demostrando que nuestro proyecto es superior a los demás. Tenemos las bases, tenemos un armado, y tenemos por sobre todas las cosas la convicción de querer ver a Chubut en el lugar que se merece, sin cambiar nuestra forma de hacer política y sosteniendo nuestras banderas de siempre: el diálogo, y el cara a cara con la gente”.

En este sentido, señaló que “no hay un Presupuesto viable para llegar a los que menos tienen. En la Patagonia ya se han avasallado muchos derechos. La dirigencia local de cada uno de los Municipios sabrá si adherir o no a este Presupuesto”.

“Mañana tendré un encuentro con la senadora Nancy González. Se está tratando de trabajar en la Unidad Peronista”, dijo en diálogo con El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “hoy el Peronismo es el único Partido que hoy puede transformar de vuelta todas las cosas que se habían hecho bien, haciendo por supuesto una autocrítica de lo que se hizo mal. Estamos apostando a confirmar un proyecto integral que nos una a todos los peronistas de Chubut”.

“Ansiamos que se logre la Unidad en todo el Justicialismo en su conjunto. Es un esfuerzo que debemos hacer todos los militantes para que todos nos encolumnemos atrás de un proyecto, no de un nombre”, indicó.

En este marco, añadió que “el PJ está fragmentado pero nosotros somos los responsables de eso. Debemos poner las barbas en remojo, hablar menos y escucharnos más”.

“Unidad Peronista será un espacio en donde podrán hablar todos los militantes. Trabajamos en un proyecto que sea viable pero no pensamos en candidatos aún. El 2019 nos va a encontrar unidos y mas fuertes que nunca”, comentó.

Finalmente, Hourcade concluyó que “Nancy González es una mujer que está preparada para estar en el lugar que el proyecto la necesite. Pero ¿Quién dice que Javier Touriñan no puede encabezar el proyecto a nivel provincial? Tenemos mucha gente preparada dentro de las filas”.

Los diputados nacionales patagónicos de la Unión Cívica Radical (UCR) presentarán en el Congreso de la Nación un Proyecto de Declaración con el objetivo de pedirle al Poder Ejecutivo Nacional la restitución de los montos diferenciales por zona en las asignaciones familiares que fueron suprimidos por el decreto 702/18 conocido ayer viernes.

El proyecto será presentado en coautoría por Gustavo Menna (Chubut), Nadia Ricci y Roxana Reyes (Santa Cruz), Lorena Matzen (Río Negro); y Daniel Kroneberger (La Pampa).

En la iniciativa, que cuenta con sólidos argumentos jurídicos, se menciona que la Ley 24.714, que instituye el Régimen de Asignaciones Familiares “prevé la existencia de diferencias regionales basadas en los mayores costos que implica residir en determinadas zonas geográficas con motivo de la lejanía, las carencias logísticas o de infraestructura, los factores climáticos, la falta de acceso a determinados servicios básicos y, en general, todas las consecuencias devenidas del desigual desarrollo territorial con que se ha conformado la Argentina a lo largo de su historia”.

Cabe recordar que el decreto 702/18, del Gobierno Nacional, reduce hasta en más del 50% el monto de las asignaciones familiares en la región patagónica, por efecto de la supresión de los mencionados montos diferenciales.

Según la Ley 24.714, las asignaciones familiares deben ser percibidas por los trabajadores que se desempeñan en relación de dependencia en el sector privado y en el empleo público; beneficiarios de la Ley de Riesgos del Trabajo; beneficiarios de prestaciones por desempleo; inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributo); beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA); beneficiarios de asignaciones universales para protección social y veteranos de guerra del Atlántico Sur.

En este contexto, los legisladores nacionales radicales de la Patagonia hicieron mención en el proyecto al artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional reformada en 1994 que manda “proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”.

De esta manera, continúa el Proyecto de Resolución, “el régimen contemplaba la existencia de montos diferenciales para cuatro zonas: zona 1 para los beneficiarios de La Pampa, Río Negro y Neuquén y determinados departamentos de las provincias de Formosa, Mendoza y Salta; zona 2 para Chubut; zona 3 para determinados departamentos de Catamarca, Jujuy y Salta y zona 4 para Santa Cruz y Tierra del Fuego”.

Sin embargo, se añade, “el decreto 702/2018 deja sin efecto esos diferenciales para los beneficiarios trabajadores activos a excepción de las asignaciones por hijo con discapacidad y ayuda escolar anual para hijo con discapacidad y para los beneficiarios del SIPA con las mismas excepciones, con el fundamento de ‘adoptar un criterio uniforme que otorgue mayor homogeneidad en los beneficios asignados a las distintas jurisdicciones’”.

Imperativo legal

En este sentido, recordaron que “sin embargo, el artículo 19 de la ley 24.714, al facultar al Poder Ejecutivo a establecer la cuantía de las asignaciones familiares, sus topes y rangos remuneratorios, también dispone que se contemplen ‘coeficientes zonales o montos diferenciales de acuerdo al desarrollo de la actividad económica, índices de costo de vida o de variación salarial y situación económica social de las distintas zonas’, de lo que se deriva que la existencia de zonas diferenciadas constituye un imperativo legalmente impuesto y no disponible por vía reglamentaria”.

De manera complementaria mencionan la doctrina judicial “sentada por la Corte Suprema que indica que las normas deben establecer soluciones diferenciadas allí donde existan situaciones desiguales (o, en sentido contrario, ‘la ley debe ser igual para los iguales en igualdad de circunstancias’), ya que reconocer las mismas asignaciones a los habitantes de la periferia del país que a quienes viven en las zonas más desarrolladas se traduce en otorgar una remuneración real más baja a los primeros”.

Por los antecedentes jurídicos y “por el impacto que la medida tiene en los beneficiaros de las asignaciones, que verán mermadas las mismas en el orden del 50% -y en algunas zonas incluso en mayor porcentaje-, solicitamos la revisión de la medida, reimplantando los montos diferenciales para las zonas existentes con anterioridad al dictado del decreto 702/18”, concluye el proyecto.

En la sesión de este martes, el presidente del Bloque Cambiemos, Eduardo Conde, dio a conocer el Régimen de Garantía de Servicios Esenciales. Expresa la iniciativa que “ninguna medida de fuerza resuelta por una asociación gremial puede afectar la efectiva prestación de los servicios públicos mínimos esenciales bajo pena de su declaración de ilegalidad”.

El abogado comodorense explica que se procura acordar entre las partes, a través de la autoridad de aplicación que es la Secretaría de Trabajo de la provincia, “el procedimiento bajo el cual se lleva a cabo la medida de fuerza y cuáles son las prestaciones mínimas que deben cumplirse para cada uno de los prestadores que acudan al derecho de huelga”. De no haber acuerdo, la Secretaría de Trabajo establecerá las pautas para que se cumplan con las prestaciones mínimas.

Paro docente

En la normativa hay dos artículos vinculados al paro docente. “Si bien se respeta el derecho de huelga, se establece claramente que el ciclo educativo debe cumplirse, garantizando los derechos de enseñanza y aprendizaje. Si el Ministerio de Educación dice que son 180 días, deberán recuperarse, para ello se establecerá un mecanismo a través de la reglamentación”, indicó Conde quien subrayó que durante la huelga docente, “los establecimientos educativos tienen que permanecer abiertos y que los chicos deben concurrir a la escuela. Las guardias mínimas deberán resguardar su presencia en los establecimientos”.

Aclaró que el proyecto de ley no atenta contra el derecho a reclamar, sino que se ampara en el Artículo 24 inciso 8 de la Constitución donde expresa que los servicios esenciales deben garantizarse, “y que cualquier situación que atente contra ello, puede ser declarada ilegal”.

Normativa

Se declara como servicios públicos esenciales la salud, educación, justicia, seguridad, transporte, energía eléctrica, agua potable, gas y combustible, “debiendo garantizarse a la ciudadanía la prestación mínima de los servicios en caso de conflictos laborales, bajo apercibimiento de declarar ilegal cualquier medida de fuerza adoptada en contravención a la presente norma, y por parte de la Autoridad de Aplicación, generando sanciones pecuniarias y funcionales a sus responsables, conforme la reglamentación ejecutiva”.

El texto continúa diciendo que “cuando el ejercicio de una medida de acción directa involucre o comprometa la interrupción o suspensión de actividades que pueden tener consecuencias para el goce de los derechos constitucionales antes enunciados, una vez cumplido el proceso de conciliación o en forma previa a los mismos, y vencido el plazo previsto por la ley vigente para la regulación de los conflictos colectivos de trabajo, la parte que se propusiere ejercer medidas que afecten los servicios públicos declarados esenciales, debe dar preaviso a la otra parte y a la Autoridad de Aplicación en forma fehaciente y con cinco (5) días de anticipación a la fecha en que realizará la medida”.

Estipula en este sentido que en el día siguiente a aquel en que se efectuó el preaviso, “las partes acordarán con la Autoridad de Aplicación sobre los servicios mínimos que se mantendrán durante el conflicto, las modalidades de su ejecución y el personal que se asignará a la prestación de los mismos”.

Añade que cuando las prestaciones mínimas se hubieren establecido mediante convenio colectivo u otro tipo de acuerdos, “las partes deben comunicar por escrito a la Autoridad de Aplicación, las modalidades de ejecución de aquellas, señalando concreta y detalladamente la forma en que se ejecutarán las prestaciones, incluyendo la designación del personal involucrado, pautas horarias, asignación de funciones y equipos”. A su vez especifica que al momento de determinar las prestaciones mínimas “se debe considerar no solo la prestación en sí, sino también las tareas de mantenimiento y otras conexas, sin las cuales el servicio a brindar se suministraría incompleto o con algún riesgo o compromiso para su prestación normal”.

Se sostiene que si las partes no cumplieran con las obligaciones previstas en la ley, “dentro de los plazos establecidos para ello o si los servicios mínimos acordados por las mismas fueren insuficientes, o habiéndolas cumplimentado no llegaren a un acuerdo, la Autoridad de Aplicación fijará los servicios mínimos indispensables para asegurar la prestación del servicio, cantidad de personal que se asignará a su ejecución, pautas horarias, asignación de funciones y equipos, procurando resguardar tanto el derecho de huelga como el derecho de los usuarios afectados. La decisión será notificada a las partes involucradas y, en caso de incumplimiento, los responsables serán pasibles de aplicación de sanciones”.

En el Artículo Nº 7 señala que el prestador del servicio considerado esencial o con garantía de prestación mínima, “debe poner en conocimiento del público, por medios de difusión masiva, las modalidades que revestirá dicha prestación durante el conflicto – cuarenta y ocho horas antes del inicio de las medidas de acción directa-, detallando el tiempo de iniciación y la duración de las medidas, la forma de distribución de los servicios mínimos garantizados y la reactivación de las prestaciones. Asimismo debe arbitrar los medios tendientes a la normalización de la actividad una vez finalizada la ejecución de las medidas”.

Respecto a la educación, la normativa expresa que “los prestadores deberán garantizar durante el año escolar, el pleno cumplimiento del término lectivo mínimo establecido por el Ministerio de Educación para el año respectivo, debiendo en caso de no cumplirse con dicho cronograma, arbitrarse los medios para su recuperación, de forma de alcanzar adecuadamente los procesos de enseñanza y aprendizaje previstos para el ciclo en curso”.

Agrega que en caso de medidas de fuerza por parte de los gremios docentes, “los establecimientos educativos deberán permanecer abiertos con las guardias mínimas que se establezcan, de forma de posibilitar la permanencia regular de los alumnos en las escuelas”.

“La falta de cumplimiento del deber de trabajar por parte de las personas obligadas a la ejecución de los servicios mínimos, será considerada falta grave y dará lugar a las responsabilidades previstas en las disposiciones legales, estatutarias o convencionales que les resulten aplicables. Igual medida alcanzará al dirigente sindical que no ajuste su cometido a las imposiciones emergentes de la presente ley”, marca el Artículo Nº 10.

En torno a la autoridad de aplicación, estipula que sea el organismo de Trabajo de la provincia, quien reglamentará su ejecución. Por último, se invita a los Municipios y Comunas Rurales a adherirse ley.

Además establece en su artículo segundo la forma en la distribución del porcentaje ya que un 5% se destinará en forma automática al Municipio de Rawson en su carácter de Capital del Chubut con objeto de aplicación para un Fondo de Fortalecimiento de la Infraestructura y el 40% se destinará en forma automática a una cuenta que comprenda como beneficiarios a los Municipios, Comisiones de Fomento y Comunas Rurales de la Comarca de los Andes, el que se distribuirá entre los dichas Jurisdicciones en forma proporcional a la cantidad de habitantes.

En tanto, el 55% restante se distribuirá en forma automática a los municipios de acuerdo con los índices que constan en el Anexo II de la presente.

ARTICULO 3º donde se sustituye el artículo 1° de la Ley II Nº 7, quedaría redactado: “Asígnense a los Municipios en forma automática, como coparticipación en concepto de Regalías Hidrocarburíferas por la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos, a partir del1 de enero de 2019, el 35% de lo percibido por la Provincia en tales conceptos”.

ARTICULO 4º.-Sustitúyase el artículo 2º de la Ley II Nº 7 y quedaría “El 5% se destinará en forma automática al Municipio de Rawson en su carácter de Capital del Chubut con objeto de aplicación para un Fondo de Fortalecimiento de la Infraestructura. El 40% se destinará en forma automática a una cuenta que comprenda como beneficiarios a los Municipios, Comisiones de Fomento y Comunas Rurales de la Comarca Senguer – San Jorge; el que se distribuirá entre losdichas Jurisdicciones en forma proporcional a la cantidad de habitantes.

El 50% restante se distribuirá en forma automática de acuerdo a lo establecido a continuación:

1) Un Catorce por Ciento (14 %) entre las Municipalidades de Segunda Categoría.

1.1 Un Veinte por Ciento (20 %) en partes iguales.

1.2 Un Ochenta por Ciento (80 %) proporcional a la población.

2) Un Tres con Cincuenta por Ciento (3,50 %) entre las Comisiones de Fomento.

2.1 Un Diez por Ciento (10 %) en partes iguales.

2.2 Un Noventa por Ciento (90 %) proporcional a la población.

3) Un Cinco por Ciento (5 %) entre las Comunas Rurales.

3.1 Un Setenta y Cinco por Ciento (75 %) en partes iguales.

3.2 Un Veinticinco por Ciento (25 %) proporcional a la población

4) Un Cuarenta por Ciento (40 %) para la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

5) Un Treinta y Siete con Cinco por Ciento (37,5 %) para las Municipalidades de Primera Categoría, excluido el Municipio de Comodoro Rivadavia.

5.1 Un Veinte por Ciento (20 %) en partes iguales.

5.2 Un Ochenta por Ciento (80 %) proporcional a la población.”

ARTÍCULO 5º Sustitúyase el artículo 2° de la Ley II N° 109, modificado por la Ley II Nº177 el que quedará redactado “El Fondo Federal Solidario remesado a la Provincia se coparticipará a los municipios en un 35% en forma automática de la siguiente forma: El 5% se destinará en forma automática al Municipio de Rawson en su carácter de Capital del Chubut con objeto de aplicación para un Fondo de Fortalecimiento de la Infraestructura.

El 95% en forma automática a los Municipios, de acuerdo al porcentaje de distribución establecido en el Anexo I incorporado a la Ley II N° 6.”

Reparar las inequidades

Entre sus fundamentos, la diputada sostiene que el régimen de Coparticipación debe poder devolver a los gobiernos municipales su contribución en la percepción de los recursos, reducir las diferencias en el nivel de desarrollo y en la calidad y cantidad de servicios públicos prestados a los ciudadanos e incentivar el esfuerzo recaudatorio, entre otros.

Navarro sostiene que en Chubut, respecto de la Coparticipación de Regalías Hidrocarburíferas e Hidroeléctricas, se observa la existencia de un alto nivel de centralización del Estado Provincial, con un fuerte esquema discrecional que prima sobre el automático al momento de su distribución.

La legisladora comodorense, expresa que el proyecto propone un esquema para reparar las inequidades históricas que actualmente se produce sobre las Autonomías Municipales en general y sobre las jurisdicciones y regiones productoras de dichos recursos en particular.

Este esquema de coparticipación propuesto mejora la automaticidad de la distribución primaria, fortaleciendo el federalismo consagrado en nuestra Constitución y el Régimen de autonomías municipales; reduce el margen para la discrecionalidad del Gobierno Provincial en la administración de los recursos en un 3,67%; y significará un aumento a todos los Municipios, Comunas Rurales y Comisiones de Fomento, de por lo menos un 20% de los recursos coparticipados en concepto de Regalías y Fondo Federal Solidario.

Desarrollo de Rawson

Navarro indicó que se ha considerado de manera particular la importancia que reviste el desarrollo de la infraestructura de la Ciudad de Rawson en su carácter de Capital de la Provincia, disponiendo un porcentaje especial de coparticipación automática de regalías.

Touriñan que no pudo presentar el proyecto de ley en la sesión de hoy que se suspendió ante la protesta de autoconvocados, establece en su artículo segundo que se deberá convocar al Cuerpo Electoral de la provincia para que en simultaneidad con las elecciones generales para Gobernador y Vicegobernador y demás cargos electivos provincial correspondientes al año 2019, se sustancie el acto comicial.

Un aspecto de relevancia institucional y política fue el tratamiento y aprobación de la renuncia a la Presidencia presentada por el diputado de “Chubut Somos Todos”, Adrián López.

En la sesión, que fue presidida por la Vicepresidenta 2da., Jacqueline Caminoa (UCR-Cambiemos), se dio sanción favorable a la creación de la Ley de Protocolo de Tratamiento de Restos Humanos Arqueológicos, un proyecto gestado en la Comisión de Legislación General, Cultura y Educación, que preside la diputada del PJ-FpV, Alejandra Marcilla destacando que Chubut es el primero en lograrlo.

Puso en valor a comunidades de pueblos originarios que han venido reclamando, “esta ley demuestra el verdadero respeto a esas comunidades”, afirmó Marcilla quien exaltó el trabajo previo de la Comisión Interpoderes con aportes de legisladores, el CONICET-CENPAT- Pto. Madryn, representantes de Pueblos Originarios y Defensa Civil del Chubut.

Registro de Obstructores

Por otra parte, se aprobó el Registro de Obstructores de Vínculos Familiares, dependiente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut, donde quedarán registradas todas las personas que tengan sentencia firme, iniciativa presentada por la legisladora del PJ-FpV, Estela Hernández, quien exaltó la valoración de los derechos de la niñez ante casos de conflicto familiar o parenteral.

Un grupo de padres y madres acompañaron la ley de la diputada que con lágrimas en los ojos aplaudieron la iniciativa de Hernández.

Caminoa, en varias ocasiones pidió silencio y respeto a la labor legislativa ante exclamaciones desde palcos superiores ocupados por representantes del SUPA y un grupo de ambientalistas que no quieren la explotación minera. Los manifestantes se expresaron con gritos, cánticos y hasta aplaudíancompartiendo algunas intervenciones desde las bancas.

Comisión Especial de Evaluación

Se aprobó asimismo, un proyecto de Resolución impulsado por la diputada Alejandra Marcilla por el cual se crea la Comisión Especial de Evaluación de los Organismos de Control de la provincia. En la sesión la diputada Marcilla pidió transformar en ley a ese proyecto resolutivo, siendo ello aprobado.

Mayor protección a víctimas de violencia de género

También con despacho unánime de la Comisión de Derechos Humanos y Género, tuvo sanción favorable un proyecto de Resolución presentado por la diputada Alejandra Johnson Táccari, del Bloque “Chubut Somos Todos”, exhortando al Poder Judicial de la Provincia del Chubut a que se articulen acciones entre los distintos fueros para brindar mayor protección a las víctimas de violencia de género.

Obras para Hospital de Comodoro Rivadavia

Con dictamen en mayoría se votó el proyecto de Declaración propiciado por la legisladora Viviana Navarro y el diputado Gustavo Fita (PJ/FpV), solicitando al Poder Ejecutivo el inicio de las obras licitadas en el año 2017, para el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

La diputada Navarro resaltó la necesidad social imperiosa de disponer de la morgue en la ciudad petrolera y solicitó el apoyo del poder judicial.